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Opinión

​José E. Rodríguez Rojas

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, aseguró que Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria. Las declaraciones de la funcionaria de la CEPAL se produjeron durante la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

La posición de la funcionaria de la CEPAL revela el peso de los gobiernos latinoamericanos que todavía apoyan al régimen de Maduro, así como los llamados países no alineados que también hacen causa común con este. Ello cobra relevancia dada las aspiraciones de la citada funcionaria, quien aspira a ser designada como Secretaria General de la ONU y necesita los votos de Maduro y sus aliados, en caso de que el gobierno mexicano decida postularla para el cargo citado. La burócrata en cuestión viene desde hace tiempo reptando a través de la intrincada madeja de organizaciones que hacen vida en la ONU. Como todos sabemos, cuando uno se dedica a esta nada fácil labor de trepar, debe hacerlo sobre otros y haciéndose de la vista gorda frente a algunos hechos escabrosos. Pero en este caso particular, indigna que la Sra. Bárcenas lo haga haciendo caso omiso del costo en vidas humanas de la crisis humanitaria venezolana.

La posición de la funcionaria de la CEPAL contrasta con la del actual Secretario General de la ONU el coreano Ban Ki-moon, quien ha reconocido en forma explícita la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela. Igualmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), varias ONGs y medios de prensa internacionales vienen alertando sobre esta situación. Medios como CNN, normalmente cuidadosos de no herir la sensibilidad del gobierno venezolano por las repercusiones que esto podría tener en la entrada de sus reporteros al país, han aceptado la existencia de una crisis humanitaria, dada la apabullante masa de evidencias arrojadas por medios como Wall Street Journal y ONGs como Human Rights Watch (HRW).

La ONG Human Rigths Watch (HRW) envió sus representantes a Venezuela, quienes elaboraron un minucioso informe sobre la crisis humanitaria del país, con la ayuda de médicos y otros miembros del personal sanitario de Venezuela. Señala el informe de HRW que “una encuesta independiente realizada por una red de más de 200 médicos en agosto de 2016 determinó que el 76 por ciento de los hospitales públicos no tienen los medicamentos básicos que, según aseveraron los médicos, deberían estar disponibles en cualquier hospital público en funcionamiento, incluidos muchos que figuran en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto supuso un incremento respecto del 55 por ciento de los hospitales que estaban en esa situación en el 2014, y del 67 por ciento en 2015”.

La carencia de medicamentos en los hospitales es un reflejo del desabastecimiento generalizado de medicinas en las farmacias. “En junio, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela calculó que el 85 por ciento de los medicamentos que deberían encontrase en farmacias privada no estaban disponibles o eran difíciles de conseguir, lo cual supone un aumento respecto al 2014, cuando los faltantes alcanzaban el 60 por ciento”.

La escasez de medicamentos afecta en particular a los pacientes con enfermedades crónicas quienes no pueden acceder a los fármacos que aliviarían sus dolencias. Por otro lado los médicos venezolanos informaron a HRW que la escasez impide la realización de procedimientos médicos como cirugías y limita los tratamientos a los pacientes en los hospitales públicos.

El gobierno no publica las estadísticas sobre salud lo que impide determinar la magnitud de la crisis. Sin embargo, HRW tuvo acceso a informes del Ministerio de Salud que revelan que la tasa de mortalidad materna se ha incrementado significativamente, ascendiendo a 130,7 muertes por cada 100.000 nacimientos, la cual era un 79% superior a la de 2009 que era de 73,1. Entre 2003 y 2008 la tasa osciló entre 49,9 y 64,8%.

Un segundo informe interno de Ministerio de Salud consultado por HRW indica que la tasa de mortalidad infantil de Venezuela, correspondiente a los primeros cinco meses del 2016, fue de 18,61 muertes por cada mil nacidos. Esta cifra es 21% más alta que la tasa de 15,4 informada por el gobierno a la ONU en 2015, y un 45% más alta que la tasa de 12,8 informada para el 2013. La tasa de mortalidad infantil fue de 11.6 en el 2011 y 11,8 en el 2012. La cifra más reciente de mortalidad infantil, 18,71 muertes por cada mil nacidos, es mayor que la tasa de mortalidad infantil de Siria, un país en guerra, que la UNICEF estima en 15,4 muertes (dato difundido por Wall Street Journal).

El informe de HRW también abordó la escasez de alimentos y sus representantes pudieron constatar las largas colas que debemos hacer los venezolanos periódicamente para abastecernos de los alimentos básicos. La escasez limita seriamente la ingesta alimentaria, en particular de los sectores de bajos ingresos.

Ante esta crítica situación, el gobierno venezolano se ha negado a reconocer la magnitud de la misma y ha bloqueado las iniciativas para obtener ayuda internacional. HRW contactó a cinco personas que trabajan para organizaciones de ayuda humanitaria que relataron los graves obstáculos que enfrentan para trabajar en Venezuela. La ONG pudo constatar el clima de intimidación que opera en el país contra todo aquel que se atreva a denunciar la gravedad de la crisis humanitaria, trátese de funcionarios de ONGs o personal que labora en la red sanitaria pública. Estos últimos, sufren despidos y llegan incluso a ser agredidos físicamente por denunciar la carencia de insumos en los hospitales o participar en protestas reclamando tales carencias, como ha sucedido en el Hospital Central de Maracay en varias oportunidades.

Ante esta situación, HRW ha sido particularmente activa exigiendo a la OEA la aplicación de la Carta Democrática para presionar al gobierno de Maduro a fin de que acepte la ayuda internacional. También ha recurrido al Papa Francisco con propósitos similares.

Si la trepadora mexicana logra su propósito de ser elegida como Secretaria General de la ONU, los venezolanos pasaremos un trago amargo viendo como el organismo procede a reconocer el denodado esfuerzo de Maduro y su gobierno, por mejorar las cifras de mortalidad materna e infantil, negando la existencia de una crisis humanitaria, desdiciendo al actual Secretario Ban KI-moon y las evidencias aportadas por ONGs y medios de prensa internacionales.

Profesor UCV

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Si Gandhi hubiese sido venezolano, el imperio y el poder no habrían sucumbido ante la razón y la fuerza de una paz activa, sino que habría sido arrinconado, sacrificado y dejado morir ante la indiferencia de una población que, antes y ahora, todo lo olvida y reedita las páginas de la injusticia, de la persecución y de la intolerancia, como ocurrió con el caso Brito. Esta reflexión me la hacía una experta psicóloga social, perpleja ante la realidad que padecemos en Venezuela, tierra en la que toda contradicción tiene su asiento y todo puede ocurrir, contrariando las normas más elementales de la lógica y de la convivencia, de tal manera que hasta podemos cuestionar la ley de la gravedad o el principio evidente por el cual una proposición y su negación no pueden ser verdaderas a la vez y en el mismo sentido.

En Venezuela el derecho está al revés y en el campo de la justicia penal, termómetro de la vigencia efectiva del Estado de Derecho, por estar en juego la libertad del ciudadano, puede afirmarse sin temor a equivocación que quien delinque está a salvo de cualquier sanción y quien ha ejercido el derecho a disentir, solo por ello, se encuentra en grave riesgo de resultar procesado, condenado y penado.

Entre nosotros, un hombre que se atrevió a desafiar al poder para defender la propiedad de su fundo, adquirido conforme a la ley y obstaculizado su derecho arbitrariamente, habiéndose constituido él solo, sin partido político alguno, sin apoyo económico y con la sola fuerza de la razón, apelando como último recurso a la huelga de hambre y dispuesto a cesar en ella de ser atendido su reclamo legal, fue dejado a un lado, engañado con falsas promesas y, en definitiva, comprobado su estado de perfecta salud mental, recluido forzosamente en un hospital público por una acción penal promovida y resuelta por órganos incompetentes, conducido a la muerte con el pretexto de salvar su vida.

Resultaron vanos los esfuerzos, después de su sacrificio para tratar de que brillara un destello de justicia. La denuncia por los hechos de reclusión forzosa o de privación arbitraria de su libertad se estrellaron contra el muro de la “justicia revolucionaria” y, sin que se oyera en ninguna oportunidad a las víctimas del desafuero y atropello, sin atender la acción penal de su viuda y de sus hijos, sin investigación alguna, sencillamente, olímpicamente, descaradamente, ilegalmente, fue desestimada la denuncia por considerar que los hechos no revestían carácter penal y sin oír en ninguna instancia sus planteamientos, sin audiencia alguna, la sinrazón de la Fiscalía resultó confirmada por un juez de Control, por una Corte de Apelaciones y por el Tribunal Supremo de Justicia.

El caso Brito hoy y su clamor pacífico de protesta, quedaron silenciados por la complicidad de la cobardía y el olvido de una colectividad que se esconde tras su vergonzoso silencio, solo quedando un resquicio de esperanza, por lo que a la justicia terrenal se refiere, en la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agotado este recurso procede apelar, como lo hacen las madres adoloridas ante el llanto por sus hijos asesinados, ante la justicia divina, que sí sabrá colocar en su sitio a quienes debiendo juzgar, merecen ser juzgados.

También hoy, los presos políticos, encarcelados sin razón jurídica alguna, atrapados en las redes de la injusticia, reclaman sin ser oídos y pareciera que nadie, nadie, en definitiva, deja en claro que su libertad no puede ser condicionada y que no basta para satisfacer la sed de justicia una casa por cárcel, la renuncia al castigo injusto de unos pocos o la vana promesa de un tribunal que asumirá la tarea de revisar sus casos convalidando años de esperanza y de vida encerrados en los sótanos de mazmorras que debieran ser sustituidas hace tiempo por “plazas de la Concordia” o, tal vez mejor, por museos que nos recordarán tiempos de miseria, de dictaduras y de violación de los derechos humanos.

aas@arteagasanchez.com

13 de noviembre 2016. El Nacional

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Todos estamos en un sube y baja de emociones. Un día amanecemos convencidos de que ya el final se acerca y otro día caemos en una profunda depresión. Un día compramos todos los argumentos favorables al diálogo y al día siguiente quedamos convencidos que fue un error sentarse en una mesa con esos diablos que sólo quieren ganar tiempo. A veces nos reconforta la idea de que el Vaticano esté tomando cartas en el asunto, sólo para oír después en internet alguna vieja intervención del Papa donde este afirmaba que “con el diablo no se dialoga”.

Quiero decirle a mis compatriotas que no nos dejemos desanimar. Entendamos que la meta del oficialismo es sembrar desaliento y que en la medida en que nos dejemos convencer, están logrando sus objetivos.

Los más asustados, los que tienen un futuro incierto son ellos. Los más aterrorizados, son los que más amenazan. Hay que entenderlos. Muchos no tienen a donde correr. Algunos pocos, sin alternativas, sienten que tienen que morir con las botas puestas. Obstaculizan cualquier forma de acuerdo, incluso aquellos que contemplen amnistías, porque saben que nunca podrían ser beneficiados por ningún perdón porque están involucrados en temas de violaciones a DDHH o incluso en temas de drogas.

Sin embargo, la gran mayoría añora una noche de sueño tranquilo. Quisieran que todo esto llegue a su final. Están desesperados.

Por favor, no caigamos en la tentación de atacarnos entre nosotros mismos. Algunos queremos soluciones más radicales y otros más racionales. En materia de tácticas es lícito tener puntos de vista diferentes. Democracia es diversidad de opiniones. Pero el objetivo es el mismo y el adversario también.

Decía Mario Vargas Llosa: “Estoy admirado con la oposición venezolana. Es de un coraje extraordinario. Sus líderes están presos, les fraguan procesos, los expulsan de donde ganaron la diputación, los meten a la cárcel, los matan si es necesario. Y allí están, peleando con gran valentía. No hay que darles consejos, hay que rendirles un homenaje”.

Los más pesimistas siempre sacan el ejemplo de Cuba. “Fidel lleva casi 60 años en el Poder. Esto se lo llevó el diablo”.

A quienes así opinan me quiero dirigir. Cuba fue un caso excepcional. Fidel sólo pudo existir en la cúspide de la guerra fría. Fue la alternativa a una III Guerra Mundial. Fue el resultado de un acuerdo entre Kennedy y Krushov como condición para que la URSS -en ese momento en el cenit de su poderío militar- retirase de Cuba los cohetes atómicos con los cuales hubiera podido alcanzar todo el territorio americano. Y también fue el resultado del apoyo incondicional que recibió de Moscú para mantenerlo en el poder y después de Chávez.

¿Cuál es el país que va a darle a este régimen un apoyo como el que la URSS le dio a Fidel? ¿Acaso Cuba? La realidad es que Cuba está “guindada de la brocha”. Corre el riesgo de entrar en un nuevo “período especial” como el que sufrió al desintegrarse la URSS. Necesitan desesperadamente a los EEUU y no van a arriesgar esa relación por salvar a Maduro. Su apoyo al régimen tiene límites.

Nuestro caso es diferente. Un Chávez sólo pudo existir en la cúspide de un súper ciclo de materias primas que llevó el precio del petróleo al punto históricamente más alto. Ese mismo ciclo permitió el establecimiento de gobiernos populistas en toda Latinoamérica. Eso fue un Lula, una Dilma, un Nelson o Cristina Kirshner, un Fernando Lugo o un Zelaya. Eso fue también un Evo o un Correa.

Sin los precios altos de las materias primas todos esos gobiernos tienen los días contados. De hecho, ya Chávez, Lula, Dilma, los Kirshner, Fernando Lugo, Zelaya se fueron (algunos porque murieron y otros porque dejaron de ser viables). La tendencia en Latinoamérica es irreversible.

La realidad se impondrá también en Venezuela. Nada hay más terco que los hechos. Un gobierno que provocó el colapso de la economía e igualmente de las instituciones, “la economía peor administrada del mundo” (según el The Economist), que padece la inflación más alta del planeta, que destruyó el aparato productivo, que vive de una sola industria a la que redujo a cenizas, cuya población enfrenta una crisis humanitaria en medio de un empobrecimiento sin precedentes y donde un 80% adversa al régimen, es a no dudarlo, un gobierno con los días contados.

Para colmo, la comunidad internacional que durante muchos años se hizo la vista gorda, ahora actúa de manera diferente. Mercosur, la OEA, la Unión Europea, incluso UNASUR (donde ya no prevalecen los regímenes populistas), el Caribe (que antes apoyaba incondicionalmente a Chávez), están en otra tónica.

Recordemos que Latinoamérica entera estuvo plagada de dictaduras. A partir de los ochenta, cuando el agua les llegó al cuello, todas se fueron sin disparar ni un tiro, en muchos casos a cambio de leyes de amnistía. No hay nada más terco que la realidad.

petoha@gmail.com
@josetorohardy

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El Poder Electoral tiene la responsabilidad de organizar, administrar, supervisar y vigilar los procesos electorales y también referendarios. Desde que la Constitución entró en vigencia el cómo y cuándo se realizan esos procesos electorales ha quedado siempre en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), actuando como órgano rector del Poder Electoral.

La preservación de la voluntad del pueblo, expresada a través del voto, se asume constitucionalmente como el principio fundamental del Poder Electoral; a lo largo de estos años, el Poder Electoral, lejos de asumir la tarea diligente de preservar esa voluntad del pueblo, lo que ha venido haciendo de manera sistemática es obstaculizar y complicar los procesos electorales. Para el CNE el ciudadano se ha convertido en permanente “sospechoso de fraude”, más que en un elector que ejerce legítimamente su derecho soberano de expresarse a través del voto.

La discrecionalidad con la cual el Consejo Nacional Electoral ha definido los cronogramas electorales a lo largo de estos 16 años invita a evaluar la conveniencia de definir legalmente fechas exactas para los procesos electorales. Veamos rápidamente lo que ha sido el cronograma y la ejecución de los procesos electorales regionales y municipales desde que la Constitución entró en vigencia e introdujo como Poder Público al Poder Electoral:

Empecemos por recordar que en 16 años se han desarrollado 3 procesos electorales regionales y municipales, los cuales se han desarrollado en fechas que no han coincidido de manera exacta o rigurosa con el final del período de gestión para el cual han sido elegidas las autoridades respectivas; en tal sentido, recordemos: las megaelecciones se realizaron el 30 de julio de 2000; posteriormente se renovaron autoridades para el 30 de octubre de 2004; luego para el 23 de noviembre de 2008 y en la última ocasión, el proceso electoral regional se realizó el 16 de diciembre de 2012.

Es importante destacar que, desde la megaelección de 2000 y hasta el proceso electoral del año 2008, las elecciones regionales incluían como opción electoral la elección de los Alcaldes. Los Concejales y Juntas Parroquiales fueron elegidas en otros procesos electorales, el primero se realizó el 30 de diciembre de 2000 y el segundo el 07 de agosto de 2005.

Los Concejales, atendiendo al período legislativo local, debieron haber sido renovados en otro proceso electoral en el año 2009, pero el mismo fue pospuesto para el último semestre del año 2010 y luego, mediante la función legislativa de la Asamblea Nacional, se suspendió otra vez hasta nuevo aviso y así se extendió de manera indefinida y unilateral, sin consulta previa, el período de gestión legislativa de los Concejales y de los Alcaldes.

Ese nuevo aviso lo hizo el CNE para el mes de abril de 2013, pero luego se pospuso nuevamente para el 8 de diciembre del 2013 cuando finalmente los venezolanos tuvimos la oportunidad, porque así lo dispuso el CNE, de participar en el proceso electoral municipal.

En ese proceso electoral de 2013, se unieron la elección de Alcaldes y Concejales, pero se eliminaron las Juntas Parroquiales como opción electoral para la consulta de los electores. Es decir, hubo un retroceso importante y se redujeron las opciones para elegir autoridades locales.

El ciudadano, como fuente de la legitimidad, ha sido ignorado en las decisiones del Consejo Nacional Electoral y ahora, nuevamente, el ente rector electoral, sin consulta previa y de manera unilateral, pospone hasta finales del primer semestre del año 2017 las elecciones regionales, que formalmente y respetando los tiempos, debieron realizarse a finales de 2016. Por segunda vez en 16 años, se extiende unilateralmente el período de gestión de autoridades electas, desconociéndose el mandato originario del pueblo soberano.

Esa suspensión del proceso electoral regional, vino acompañada de la decisión de suspender el proceso de recolección del 20% de las firmas para activar el Referendo Revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro, la razón que argumenta el CNE tiene que ver con las decisiones que tomaron tribunales penales de distintos estados del país.

Ese CNE, quien previamente había validado y reconocido la legalidad del 1% de las firmas recibidas, lejos de preservar la voluntad del pueblo, principio fundamental que constitucionalmente sustenta su actuación, prefirió asumir el principio de “sospecha permanente” y suspender el proceso convocado para recabar el 20% de las firmas de los venezolanos.

No es la primera vez que se impide a los venezolanos ejercer el derecho a participar mediante el uso de herramientas como el referendo, recordemos la decisión de la Sala Electoral de enero de 2003[1], cuando se ordenó al CNE suspender el Referendo Consultivo que se había solicitado formalmente ante el Consejo Nacional Electoral con el respaldo del 10% de los electores, proceso que había iniciado en los primeros meses del año 2002[2].

El ciudadano venezolano, a lo largo de estos 16 años, ha sido irrespetado por el Poder Electoral, que no ha sabido cumplir su deber moral y ético de preservar la voluntad popular expresadas oportunamente y soportadas con firmas legítimamente consignadas. Este Consejo Nacional Electoral lo que ha sabido hacer en estos años ha sido introducir procesos y pasos con la firme intención de impedir el avance efectivo de la voluntad del pueblo en actos soberanos reconocidos por la Constitución vigente.

En tal sentido, recordemos el firmazo de enero de 2003, el reafirmazo celebrado entre noviembre y diciembre de 2003, el reparo realizado en mayo de 2004 y finalmente el proceso de recolección del 1% de las firmas para iniciar el proceso de recolección del 20% de las firmas necesarias para activar el Referendo Revocatorio.

El ciudadano, frente a ese Poder Electoral, no ha hecho otra cosa que reivindicar el principio de participación electoral y cuando ha podido, ha demostrado que la voluntad del pueblo se impone de manera contundente, pacífica y cívica.

En 2004, el Poder Electoral no pudo evitar el Referendo Revocatorio al fallecido Hugo Chávez, en 2007 no pudieron imponer la reforma constitucional; pese a ser indefinida la suspensión de las elecciones municipales, tuvieron que hacerla en 2013 y ello contribuyó a relegitimar al Poder Público Municipal, acosado y atacado por el modelo comunal; en el 2015 no pudieron evitar el rescate de la Asamblea Nacional, la única Asamblea no oficialista que ha funcionado en los 16 años como República Bolivariana de Venezuela.

El ciudadano ha entendido que el voto es una herramienta indiscutible de resistencia y que el voto representa la oportunidad real y efectiva de lograr la transformación política que el país reclama. La defensa del voto supone la defensa de la Constitución y la defensa de la Democracia, para ello la Asamblea Nacional propuso la conformación de un Movimiento Cívico Nacional, tarea que hoy más que nunca es urgente y necesaria.

[1]TSJ. Recuperado el 9 de noviembre de 2016. Online en: http://historico.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?...

[2]AVN. Solicitud de Referendo Consultivo 2002: un caso de salida electoral. 04 de noviembre 2013. Online en: http://www.avn.info.ve/contenido/solicitud-referendo-consultivo-2002-caso-quotsalida-electoralquo

https://politikaucab.net/2016/11/11/el-poder-electoral-y-la-responsabili...

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La no tan inesperada victoria de Trump es casi una tragedia para el mundo, sí señor, para el mundo. El hecho de que un personaje adornado por las características que exhibe y por sus no menos retrogradas concepciones políticas vaya a ejercer la Presidencia de los Estados Unidos augura tiempos peores a los existentes. Aun si no hubiese ganado, la fortaleza alcanzada por su candidatura debería llamar a la reflexión.

La audiencia y pegada de su discurso tiene variadas explicaciones, sin ser exhaustivos, glosaremos algunas: una crisis de representatividad del sistema político estadounidense, la crisis económica comenzada en el 2006 - a pesar de que EEUU la gestionó macroeconómicamente mejor que otros países, los aciertos de su gestión no se derramaron suficientemente- ciertos efectos negativos de la globalización, los residuos importantes de xenofobia y racismo todavía existentes en buena parte de la sociedad, el desgaste de la larga gestión demócrata y las indudables deficiencias, cómo candidata, de madame Clinton.

El asunto es que en Estados Unidos es perfectamente posible que el candidato favorecido por el voto ciudadano resulte a la postre derrotado, de hecho en lo que va de siglo XXI este escenario se ha concretado dos veces. Y eso fue decisivo al final, Hillary obtuvo más votos que Trump, pero éste despachará desde la oficina oval a partir de enero.

Una pequeña y pertinente digresión, el último candidato que llegó a la Presidencia perdiendo en el voto popular antes que Trump fue el tristemente célebre George W. Busch.

La elección en segundo grado, sistema caduco, más que reminiscencia, rémora, del temprano federalismo correspondiente a los tiempos iniciáticos de la Unión en los cuales había que dar garantías a las excolonias pequeñas en su relación con las más pobladas y ricas; épocas en las cuales sólo podían votar y participar en política los propietarios, los poseedores de rentas, los hombres y los que supieran leer y escribir. Nada de mujeres, negros, aborígenes, pobres o analfabetas.

En la integración de los miembros del Colegio Electoral por Estado - cuerpo colegiado al que corresponde elegir al Presidente - no hay ninguna modalidad de representación proporcional (salvo en pocos entidades federales) por tanto el ticket que gane así sea por un voto obtiene todos los miembros del respectivo Colegio Electoral.

Vale la pena recordar que en todos los regímenes presidencialistas en Estados federales se selecciona a quién va a ocupar la Presidencia en primer grado. Así por ejemplo ocurre por estos lares en Brasil y Argentina, países que hicieron en su momento reformas destinadas a elegir al presidente de la República en primer grado. Incluso en la Rusia de Putin opera el mismo formato.

No es mi intención restarle peso e influencia a los diversos factores que explican lo ocurrido, sino relevar uno, al final devenido en decisivo.

Caracas, 12 de noviembre de 2016

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Lester L. López O.

Apreciación de la situación política # 87

La declaración “conjunta” de la mesa de diálogo del pasado 12/11, dejó cierto sabor amargo en las filas opositoras democráticas y especialmente en la sociedad civil organizada, relevada, por ahora, a una condición de expectantes pasivos en este proceso.

Las expectativas del común de la gente que esperaba “algo” más definido en cuanto a la realización del RR este año, aunque fuera la recolección del 20%, quedaron, según esa declaración, totalmente frustradas y prácticamente sin esperanzas para este año. Cosa peligrosa para la credibilidad de la MUD.

Anunciar como “logros” que el régimen aceptara el reconocimiento de la próxima sustitución de dos rectores electorales en diciembre, cosa que ya está bastante adelantada por cierto y contemplada en la Constitución Nacional y que en enero se realicen nuevas elecciones en el estado Amazonas para elegir, otra vez, los mismos diputados que ya el CNE había reconocido en diciembre pasado y por las truculencias jurídicas del régimen, la sala electoral del TSJ ha desconocido hasta ahora, coloca a la MUD al borde de desconocer su propia fortaleza legal que es su apego a la CN. Si la declaración hubiera suscrito que el régimen “aceptaba y no iba, mediante la utilización del TSJ, desconocer los dos nuevos rectores” y además que iba a reconocer a los tres diputados del estado Amazonas, entonces sí hubieran sido logros concretos. Pero no fue así.

Por otra parte, en la declaración, los representantes de la MUD se dejaron enredar con un lenguaje y palabras propios del régimen, pero ajenos al vocabulario de la oposición democrática, tal como que “acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana”, cuando todos sabemos que el único que ha saboteado, boicoteado y agredido a la economía venezolana es el propio régimen ¿O es que la MUD va a aceptar que ha sido parte de esas acciones?

También queda la interrogante de por qué la próxima reunión es para el 6 de diciembre, en un país con una situación crítica explosiva que amerita decisiones urgentes, al menos para el nivel de expectativas de la gente ¿no es como mucho tiempo?

Estos cuestionamientos anteriores, surgidos de la recolección apresurada entre gente mediana informada, evidencian que, o no se está claro en los objetivos de los factores de la oposición democrática en esa mesa (creo que hay algo de eso) o se carece de la experiencia y experticia necesaria, por parte de los negociadores de la MUD, para llevar con éxito estas negociaciones.

La MUD, y los otros factores políticos democráticos intervinientes, deben comprender, con el debido respeto a sus actuales representantes en esa mesa, que deben tomarse en serio ese diálogo y, en consecuencia, deben sentar en esa mesa expertos en negociaciones que no caigan en las trampas de los negociadores del gobierno que son expertos en eso, por algo tienen 17 años en el poder.

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Yo creo que uno de nuestros problemas fundamentales que enfrentamos como sociedad es la ausencia de los ciudadanos dentro de los contenidos de nuestra discusión pública. Así uno se encuentra con una realidad odiosa. Los políticos, parecen colocar sus intereses particulares por encima de los intereses de la sociedad en tanto que colectivo. Eso explica la pobreza de nuestra discusión pública. No es necesario desarrollar categorías para argumentar sobre las cosas que nos interesan. De manera que acá se habla mucho de política pero hay un énfasis insuficiente en los asuntos referidos a los ciudadanos.

En general, no escuchamos a las partes prestarle atención al país profundo, a ese país silente que no se muestra con facilidad pero que es necesario interpretar. Estamos acostumbrados a quedarnos dentro de una zona de confort que nos resulta cómoda, allí se elaboran los discursos correspondientes, los que resuenan en los oídos de la nomenclatura. Se olvidan que la gente está cansada de casi dos décadas de polarización.

La construcción del país requiere la definición de alternativas viables a la locura en la cual nos encontramos.

Los ciudadanos se han retirado de la vida pública. No quiero decir que no asistan a las marchas. En efecto lo hacen, lo que digo es que no existen formas de organización que transformen la molestia manifestada en las marchas en una acción política concreta que permita reducir las penas de tantos, materializar el bienestar de todos. La construcción del país requiere la definición de alternativas viables a la locura en la cual nos encontramos.

Estamos inmersos en una absurda confrontación política al mismo tiempo que se deteriora la calidad de nuestra vida. Acá se ha hecho política, se han realizado mítines, reuniones, proselitismo; se han organizado partidos, se ha protestado y se ha prometido, mientras se ha reducido el margen de funcionamiento de la democracia, se han deteriorado los servicios públicos, se ha instalado el hambre. Somos un país cada vez más pobre y cada vez menos democrático.

Creo que la discusión que tenemos pendiente los venezolanos de este tiempo es aquella que está referida a los problemas del bienestar. Al final de la historia vivimos cada día peor. Uno se pregunta por el futuro de un país en el cual la salubridad es cada día de menor calidad. Cómo podemos esperar que una población sana crezca en medio de la suciedad y la escasez.

Los venezolanos hemos visto cómo se reducen las garantías de nuestra libertad. No solo en lo que respecta a nuestras libertades sustantivas: libertad de expresión, de asociación, de participación; sino también nuestras libertades instrumentales. Piénsese por ejemplo que la falta de anticonceptivos implica, por definición, una restricción a la libertad reproductiva de las mujeres, con lo cual se las somete a la posibilidad de un embarazo no deseado, a la abstinencia o a depender de la voluntad de su compañero en cuanto a usar o no un preservativo.

Otro tanto habría que decir en lo que tiene que ver con las limitaciones al uso de unas vías públicas sucias, llenas de huecos e inseguras, se limita el libre tránsito. La lista es infinita. Estamos construyendo una sociedad cerrada con un sistema parainstitucional que responde a quienes ejercen el poder. Un sistema en el cual la ciudadanía se encuentra desguarnecida.

La verdad es que en nuestra discusión pública se discute el pasado. El pasado que representa la MUD que no es más que una coalición electoral sin un proyecto alternativo y el pasado que representa este gobierno ineficiente que en 18 años no solo no ha logrado resolver los problemas sustantivos que enfrentamos como sociedad sino que los ha agravado.

Reconstituir el espacio de lo político como un espacio para la convivencia colectiva pasa por la definición de un proyecto de país que se nos muestre como una alternativa a la locura colectiva que vivimos. Acá es necesario reconstituir el espacio de funcionamiento de las instituciones desde la lógica de la imparcialidad. El país no le pertenece a una parcialidad política, sino a todos nosotros. Es tiempo de dejar a un lado la frivolidad y el desencanto de estos tiempos complejos que vivimos. Es necesario redefinir desde una perspectiva contractual los contenidos de nuestra convivencia con los demás. Es necesario determinar los mecanismos que nos permitan incrementar las oportunidades de realización de los ciudadanos, es necesario superar el rentismo como modelo de organización de la economía.

Hay demasiadas tareas pendientes en nuestro devenir. Lo estrictamente político es importante, pero mucho más lo relativo a la gente, su quehacer, sus problemas y su futuro. La verdad es que nos hemos equivocado vilmente en cuanto a los contenidos de las cosas que debemos discutir. Estamos perdidos entre el marasmo y la estupidez.

Miguel Angel Latouche | @miglatouche

Internacionalista. Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en la Universidad Central de Venezuela. Consultor.

Publicado por Efecto Cocuyo, noviembre 13, 2016

(http://efectococuyo.com/opinion/perdidos)

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