Al cumplirse 601 días sin aumento de salario, los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados marcharon por la avenida Universidad de Caracas para exigir aumento salarial y la liberación de los dirigentes sindicales detenidos

Trabajadores públicos, pensionados y jubilados realizaron una movilización este jueves 9 de noviembre que comenzó en la sede del Ministerio Público en Caracas y terminó en la esquina El Chorro, frente al Ministerio de Ciencia y Tecnología. La marcha unitaria de trabajadores agrupó varios gremios del sector público y protestaron para exigir mejoras salariales, pago completo de los aguinaldos y libertad de los seis trabajadores y dirigentes sindicales presos.

Esta actividad se realizó en simultáneo en varios estados del país. En Caracas, la movilización tenía previsto llegar a la sede del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, no pudieron alcanzar la meta prevista de llegar a Plaza Caracas debido a la manifestación en pro del Esequibo. Los organizadores de la movilización mediaron con los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y acordaron que la marcha finalizará en la esquina El Chorro. Los trabajadores entregaron el pliego petitorio a una comisión de la cartera que preside Francisco Torrealba.

La presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, manifestó su descontento con la situación actual que padecen porque «ya está bueno que la clase trabajadora siga sufriendo una crisis que no es su responsabilidad».

También exigió el pago completo de los aguinaldos y aseguró que al ser un pago insuficiente no debería ser fraccionado.

Además, Contreras exigió la libertad de los seis líderes sociales -afines a Bandera Roja- y que ya tienen sentencia firme. «En un Estado que dice ser democrático no debe haber presos políticos». Advirtió que los trabajadores públicos están dispuestos a continuar con las manifestaciones.

«Vamos a movilizarnos las veces que sean necesarias porque la dirigencia sindical no se puede parcializar con ningún gobierno. Gobierne quien gobierne los derechos se defienden», puntualizó.

Pedro Arturo Moreno, secretario ejecutivo de la CTV, cuestionó que el salario mínimo de los trabajadores públicos no cumpla con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial.

«Se nos ha eliminado el salario. Una pensión y un salario que esté alrededor de 3,5 dólares no puede ser llamado salario. Este ingreso está muy por debajo de lo que considera el Banco Mundial un ingreso de subsistencia que es de 2,14 dólares diarios», dijo Moreno.

Protesta de trabajadores

Luisa Rada, coordinadora de jubilados del Sindicato de Educadores de la Enseñanza del gobierno del Distrito Capital, cuestionó igualmente el precario salario que reciben los docentes y demás trabajadores del país. Criticó que el gobierno invierta dinero en adornos navideños y no suba el salario que «si hay dinero para decretar la Navidad mientras que los trabajadores se mueren de hambre porque no pueden cubrir sus necesidades básicas».

Rada aseguró que los docentes exigen la firma de la convención colectiva y restitución de los bonos afectados por el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Libertad de los trabajadores y sindicalistas detenidos

En la manifestación participaron trabajadores de las empresas básicas, quienes también reclamaron derechos laborales y la libertad de los trabajadores detenidos.  El 1° de agosto de 2023 un tribunal condenó a seis activistas y líderes sindicales a 16 años de prisión por los supuestos delitos de «conspiración» y «asociación para delinquir».

Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alcides Bracho recibieron condena después de su detención en julio del año 2022. El 30 de agosto detuvieron al estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez, cuyo caso vincularon con el de los sindicalistas condenados y su abogado defensor denunció que el estudiante fue torturado en custodia.

Ante la privación de la libertad de dirigentes sindicales y trabajadores, los manifestantes exigieron al Ejecutivo la libertad de estos trabajadores detenidos y el resto de los presos políticos que se mantienen en el país.

José Basanta, dirigente sindical de CVG Bauxilum, rechazó la «persecución» y «amedrentamiento» del gobierno contra los trabajadores y dirigentes sindicales. Se refirió a los trabajadores condenados a 16 años de prisión y aseguró que «Nicolás Maduro es enemigo de los trabajadores».

La movilización avanzó por la avenida Universidad, bajo custodia de la PNB. Al llegar a la esquina El Chorro, un contingente policial impidió el paso de la manifestación. Una comisión del Ministerio del Trabajo recibió el documento con las exigencias de los trabajadores.

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