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Opinión

Salud y Seguridad Alimentaria, han sido temas que han llevado a la Asamblea Nacional a aprobar Acuerdos políticos a través de los cuales se han hecho propuestas concretas al Ejecutivo Nacional, en función de buscar soluciones a los problemas que agobian a los Venezolanos.

Esos acuerdos permiten valorar, por un lado, la labor de la Asamblea Nacional como foro natural de los problemas nacionales y por el otro, facilita la tarea de evaluar de manera objetiva la voluntad política del Ejecutivo Nacional de abordar esos problemas concretos.

El Agua ha estado también en la agenda legislativa nacional y es así como el 19 de enero 2016, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre la Problemática del Agua, en cuyo contenido resaltó el estado crítico en el que se encuentran las distintas represas, cuencas, microcuencas, subcuencas y lagos del país por el bajo nivel de agua y las denuncias sobre contaminación existente.

Además en ese Acuerdo la Asamblea Nacional alertó que los 18 mayores embalses para el abastecimiento de agua potable con los que cuenta el país estaban en un nivel cercano al mínimo, y advirtió que tal situación podría ocasionar un problema de salud pública importante.

En función de la crisis del agua, la Asamblea a través del Acuerdo exhortó a:

Las autoridades competentes nacionales, estadales y municipales a la identificación de las zonas y circunstancias de mayor riesgo para cada escenario de escasez, prestando especial atención a los problemas relacionados con la salud pública y actividades con impacto social o importancia estratégica para la actividad económica del país.

Al Ministerio responsable en el tema de Agua que decrete los planes de contingencia necesarios a corto, mediano y largo plazo, y para que realice un estudio real de toda la red acuífera del país.

Al Ejecutivo Nacional a coordinar con gobernadores, alcaldías, poder popular, mesas técnicas de agua el eficaz mantenimiento y suministro de agua, así como las incorporaciones de planta desalinizadoras en la costa del país para aprovechar los recursos naturales.

Al Ministerio para la Salud a reforzar medidas para que los centros de atención médica puedan atender efectivamente los casos médicos básicos y a tomar medidas santiarias para evitar la contaminación del agua en reservorios y un plan nacional de concientización en todos los niveles.

Así mismo, estableció un compromiso institucional, de investigar el tema y presentar un informe sobre la Crisis del Agua, a través de una Comisión Mixta integrada por las Comisiones Permanentes de Administración y Servicios y de Ambiente, y la de Recursos Naturales y Cambio Climático.

Ese informe se presentó en abril 2016 y en el mismo se identificaron como causas de la crisis del agua las siguientes:

Las Inversiones deficitarias son una de las cusas, advierte el informe que no coinciden cifras de Hidroven con las del INES en cuanto a cobertura. No hay grandes obras.

El Sistema de cobranza y tarifa no permiten ingresos suficientes.

Un 48% aproximado de fugas de agua para ese momento.

No se realizan inversiones de medición y no hay controles sobre tomas clandestinas.

Operación inadecuada y mantenimiento precario del Sistema.

No hay claridad del para qué debe ser la calidad en el servicio.

El tema institucionalidad y leyes no responden a los desafíos y problemas que se presentan.

Se reconoce la grave sequía y el fenómeno de El Niño como elementos que agravan la crisis, pero no como la principal causa de la crisis; al respecto se destaca en el informe que en otros países de la región, el fenómeno del niño ha impactado con mucha más intensidad que en Venezuela sin que ello haya ocasionado una crisis tan permanente en materia de agua como la que padece la sociedad venezolana.

Entre las recomendaciones presentadas al Ejecutivo, se pueden destacar las siguientes:

Presentar Plan de Acción para enfrentar problemática en Estado Falcón.

Presentar rendición de cuentas para conocer realidad.

Declarar emergencia y crisis nacional.

Cumplir con la Legislación vigente

Sobre Calidad del Agua en el Acuerdo se exigió al Ejecutivo Nacional el cumplimiento de evaluación de la calidad del agua y se exhortó al Ministerio a informar sobre la calidad del servicio atendiendo a una serie de indicadores.

La descentralización y el trabajo coordinado con otros actores políticos territoriales se plantearon como una necesidad. La coordinación se reconoce importante a los fines de:

Atender responsablemente a los estados y municipios para arreglar roturas y presentar plan de acción para evitar pérdida de agua.

Atender toma de aguas ilegales.

Buscar propuestas a mediano y largo plazo para hacer sustentable el servicio.

La Comisión Mixta sugirió como siguientes pasos a la Asamblea Nacional:

Interpelaciones.

Averiguar presupuesto y crédito

Averiguar malversación.

Seguir investigando.

Visitas a sitios críticos.

Unirse a ciudadanos.

Conformar equipos calificados.

Garantizar sostenibilidad ambiental del servicio. Cuidando cuencas. Diseñar la sustentabilidad financiera y económica del Servicio.

En ese Informe de abril 2016, la Asamblea Nacional advirtió una serie de debilidades para enfrentar el problema del agua, a saber

Gobierno no quiere ser sometido al control político. Obstaculizan cualquier esfuerzo que sobre esta materia se realice.

Construcción de obras hidráulicas sin impacto, sin utilidad.

Obras importantes inconclusas.

Mal mantenimiento de plantas potabilizadoras

No hay información veraz de las autoridades.

Empresas de servicio se han convertido en instrumentos políticos.

No hay recurso humano calificado para atender el desafío que impone el problema.

Deficiente e incongruente información oficial.

La política de racionamiento de agua potable se mantiene por un año más y sin información pública alguna que advierta mejoras para el 2017. En marzo de 2017 la crisis del agua llevó al Presidente Maduro a anunció la medida de ahorrar energía y agua en tiempo de semana santa, y en tal sentido acordó declarardías festivos no laborables todos los días de semana santa para todos los trabajadores públicos del país y para el sector educativo; medida que consideró oportuna hasta que llegara la época lluviosa.[1]

Luego en abril 2016 el Presidente decidió reducir los días laborables del país de cinco a cuatro días por semana en el marco de un plan de 60 días para atender una emergencia nacional en materia de agua y energía. En ese momento Maduro advirtió que con el Plan fijado desde el 6 de abril y hasta el 6 de junio, se logrará superar el momento más difícil, de mayor riesgo y prometió que se superaría el problema con la menor afectación.[2]

Termina el año 2016, oportuno para preguntarse: ¿el racionamiento y la calidad del agua mejoró o si hubo anuncios del Ejecutivo Nacional para señalar mejoras en esta materia para el 2017?, ¿quién es responsable políticamente?

22/12/2016

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[1]Minea.gob.ve. Maduro declaró Plan Especial de Ahorro Eléctrico y Agua en Semana Santa. 13 de marzo de 2016. Online en: http://www.minea.gob.ve/2016/03/13/maduro-declaro-plan-especial-de-ahorr...

[2]Libremercado.com. Maduro prohíbe trabajar los viernes para reducir el consumo de agua y luz. 07/04/2016. Online en: http://www.libremercado.com/2016-04-07/maduro-prohibe-trabajar-los-viern...

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Hace unos días tuve la oportunidad de leer en el portal twitter de Reinaldo Dos Santos una muy grave acusación contra Julio Borges; según el conocido brasileño, en marzo de 2014 se efectuó una reunión a la que asistieron el diputado Borges y un grupo de militares en la cual, entre otras cosas, se le oyó decir al líder de Primero Justicia, dirigiéndose al general (GN) Rivero Lago: «No conviene sacar a Maduro ahora pues el beneficiado sería Leopoldo López, no lo saquen que yo te prometo el ministerio de defensa con Capriles en 2019» (Comillas en el original).

Esta acusación, como cualquier otra, puede ser absolutamente falsa, medianamente cierta o completamente verdadera, pero es indiscutiblemente grave, muy grave, pues de ser cierta explicaría las extrañas conductas de la MUD y su vocación de apaciguadora de la ira popular, a la que nos hemos referido en varios artículos publicados en este mismo sitio (Orden, Añagaza, Evidencias).

El asunto se magnifica con el anuncio de que Borges, en virtud de acuerdos entre los principales partidos de la MUD, será designado Presidente de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2017, con lo cual tendríamos al frente del Poder Legislativo a un hombre acusado de traición, de anteponer los intereses grupales a los nacionales y de prolongar el sufrimiento del pueblo en obsequio a su ambición de poder.

En un país medianamente decente es inadmisible que se otorgue tan alta investidura a una persona sobre la cual pende tan grave acusación, como inadmisible sería que la calumnia determine una decisión del más alto interés nacional; por ello, establecer la verdad sin dejar resquicios para la duda es un imperativo político y ético que debe interesar en primer término al acusado, presunta víctima de la mentira.

Pero lo que resulta insoportable, desde cualquier punto de vista, es que este enojoso asunto pase por debajo de la mesa, de que miremos hacia otro lado o le confiramos el carácter de muchachada a un acto de tal magnitud.

El daño a la Asamblea Nacional como institución sería terrible y de difícil reparación. ¿Cómo creer en un cuerpo legislativo presidido por un diputado que guarda silencio ante tamaña acusación? ¿Acaso la traición, por la que se ha señalado a Judas Iscariote durante dos mil años, dejó de ser delito aborrecible?

Como consecuencia de sus reiterados errores, la oposición agrupada en los principales partidos de la MUD, se encuentra absolutamente desprestigiada. Tal condición la hace más peligrosa para los intereses democráticos del País, pues al saberse vehementemente rechazada por un pueblo que el 6D le brindó su entera confianza, debe suponer que sus posibilidades de acceso electoral al poder son casi nulas y esto puede generarle la tentación de acercarse al chavismo para la defensa de intereses comunes, incompatibles con los populares.

Para el escritor inglés Charles Dickens «Los caminos de la lealtad son siempre rectos.» Por contrario imperio podemos afirmar que los de la deslealtad son siempre curvos, sinuosos, zigzagueantes. Quizás este aserto de Dickens, que no por simple pierde valor, nos ayude a entender la política de los que se hacen llamar opositores, tan llena de actuaciones incomprensibles y hasta grotescas, como la disolución de la Toma de Caracas por un azarado Jesús Torrealba, que parecía más interesado en complacer las exigencias del régimen que en lograr los objetivos propuestos en la convocatoria.

Como lo hemos dicho hasta el cansancio, todos estos males tienen un solo origen: la escogencia a dedo de los candidatos a cargos de elección popular. Ese dedismo será el responsable de que Julio Borges llegue a la Presidencia de la Asamblea Nacional sin rendir previas cuentas a la opinión pública y que hasta la fecha sea jefe de una fracción parlamentaria por la que votó mayoritariamente un pueblo al que le ha negado reiteradamente su derecho a elegir, mediante primarias, los más altos cargos de conducción del Estado.

Julio Borges debe ser el primer promotor de la investigación respecto a la gravísima acusación que le hace Dos Santos. Caso contrario, estará golpeando rudamente a la Asamblea Nacional que presidirá a partir de enero, a su ya maltrecho partido Primero Justicia y estampará en su hombro la flor de lis, no como signo de realeza y honorabilidad, sino con el sentido estigmático utilizado por los verdugos franceses para marcar por siempre a delincuentes e indeseables.

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

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Luego de la contundente victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones para la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, el año 2016 se inició augurando la apertura progresiva de mayores espacios de libertad y de respeto a los derechos humanos. Con ello, se comenzaría a superar la terrible situación arrojada sobre la población por las desacertadas políticas del gobierno, con leyes que estimularían la actividad económica y restablecerían la confianza. El hecho de que ello no haya ocurrido obliga a indagar por qué. Ofrezco las siguientes líneas como enseñanzas de lo que, a mi juicio, fue este Anno Horribilis.

  1. El gobierno destapó su carácter no democrático, de dictadura, al desconocer las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional valiéndose de un TSJ írrito, producto de designaciones fraudulentas de la AN anterior, en manos chavistas. A ello se le suma la anulación del derecho a revocar el primer mandatario, el presidio de más de un centenar de venezolanos por razones políticas, la persecución de personeros de la oposición, la negación de abrir canales humanitarios para traer medicamentos y muchos otros atropellos a los derechos humanos, civiles y políticos consagrados en nuestra Carta Magna. Es decir, no obstante su (cuestionada) legitimidad de origen, estamos en presencia de un gobierno de facto, dictatorial, que opera al margen de la Constitución.
  2. Esta conducta obedece a la conformación de un Estado Patrimonialista en el cual se disuelve la distinción entre la hacienda pública y el patrimonio privado de quienes mandan. Éstos han terminado privatizando los bienes públicos para su usufructo personal, ¡pero en nombre del socialismo! Central a ello ha sido la destrucción del entramado mercantil para asignar recursos y satisfacer necesidades, el arrinconamiento del sector privado y la destrucción del Estado de Derecho, y su reemplazo por decisiones arbitrarias apoyadas en la fuerza del poder. Los controles de precio y las regulaciones punitivas han representado una veta sumamente lucrativa para el arbitraje (reventa de productos, gasolina o dólares regulados, a precios muy superiores) y la extorsión por parte de funcionarios militares y/o civiles con incumbencia al respecto en virtud de las normas interventoras implantadas. Ello se ha afianzado con la impunidad, la ausencia de transparencia y la no rendición de cuentas, así como con la complicidad desde las altas esferas del poder. Así lo atestigua la defensa inmediata e irreflexiva de aquellos acusados de narcotráfico, lavado de dinero y de otras marramucias.
  3. Como resultado, se viene consolidando una nueva oligarquía militar-civil que expolia la riqueza social, encubierta en una retórica “revolucionaria” que la proyecta como defensora del “pueblo”. Se inventan enemigos incursos en perversas conspiraciones contra la “revolución” para echarles la culpa de los desmanes causados por su negativa a enmendar políticas, su incompetencia y por la desidia en el manejo de la cosa pública, así como por la corrupción y el robo de los dineros públicos. En esta visión maniquea de patriotas y revolucionarios contra todo aquel que discrepe de la “buena nueva”, el gobierno concibe la acción política como una guerra. No se procura labrar los consensos requeridos para darle piso a sus iniciativas de política, ni se buscan acuerdos con fuerzas opositoras para tales fines. Al no reconocer la legitimidad del adversario político desaparece la política propiamente dicha y se sustituye por la confrontación en contra de aquél, a veces violenta, incitada por insultos y prédicas de odio desde el poder. Se acentuó la naturaleza fascista del régimen, pero amparada en simbolismos propios de la retórica comunista. Se dependió cada vez más de los militares y del terrorismo de Estado contra figuras opositoras para mantenerse en el poder.
  4. La conducta de esta oligarquía trasladó la dinámica política y el acontecer económico al mundo de lo irracional. Su ideología ya no pretendió conquistar más adeptos a sus políticas en competencia con otras representaciones de la realidad, sino galvanizar a sus partidarios con toda suerte de disparates en preparación de una confrontación final que liquide a las fuerzas democráticas. Se alimentaron fanatismos para forjar un espíritu de secta dispuesta a defenderse, con cualquier medio a su disposición, contra lo que le ha sido señalado como amenaza. Con tal blindaje ideológico se han amparado desde las filas oficialistas niveles inusitados de crueldad y de agresión contra los venezolanos. La insania en que ha caído el régimen encuentra expresión en la bochornosa denuncia del ministro Reverol de que se habían acaparado en galpones suizos y de otros países europeos los billetes de Bs. 100 para atentar contra la “revolución” (¡!)[1]. El hecho de que el responsable de asesinar a mansalva a venezolanos humildes -delincuentes e inocentes- bajo el manto de los Operativos de Liberación (¿Liquidación?) del Pueblo (OLP) -otrora comandante de la Guardia Nacional señalado por la DEA de estar incurso en tráfico de drogas- acuse a la “ultra-derecha” de estar detrás de esta presunta conspiración da una idea de cómo la ideología permite bañar a cualquier gorila de “virtudes izquierdosas”. El país, definitivamente, ha sido puesto de cabeza.
  5. Muchos de los dirigentes de la MUD han evidenciado no entender a cabalidad a qué nos estamos enfrentando. Los reflejos condicionados adquiridos por los más veteranos en otra época y las ilusiones de los nuevos, los llevaron a confiar en que Maduro respetaría el juego democrático. Quienes se sentaron a dialogar bajo auspicios del Vaticano con representantes del neofascismo pensando en que la perentoria necesidad de encontrarle salidas a una crisis que ha causado tanto sufrimiento llevaría a acordar metas mutuamente compartidas, han tenido que despertar a la desagradable realidad de que éstos no respetan reglas de juego alguno: no les interesa la suerte de los venezolanos, sólo su permanencia en el poder para seguir esquilmando a la Nación. Se ha puesto fehacientemente de manifiesto que lo único que hará retroceder al fascismo es una demostración contundente de fuerzas. ¡Y los venezolanos favorables al cambio tenemos esa fuerza! Constituimos más del 80% de la población, nos ampara el orden constitucional vigente y contamos con el apoyo internacional. Es de presumir, también, que esta disposición abrumadora por el cambio sea compartida por el grueso de la Fuerza Armada, que no está conformada por marcianos ajenos a la suerte de su país. Es cierto que Maduro ha hecho todo lo posible por corromper a los estamentos de mando para hacerlos cómplices del régimen de expoliación instaurado, pero es dudoso que ello haya comprometido a cal y canto el respaldo mayoritario de la fuerza.
  6. El desafío que enfrenta la dirigencia democrática en 2017 es cómo conjugar estas distintas manifestaciones de fuerza para lograr un pronunciamiento decisivo de los militares -único punto de apoyo que le queda al régimen- a favor de la restitución del orden constitucional. Se trata de activar a las mayorías a través de movilizaciones, protestas y la concertación de apoyos internacionales en torno a un programa democrático, que incite la aparición de ese “Larrazábal II” al que se refirió el Padre Ugalde. En ello tiene papel central la definición de un proyecto país alternativo al desastre actual que, por su coherencia, convicción y claridad de propósitos, no deje lugar a dudas sobre la capacidad y determinación de rescatar a Venezuela de manos de las mafias que hoy la asfixian, y de enrumbar al país a un futuro posible de crecientes niveles de bienestar. Si bien la confección de un programa económico para la transición, actualmente en discusión, es importante, ello dependerá primordialmente de un liderazgo político valiente, inteligente y comprometido. ¿Qué reacomodos se requieren para que las fuerzas democráticas logren el éxito que todos deseamos?

Economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

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Los pronósticos de principios de año señalaron que el 2016 sería malo. Pero se equivocaron: no fue malo, sino peor. No es cuestión de detallar el cuento ni de esgrimir cifras con el fin de darle seriedad. Cada quien lo sabe en versión carne propia, aunque el Presidente Maduro pareciera no darse por enterado. Sigue actuando como si la realidad pudiera ser engañada diciéndonos (¿diciéndose?) que el país marcha en revolución hacia el progreso, la justicia, la soberanía y el máximo de felicidad posible. Pretende, así, que le creamos a un gobierno cuyas únicas cartas estratégicas (?) a la vista parecieran ser la esperanza de que vuelva a subir alto el precio del petróleo y la explotación del Arco Minero en modalidad de arrase ecológico.

La crisis del billete de a cien, su muerte y resurrección, fue el epílogo de un año amargo, por donde quiera que se le mire. Un año con visos de desmadre, así de frágil se volvió nuestra vida cotidiana. No hay mejor parábola que este trance monetario para describir la manera como el gobierno nos gobernó. Resumo: concepciones equivocadas debido a extravíos ideológicos, diagnósticos ficticios o a pepa de ojo, transferencia de las responsabilidades a factores externos (guerra económico, iguanas malintencionadas o manipulaciones imperialistas del mercado petrolero), atención a los problemas por el lado de sus efectos y no por el de sus causas, incompetencia, opacidad, corrupción, mentiras y amenazas, manejo tramposo de las leyes, todo endulzado con el himno nacional y también con la palabra evangélica de Chávez, hasta derivar en una sociedad descoyuntada y sin referente alguno, harta de tanta épica y de tan pocas nueces, habitada por gente perpleja y atemorizada, que no encuentra manera de asomarse al futuro.

Por desgracia, los pronósticos sobre el país dan susto. Algunos expertos llegan a señalar que en el 2017 sentiremos nostalgia por el año que ahora termina. Pero uno sabe que estos pronósticos no son infalibles, aún si el gobierno se empeña en hacerlos cumplir. Hay, entonces, que imaginar y creer que el país puede acomodarse para funcionar de otro modo y hacer posible una vida más grata para todos. Palabras más, palabras menos eso es lo que desea, de acuerdo a las encuestas, una mayoría abrumadora de venezolanos, convencida de que Venezuela transita desde hace rato por una calle ciega, sin luces y a alta velocidad. Y persuadida, por otro lado, de la necesidad de suscribir ciertos pactos fundamentales para darle pie a la convivencia social y sentido de dirección al país. Es esta percepción colectiva, recogida en los sondeos, la que da pie para ser optimistas de cara a los tiempos que vienen, a pesar del descontento existente con el liderazgo nacional por haber convertido el diálogo en una disputa por el poder (entre unos y otros y al interior de unos y otros) y no en la apremiante ocasión para zanjar las complicaciones que nos acogotan.

El Nacional, jueves 21 de diciembre de 2017

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​José E. Rodríguez Rojas

La influencia del partido español Podemos en el gobierno Chavista, generosamente recompensada con los petro y narcodolares del gobierno bolivariano, comenzó cuando Chávez era presidente y Monedero la figura más visible de este grupo político. En el periodo más reciente, la presencia de Alfredo Serrano Mancilla como influyente asesor del Gobierno, es la que ha prevalecido. Según el influyente diario The Wall Street Journal, Serrano aboga por un reforzamiento de los controles de precios. El asesor español aconseja fortalecer aún más los controles, como los que se han desarrollado sobre la fabricación y el suministro de alimentos. Se opone a la devaluación y a otras medidas similares, orientadas a desmontar los controles y estimular una economía de mercado. Para el asesor de Podemos, la guerra económica, que a su juicio enfrenta el gobierno de Maduro, es resultado de una burguesía importadora que incrementa los precios indiscriminadamente.

Señala The Wall Street Journal, que el ascenso de Serrano como asesor, se ha dado a expensas de otros asesores, los cuales han instado al gobierno a tomar medidas más convencionales para reducir los controles, liberalizar la economía y evolucionar hacia una economía de mercado más funcional. En este contexto la influencia de Serrano está generando conflictos al interior del gobierno de Maduro. Así se deduce de una entrevista reciente al economista Francisco Rodríguez, quien labora para la firma de inversiones estadunidense Torino Capital. Rodríguez es un profesional cercano al gobierno, lo cual se refleja en las declaraciones dadas al periódico Tal Cual recientemente. En ellas revela que coordinó el Plan Económico de Unasur para Venezuela, en mayo y junio. En dicho Plan se recomienda la restauración del sistema de precios relativos, lo cual incluye una unificación cambiaria bajo un esquema de libre flotación, y la transformación de la regulación, de tal manera que permita la fijación de precios consistentes con una rentabilidad apropiada a un tipo de cambio realista. El segundo punto del Plan incluye la normalización gradual de los precios de la gasolina, electricidad y otros bienes del Estado, orientado a reducir el déficit fiscal y disminuir las necesidades del gobierno de imprimir dinero, generando más inflación. El tercer punto consiste en ir a un sistema de subsidios directos, a través de las transferencias a las familias más necesitadas mediante una tarjeta electrónica. Luego, una política orientada a una renegociación de la deuda pública externa, que permita aligerar los pagos de vencimiento a corto plazo y recuperar el acceso a los mercados internacionales. En síntesis, se trata de recomendaciones al gobierno para que la economía evolucione hacia una economía de mercado menos intervenida y más funcional.

Rodríguez aclara que se trata de un plan estructural, en otras palabras no tiene sentido implementar algunas de la medidas recomendadas en forma aislada del conjunto. Es lo que ha hecho el gobierno de Maduro, el cual ha llevado a cabo algunas de las iniciativas, pero sin tomar en cuenta su relación con la propuesta global. Rodríguez pone como ejemplo de esto, que el gobierno ha tratado de impulsar el programa de la tarjeta de misiones socialistas, que tiene algunos de los elementos de diseño incluidos en el Plan de Unasur que ellos han recomendado. Sin embargo, señala Rodríguez, si este programa no se puede financiar en base a mayores ingresos, va a ser muy reducido en su cobertura e impacto o va a generar más inflación.

El Plan en cuestión, logró el respaldo de Miguel Pérez Abad antes de ser defenestrado del gobierno, sin embargo contó con la oposición de otros funcionarios del gobierno. Declara Rodríguez a continuación, que “Dentro del gobierno hay quien quiere una economía centralmente dirigida, como las del bloque soviético, pero eso va en dirección contraria a lo que nosotros planteamos, que era ir a una economía que reconociese el funcionamiento del sistema de precios de los mercados pero manteniendo un fuerte espacio para la intervención del Estado con políticas redistributivas, más parecido a Bolivia, Nicaragua, Ecuador”; pero ello ha enfrentado la oposición de otros asesores del gobierno que han torpedeado la implementación de sus recomendaciones. Cuando Rodríguez plantea que hay, en el gobernó de Maduro, quien quiere una economía centralmente planificada como la soviética y ha torpedeado su propuesta, no menciona a Serrano, pero lo retrata; ya que el asesor español fue determinante en el rechazo de la propuesta de Unasur por parte del gobierno, según The Wall Street journal.

En conclusión, en el gobierno de Maduro existen dos visiones de política económica en conflicto. Una, dominante en los países de la Alianza Bolivariana de Naciones (ALBA), orientada a estimular una economía de mercado menos intervenida, acompañada de políticas redistributivas; otra, donde predominan los controles de precios y de las principales variables macroeconómicas, aunado a un permanente hostigamiento a la empresa privada, a la cual se le acusa de impulsar una guerra económica. Esta última, defendida por los asesores de Podemos, como Alfredo Serrano, es la que ha predominado generando, una inflación desbocada y una crisis humanitaria nunca vista en el país.

Nota: los señalamientos de Francisco Rodríguez fueron tomados de: Tal Cual. 2016. “Francisco Rodríguez. Ha habido un ajuste ineficiente”. 23-12-2016.

Profesor UCV

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Finaliza 2016 con un balance en rojo por culpa de los rojos. La mayor inflación del mundo, estimada en más del 700 %, escasez de comida, de medicinas y de repuestos, más de 30.000 homicidios, secuestros y robos, servicios públicos de salud en situación crítica, resurgimiento de enfermedades como paludismo, tuberculosis y difteria, educación deteriorada, universidades autónomas acosadas, empresas estatales del hierro y del aluminio quebradas, producción petrolera inferior en 724.900 barriles por día en comparación con la del 2001, las refinerías nacionales en el suelo y Citgo hipotecada, corrupción estratosférica , 106 presos políticos, miles de protestas, Venezuela expulsada de Mercosur y criticada por muchos países y por personalidades mundiales por la violación a los derecho humanos.

Todo esto lo sabemos, pero a veces no identificamos con nombres y apellidos a los principales causantes. Sin duda que son culpables todos aquellos que ocupan un cargo público importante. No debe extrañar que un inepto o un malandro que llega a tener poder cometa desafueros, pero que alguien con buena formación y méritos se preste a marramucias solo se explica por deshonestidad intelectual o por amor a don dinero.

Por ejemplo, es más culpable un Aristóbulo Istúriz quien tiene cierta formación, que la del presidente de facto, quien sin méritos fue designado a dedo por un moribundo. Son más culpables diplomáticos como Alfredo Toro Hardy y Chaderton, que Delcy. En el TSJ era esperable la actuación de Mikel Moreno y de Gladys Gutiérrez, pero extraña la de una Carmen Zuleta de Mechán, quien fue profesora universitaria. En el CNE no es de extrañar la conducta de Sandra Oblitas, pero sí la de Socorro Hernández. En las gobernaciones era previsible que el general García Carneiro se comportara como un fanático rojo, pero es injustificable en un Arias Cárdenas. El general Néstor Reverol está tan rayado que no le queda otra que restearse con el régimen, pero es incomprensible que lo haga el general Padrino López. Haga usted, amigo lector, su propia lista.

En el 2016, después de una espera injustificada, la MUD apostó al referendo revocatorio. Ahora algunos opinadores respetables consideran que fue un error y que se debió optar por la elección de gobernadores. Al parecer piensan que el régimen sí los respetará. ¿Acaso ha respetado a la Asamblea Nacional? ¿Acaso no encarceló a nuestro Alcalde Mayor? ¿Acaso no ahoga económicamente a las tres gobernaciones que no controlan? Era de esperar que el régimen lo bloqueara, como lo hará con cualquier vía que ponga en peligro su supervivencia. Sin embargo tuvo un elevado costo político para los rojos, por lo que consideramos que ese esfuerzo valió la pena.

El asistir al diálogo fue otra crítica de algunos. Políticamente era inevitable sentarse a conversar. El error estuvo en ceder a priori en las peticiones del régimen de enfriar la calle y desincorporar a nuestros diputados por Amazonas, en no mantener que lo que se exigía era el respeto a la Constitución, en la designación de negociadores no expertos y en la aceptación del lenguaje del régimen al presentar los lamentables resultados.

El 2017 se presenta muy difícil. Del lado del régimen no habrá rectificación y por lo tanto hay que desplazarlo lo antes posible. La MUD tuvo aciertos, pero también yerros. Algunos de nuestros dirigentes han reconocido que debe haber un ¨relanzamiento¨, palabra que no deberían usar porque es una de las preferidas del régimen. En todo caso es necesaria una nueva MUD o dejar la actual para fines electorales y constituir otra organización con mayor amplitud. Capriles y otros han denunciado que hay infiltrados ¿qué espera para denunciarlos? Es vital que la MUD o como se llame tenga el respaldo de todos. Para ello debe depurarse, ampliarse y aumentar la velocidad de respuesta.

La Asamblea Nacional quiere declarar vacante el cargo de presidente de la república. Nadie puede pretender que si lo aprueban Maduro abandone Miraflores, pero es lo políticamente procedente. Debe profundizar la confrontación, seguir denunciando la corrupción y grave situación económica, así como exigir la pronta realización de elecciones regionales. Paralelamente volver a calentar la calle y tender puentes con los rojos que desean que Maduro abandone el poder.

Algunos critican que nuestra dirigencia creó falsas expectativas anunciando que Maduro saldría en seis meses y que el régimen estaba en las últimas. ¿Acaso no es cierto que debemos ser optimistas? ¿Acaso un preso político no vive de la esperanza de que saldrá libre al día siguiente? ¿Acaso los judíos no mantuvieron su esperanza durante milenios reiterando ¨el próximo año en Jerusalén¨ y al fin lo lograron? Seguimos siendo optimistas. Contra viento y marea predicamos que Maduro debe salir este año y constituirse un gobierno de transición.

Como (había) en botica: Los 98 millones de dólares de sobornos pagados por Odebrecht y los varios millones de dólares pagados por Rincón y Shiera a funcionarios de Pdvsa pasan desapercibidos para la Contraloría. Felicitaciones al colega ingeniero agrónomo Juan Comerma, quien fue merecedor del Guy Smith Medal Award por sus contribuciones a la taxonomía de suelos ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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Luis Ugalde

La justa rebelión contra gobiernos tiránicos es una doctrina católica milenaria y un derecho humano fundamental. La existencia de gobiernos se justifica éticamente por su condición de medio indispensable para lograr el bien común. Cuando el régimen se convierte en instrumento del mal común del conjunto de los ciudadanos y los agrede con creciente pobreza, corrupción, inseguridad y manejo de lo público como botín privado, ya es dictadura. Hace mucho tiempo que era clara la condición dictatorial del régimen imperante en Venezuela, pero las recientes desvergonzadas decisiones para impedir el revocatorio presidencial y otras, ponen en evidencia un radical atentado contra la democracia social venezolana.

Cristianismo y justa rebelión

Luego de mi reciente artículo de prensa sobre esto me piden que explique más la mencionada doctrina católica tradicional y la importancia que tiene para la conciencia católica y para toda conciencia ciudadana democrática. Me tomo una página más de la revista SIC para explicar su origen secular con raíces en el Evangelio de Jesús. Nuestro principal prócer civil de la Independencia Juan Germán Roscio en el Acta de la Declaración de Independencia (1811) y luego en el Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes (1811) y en su sólido libro “El triunfo de la libertad sobre despotismo”, escrito en prisión española en 1814, argumentó vigorosamente, con la biblia, la razón y la tradición, que Dios quiere la libertad de los pueblos y no su opresión. Más bien se sorprende que en sus estudios caraqueños de derecho y teología solo tuviera acceso obligatorio a la teoría del derecho divino de los reyes, radicalmente opuesta a la llamada “doctrina jesuítica”. Tan constante ha sido la obstinación de los teólogos del poder arbitrario en querer amalgamar dos cosas inconciliables, el cristianismo y el despotismo, que irritados ciertos filósofos del siglo pasado (s. XVIII) atribuyeron a la religión unos vicios que ella condenaba: vicios propios El siguiente artículo revisa la doctrina católica tradicional y la importancia que tiene para la conciencia católica y para toda conciencia ciudadana democrática. Además, insiste en que el diálogo es necesario para cambiar y reconstruir el país; sin este no habrá democracia social de los obstinados defensores de la monarquía absoluta, e indignamente imputados a nuestras relaciones con el Ser supremo.

Roscio era un niño de 4 años cuando (1767) fueron expulsados los jesuitas de España y sus dominios. Se prohibió la enseñanza de la doctrina de la “justa rebelión” y se impuso la doctrina del “derecho divino de los reyes”. Ni en la teología, ni en el derecho, ni en el catecismo que estudió Roscio estaba presente la tradicional doctrina católica del derecho de los pueblos a darse gobernantes y a destituirlos si se convertían en tiranos.

Medio siglo después Roscio preso en España escribirá: He aquí la verdadera causa porque (los jesuitas) fueron arrojados de los reinos y provincias de España: todo lo demás fue un pretexto de que se valieron los tiranos para simular el despotismo y contener la censura y la venganza que merecía el decreto bárbaro de su expulsión. En las décadas de la agonía colonial todo profesor era obligado a inculcar la teoría del “derecho divino de los reyes”, pues las monarquías absolutas necesitaban una teología, un derecho y un catecismo para la absoluta sumisión de los súbditos: ir contra el rey era ir contra Dios.

El “derecho divino de los reyes” venía imponiéndose desde el siglo XVII y defendía que los reyes están puestos por Dios sobre los pueblos y estos no tienen ningún derecho de juzgarlos y menos de quitarlos. Si resultan buenos son una bendición de Dios, y si malos, un castigo de Dios.

Se contraponía a la católica doctrina secular –entonces prohibida por los reyes– según la cual la autoridad política es una necesidad natural de toda sociedad civilizada y en ese sentido viene de Dios. Pero son los pueblos los que se dan sus propios gobiernos para el bien común y los juzgan y quitan cuando se vuelven tiranos. Se llamó “jesuítica” porque los jesuitas como Suárez, Mariana y otros la relanzaron en tiempo de monarquías absolutas, pero era muy anterior a la fundación de la Compañía de Jesús (siglo XVI).

San Agustín (siglos IV-V) sentencia que “lex iniusta non est lex” (la ley injusta no es ley). Según Santo Tomás (siglo XIII) “las leyes injustas son más violencia que leyes” y el tirano agrede al bien común y busca su interés privado, con lo que los súbditos quedan libres del acatamiento y obediencia a la legítima autoridad, pues se ha deslegitimado.

Los pueblos tienen derecho a darse sus gobernantes y obligación de pedirles cuentas de buen gobierno y cambiarlos cuando se vuelven tiranos; mientras que según la teoría de “el derecho divino de los reyes” se debe sumisión absoluta al rey, sin derecho a juzgarlo.

El sábado para el hombre y no el hombre para el sábado

Jesús en el Evangelio nos da aquella maravillosa y trascendental sentencia al ser acusado por curar (trabajar) en sábado: “No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre” (Marcos 2,27). Sentencia que no vale solo para la ley religiosa, sino para toda ley e institución humana. No es el hombre para la economía, sino la economía para la vida digna y próspera de todos; pero la economía que se convierte en dios, reduce a esclavos a hombres y mujeres. En cuanto al poder político Jesús fue contundente: los poderosos mundanos esclavizan a los súbditos, con lo que se convierten en delincuentes. “No ha de ser así entre ustedes”, dice a sus discípulos, sino que su poder ha de ser para servir y dar vida a ejemplo del mismo Maestro (Marcos 10,42-47). Justamente esta es la gran novedad y radicalidad de Jesús: Dios no es un ídolo que exige sacrificios humanos, sino amor que se concreta en el amor al hombre, a la persona humana.

Su radicalidad se revela precisamente en el amor a aquellos que según el mundo parecen tener menos atributos. Y el modo de amar a Dios es amando al hermano, de manera que “quien dice amar a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso” (1 Juan 4, 20). Con la modernidad se desató el prodigioso desarrollo racional de los medios, pero en la práctica no se ha fortalecido el amor y el valor absoluto de la persona a cuya dignidad se deben ordenar y subordinar. Con peligro de que los medios se conviertan en fines en sí y la persona se reduzca a medio e instrumento.

Frente a regímenes tiránicos

Las modernas constituciones laicas y los gobiernos democráticos incluyen esta enseñanza. Así lo hizo la Declaración de Independencia de USA (1776): Cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios (vida, libertad, búsqueda de felicitad…) el pueblo tiene el derecho de reformarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno que ofrezca mayores posibilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. En el Acta de la Independencia de Venezuela y en el Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela (1811) Roscio basa en ese principio el legítimo derecho a darse un buen gobierno independiente de España: En uso de los imprecriptibles derechos que tienen los pueblos, para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España y que como todos los pueblos del mundo estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que de la nuestra (…). Los pueblos tienen derecho a juzgar y a cambiar gobiernos cuando el régimen es opresor y bloquea sistemáticamente el camino del bien común.

Por otra parte estos principios están explícitamente asumidos en nuestra Constitución actual. Los artículos 2 y 3 de la Constitución definen la naturaleza y fines de nuestra democracia y los deberes de su Estado y gobernantes. Los viola el Ejecutivo apoyado en el uso servil del Poder Judicial, Electoral y de la Fuerza Armada: Ya no estamos en “un Estado democrático y social de Derecho y Justicia”, ni hay “preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” y el Gobierno no está ordenado a defender “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la democracia”, sino a imponerse y mantenerse en el poder (Constitución, artículo 2).

En consecuencia, este régimen atenta contra los fines esenciales del Estado democrático venezolano como son “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad y el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo” (Constitución, artículo 3).

Esto desata y activa en todos los demócratas un deber, una obligación: salir del régimen dictatorial. Es un derecho y un deber humano fundamental, aunque no esté escrito en ninguna parte.

Pero en Venezuela además está recogido en el artículo 350 de la Constitución: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”. En esa situación todo ciudadano o ciudadana “tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” (artículo 333, nuestro).

Por si alguien tenía dudas, el Gobierno se ha encargado de demostrarnos su condición dictatorial y recordarnos nuestra obligación de desconocer sus decisiones antidemocráticas y cambiar el régimen. Estamos en tiempos que exigen inteligencia política, flexibilidad y valor para salir de la dictadura.

Todos los demócratas, y muy especialmente sus representantes de la Asamblea Nacional y los líderes políticos, deben caminar decididos y unidos al rescate de la democracia. Tiene especial responsabilidad la Fuerza Armada en el restablecimiento de la democracia. El régimen venezolano es un escándalo mundial y un reto a la responsabilidad de todas las instancias democráticas.

Que nadie espere que la Iglesia actúe con neutralidad equidistante entre dictadura y democracia.

Al mismo tiempo hay que poner las bases para la difícil reconstrucción económica, social, política y moral del país, con un gobierno de salvación nacional que solo es posible con un diálogo eficaz y abierto que incluya todas las posiciones políticas democráticas. Sin diálogo para cambiar y reconstruir no habrá democracia social. Bloquearlo sería un suicidio para los demócratas, como lo sería ser ingenuos ante el cinismo dictatorial.

Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos en esta hora de definiciones y de renacer de una democracia social que supere la pobreza y la exclusión.

Director del Centro de Reflexión y de Planificación Educativa de los Jesuitas (Cerpe).

Publicado originalmente en la Revista SIC

29 de septiembre de 2016 | Actualizado el 09 de diciembre de 2016

http://www.el-nacional.com/noticias/historico/donde-esta-dios_11179

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