Economía Social y Transformación

Los problemas y cómo enfrentarlos constituyen el dúo del emprendimiento. Desde tiempos inmemoriales han existido fórmulas mediante las cuales individuos o grupos poblacionales han buscado soluciones comunes a sus problemas, ellas van desde las lecherías comunes en Armenia, las confraternidades de sepultura y las de seguros en Grecia y Roma; pasando por los ayllus de la cultura inca, el aynien y la minka como expresiones de ayuda mutua y trabajo asociado en los países andinos, los ejidos colectivos de México y el convite y la manovuelta en Venezuela, los montes de piedad y las cofradías, hasta las mutuales y las cooperativas como expresiones de la Economía Social que si practican realmente solidaridad conformarían la Economía Solidaria como se observa en los llamados “territorios solidarios” como los generados a partir del cooperativismo de ahorro y el crédito en las Provincias del Sur de Santander, Colombia y la experiencia autogestionaria de las Ferias de Consumo de Lara, modalidad de consumo que con sus 550 trabajadores asociados intermedia con criterio de comercio justo entre los 600 proveedores de las ferias y el 25% de la población de Barquisimeto en Venezuela, que adquiere productos en ellas.

En ese universo se encuentran también expresiones de “nuevas economías” voluntarias y cotidianas, con bases colaborativas como el compartir ropa, viajes, vivienda y comidas al estilo de las ollas comunes; expresiones como la recién constituida Fundación “barrigallenacorazoncontento@gmail.com” mediante la que grandes chefs como Sumito se turnan para llevar sopas nutritiva a niños hospitalizados y al personal del JM de Los Ríos en un esquema de Responsabilidad Social Empresarial; pasando por microempresas y novedosas formas locales de colaboración apoyadas en monedas locales y mercados de trueque y sistemas colectivos de wi-fi como los diseñados en el viejo aeropuerto de Berlín para facilitar las comunicaciones de los inmigrantes que allí viven en carpas.

En la idea de mostrar y reflexionar sobre estas experiencias y el quehacer ante la crisis, el Goethe-Institut, institución alemana encargada de difundir la cultura y el idioma alemán en el mundo se propuso impulsar reflexiones sobre estas experiencias con unas jornadas en Brasil y recientemente, abril de este año en Buenos Aires en interesantes alianzas con organizaciones como Plan C, Minka, Cultura Senda y el Centro Cultural de la Cooperación, jornadas en las que el autor fue ponente. Ahora, el Goethe-Institut de Caracas, en alianza con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) de nuestra UCV y la ponente alemana Silke Helfrich del Commons Strategies Group, impulsa el evento que con el mismo nombre de este artículo se realizará en la facultad mencionada los días 5 y 6 octubre de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., sin costo alguno y abierto a todo pblico interesado en enfrentar asociativamente la crisis.

Serán dos días de reflexiones con la invitada alemana y los emprendedores de experiencias venezolanas como: Parque Cultural Tiuna El Fuerte, Núcleo de Desarrollo Endógeno Socialista Palital-Bañador de la Comunidad Indígena Kariña Palital, Empresa de Propiedad Social Directa de Servicios Comunitarios El Junquito, las comunas como opción productiva, las Ferias de Consumo de Lara y el Centro Integral Cooperativo de Salud de Cecosesola, el Servicio Médico Cooperativo – Sermecoop de la Central Cooperativa de Barinas, y otras.

Dos días de reflexiones también sobre los valores del emprendimiento como eje para definir las economías; sobre “Co-crear comunes: Más allá de la producción de mercancías”; nuevas expresiones y tendencias de la Economía Alternativa; educación y capacitación para una economía alterna; cooperativismo de consumo como alternativa ante la escasez; asociacionismo y redes de salud; límites y potencial de la Economía Colaborativa; y ¿por qué fracasan numerosos emprendimientos colectivos?. Los participantes obtendrán un certificado electrónico de asistencia; inscripciones e información adicional por correo-e al autor de este artículo.

Profesor UCV

oscarbastidasdelgado@gmail.com

@oscarbastidas25

De manera sorpresiva en un una cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro anunció la reforma curricular de la educación media lo que ha generado gran desconcierto en el sector profesoral y sorprendentemente mucho menor impacto en los padres y representantes que se consideran arropados por temas básicos como el costo de la vida y el incremento de la inflación.

Se ha formado una gran alharaca alrededor de una supuesta eliminación de las asignaturas fundamentales, con la consiguiente banalización del debate acerca de que si sacaron a la Matemática o la historia del Currículo, cuando lo cierto es que todos los contenidos se mantienen en forma superficial y se esconde el verdadero problema de esta reforma como es la creación de un inmenso programa de adoctrinamiento político para crear los nuevos ciudadanos de corte socialista para una generación que debe buscar un mundo “transformador y liberador” de la cultura capitalista, según como lo predican y no lo practican los funcionarios del Gobierno Nacional.

La clave de esta estrategia está en la incorporación de 14 temas que se darán en todas las materias y que se adaptaran para enseñar los contenidos particulares de las mismas sean ciencias sociales o naturales o exactas.

Estos temas centrales son los siguientes: 1. Democracia participativa y protagónica, en un estado de derecho y de justicia. Igualdad, no discriminación y justicia social. Derechos humanos. Equidad de género. 2. La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e interculturalidad, patrimonio y creación cultural. 3. Independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Mundo multipolar. 4. Ideario bolivariano. Unidad latinoamericana y caribeña. 5. Conocimiento del espacio geográfico e historia de Venezuela. Procesos económicos y sociales. Conformación de la población. Las familias y comunidades. 6. Preservación de la vida en el planeta, salud y buen vivir. 7. Petróleo y energía. 8. Ciencia, tecnología e innovación 9. Adolescencia y juventud. Sexualidad responsable y placentera. Educación vial. 10. Actividad física, deporte y recreación. 11. Seguridad y soberanía alimentaria. 12. Proceso social de trabajo. 13. Defensa integral de la nación. 14. Comunicación y medios de comunicación.

La discusión de cada punto requiere de un artículo propio para medir el grado de manipulación específica de cata tema según la materia o asignatura que se desea enseñar.

Lo importante es que en conjunto se trata de una apología del Plan de la Patria y la exaltación del Culto Bolivariano junto a la figura de los héroes del Socialismo del Siglo 21 que tratan de unir lo heroico de nuestra historia con los conceptos esenciales del marxismo-leninismo para justificar los contenidos escolares.

Es una desviación peligrosa de los preceptos constitucionales que hablan del PLURALISMO como punto central de nuestro sistema educativo y es fácil determinar cómo tiene por objetivo la creación de un estudiante ENEMIGO DEL SISTEMA CAPITALISTA y por ello un desadaptado del siglo 21.

Es obvio que se desea recuperar el tiempo perdido desde 1999 en la formación de un nuevo ciudadano de corte socialista y enemigo de la Cultura Occidental, en ese esfuerzo perenne de destruir lo que denominan cultura burguesa y dominadora.

En conclusión, se debe rechazar esta reforma curricular por sus contenidos políticos e ideológicos más que por sus deficiencias metodológicas en materia de la enseñanza científica, que serían objeto de otro artículo de opinión.

A través de sus propios informes científicos, generados por el Comité de Investigaciones de la Industria del Tabaco, las empresas pretendieron negar durante muchos años la relación entre el cigarro y el cáncer, mostrando, de paso, que en la ciencia también son posibles los sesgos y las trampas. Pero, como se sabe, hoy en día no hay duda acerca de esa vinculación, de allí la adopción, en todas partes, de varias medidas para que los terrícolas dejen de fumar.

A propósito de lo anterior, recientemente se supo que Uruguay le ganó un pleito judicial a la Philip Morris, en virtud de una decisión comunicada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.

En la demanda, iniciada en el año 2010, la mencionada empresa alegaba el incumplimiento de ciertos acuerdos de inversión y aducía importantes perjuicios comerciales como resultado de políticas asumidas por las autoridades uruguayas con el propósito de disminuir el consumo de tabaco en la población. La defensa legal de Uruguay estuvo basada en la idea que tales políticas “priorizan el derecho a la vida y que el tabaquismo es una enfermedad crónica adictiva, que impacta en la mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares”.

De esta manera, sin muchos aspavientos anti imperialistas, Uruguay logró un triunfo que es, sin duda, un buen precedente.

II.

En función de lo anterior, resulta imposible no pensar en el problema de la gordura. Diferentes organismos internacionales han advertido acerca de una pandemia a nivel mundial – se habla de la “globesidad” –, señalando que en la última década ha aumentado en un poco más del 80 % y, entre otros datos angustiosos, que cada año mueren en el planeta alrededor de 3 millones de personas por sobrepeso, además de mostrar un largo rosario de complicaciones en la salud de las personas: diabetes, trastornos del corazón, hipertensión, riesgo de cáncer y varias enfermedades crónicas.

A lo largo de los últimos años ha cobrado forma un proceso de industrialización que, gracias a innovaciones tecnológicas y organizativas muy importantes, hace posible un menú de alimentos que engorda mucho y nutre poco. Sin embargo, como lo señaló Moisé Naim en un artículo más o menos reciente, las empresas que contribuyen a que vivamos en el mundo más gordo de la historia argumentan que el sobrepeso no es resultado de lo que comemos, sino de diversos factores, tales como “la televisión, los videojuegos o la urbanización, factores que tienen más que ver con la obesidad que la ingesta de nuestros productos”.

En fin, cualquier parecido con el caso de las empresas tabacaleras es mera coincidencia.

HARINA DE OTRO COSTAL

Pudiéndolo hacer mucho antes, el CNE publicó tardíamente en su portal una nota más bien breve, con algunas confusiones, ambigüedades y vacíos, pero perfectamente clara en lo que se refiere a las trabas dirigidas a impedir o posponer el referéndum revocatorio presidencial. Dicha nota establece, así pues, exigencias y condiciones que parecen apartarse de las normas establecidas, de las experiencias previas en eventos similares y, sobre todo, del sentido común democrático.

La crisis venezolana es severa, según lo muestran todos los indicadores a la mano y, más que nada, la vida diaria de cada quien. Tal como lo revelan todas las encuestas, los ciudadanos opinan que la misma debe empezar a resolverse, en medio de sus conflictos y diferencias, de manera legal, pacífica y democrática y que el referéndum revocatorio presidencial es, precisamente, una de las vías dibujadas para ello en nuestra Constitución.

¿Cómo puede, entonces, entenderse que el árbitro trate de impedir el juego y que muchos sospechen que sea por la presión que ejerce el equipo que teme salir derrotado del partido ? En el fútbol eso escandalizaría incluso a la propia FIFA, que ya es decir.

El Nacional, 28 de septiembre de 2011

Los jerarcas del régimen no están dispuestos de ninguna manera a abandonar el poder. Ni por las buenas ni por las malas. Los ciudadanos que los padecen no están dispuestos a permitir que aquéllos sigan en el poder. Hasta ahora, por las buenas. El conflicto se ha vuelto insoluble.

Maduro sin discurso y sin proyecto, sobre los rines de llantas desbaratadas y con una batería exhausta, ha diseñado la muerte del referéndum revocatorio de 2016 con la vaga promesa de uno en 2017 que tampoco se hará. Si tienen fuerzas para impedir el de este año, impedir el del año que viene sería coser y cantar. Tienen terror a contarse y no están dispuestos a salir del poder por elecciones. En ese caso llegarían a preferir la renuncia de Maduro a que lo saquen los votos.

Sin embargo, a esos planes macabros la sociedad democrática pugna por enfrentarse con asertividad. El instrumento electoral que en los años recientes ha utilizado es la MUD, con éxitos importantes, pero recientemente con un desgaste notable en la medida en que se convirtió en feudo exclusivo de 4 partidos. De esa forma, esa herramienta se agotó. Pero hay cambios significativos que suenan promisores: diálogo con los partidos excluidos y comienzo de un tímido diálogo con la sociedad civil. El acto unitario del lunes pasado y sobre todo el documento leído son muy prometedores.

En esta recomposición opositora hay signos muy favorables de cambios. El fundamental es la decisión de no aceptar ni los tiempos ni las trampas del régimen a través del CNE para impedir el RR2016. Es muy importante la determinación enunciada de no aceptar el carácter estadal de la recolección del 20% de las firmas sino asumirlas como de carácter nacional. En la práctica, las fuerzas democráticas están convirtiendo esa eventual recolección de firmas en un referéndum revocatorio 2016. Ante el intento de darle largas al asunto, la oposición podría proclamar urbi et orbi que 6, 8 o 9 millones de ciudadanos en la calle constituyen el referéndum que el régimen impide realizar este año. No es de extrañar que los rojos intenten alguna maniobra postrera para impedir también esa recolección de firmas que significaría la presencia de una avalancha popular en la calle por tres días.

Dice el documento unitario del lunes pasado: “Rechazaremos cualquier condición que viole la carta magna. Si el gobierno insiste, se encontrará en la calle con un pueblo que lo obligará a acatarla”. Sentencia que establece el dilema: RR 2016 o, camaradas, les será impuesto por los de abajo.
Mientras tanto, el vértigo.

Carlos Blanco

28/09/2016

http://www.noticierodigital.com/2016/09/aceleracion-de-vertigo/

​ NUEVO estado de excepción y de emergencia económica

“El poder sin límites, es un frenesí que arruina su propia autoridad”

François Fénelon

“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes
y con apariencia de justicia”

Montesquieu

El Decreto N° 2.452 (G.O.E. N° 6.256 del 13 de septiembre de 2016) extiende una vez más la vigencia del estado de excepción en el país y, aunque la Asamblea Nacional lo desaprobó el 20 de septiembre, el TSJ lo declara constitucional mediante sentencia Nº 810 cuyo contenido no se conoce porque desde la mañana del 22 de septiembre, fecha en que se supo de esta decisión, solo aparece la declaratoria de constitucionalidad en la página web del TSJ sin que estén habilitados los links que permiten ver el texto de la sentencia.

Al respecto, Acceso a la Justicia tiene varias observaciones:

1. Este decreto no es otra prórroga, sino que se trata de un “nuevo instrumento normativo”.
2. Mediante esta nueva normativa, el Presidente de la República se faculta a sí mismo para tomar acciones económicas, sociales, políticas y jurídicas en el territorio nacional, sin control alguno de su poder.
3. La motivación del decreto, que es donde debería explicarse y justificarse esta medida, es genérica y ambigua, porque incluye considerandos que hablan del apoyo a los CLAP, la promoción de planes de gobierno, la defensa de la “vida digna” de los ciudadanos e incluso señala en el último considerando que el TSJ declaró “la Invalidez, Inexistencia e Ineficacia Jurídica, de todos los actos y actuaciones dictados por la Asamblea Nacional, por encontrándose este Órgano Legislativo en Desacato y en flagrante violación del Orden Público Constitucional”. En definitiva, en los 12 considerandos del decreto no se ofrecen explicaciones válidas que justifiquen la declaratoria de un “nuevo” estado de excepción según las exigencias de la Constitución.
4. Lo más relevante para Acceso a la Justicia son las “nuevas” medidas que ahora dictará de manera exclusiva y excluyente el Presidente de la República pues de forma insólita omite toda referencia al Consejo de Ministros, órgano colegiado que según la Constitución está encargado de refrendar las decisiones del Presidente (art. 236 CRBV).
5. El decreto permite al Presidente un uso del presupuesto público sin control alguno. Entre otras cosas, la potestad de dictar normas excepcionales para la asignación de recursos, así como los límites máximos de autorizaciones para gastar y la distribución de los egresos que regirán en el ejercicio económico financiero 2017 (artículo 2.4 del Decreto). Igualmente, está autorizado para hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional (artículo 4.11). Establece también que el Ejecutivo Nacional se reserva “el derecho” de dictar normas especiales para la obtención de información de las personas que desarrollan actividades económicas en el país (artículo 2.5).
6. Además de estas medidas está facultado para contratar a través de mecanismos que el mismo Ejecutivo Nacional implemente (artículo 2.16), así como establecer rubros prioritarios para las compras del Estado y la asignación directa de divisas para su adquisición (artículo 2.13). Asimismo, está autorizado para regular a través de la banca pública y privada el financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un“nuevo esquema productivo” (artículo 2.7).
7. El texto emanado del Ejecutivo no estipula cuáles son los derechos que están restringidos, así como cuál es el alcance de dicha restricción, a pesar de que es un requisito exigido expresamente por la Constitución en este tipo de casos.
8. La emergencia económica sólo puede ser decretada cuando es el único medio para solucionar la crisis y no hay otra manera de hacerlo por la vía del estado constitucional. Lo paradójico aquí es que no solo no es el único medio, sino que es el que está causando la crisis. Es más, la aplicación cabal de la Constitución y la vigencia del Estado de derecho resolverían la crisis.
9. Se continúa sin cumplir con la exigencia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela en 1978, de notificar inmediatamente a la comunidad internacional de la suspensión, sus características y motivos a través del Secretario General de la ONU.

En vista de lo anterior, es evidente que el Decreto N° 2.452 (al igual que los anteriores) está alejado del marco constitucional y en él el Presidente se da a sí mismo más poderes intervencionistas sobre la vida económica, social y política del país; poderes que no tendrán el control parlamentario previsto en la Carta Fundamental.

Esto preocupa, ya que el decreto mismo dice que escapa al control parlamentario, tal como señala su último considerando bajo el pretexto del “Desacato” en que ha incurrido la Asamblea Nacional, y más alarmante aún es que el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de la negativa de la Asamblea Nacional, lo haya declarado constitucional -ignorando la prohibición expresa contenida en el título 8, capítulo 2 de la exposición de motivos de la Constitución.

No obstante lo ya dicho, es inquietante es que el máximo tribunal del país siga aprobando y avalando estas violaciones, que cada vez son más graves, y su Sala Constitucional dicte “sentencias” sin publicar su contenido, lo que indica que la sentencia no está lista y se avisa primero cuál es la decisión sin la motivación correspondiente. Esto se asemeja a las Gacetas Oficiales que aparecen con los títulos de las normas y pretenden estar vigentes desde ese día sin el contenido de la norma, incluso en materia tributaria, lo que es violatorio de la Constitución y del Estado de derecho. Es obvio que en Venezuela ninguno de los dos existe a estas alturas.

Es importante enfatizar que este nuevo decreto reproduce la suspensión de la Constitución y la legislación ordinaria que ha regido en el país en los últimos 9 meses y en los estados fronterizos desde hace más de un año; el Ejecutivo Nacional se atribuye auto poderes ilimitados sin garantías para los venezolanos, afianzando el clima de zozobra y confusión que reina en el país, y sin resolver un desabastecimiento de alimentos y medicinas tan grave que ha llevado a laONU a declarar que existe una crisis humanitaria.

Acceso a la justicia quiere insistir en que cualquier acto que emane de los Poderes Públicos tiene que estar vinculado a la Constitución. En tal sentido, el decreto en cuestión no puede ser más amplio de lo que prevé el texto de la Carta Magna y, por ende, destruir la obligatoriedad de las normas constitucionales. Al no responder este acto gubernamental al mandato constitucional carece de validez y no existe deber de cumplirlo, pues al hacerlo se violentaría el artículo 333 de la Constitución que establece: “Esta constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Con el Decreto N° 2.452 el gobierno nacional busca otro ropaje jurídico para librarse de los controles que la Constitución establece. Este acto permite al Presidente de la República establecer un marco regulatorio paralelo a las normas constitucionales y legales que se encuentran temporalmente suspendidas por el propio decreto, desconociendo los venezolanos en qué medida se verán afectados nuestros derechos y sin contar con un Poder Judicial que otorgue protección y garantía, como ha demostrado hasta ahora el Tribunal Supremo de Justicia.

Enlace a la nota:​ https://goo.gl/zkyh1K

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Solo quien ha tenido la ingrata experiencia de ser sometido a una investigación penal sabe lo que ello significa y las consecuencias que genera para la vida personal y familiar.

Tal vez por esto, dada mi “especialidad” me resulta impedida la posibilidad de decirle a un visitante que estoy a la orden, lo que podría interpretarse como el peor de los deseos para un amigo o conocido.

Los vericuetos de la llamada “justicia penal” son absolutamente intransitables. El “proceso penal” es un laberinto, en el cual resulta extremadamente difícil encontrar la salida, la cual, apartando los turbios caminos verdes de la corrupción, se produce en el momento menos esperado y después de hacer innumerables ejercicios de paciencia o resignación, ante las explicaciones que hace un abogado que comienza hablando de lo que prevé la ley, para concluir afirmando que nada de eso se cumple, porque cada juez tiene un criterio distinto y, en definitiva, uno es el código formal y otro el código práctico en vigencia, con las características de la incertidumbre, del capricho o del humor del funcionario y de las miles de trabas que surgen en el camino minado del procedimiento penal.

Los 15 días para la audiencia preliminar pueden ser de 30 días, 1 año, 2 años, 4 años o 7 años y las medidas “provisionales” de presentación o de prohibición de salida del país o de enajenar o gravar, prácticamente se pueden extender por cualquier tiempo.

Ningún acto se celebra el día fijado, sino que se difiere una y otra vez por cualquier razón siendo la “ley del diferimiento” la única ley de inexorable cumplimiento; “no hay despacho” es un letrero normal a las puertas de un tribunal penal y puede no despacharse por meses; “no hay copias” porque no hay papel para sacarlas” o no hay impresora en buenas condiciones; y no es extraño que un expediente se pierda o que un oficio no llegue a su destino.

Las experticias se ven obstaculizadas por fallas del instrumental requerido y si de ello depende la decisión sobre un delito grave de violación, por ejemplo, el investigado quedara en libertad y más nunca se le conseguirá.

Hay que admirar a los funcionarios honestos que en locales no aptos para el trabajo, sin aire acondicionado, computadoras inservibles y con sueldos de miseria todavía cumplen con su deber.

Por supuesto, este aparato oxidado de la justicia de pronto se mueve para procesar con asombrosa celeridad a algún preso por “ordenes de arriba” que permanecerá privado de la libertad hasta que “San Juan agache el dedo”, sin que valgan enjundiosos escritos o alegatos cargados de citas doctrinarias que nadie lee y a nadie le interesan.

Y en medio de todo este panorama de irracionalidad en el campo propio de los aplicadores de la ley, siendo la norma máxima la “ausencia de ley” o la anomía, han proliferado ahora los “gestores penales” de la más diversa categoría, desde los “corredores de presos” de los fines de semana dispuestos a “socorrer a los que caen en redadas de fin de semana o en operativos hoy llamados OLP”, hasta los sofisticados “profesionales” que venden el humo de sus pretendidas influencias o la realidad de sus contactos, prácticas intolerables que son propiciadas por incautos investigados o por temerosos imputados que alimentan el tráfico de este oficio.

Por supuesto, en este imperio de lo kafkiano y rabulesco hay jueces honestos, fiscales honestos, abogados honestos y no pocos esforzados empleados al verdadero servicio de la justicia que a duras penas tratan de abrirse camino y dan muestras de las aspiraciones a una Venezuela mejor.

Abogado y Profesor de Derecho Penal

aas@arteagasanchez.com

El Nacional, 26 de septiembre 2016

Algunos opinadores políticos parecen ser masoquistas al atribuir a la oposición el que los rojos sigan en el poder. Unos culpan a los partidos políticos tildándolos de ¨colaboracionistas¨. Otros responsabilizan a la ¨antipolítica¨ y a las acciones de resistencia realizadas antes del 2006. Es extraño que estos dos grupos, poco objetivos, no consideren que ¨los rusos también juegan¨ y que el dinero de que dispuso el difunto, las misiones y su verbo populista lograron cautivar a una mayoría de venezolanos. La falta de escrúpulos, la represión y el control del poder judicial hicieron el resto de la tarea. Desde luego que del lado opositor se cometieron algunos errores, pero no fueron determinantes. El presidente de facto está de capa caída porque no tiene el carisma del teniente coronel y la economía sufre la consecuencia de un sistema fracasado. Por ello y por la tarea realizada por la dirigencia opositora y por la determinación de los ciudadanos de a pie, saldrá de Miraflores.

Gente del Petróleo ha puesto su grano de arena. Desde el 2002 ha apoyado todas las acciones acordadas por los partidos políticos y ha hecho suya la bandera de la unidad en contra del totalitarismo. En abril de 2002 directivos y gerentes de Pdvsa y de sus filiales, respaldados por cientos de trabajadores petroleros, tomamos la iniciativa de un paro y logramos el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de Fedecámaras y el visto bueno tácito de los partidos políticos. En diciembre de ese año, a título personal, cientos de trabajadores respaldaron el paro cívico convocado por la Coordinadora Democrática, en la cual estaban representados todos los partidos políticos democráticos, la CTV y Fedecámaras. Como represalia fuimos despedidos casi 23.000 trabajadores, de ellos 5.659 operadores, artesanos y mantenedores, e inclusive muchos que estaban de vacaciones, en reposo médico o que no pudieron ingresar a las instalaciones militarizadas.

El mayor atropello fue en contra de quienes habitaban en los campos petroleros. El más bochornoso fue el cometido por los guardias nacionales del Destacamento 44 en horas de la madrugada en contra de los residentes de Los Semerucos, del que se cumplieron 13 años el domingo pasado. Los oficiales responsables directos de ese acto de barbarie fueron el general Jesús Villegas Solarte, entonces comandante general de la Guardia Nacional y los oficiales Gumersindo Piña, Lenín González Trompiz, Manuel Graterol, Giovanni Bianco, Raúl Millán, Montilla y Dionisio Durán.

A pesar de este y muchos otros atropellos que obligaron a exiliarse a ocho compañeros, entre ellos Horacio Medina, Juan Fernández y Edgar Paredes, así como el tener que enfrentar demandas preparadas ilegalmente por la Auditoría Fiscal de Pdvsa en contra de un centenar de trabajadores, la Gente del Petróleo ha seguido en la lucha. Apoyamos todas las iniciativas acordadas por los partidos políticos hoy representados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), aunque a veces no hemos coincidido en puntos de vista. Atendimos el llamado de abstención en las parlamentarias del 2005 decidido por los partidos políticos y también las convocatorias a colaborar y a votar en las restantes elecciones, así como a marchar o a concentrarnos en protesta por las violaciones a la Constitución y en defensa de los prisioneros políticos y exiliados.

Evaluando las opciones de hoy, lo procedente es que bajo protesta procedamos a recoger el 20% requerido para convocar el referendo revocatorio, aunque estamos conscientes de las dificultades. Una vez obtenido ese porcentaje tendremos que presionar por todos los medios para lograr lo que establece la Constitución.

Gente del Petróleo considera que la MUD no debe aceptar la condición inconstitucional de que la recolección de firmas del 20% sea en cada estado; exigir mayor número de máquinas de votación y ubicación acorde con número de inscritos en el registro electoral; al menos debe haber un día no laborable de los tres acordados para la recolección de firmas; exigir seguridad para los firmantes; aceptar apoyo logístico de miembros de la sociedad civil y continuar con las acciones de calle para presionar al régimen. En relación al diálogo, el mismo debe comenzar cuando se anuncie la liberación de los presos políticos, la aceptación de ayuda humanitaria, ampliar la mediación internacional y el respeto a la Asamblea Nacional.

El referendo debe ser este año. Gente del Petróleo sigue presente y comprometida y es signataria, junto con 31 organizaciones de la Sociedad civil, de un comunicado dirigido al país fijando posición sobre el revocatorio.

Como (había) en botica:

El régimen cometió otro atropello con la detención arbitraria del joven Andrés Moreno Febres ¿Hasta cuándo vulneran los derechos de Coromoto Rodríguez, preso ilegalmente por acusaciones infundadas y con problemas de salud? Las declaraciones de Jaqueline Farías, la ¨novia del Guaire¨, son como el contenido del rio que ofreció sanear.

No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com