“Lo que se vislumbra es más decepción y fracaso, menos producción, menos justicia agraria”, sostuvo el ingeniero agrónomo, experto en Economía Agrícola y Derecho Internacional Económico, quien reconoció no ser “nada optimista” sobre lo que le depara al agro venezolano, tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de agosto.

“Si la orientación de la Asamblea Nacional Constituyente es a la colectivización de las tierras productivas, arrastrará consecuencias indeseables (…) Ojalá me equivoque, porque en este caso sería una equivocación que aceptaría con gusto por el bien de nuestra Nación”, enfatizó el doctorando en Derecho.

-Profesor, ¿cuál es su análisis de lo que le espera al sector agroalimentario venezolano tras la aprobación de la Constituyente que planea entre otras acciones ir a la Propiedad Social o Comunal?

-No soy nada optimista al respecto ya que tanto el proponente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya convocatoria por cierto fue hecha al margen de lo estipulado en la propia Constitución, como quienes salieron elegidos, ni conocen el tema, ni tienen una trayectoria de logros en el sector agroalimentario, sino todo lo contrario. Si algún fracaso histórico tiene en su haber la propiedad comunal, tomando el ejemplo de la pregunta, es en relación con la agricultura. La propiedad comunal donde quiera que se ha probado, en la Rusia de Stalin, en la China de Mao, en la Cuba de Castro o en México, para utilizar una evidencia de un país no comunista, fracasó rotundamente.La revolución mexicana, agraria en su origen, impuso la propiedad ejidal de tipo comunal en la Constitución de Querétaro en 1917. Dado el evidente fracaso, luego de 75 años, el gobierno mexicano modificó en 1992 la estipulación constitucional y así abrir las posibilidades productivas a las iniciativas particulares y asociativas, de tipo privado.

Si la orientación que llevará la ANC es la profundización de la estatización o de la colectivización de las tierras productivas, no me cabe la menor duda que se afianzará la tendencia de los últimos años, en la que ha disminuido sostenidamente la producción interna y se depende más de las importaciones. Todo ello arrastrará a su vez, consecuencias indeseables, como la migración del campo a las ciudades, desempleo rural, debilitamiento de las regiones y así, consecuentemente. Ojalá me equivoque, porque en este caso sería una equivocación que aceptaría con gusto por el bien de nuestra Nación.

-¿Usted ve una nueva oleada de expropiaciones e incluso una reforma agraria?

Prefiero no adivinar. En caso de un escenario como el que me plantea y dado los antecedentes muy negativos que ha traído para el sector rural y productivo la mala aplicación de las expropiaciones, hechas al margen de los principios constitucionales, agrarios y de la propia Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, con un sentido de venganza y no de justicia, con sentido político partidista y no del derecho, lo que se vislumbra es más decepción y fracaso, menos producción, menos justicia agraria. Lo mismo le diría de las nacionalizaciones o estatización de empresas, que siendo privadas y estando funcionando, generando empleos, producción y pagando impuestos, al caer bajo gestión estatal, han fracasado. Es importante señalar, que la institución de la expropiación es garantía de la propiedad privada y no un ataque a esta garantía constitucional. Las expropiaciones son necesarias solo cuando hay una verdadera causa de utilidad pública y deben ser indemnizadas las propiedades expropiadas tal como establece la constitución y la ley, respetando al expropiado, el debido proceso judicial.

-¿Vamos a una cubanización de la agricultura?

-Vuelvo a responder que prefiero no adivinar porque no es propio de ninguna ciencia y menos de las ciencias sociales adivinar, sino trabajar con escenarios o simular con modelos. De darse tal escenario y suponiendo que “cubanizar la agricultura” se refiera a colectivizar el campo y planificarlo dirigidamente desde el Estado, eso, además de antihistórico, sería un gran fracaso, sin duda. Es justo señalar, también, que la República de Cuba, viene de regreso de su colectivismo extremo en el campo, con cierta apertura hacia formas pequeñas de propiedad privada y cooperativismo que, como era de esperarse, les ha dado mejor resultado que la estatización de tipo comunista que ha hecho de Cuba, un país que, a pesar de los recursos naturales que tiene, vive de la ayuda internacional subsidiada, pero sobre todo de las remesas que los nacionales migrados al Estado de la Florida y sus descendientes, en EUA, envían a sus compatriotas de la isla. Esa es la principal fuente de ingreso de Cuba, puede usted creerlo; y también el turismo extranjero de tipo capitalista.

-¿Usted cree que la sentencia del agro venezolano fue la Ley de Tierras promulgada por Hugo Chávez en el año 2001? ¿O cuál hito considera usted que marcó el agro criollo?

-Más que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario promulgada en 2001, en el marco de poderes habilitantes, reformada parcialmente para peor en 2005 y 2010, ha sido una filosofía agraria equivocada, trasnochada, absolutamente a contracorriente del mundo moderno, lo que hizo el peor daño al agro. El finado presidente Chávez pensó que la Venezuela del siglo XX e inicios del siglo XXI era la del siglo XIX, con oligarquías terratenientes. Partió de un falso supuesto, pensando que el latifundio era el gran problema de la tierra en 2001, y ciertamente, sin dejar de reconocer que este ha podido ser un factor a reformar, nada más alejado de la verdad. El problema agrario hoy en Venezuela y desde hace un tiempo ya, es por una parte, la baja productividad de la tierra, en el marco de una economía rentista, la incapacidad de conformar una agricultura moderna y competitiva e insertarla en la economía con influencia fuertemente petrolera. Por otra parte, se ha debido regularizar la tenencia de la tierra, hay mucha precariedad de la titularidad aún hoy y más en la actualidad.

Esto incluye tanto a los campesinos y campesinas, como a los pequeños, medianos y grandes productores. Además la Constitución de 1999 en su artículo 307, marcó una línea que no fue seguida ni por el expresidente Chávez ni por los legisladores…los productores agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra. Se privilegiaron otros asuntos y se descuidó el principal. Para agravar las cosas, la política de fijación de precios, mantenida como respuesta estructural y no coyuntural, marcó la debacle de los sistemas productivos, al hacerlos poco o nada rentables, junto a otras leyes anti producción como la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, sin que se lograra aumentar la oferta agrícola ni la inversión para mejorar la productividad. Las leyes son perfectibles, pero peor que leyes malas, es la aplicación de malas leyes, sin que la administración sea capaz de reconocer errores y de rectificar, a pesar de la evidencia en este sentido.

-¿Qué deben hacer los actores del campo para protegerse, qué amparo tienen, cómo se pueden defender en el caso que les quiten sus tierras?

-Están las leyes y los tribunales agrarios. Pero aquí la pregunta es ¿existe estado de derecho y de justicia, para que un productor que se sienta injustamente afectado por un procedimiento irregular del Instituto Nacional de Tierras (Inti), que los ha habido y muchos, pueda demandar la nulidad de ese acto irregular y que le sea admitido y decidido a su favor? Lamento concluir, luego de todos estos años de estudio, análisis e inclusive participación en juicios agrarios, que la respuesta es que no hay tal estado de Derecho. Pero de todas formas, hay que poner a prueba a los operadores de justicia, dejarlos en evidencia, porque la evidencia, que debería ser un factor clave en la decisión de un juez y que muchas veces no lo ha sido, créame que a nivel científico, si que sigue siendo el factor fundamental para el avance de la ciencia. Hay muchos estudios que muestran y demuestran, como los tribunales agrarios han actuado alejados de los principios del derecho y de la justicia agraria. Para muestra el estado del medio rural de nuestro país.

-Desde el punto de vista del Derecho Agrario, ¿qué se ha irrespetado, incumplido?

-Solo por poner un ejemplo concreto. El artículo 22 de la Ley de Tierras vigente señala los principios que deben regir las actuaciones tanto de los tribunales agrarios como de los entes administrativos como el INTI. Allí aparece, por ejemplo, el principio de la seguridad alimentaria. Hoy día luego de 16 años de la promulgación de esta Ley, el país sufre de inseguridad alimentaria. Desabastecimiento, inflación alimentaria, escasez, dependencia de las importaciones. En ese artículo se habla también, aunque parezca insólito, del respeto a la propiedad privada. El INTI tiene una larga lista de intervenciones alejadas de este principio. Otro, el principio de la promoción y protección de la producción nacional, también se ha irrespetado. Hoy día importamos la mayoría de los productos que consumimos, tanto alimentos como materias primas para elaborarlos. Somos menos seguros y menos soberanos como país, desde el punto de vista agroalimentario, puesto que se han irrespetado todos aquellos principios que son garantes de la promoción de una agricultura sustentable, de un desarrollo rural integral y de la seguridad agroalimentaria de la población.

-Nos puede hacer un balance de la agricultura venezolana en los 18 años del chavismo…

-Te doy datos y no opiniones. Venezuela es de lejos, en la actualidad, el país con la inflación alimentaria más alta del mundo. El nivel de escasez de productos básicos alimentarios ha llegado al orden de entre 60%-80 % en algunos rubros, según datos del Banco Central de Venezuela, para 2016. Por cierto, el ente emisor cambió el nombre de esta variable por el de Índice de Percepción de Acaparamiento, una especie de eufemismo estadístico que a los efectos prácticos es lo mismo, escasez de rubros alimenticios por causa de un desabastecimiento crónico. La disponibilidad de insumos, repuestos, maquinarias, agroquímicos, semillas, ha estado severamente comprometida.

La producción cae hasta 50 % en algunos años para ciertos cultivos e importamos rubros que antes exportábamos, como el café. En los términos del artículo 305 constitucional, la seguridad alimentaria está en riesgo severo, puesto que la disponibilidad de alimentos no es ni suficiente, ni estable y el acceso a los mismos, ni es oportuno ni permanente. Los venezolanos tenemos que hacer colas para adquirir la comida, que la venden eventualmente, por cuotas y con marcaje de control por medio de sistemas biométricos. Los estudios nutricionales despiertan señales de alerta. El campo se ha vuelto un sitio muy inseguro, con muchos robos de equipos, secuestros de productores, pago de coimas a funcionarios para comprar protección o de “vacunas” a grupos irregulares para lo mismo, etc. Con estos datos, ahora si puedo dar una opinión: Desafortunadamente, el balance sectorial es muy negativo, ciertamente muy negativo, a pesar de grandes inversiones hechas desde el Estado, que se han perdido la mayor parte de ellas o no han dado los resultados esperados

– ¿Qué opciones hay para salvar la agricultura venezolana?

-Aunque suene a un lugar común, hay que lograr de verdad un acuerdo, sincero, entre el sector productivo, tanto primario como agroindustrial, con el Estado, vale decir aquí con el gobierno y con el sector científico agrario como son las universidades y centros de investigación agrícolas. La producción de alimentos es un hecho social, pero también se rige por leyes científicas y, ciertamente, debe ser un negocio rentable para quien lo lleva adelante. Cuanto más atractivo sea producir, mayor oferta habrá disponible y el problema será más bien regular precios para que no caigan tanto por sí mismos, y no pongan en riesgo la rentabilidad del sector. Pero este problema, el de los excedentes, es más sencillo de resolver. No existe Estado productor eficiente, no la ha habido y seguramente no lo habrá. Mucho menos de tipo comunal, esto es engañar a la población con falsas expectativas. O nos ponemos de acuerdo todos los eslabones de la cadena productiva o seguiremos siendo un país dependiente tanto tecnológicamente como productivamente.

– ¿Usted cree que con este Gobierno se puede lograr de verdad un acuerdo como el que usted señala, visto ya estos 18 años? ¿O solo se logrará este acuerdo con un cambio de Gobierno?

-A juzgar por todo este tiempo y la ideología de esta fallida revolución, la única forma de que se logre un acuerdo es que este gobierno vea de verdad muy en riesgo su permanencia en el poder. Y aun así, sería un acuerdo con pies de barro, porque lo procuraría el gobierno por su propio interés y no del país. El totalitarismo implica que solo vale el que está gobernando. Los demás o se someten o luchan. Yo en lo personal creo que un verdadero acuerdo que saque al agro de su crisis se logrará con el cambio de este gobierno.

7 Agosto, 2017

http://www.vidaagro.com.ve/juan-fernando-marrero-lo-que-se-vislumbra-es-...

Comenzaron arreguindados de las barandas, se atrevieron incluso a incursionar con morteros, palos y pistolas en mano, agrediendo y revolcando a patadas al diputado Américo De Grazia y han terminado, para asombro de la comunidad internacional, tomando por asalto, mediante un fraude electoral gigantesco, el Salón Elíptico y todas las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. Quieren dárselas de herederos del heroico ejercito independentista y no llegan a nivel de montoneras. Son una especie de nuevos corsarios, piratas y filibusteros, quienes para desgracia de nuestra patria y con el apoyo de una élite militar, corrupta y ligada al narcotráfico, están actuando como la propia padilla con sus pranes, carros y sicarios.

La Pandilla Constituyente, después de robarse hasta el último voto de los venezolanos, quienes valientemente se negaron a validarle su fraude, ya se instalaron y en su primer desafuero asaltaron la sede del Ministerio Público, destituyeron a la Fiscal Luisa Ortega Díaz y nombraron en su cargo a este señorito acostumbrado a comportarse como un verdugo contra los jóvenes que protestan con sus escudos de cartón, pero ante las huestes asesinas de la guardia nacional, es todo una flor partida cubierta de botox y músculos sinuosos. También en su primer decreto resuelven dominar por dos años apunta de chuzos y metrallas leguleyas como si Venezuela fuesen las colonias móviles del Dorado.

La Pandilla Constituyente, deshonrando la memoria de los fundadores del Primer Congreso Constituyente del país, como Roscio, Tovar, Ustáriz y Mendoza van camino a disolver la soberana Asamblea Nacional, verdadero epicentro del pluralismo político y de lo que va quedando del régimen democrático destruido por Maduro y sus pandilleros. Desde la primera Constitución de Venezuela, y también de Hispanoamérica, aprobada en 1811 en el transcurrir de nuestra historia se han elaborado veintiséis Constituciones y, en ninguno de sus procesos constituyente hubo tanto desmanes y atropellos a la paz de la república como la producida por estos vándalos que pretenden hacer de cada venezolano su rehén.

La Pandilla Constituyente, comandada por Diosdado, Escarra y Delcy Rodríguez resolvieron como buenos malandrines y bajo la asesoría de la reina de los pranes, robarse y desaparecer todos los expedientes sobre corrupción y violación que hasta el sábado pasado se encontraban en resguardo de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz. Tareck William Saad conocido en los bajos fondos como “Musculin” esta semana con sus carros y luceros se encargará de pisotear la memoria de Fiscales como Cesar Naranjo Osty, José Ramón Medina y la del propio Ramón Escobar Salom, quien tuvo el coraje de mandar a la cárcel a un presidente, por haber sido sujeto de averiguación en delitos contra la cosa pública.

La Pandilla Constituyente, tienen los días contados, pero como reincidentes en los delitos por los cuales se les acusa, están actuando en situación de rehenes; tienen secuestrado al país, no se van a rendir así nomás, porque saben que no tienen escapatoria fácil. Con más de treinta millones de venezolanos secuestrados, el botín saqueado, de nuestras arcas nacionales, en estos 19 años y las burusas que le han quedado de sus negocillos con el narcotráfico, a estos pandilleros les llegará el momento en que entrarán en pánico y comenzarán de verdad a negociar su salida. A la Justicia internacional y al pueblo de Venezuela, les está llegando la hora de saldar cuentas con esta Pandilla Constituyente. Habrá justicia y muy pronto.

Dijeron Gardel y Le Pera que 20 años no es nada… Depende, porque los 20 años de este odioso y baboso régimen parece veinte siglos de cansancio y hastío, con un discurso fastidioso, aburrido y monótono, diciendo y repitiendo siempre lo mismo, ha llegado hasta el hartazgo de la más sensata audiencia, aunque algunos se regodean viendo y oyendo la prédica de las más insustanciales sandeces con su inmensa dosis de mentiras y promesas incumplidas e incumplibles.

Desde el inicio mismo de esta una malhadada revolución comenzó el sistemático ataque a la cubana contra Estados Unidos, el imperio yanqui, como responsable de todos los males que teníamos y, lo que es peor, de las tragedias que vendrían por el nefasto desempeño que improvisados y mesiánicos aprendices endosaron a otros la supina irresponsabilidad en ciernes, haciéndoles creer a los incautos que serían los capitalistas e imperialistas yanquis los causantes y culpables de nuestra asomada ruina.

En ninguna cabeza medianamente juiciosa cabía que un país con Pdvsa, quizá la más exitosa y boyante de las empresas del negocio petrolero americano, con gerentes y técnicos digna y decentemente aptos, estaría hoy día destartalado, quebrado y saqueado por una caterva de incapaces que se embolsillaron todos los reales, dieron y repartieron a manos llenas lo que no les pertenece para promover un liderato ramplón y populista que nos convirtió en el hazmerreír del planeta,

Por supuesto, los herederos del legajo de desgracias que vivimos continuaron y repotenciaron el festín sangriento a través de la tortura física y anímica, el hambre y las necesidades para someter a un pueblo que se ha calado todo esto gracias a su nobleza, a su natural y espiritual paciencia, mientras en la calle brega para conseguir, a duras penas, el bocadito de comida y lucha de manera sostenida y pacífica para salir de este gobierno malandro en un Estado forajido.

El gobierno estadounidense nunca le paró ni media bola a las babiecadas que decían o hacían sus marruñecos pares venezolanos, pero todo gobierno de país serio rechaza el colosal fraude prostituyente cometido por el régimen dictatorial contra de la institucionalidad democrática, contra la libertad, contra la Constitución, contra el pueblo venezolano y contra el sistema electoral; claro está, el gobierno norteamericano no podía pelar esta bonita oportunidad de presentarse como defensor de la democracia y acusar a los bandoleros de burlarse de la ciudadanía con esa parodia de asamblea constituyente; o sea, EE UU, como todo el mundo, el Vaticano incluido, sabe que la tiranía cometió una soberana trácala contra la decencia y contra la trácala también está Donald Trump, quien no es ningún angelito y hasta sabe “play trick”…

El 26 de agosto de 1999, El Universal, informó sobre la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, de un Decreto mediante el cual se suspendieron las sesiones del Congreso de la República de Venezuela y las actividades de casi todas sus comisiones parlamentarias. Esa nota de prensa, firmada por Taynen Hernández y Ernesto Villegas, se tituló: ANC se enfrentó y reguló al Legislativo.

En esa nota se cita al Dr. Allan Brewer Carías cuando, en su condición de constituyente, reclamó que tal medida violentaba las bases comiciales y los propios tratados internacionales vigentes. En ese mismo sentido, Virgilio Ávila Vivas, advirtió que tal medida lo que claramente buscaba era reducir a “cero” al entonces Congreso de la República de Venezuela.

Para Aristóbulo Istúriz, el Congreso de la República, como foro político del país, peligrosamente se convertía en una trinchera para enfrentar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y en tal sentido eso no se podía permitir.

El clima de conflictividad aumentó y ello llevó a una reforma de ese Decreto mediante el cual se permitió que la misma Asamblea Nacional Constituyente asumiera todas las funciones del Congreso Nacional, cuando éste, en el marco de sus funciones reguladas, se negare, retardare o intentare incumplir con su tarea. El Universal, en una nota de prensa firmada por Yolanda Valery el 30 de septiembre de 1999, informó de esta reforma bajo el siguiente titular: ANC asumirá toda la función legislativa.

En ese momento, cuando de manera definitiva se concretaba el cierre técnico del Congreso Nacional, éste no había logrado sesionar fuera de la sede parlamentaria, impedido por la formalidad legal y la imposibilidad de acceder a las instalaciones físicas a los fines de autorizar la realización de sesiones fuera de la sede del parlamento.

Para Daniel Córdoba Zerpa, en una crónica publicada en El Universal y fechada el 30 de septiembre, la ciudadanía demostró en ese debate intenso y complejo una gran indiferencia frente a esa situación.

Casi 20 años después, el Poder Legislativo venezolano, ahora con una Asamblea Nacional unicameral, vuelve a estar enfrentado a una Asamblea Nacional Constituyente a la cual ya desconoció formalmente a través de un Acuerdo político aprobado el 1 de agosto de 2017.

Claramente volveremos a reeditar el conflicto político de 1999, brevemente reseñado en las líneas previas, más aún cuando Diosdado Cabello, en declaración registrada por El Nacional y publicada el 12 de julio de 2017, anunció que la Constituyente tendría poderes plenipotenciarios y que ello le permitiría sustituir y asumir las funciones de la Asamblea Nacional, argumentando como excusa que la misma está en desacato.

Hoy no podemos, como sociedad civil, responder ante esa amenaza cierta a que hace mención Diosdado Cabello con la misma indiferencia que se evidenció ante el cierre técnico del Congreso de la República de Venezuela en el año 1999; en especial, porque a diferencia de aquélla experiencia constituyente, ésta no cuenta con la legitimidad suficiente y, menos aún, con respaldo constitucional que valide su existencia y actuación.

El gran desafío de la sociedad civil en estos momentos es cómo asumir de manera concreta y pacífica la defensa activa de la Asamblea Nacional, y cómo acompañar en esa labor cívica a sus representantes políticos. Ellos no pueden quedarse solos, pero también deben asumir que en estos momentos son indispensables en la defensa de la institucionalidad política del país.

Si no somos capaces de defender la institucionalidad política, inspirándonos en los valores, principios y garantías constitucionales, no vamos a poder asumir con éxito cualquier otro reto que se imponga en el campo electoral.

Pero como sociedad no podemos asumir de manera efectiva la defensa activa de la Asamblea Nacional, si no valoramos con objetividad y de manera justa la labor que este Parlamento ha cumplido desde su instalación, en enero 2016, pese a los obstáculos que el régimen desde un inicio le ha impuesto para su efectivo funcionamiento a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Es el momento de valorar que desde enero 2016 la Asamblea Nacional ha debatido políticamente y de manera abierta una cantidad de proyectos de ley que supera a la labor legislativa de los anteriores parlamentos desde el año 2000.

Así mismo, es importante destacar que la Asamblea Nacional ha respetado el orden constitucional y ha logrado sancionar varios de esos proyectos de ley, encontrándose en esa etapa con el obstáculo que el régimen le ha impuesto a través de la Sala Constitucional a los fines de evitar la obligación del Ejecutivo de hacer observaciones o simplemente promulgar la ley sancionada.

Desde el punto de vista político, el régimen inventó el desacato para arrebatarle a la Asamblea Nacional su función de control sobre el presupuesto público y la gestión de gobierno; pero ello no ha impedido que desde el 10 de mayo de 2016, a través de múltiples y diversos Acuerdos, el Parlamento haya asumido su función de representación política a través del rechazo y la denuncia sistemática de la ruptura del orden constitucional y democrático venezolano por parte del Ejecutivo Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral.

No hay que perder de vista en la reflexión, que no hay desde el año 2000 una Asamblea Nacional que haya cumplido su función parlamentaria al servicio del país como ésta. El logro de las elecciones parlamentarias del 2015, fue precisamente recuperar al Poder Legislativo, para ponerlo al servicio del país como foro político natural de los asuntos nacionales.

Precisamente como ha sucedido con el intento de solicitar el referendo revocatorio y con la misma elección de gobernadores y legisladores estadales, cada vez que el régimen de Maduro, se enfrenta a la voluntad de un pueblo que responde con su participación efectiva, constitucional y legítima, éste reacciona desconociendo e ignorando la voluntad del pueblo.

Hoy no podemos ser indiferentes ante una realidad que pretende ignorar el voto popular y simplemente anular a través de una ilegítima e inconstitucional Constituyente al único poder político con suficiente legitimidad para enfrentar el desafío que supone el rescate del orden constitucional y democrático en Venezuela.

Frente a esta realidad, es oportuno no olvidar el Acuerdo de la Asamblea Nacional del 25 de octubre de 2016, mediante el cual se declararon en sesión permanente de consulta popular, bien en la sede del propio Parlamento, a través de sus comisiones permanentes o incluso en las comunidades, con la finalidad de impulsar asambleas de ciudadanos, movilizaciones y otras formas de deliberaciones y manifestaciones públicas, que permita junta al pueblo evaluar decisiones que deben ser asumidas ante la ruptura definitiva del orden constitucional concretada con la fraudulenta constituyente.

Pareciera que es el momento para que esas sesiones se efectúen a los fines de articular el esfuerzo necesario en defensa de la institucionalidad y legitimidad de la Asamblea Nacional, y de los principios, valores y garantías constitucionales.

4 de agosto de 2017

PolitiKa UCAB

Ahora bien, independientemente de las circunstancias constitucionales y éticas que rodearon su convocatoria, la constituyente es una realidad existencial de impredecibles consecuencias por tener como objeto transformar el estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución, por lo tanto y como integrante del poder constituyente originario del pueblo venezolano, solicitare un derecho de palabra y en el supuesto caso que se me conceda, haré uso de la tribuna de oradores de la constituyente y desde allí, propondré lo siguiente:

-Regresar al nombre original de República de Venezuela.

-Promulgar una ley de amnistía general.

-Decretar el desarme total de la población civil.

-Establecer que los yacimientos mineros y de hidrocarburos subyacentes en el subsuelo venezolano, sean propiedad exclusiva del pueblo y no del estado.

-Conformar el poder público con tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

-Convocar a elecciones generales.

-Aceptar con humildad y dignidad la ayuda internacional.

-Organizar políticamente la República en función de entidades regionales y municipales.

-Establecer que el Territorio de la República de Venezuela debe corresponder exactamente al que ocupaba la Capitanía General de Venezuela, antes de la revolución del 19 de abril de 1810.

-Ahorrar el 20% de los ingresos petroleros totales para el usufructo de las nuevas generaciones.

-Crear la Universidad Autónoma, Agropecuaria, Técnica e Industrial de Venezuela, de donde egresarán los jóvenes obreros, peritos, técnicos y tecnólogos que el país vaya necesitando en base a un instrumento de planificación ascendente que previamente haya programado el desarrollo armónico y proporcional de la nación venezolana.

-Integrar en una sola Institución, salvo la Universidad Agropecuaria, Técnica e Industrial de Venezuela, a todos los entes que imparten educación superior y proyectarla como Núcleos Regionales hacia cada Capital de Estado y como Aldeas Universitarias en todos y cada uno de los municipios de la República.

-Crear la Universidad Central de las Fuerzas Armadas, de donde egresarán los jóvenes oficiales y suboficiales que posteriormente se incorporarán al Ejército Libertador Venezolano, el cual estará conformado por tres componentes: Ejercito Terrestre, Ejercito Naval y Ejercito del Aire.

-Delegar en el Banco Central de Venezuela la recepción y distribución de todas las divisas que genera la industria petrolera.
-Respetar la propiedad privada, y los medios de producción deben ser la consecuencia de la cogestión solidaria entre empresarios y trabajadores para producir mercancías cuya posterior plusvalía debe ser distribuida equitativamente entre ambos.

-Actualizar la totalidad del sistema hidroeléctrico del Guri.
-Comenzar a planificar El Gran Ferrocarril de Venezuela, construyendo un troncal de distribución nacional en Villa de Cura.

-Reducir el Poder Ejecutivo a quince ministerios.

-Reincorporar Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones e incorporarla a la Alianza del Pacifico.

-Fundamentar la salud a dispensársele al pueblo sobre tres principios éticos: no dañar, prevenir para no curar y suministrar calidad de vida.

-Crear el Servicio Único de Salud.

-Promover una poderosa clase media que ayude a sacar de la pobreza a todo aquel venezolano que la padezca, pero mientras esto no se logre a ese sector de la población habrá que saciar su hambre, curar sus enfermedades, proteger de la intemperie y garantizarle que el futuro que lo aguarda, será mejor.

-Defender la soberanía e Independencia de la República de cualquier potencia hambrienta de energía petrolera.
-Cimentar la libertad de expresión sobre el siguiente aforismo: “no estoy de acuerdo con lo que dices pero daría mi vida por defender el derecho que tienes a decirlo”.

-Aplicar la hipótesis de la línea media al problema limítrofe que tenemos con la hermana República de Guyana.

-Desactivar el argumento que propone: “A los pueblos indígenas hay que mantenerlos dentro de su hábitat natural para evitar que el hombre blanco los contamine”.

-Proscribir todo tipo de explotación minera en el frágil ecosistema de Guayana.

-Incorporar sustancialmente la mujer venezolana a la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas públicas trascendentales.

-Restablecer las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en un ambiente de respeto mutuo y sin complejos latinoamericanos ni tercermundistas.

-Rechazar la injerencia de cualquier país en nuestros asuntos internos, tanto más, si esta conducta política se mimetiza en la noble expresión de Simón Bolívar: “Para Nosotros la Patria es América”.

-Actualizar todos los convenios internacionales firmados por la República.

-Establecer como requisito para ejercer la Presidencia de la República, haber aprobado el primer nivel de la educación superior.

-Reducir el periodo presidencial a cuatro años con una sola reelección y establecer que el rol como Primer Maestro de la Nación Venezolana, que le corresponde ejercer al Primer Mandatario, debe estar por encima de sus condiciones de Presidente de la República, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe del Ejército Libertador Venezolano.

-Para concluir, se sugiere no eliminar la Asamblea Nacional por cuanto ello en nada contribuiría a la Paz de la República.

En inmigración de Estados Unidos, un guardia me preguntó:

—¿Cómo hacer usted parra trabajar en diarrio El Nacional y no estar preso o perseguido?

¡Me quedé loco! En ningún lado notifiqué que trabajaba aquí. Así que, con sobrado orgullo, le expliqué que en este periódico el único que apoya al gobierno soy yo.

No tengo miedo de ir preso por mis opiniones. No. Imposible tener miedo por decir la verdad: nunca he visto un gobierno tan de pinga como este. No reconocerlo sería mezquino. No tengo miedo de que la policía, a medianoche y en pijama, me saque a empujones de mi casa. Yo soy, y he de admitirlo, igual al único bueno de Serenata Guayanesa. El grandote, talentoso y simpático que canta: “Saaapo… ¡Vete de aquí…!”.

Hay que estar ciego para no ver el progreso de Venezuela. Hoy somos el centro de atención del mundo. El país más admirado por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Corea del Norte y… y… otros.

Nótese la libertad con la que escribo. Sin temor a que agentes de seguridad, con una tanqueta, destrocen la reja de mi edificio, destruyan los ascensores, vuelvan añicos los automóviles o maten a mi mascota. Eso, a mí, no me va a pasar, porque con valor y sin mariconerías de ninguna especie digo la verdad. Respondan: nuestro comandante presidente ¿no está realmente bello? Cutis perfecto. Bigote mexicano. Trajes estilo Mao, que están ¡guaooo! Sonrisa Colgate. Verbo audaz y locuaz. Inglés sin precedentes y ni hablar de lo bello que baila. Rudolf Nureyev, a su lado, era un pendejo.

¡Qué maravilla de mandatario! Qué tacto. Elegante hasta cuando se pone bravo y denuncia, con razón, a países horribles que envidian a Venezuela: España, Italia, Francia, México, Argentina, Brasil, Alemania, Chile, Paraguay, Perú. Los ingratos de Colombia, Reino Unido, Panamá, Costa Rica, Suiza, Noruega, Holanda, Canadá y… la Colonia Tovar. Todos lacayos del imperio yanqui donde, como bien dijo nuestro comandante presidente, desprecian a los negros. Al punto de que el presidente era un negrito y ahora pusieron a un catire.

Por cierto, me reuní con Winston Vallenilla, Roberto Malaver, Roberto Hernández Montoya, Roque Valero y el grandote de Serenata Guayanesa, para fundar un colectivo y caerle a coñazo limpio a los artistas de la derecha que digan que nuestro presidente es malo. Solo le pido al gobierno que nos faciliten las motos. Seguro las consigo porque Nicolás Maduro es muy bueno.

Una de las implicaciones del fraude groseramente perpetrado el domingo pasado contra la República es que pone al descubierto que los que quedaron en la asamblea inconstitucional no fueron en verdad electos por quienes acudieron a votar. Si en realidad estos no pasaron de 3 millones, los 5 millones de votos que añadió la tramposa Tibisay borró totalmente la relación entre elector y elegido. ¿Cuáles votos designaron a qué delegados? Emerge como probabilidad realista que la asamblea fue previamente designada por las mafias que controlan el poder y que se estafó abiertamente a los escasos electores que se presentaron. Sus consecuencias son perversas.

Además de haberse violado los artículos 5, 63 y 347 de la Constitución -entre otros- que señalan que la soberanía reside en el pueblo, que solo éste puede convocar a una Asamblea Constituyente y que el sufragio debe ser siempre libre, universal, directo y secreto, tal designación entierra definitivamente toda pretensión de legitimidad de la asamblea espuria. Pero el fascismo se empeña, de todas maneras, que ésta disponga de poderes supra-constitucionales para hacer y deshacer.

Nicolás Maduro se ha transformado en dictador, pero con un costo político elevado por la violación masiva de derechos de los venezolanos, el asesinato de más de un centenar de manifestantes en los últimos cuatro meses, y la usurpación de potestades de la Asamblea Nacional, además de su aquiescencia con el saqueo del país. Es decir, los remanentes del Estado de Derecho, ante una opinión pública nacional e internacional que exige su cumplimiento, lo obligó a incurrir en subterfugios para intentar cobijar el escamoteo de sus preceptos. Pero ahora, una asamblea inconstitucional sacado de la chistera por los capos que controlan el poder pretende pasarle la aplanadora al país sin siquiera molestarse por aparentar su apego a la ley, ¡a cuenta de que se arroga unilateralmente ser plenipotenciaria! Un asalto aún más vulgar a la institucionalidad democrática que la ejercida hasta ahora.

Debe rechazarse tajantemente cualquier decisión que pretenda imponer esa asamblea inconstitucional. No es que las fuerzas democráticas deben lidiar con una asamblea con la cual discrepa en cuanto a su legitimidad, como si eso fuese un asunto a aclarar. No. Esta asamblea simplemente no existe en términos legales y no tiene legitimidad ni potestad alguna para hacernos creer que sus decisiones deban ser acatadas. Como se ha repetido hasta el cansancio, el pueblo venezolano debe acogerse a lo dispuesto en los artículos 333 y 350 de la Constitución, que rezan, respectivamente:

(art. 333) “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”

(art. 350) “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

La desobediencia civil reside precisamente en eso, en desconocer órdenes o decisiones ilegítimas que violan los preceptos básicos sobre los cuales se sustenta la convivencia democrática. El liderazgo opositor pagó muy caro la pifia de no haber respondido de inmediato y de manera contundente a la designación fraudulenta de trúhanes en el Tribunal Supremo que prostituyó sus funciones a favor de las mafias que controlan el poder. Creyó que podría dirimir este conflicto apelando al derecho, pero con los mismos farsantes que lo habían secuestrado. Y mira el terrible daño que han hecho. Son responsables directos de las lamentables muertes de decenas de ciudadanos que protestaban por que ellos le negaron sus derechos a una salida pacífica, constitucional y electoral. No se puede hacer lo mismo ahora. Debe rechazarse toda pretensión de legitimidad de la asamblea espuria. Esto tiene connotaciones de lenguaje muy precisas. No se puede hacer referencia a una Asamblea Constituyente, aun para descalificarla, porque no es tal. Es una asamblea inconstitucional y así debe ser referida.

Toca blindarnos, detrás de un liderazgo resuelto, en el desacato de toda disposición que nos intenten imponer salida de ese cuerpo. Si la defensa del orden constitucional es la base de las alianzas que deben construirse entre venezolanos demócratas para derrotar a la dictadura, no podemos transigir cuando ésta se violenta tan descaradamente. Esto envuelve riesgos. Pero la única fuerza que tenemos en este momento -además del apoyo internacional cada vez más comprometido- está en rechazar, como una sólo ser, los atropellos y arbitrariedades del fascismo. Hagamos inviable, inoperante, su pretensión totalitaria negándonos a obedecer. Inspirémonos en Gandhi, que tantos gustan invocar.

Al respecto, ya se ha presentado la primera prueba a la que debemos someternos: la destitución ilegal y abusiva de la Fiscal General por parte de esa asamblea espuria y la imposición de otras sanciones (inhabilitación, prohibición de salida) por la guarida de bribones que se arrogan la jefatura del poder judicial. Además de la defensa resuelta de la Fiscal, no debe dirigirse gestión alguna relacionada con sus al monigote puesto como reemplazo. La fiscalía, para los demócratas, seguirá estando en manos de Luisa Ortega Díaz hasta que los mecanismos constitucionales existentes dispongan otra cosa. Entre paréntesis, ¿se ha visto cosa más absurda que designar a quien funge de defensor -Tarek Saab- también como acusador (fiscal)? Sólo es posible bajo el totalitarismo. Definitivamente, Tarek carece de personalidad, de principios y de amor propio.

Para el dictador Maduro, la asamblea inconstitucional iba a asentar la paz en el país. Pero la primera decisión que toma es ésta. Por demás, quien resultó electa como presidente -dotada, según las aspiraciones totalitarias, de más poder que el propio Maduro- no es precisamente alguien que se ha destacado por su disposición a la paz, al encuentro con el otro, al entendimiento.

Debe recordarse -y me perdonan por lo reiterativo- que para el fascismo la política es una guerra. No reconoce freno moral, ético, legal ni político a la hora de atropellar. Cede y negocia sólo ante razones de fuerza. No caigamos en la ilusión, porque la razón constitucional y ética está de nuestro lado, de que podamos convencer a los Diosdado y Maduro de que desistan de su impostura despótica. Es menester forzar a que desistan, encontrando la forma de que sus pretensiones se hagan inviables y que tengan que pagar un alto costo político por quererlas imponer. Estrechar el apoyo internacional para aislar aún más al régimen, consolidar acuerdos con el chavismo democrático y formular propuestas claras a la Fuerza Armada para que se inhiba de prestarse a la imposición represiva de los diktats de la asamblea espuria y defienda la constitución, debe marcar las acciones de la oposición en el futuro inmediato. Decenas de miles de militares que formaron parte del Plan República son testigos de que pocos fueron a votar y que la jornada resultó un fraude descomunal.

En esta estrategia, no puede abandonarse los espacios de lucha disponibles. Las fuerzas democráticas deben inscribirse para las elecciones regionales y dar la pelea para que éstas se den debidamente, en forma imparcial, acorde con el ordenamiento constitucional. Pero esto es asunto de otras reflexiones.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com