Fracasó estrepitosamente la apuesta “revolucionaria” de llevar a Venezuela a su felicidad con una economía sin empresa privada productiva, gracias a la infinita renta petrolera, en manos de un gobierno repartidor. No solo se pudrió Abastos Bicentenario; está podrido todo y el gobierno va a la deriva sin brújula. Ante la rotunda y definitiva derrota del modelo, lo único sensato es reconocer la realidad y abrirse a la transición: desde la actual catástrofe hacia una nueva base sólida para reconstruir. Lo malo es que los mesianismos llevan a perder todo realismo y cordura y apuestan por milagros de última hora.

Luego del decisivo avance soviético y de los exitosos desembarcos aliados en Sicilia y Normandía, Alemania estaba agotada y el nazismo en agonía terminal. En 1944 Hitler estaba derrotado y así lo entendieron muchos de sus generales y ministros y buscaron alguna forma de negociación y rendición con una transición menos costosa, y un final menos terrible para los pueblos, salvando lo salvable. Hitler los tachó de cobardes y traidores, y siguió delirando con secretas bombas prodigiosas de última hora y divisiones militares salvadoras, que no existían, e intentó la absurda defensa de Berlín con niños de 15 años. Cuando la toma por las tropas rusas era inevitable e inminente, el dilema de Hitler era triunfo o muerte. Como el triunfo era imposible, la muerte era segura, para él y para millones más.

En Venezuela hoy muchos generales, ministros y ex ministros ven que este modelo “revolucionario” ha fracasado y que es suicida aferrarse a él. Frente a esta actitud temeraria, a nosotros nos queda la transición organizada para disminuir la destrucción y poner las bases nacionales para la reconstrucción. Pero en el gobierno hay hitleritos –salvando las distancias– que prefieren la ruina total del país, antes de reconocer su fracaso y abrirse a las reformas necesarias para que tengamos comida, medicinas y seguridad con una democracia plural y sin presos políticos, abierta a sí misma y al mundo.

Esa obstinación lleva al cogollo a anunciar fórmulas salvadoras sin salirse de la revolución. Toman decisiones que dan más bolívares al gobierno, pero agravan la escasez y la inflación y no cambian las dos condiciones indispensables y conectadas: 1) estimular de verdad la confianza, la productividad y la producción nacional y 2) promover el ingreso al país de dólares por préstamos y renegociación de la deuda, y crear condiciones atractivas y estimulantes para la inversión y producción, solo se podrán dar desde la aceptación del fracaso del modelo y el impulso decidido a una alianza de las políticas de Estado con el renacer de las empresas privadas y la movilización de una sociedad plural, impulsando la transición desde la ruina actual hacia el terreno firme para reconstruir entre todos.

Serían funestos una megaexplosión social, o un golpe militar (ya estamos en gobierno militar). Necesitamos una transición promovida desde la oposición y desde el gobierno para hacer realidad el cambio con el menor costo y condiciones para unirnos en la reconstrucción eficaz. Sería insensato pensar que la reedificación se puede dar con solo medio país, o aferrados al fracasado modelo “revolucionario”.

Se entiende que el cogollo del poder se resista a la transición. Para su ideología (y la de 15% de seguidores) es imposible reconocer que los empresarios demonizados y los “imperialistas” deban ser parte de la solución y que estos tienen lo que más le falta al gobierno actual. Los “revolucionarios” temen que, sin fanatismo y fundamentalismo ideológico, se queden sin seguidores. La otra resistencia viene de la desesperación de aquellos que están corrompidos en el poder y han cometido sistemáticas violaciones de la Constitución; su problema es adónde ir como refugio cuando esto cambie. Hay delitos que no prescriben y cuyo juicio y castigo trascienden las fronteras.

Transición o muerte. Hitler ya derrotado escogió la muerte para sí y la destrucción y muerte para lo que quedaba de Alemania. En Venezuela los que todavía están en el poder –militares y civiles– y no han cometido delitos tienen que escoger la transición hacia la vida y la reconstrucción. Lo más sensato parece ser la pronta renuncia de Maduro –voluntaria o inducida–, para caminar juntos con bases políticas y constitucionales hacia el éxito: del actual empobrecimiento masivo y corrupción a la superación de la pobreza en democracia social y con economía de mercado, dentro del bien común y la Constitución.

3 de marzo 2016. El Nacional

Venezuela requerirá este año de enormes sumas de dólares para subsistir. Debe pagar más de $10 millardos que se les adeuda a proveedores externos para mantener el crédito a la importación; cancelar el servicio de la deuda financiera por una cantidad similar; y cubrir la brecha comercial. Ésta montaría a unos $15 millardos, si queremos importar lo mismo que el año pasado –unos $37 millardos que, a juzgar por el desabastecimiento extendido, resultó ser insuficiente-, ya que las exportaciones petroleras, suponiendo un precio del barril de $25, no superarán los $23 millardos [1]. Solo pueden obtenerse estos recursos endeudándose aún más y/o vendiendo activos.

El monto de endeudamiento requerido haría necesario acudir a los organismos financieros internacionales, fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el financiamiento con la banca privada es de costo prohibitivo por el altísimo riesgo-país que exhibe Venezuela. Los chinos no prestan para solventar desequilibrios del sector externo, sino para controlar proyectos de inversión, asegurándose con amplías garantías en activos nacionales. Hasta ahora han prestado contra las reservas petroleras del país, hipotecando el cobro de futuras exportaciones petroleras.

El gobierno trata de evitar como sea la eventualidad de un acuerdo con el FMI y saca del viejo baúl de recuerdos de la guerra fría clichés anti-imperialistas y la denuncia del neoliberalismo salvaje del Fondo, que impone ajustes “draconianos” que empobrecen al pueblo. Salpica tales denuncias con referencias al “injerencismo” (sic) –término preferido por nuestra flamante canciller para reclamar ante la comunidad internacional impunidad por los atropellos cometidos- de Estados Unidos en los asuntos del país, porque “controla” ese organismo.

Pero, ¿Qué ofrece el gobierno de Maduro a cambio? ¿Cuáles son los elementos del ajuste que debe hacer para sortear los compromisos externos que enfrentará el país este año? ¿Cómo quedaremos los venezolanos ante ello?

En el frente interno, Maduro ha podido sobreponerse, hasta ahora, a la crisis engendrada por sus propias políticas y por la caída en el precio del petróleo, promoviendo el financiamiento de los déficits públicos con la impresión de billetes sin respaldo por parte del BCV.

La inflación consecuente le ha permitido al Ejecutivo una mayor recaudación de impuestos sobre las actividades domésticas, ya que éstos se causan sobre cifras abultadas, y seguir transfiriendo recursos a su base política por medio de las misiones, aunque con bolívares cuya capacidad adquisitiva merma aceleradamente.

El peso de esta política cae sobre la población, que ve reducida brutalmente sus ingresos reales. Termina por exprimirnos el excedente con el cual “honrar” sus compromisos financieros, incrementando la unidad tributaria muy por debajo de la inflación -sin consultar con la Asamblea Nacional- para que prácticamente todos pasemos a pagar el impuesto sobre la renta.

En el frente externo, el gobierno viene liquidando activos y endeudándose aún más. Consumió el año pasado reservas internacionales, tanto líquidas como en Derechos Especiales de Giro (DEGs), descontó fuertemente sus acreencias con países de PetroCaribe para poder cobrarles “aunque sea fallo”, y repatrió dinero depositado afuera.

Pidió otros $5 millardos a China -¿qué comprometió como garantía?-, endeudó CITGO y empeñó oro de las reservas. El BCV registra ingresos en la cuenta financiera por todos estos conceptos de $16,5 millardos en 2015. Por último, sacrificó importaciones de bienes y servicios para privilegiar el pago de unos $15 millardos en deuda externa.

Como ya ha raspado casi toda la olla, decidió este año extender la práctica de hipotecar reservas del subsuelo a intereses foráneos –como hizo Chávez para que China le concediera financiamiento a cambio de ventas futuras de petróleo- para conseguir dinero.

Con la fatua promoción de un “arco minero” guayanés ante representantes de capitales internacionales, ofreció subastar al mejor postor el acceso a los yacimientos de oro, coltan, diamantes y otras riquezas existentes en su subsuelo. Y para blindar esta entrega, hizo aprobar tramposamente por el TSJ su decreto de Emergencia Económica para saltarse el control que la Asamblea Nacional debe hacer sobre estas operaciones, como manda la Constitución.

Crea, además, una empresa militar minera y petrolera (CAMIMPEG) para intermediar en estos negocios, investido de las correspondientes potestades legales (¡!). Por último, vende a Rosneft una mayor participación en PetroMonagas por $500 millones. Y la canciller tiene el cinismo de denunciar que existe un “bullying de la derecha internacional” en contra de Venezuela que busca apoderarse de los recursos naturales del país (¡!). Y como este año tampoco alcanzarán estos recursos, viene una reducción aún más “draconiana” de las compras externas.

Cabe destacar que no hay compromiso alguno por modificar la estructura del gasto, por lo que se liquidarán valiosos activos para continuar con las corruptelas y el gasto corriente dispendioso.

¿Y quiénes pierden con estos tejemanejes? Perdemos todos los que nos empobrecemos por la perversa dinámica puesta en funcionamiento para recabar el impuesto inflacionario, y por la agudización del desabastecimiento. Adicionalmente pierden las generaciones futuras por la entrega de recursos del subsuelo, así como activos en el exterior, a intereses extranjeros. Asimismo, perdemos por la degradación del ambiente por prácticas depredadoras de la naturaleza que el gobierno está dispuesto a obviar con tal de amarrar como sea algunos churupos.

¿Y quiénes salen ganando? Todo aquél cuyo posicionamiento en la estructura de poder le permite participar en la expoliación de la riqueza social, hecho posible con la destrucción de las instituciones del Estado de Derecho. Los controles y regulaciones facultan a los jerarcas y a sus “socios” arbitrar a discreción precios, compras, contratos y todo tipo de “negocios”, sin necesidad de rendir cuentas ni atenerse a contraloría social alguna.

Los tímidos ajustes en el precio de la gasolina y del dólar oficial representan solo típicos cambios “gatopardeanos” que, además, proveen algunos dineritos. Con la excusa de construir el socialismo, la oligarquía en el poder ha instaurado un Estado Patrimonial, es decir, un estado que le permite usufructuar el patrimonio público como si fuera privado.

En cualquier acuerdo con el FMI, éste exigiría el desmantelamiento de este mecanismo expoliador como condición sine qua non para otorgar financiamiento. De ahí la necesidad de satanizarlo con clichés alimentados por simbolismos maniqueos, propios de la propaganda fascista.

No importa que este financiamiento externo permitirá liberar a las fuerzas productivas de la asfixia externa, generar empleo bien remunerado, abastecer los mercados, derrotar la inflación, asegurar las libertades económicas que propician la competitividad empresarial y sostener políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables. El ajuste del FMI siempre será “draconiano”; no el que promueve el gobierno "frente a la agresión imperial para defender denodadamente las conquistas del pueblo".

Juzgue usted, amigo lector.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

[1] Ni siquiera se cobrarán completas, por la necesidad de pagar el préstamo con la China.

Según la Constitución, todos somos iguales ante la ley (artículo 21) y, por ello, los jueces encargados de aplicarla no pueden caer en la inaceptable discriminación entre ciudadanos privilegiados injustamente por detentar el poder y quienes se encuentran en la acera de enfrente en legitima oposición que responde a la esencia de la democracia, sistema plural y de respeto absoluto a quienes piensan distinto.

Es asombroso, alarmante, trágico y quedará para el registro histórico de la justicia penal venezolana el trato discriminatorio que se ha dado y se da a quienes son afectos a la “revolución” o al Gobierno y a quienes son disidentes políticos. Y, lo más grave, ese trato, proviene, muchas veces, del Máximo Tribunal de la República, con lo cual solo queda el recurso a la Corte Celestial, ajena –esperamos– a las influencias partidistas y a las instancias internacionales ya consideradas por el propio tribunal como confabuladas contra nuestra soberanía.

Me referiré solo a algunos casos más notables para vergüenza de los venezolanos y, en particular, para quienes le siguen los pasos a las decisiones de los tribunales, a la espera de justicia.

Para mí, una de las más bochornosas decisiones que se han dictado en los últimos tiempos tiene que ver con la Sala Constitucional y los alcaldes elegidos por el pueblo, Ceballos y Scarano. La Sala, convertida en tribunal penal, absolutamente incompetente para conocer de la comisión de un pretendido delito, contra su propia jurisprudencia y con relación a un sedicente desacato, siendo así que se había decidido antes que en este caso se debía remitir el asunto al Ministerio Público por tratarse de un hecho punible, en una sola audiencia, sin derecho a la defensa, creó la figura de un supuesto “ilícito judicial constitucional”, para proceder, sin más, a imponerles la pena de 10 y 12 meses de prisión y destituir a quienes habían sido elegidos por el pueblo.

No menos alarmante y escandalosa es la decisión de la Sala Electoral, firmada inclusive por un magistrado que votó por sí mismo siendo diputado y que “desproclamó” a representantes del pueblo por una medida cautelar inadmisible, considerando como apariencia de buen derecho una grabación carente de todo valor y evidentemente delictiva, con lo cual se defraudó la voluntad popular en la cual descansa la soberanía, echando al pipote de los desperdicios la inmunidad parlamentaria que protege de acciones temerarias como esta.

Y ni hablar del trato judicial a los casos políticos de la oposición y a los del gobierno, en los cuales se aplican criterios absolutamente contrastantes. Si el Presidente, por ejemplo, amenaza con arrasar con los adversarios y caerles a “batazos”, se trata de las licencias permitidas en el discurso político y de expresiones que no pueden ser tomadas a la letra sino enmarcadas en la libertad de expresión, según sentencia de la Sala Plena en 2009, pero si un dirigente político llama a “rescatar la democracia”, se trata de un llamado subversivo a desconocer la ley y a fomentar la violencia; y si del derecho a la vida se trata, un discurso en el que se llama a protestar debería generar responsabilidad penal por cualquier hecho ocurrido posteriormente, en tanto que los muertos del 4-F no tienen responsable alguno, como lo dejó asentado también la sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 11-7-2012.

Esta es la grave situación de la justicia en Venezuela. Tenemos un árbitro parcializado, con el veredicto prefabricado para castigar al adversario y favorecer al consecuente compañero de partido.

Si no hay justicia, no hay Constitución, ni hay Estado de Derecho, ni hay legalidad, aunque tengamos una ristra de jueces togados con carnet del partido en el bolsillo, aunque figure como anulado y carecerá de todo sentido que afirmemos que somos iguales ante la ley, cuando somos absolutamente diferentes, merecedores de castigo por el simple hecho de no compartir las consignas de una determinada corriente política.

La última decisión de la Sala Constitucional, del 1º de marzo de 2016, a la medida del Gobierno y que sencillamente desconoce las legítimas facultades de la Asamblea Nacional para revisar sus actos y controlar la Administración Pública, constituye el ejemplo más claro del sesgo del Tribunal Supremo, al servicio de los intereses de la denominada “revolución” y de espaldas a la voluntad popular.

aas@arteagasanchez.com

7 de marzo 2016. El Nacional

El gobierno de Hugo Chávez estableció el control de cambio en 2003 con el objetivo –dijo-de prevenir la huida de capitales. El resultado es que este no solo no se detuvo sino que aumentó. Expertos señalan que hasta 2012 habían salido casi 180.000 millones de dólares por este concepto y Venezuela no solo no se recuperó sino que está al borde del colapso económico y social.

En un país que importa casi todo lo que consume, lo que parecía una medida económica se convirtió en un arma política de control de la población que pasó entonces a depender de las autoridades para cubrir todas sus necesidades.

Además, las redes de delincuencia organizada que penetraron el Estado en la última década, pronto advirtieron las oportunidades que el sistema cambiario ofrecía para saquear los dineros públicos y enriquecerse rápido y sin mayor esfuerzo. A través de empresas de maletín – con la complicidad de Cadivi, sus sucesoras y del Seniat, el Servicio de Aduanas y la Guardia Nacional Bolivariana – seudo empresarios y funcionarios corruptos le robaron al país mas de 200.000 millones de dólares.

Entre Cadivi y Cencoex se liquidaron en once años (2003- 2014) más de 230 mil millones de dólares destinados a la importación de bienes y servicios, tanto de empresas públicas como privadas. Si el monto de lo defraudado se estima en un 60%, a través de empresas de maletín, sobrefacturación e importaciones que no llegaron, el saqueo cambiario -solo por esta vía- se aproxima a los 138 mil millones de dólares.

Por su parte, Ecoanalítica, estima en 125 mil millones de dólares el dinero robado a la nación ligado al manejo de divisas para obras públicas financiadas por el Fonden y el Fondo Chino, también por concepto de sobrefacturación.

A esto se suman los 25 mil millones de dólares defraudados a través del Sitme denunciados por el exministro Jorge Giordani y la ex presidenta del BCV Edmee Betancourt. También el ex ministro de relaciones interiores Miguel Rodríguez Torres reconoció que casi el 40% de las empresas que adquirieron dólares a través del sistema de control cambiario de Venezuela son empresas de papel que recibieron el dinero pero no importaron nada. Igualmente críticos han sido otros ex funcionarios ahora enfrentados a la cúpula dirigida por Maduro y Cabello.

El desastre de Cadivi y sus sucesoras incluye también los negocios ilícitos con la moneda virtual Sucre y el sobreprecio en las exportaciones a Venezuela realizadas por compañías ecuatorianas en complicidad con empresarios y funcionarios venezolanos, como es el caso del Fondo Global de Construcción, por poner un ejemplo, que suman más de 228 millones de dólares los cuales terminaron diluidos en cuentas privadas de paraísos fiscales, como detallamos en el libro El Gran Saqueo: Quienes y como se robaron el dinero de los venezolanos.

Cadivi fue eliminada por Nicolás Maduro el 15 de enero de 2014, sin conocerse un informe que revelara la verdad sobre las empresas de maletín, sus propietarios y los cómplices del gobierno que utilizaron la institución cambiaria para enriquecerse, con una altísima responsabilidad en la crisis social y económica que hoy sufre Venezuela. Sin embargo, esta medida no evitará las investigaciones. Los delitos de corrupción no prescriben, como lo establece el articulo 271 de la Constitucion Nacional.

Son muchos los responsables del saqueo cambiario pero, como quien ostenta mas poder tiene mayor responsabilidad, hay que comenzar a investigar a los altos funcionarios que estuvieron y están al frente de Cadivi, Cencoex, Sitme, BCV, Seniat, Aduanas, GNB, el ministerio de Finanzas y otros organismos públicos autorizados a importar como Pdvsa-Pdval, Bariven, CASA, Corpovex, Veximca, Suvinca, CVG, entre otras.

La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Contraloría, decidió iniciar las investigaciones que sin duda arrojarán sanciones políticas contra los funcionarios responsables. Igualmente, presentara los correspondientes informes ante el Ministerio Público que, ahora o después – cuando se recobre el Estado de Derecho – tendrá que tomar acciones concretas, con nombre y apellido, sobre el saqueo cambiario que contribuyo a arruinar a Venezuela. El objetivo, además de establecer ejemplares sanciones, debe ser recuperar el dinero robado a los venezolanos y dirigirlo a lo que inicialmente estaba previsto: obras y programas para el desarrollo y el bienestar de todos.

02 de marzo de 2016

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@TablanteOficial

carlostablanteoficial@

En días recientes se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía de la UCV un foro sobre políticas públicas y políticas agrícolas promovido por la Cátedra Libre de Agroambiente y Sociedad. En dicho foro el sociólogo Juan Luis Hernández, quien es un reconocido consultor en el área agroalimentaria, presidente de INNOVA y profesor de la UCV y la ULA, hizo una presentación en el marco de la cual planteó un diagnóstico de la crisis alimentaria que enfrentamos y expuso una propuesta para superar la misma. Dada la experticia del prof. Hernández en el tema, consideramos conveniente elaborar una síntesis de dicha propuesta para su divulgación y discusión.

En la primera parte de la presentación se hace un análisis de la coyuntura caracterizada por un notorio deterioro de la situación alimentaria. Inflación creciente la cual alcanzó en el 2015 un poco más de 200%. La inflación de alimentos la duplica llegando a un poco más de 400%.

La creciente inflación ha venido acompañada de una escasez que tiende a agravarse. El índice de escasez de la mayoría de los productos alimenticios se ubica entre 50 y 80% para el año 2015, tendiendo a agravarse para el año en curso.

El consumo de alimentos se ha contraído según las cifras del INE. La cobertura de los programas de asistencia alimentaria se ha reducido. La red pública de alimentación se encuentra en franco deterioro. En el año 2006, el 28% de la población no compraba en Mercal y en el 2014 esta cifra ha ascendido a 61,5%. La crisis que enfrentaba la red de abastos Bicentenario es parte de esta situación. El cierre de los mismos fue una medida efectista. La mitad de los puntos de venta de Mercal se encuentran inactivos Los mercalitos y los PDVAL pequeños que atienden a las familias en las zonas más lejanas son los más afectados.

En los últimos años el componente importado del consumo ha tendido a crecer. Los sistemas formales de distribución de alimentos como los supermercados y abastos han decaído, mientras los sistemas informales (bachaqueros) han tendido a crecer, lo cual dificulta la estimación de los índices de inflación de alimentos. El deterioro de la red pública de alimentación ha revertido los logros en el mejoramiento en el acceso alimentario de los sectores de más bajos ingresos, alcanzados previamente.

En una segunda parte de la presentación se desarrolló una propuesta para superar la crítica situación alimentaria descrita. En el plano macroeconómico se plantea un ajuste cambiario que permita reducir el amplio diferencial cambiario (Bs 6,30-Bs 1.000) existente en la actualidad.

Sin embargó el prof. Hernández precisó que no considera conveniente una unificación cambiaria. El control cambiario debe mantenerse pues la existencia de un cambio libre propiciaría una gigantesca fuga de capitales dado, entre otras cosas, a la cantidad de beneficios que algunas multinacionales tienen represados y no han podido remitir a sus casa matrices.

En este contexto. es necesario, en el muy corto plazo, plantearse una reactivación de las importaciones como solución a la situación de escasez; se deben mantener preferencias cambiarias para los circuitos alimentario vitales como el de aves-alimentos concentrados y el del trigo. La caída de este último puede tener efectos graves. En este aspecto coincidimos plenamente con el prof. Hernández, como lo planteamos en un artículo previo sobre la dependencia alimentaria y sus implicaciones.

Se debe romper el círculo vicioso que se ha mantenido por mucho tiempo, incluso antes del presente gobierno, gracias al cual se permite el creciente desarrollo de desequilibrios macroeconómicos como la sobrevaluación de la moneda para luego preceder a fuertes y traumáticos ajustes. En relación a este aspecto es necesario seguir el ejemplo de otros países latinoamericanos como Colombia en el cual se permite deslizar y ajustar gradualmente el tipo de cambio.

Corregir distorsiones en el gasto público como las relacionadas con el subsidio a las tasas de interés preferenciales para la agricultura. De mantenerse este esquema ello puede dirigir en el mediano plazo a una crisis bancaria. Adicionalmente a ello el financiamiento a tasas preferenciales no se dirige a la agricultura sino a otras actividades. Si se coteja el comportamiento negativo de la producción agrícola, este no se compadece con el crecimiento de los volúmenes de financiamiento a tasas preferenciales.

Se hace necesario recurrir a los organismo multilaterales como el FMI para una renegociación de la deuda y la obtención de dinero fresco para incrementar las importaciones y superar la escasez de alimentos. Las exigencias planteadas por estos organismos y los procesos de ajuste que proponen no son similares a los de los años noventa pues ha habido un proceso de aprendizaje, en particular de los procesos de ajuste tipo shock que agudizaron las tensiones políticas y sociales en los años noventa. El margen de negociación actual es mayor; adicionalmente al FMI no le interesa que la economía venezolana empeore.

Es necesaria una intervención del Estado más efectiva y una reducción de las regulaciones. Se hace necesaria una concertación del Estado con los actores privados que sustituya a los actuales políticas de control de precios. Esta concertación entre los actores a lo largo de la cadena alimentaria buscaría que los precios se reduzcan en términos reales y aminoren su impacto en el consumidor final.

Deben impulsarse programas de apoyo a la producción agrícola y al abastecimiento. En este sentido es útil la experiencia de Fedeagro la cual es una organización con bases reales que ha impulsado programas de mejoramiento de la productividad y de la producción a nivel local que deben servir de referencia para ser replicados a nivel nacional.

En cuanto a los programas de financiamiento, las tasas de interés preferenciales tal como están planteadas son de poca ayuda como estímulo a la producción agrícola. Estas tasas deben estar dirigidas a financiamiento para proyectos de inversión definidos.

La propuesta planteada debe ser implementada por un nuevo gobierno, sin embargo el juego político actual parece trancado, según el prof. Hernández. La única opción para superar esta situación depende de la profundización de la fractura en el chavismo y la capacidad de la disidencia de presionar al presidente Maduro para que renuncie o permita la dinamización del juego político que conduzca a un nuevo gobierno.

Un venezolano que ya está agotado de sólo recibir 2 o 3 días de agua a la semana, estar pendiente de un cronograma que generalmente no se cumple, molesto, decidió un sábado temprano, preguntarse: ¿Cómo puedo participar en el problema del agua para cooperar como vecino en mí comunidad?.

El sentido común, le lleva a buscar información en la página web de Hidrocapital, que es la empresa prestadora del servicio que le corresponde. En la página no logra identificar oferta concreta para canalizar su inquietud y decidir libremente si se motiva a participar.

Sale de esa página web, y empieza a buscar en las páginas web de los varios municipios que integran el área metropolitana de Caracas y se encuentra con el mismo vacío. Al final no logra conseguir información

Decide llamar a Hidrocapital y allí le dicen que consulte en la Oficina de Fortalecimiento del Poder Popular, pero, como es inicio de fin de semana, vuelve a la página web de Hidrocapital y busca información sobre esa Oficina[1].

La información a la que puede acceder sobre la oficina en la página web institucional de Hidrocapital, permite identificar que la participación en las comunidades se realiza a través de Mesas Técnicas de Agua y de Consejos Comunitarios del Agua. Pero también la página le informa que esa Oficina y los mecanismos de participación orientan sus acciones a promover el fortalecimiento del Poder Popular y con ello consolidar el modelo socialista que impone el gobierno Venezolano.

El ciudadano de este relato, que se autodefine apolítico, se molesta, pues recuerda que el 2 de diciembre de 2007, un Referendo popular rechazó de manera mayoritaria, legítima y constitucional, una reforma de la Constitución, en la cual se dibujaba el modelo de Estado Socialista.

Entonces entendió, que aquellas leyes dictadas en menos de 10 días, antes de concluir el año 2010 y antes de la juramentación de una nueva Asamblea Nacional para el período 2010-2015, lo que hicieron fue imponer vía legislativa, sin consulta popular, el mismo modelo socialista que años atrás se había rechazado constitucionalmente.

El ciudadano empieza a dudar si vale la pena o no participar. Pues la ausencia de agua y los problemas en la calidad de la misma nada tiene que ver con el modelo socialista o capitalista. Además, ahora ese ciudadano, se replantea si debe o no impulsar una organización comunitaria para reclamar el tema del agua, pues pareciera que ello puede generarle un conflicto adicional en el ambiente de intolerancia política que vive el país.

Recuerda ese vecino lo difícil que fue organizar un Consejo Comunal, única expresión que se puede utilizar para organizarse comunitaria, pues necesariamente el gobierno le exigió a el grupo promotor que en el documento constitutivo del mismo tenían que incluir en el objetivo de ese Consejo la búsqueda del modelo Socialista. Lo cual aun cuando era excluyente, era la única condición para registrar su Consejo Comunal y ello llevó simplemente a no conformarlo.

Ahora el ciudadano está más preocupado, porque sin Consejo Comunal, sin Mesa Técnica de Agua, simplemente está excluido, no puede ejercer su derecho a participar en el tema del agua. Entonces acudió a ver qué ley regula la materia y se encontró con la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua y Saneamiento del 2007, en cuyo contenido vuelve a encontrarse con la Mesa Técnica de Agua como mecanismo de participación en los asuntos comunitarios del agua.

En esa misma Ley de 2007, encuentra que la Mesa Técnica de Agua cumple una función de representación de la comunidad y grupos vecinales ante los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento. En tal sentido, la Mesa puede reclamar el cumplimiento de los derechos ciudadanos y también, exigir el cumplimiento de los deberes inherentes al servicio prestado.

Como espacio de organización comunitaria, tiene la labor de orientar la participación de los suscriptores y usuarios en la tarea de desarrollo y supervisión de la prestación del servicio; lo que se complementa, con la tarea de divulgar toda información necesaria sobre la prestación del servicio, los derechos y obligaciones de los suscriptores.

Su labor que además la ley extiende a cooperar con el prestador del servicio, le permite a la Mesa orientar la participación comunitaria tanto de los suscriptores como los usuarios en el desarrollo y supervisión de la prestación del servicio. Por último, en esa labor de cooperación, la Mesa puede, legalmente, proponer a los prestadores del servicio, planes y programas que pudieran concederse a los suscriptores para el pago de la prestación del servicio que pueda ayudar a resolver deficiencias o fallas en el servicio.

El ciudadano encuentra en la Ley la respuesta de cómo participar, además identifica que esa Mesa debe ser creada mediante una regulación que a tal fin dicten los Municipios a través de una ordenanza, siguiendo los lineamientos que a tal fin cree la Superintendencia Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Su documento constitutivo y actuaciones deben someterse, advierte la Ley, a las normas del Código Civil Venezolano vigente, que en nada condiciona la existencia de esa Mesa al compromiso de crear un estado Socialista.

Entonces, el personaje de este relato, busca el reglamento, la ordenanza y cualquier guía para evaluar la viabilidad de activar la Mesa y entre tanto buscar encuentra que no hay ninguna información y menos aún consigue referencia alguna a la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento, que debió haberse creado. Pero tampoco consigue información en la página web de Hidroven, Empresa Hídrica de Venezuela, que sustituye en la práctica a la Superintendencia.

¿Cómo participa ese ciudadano si no tiene información?, ¿Cómo participar si tampoco tiene un Consejo Comunal, y el que existe, no lo incluyó en el registro comunal, por razones de intolerancia política? ¿A dónde acudir a reclamar su derecho si hasta el Juez de Paz que resolvía conflictos comunitarios lo eliminaron, se lo quitaron al Municipio, pasó a manos del Tribunal Supremo de Justicia y hasta ahora desapareció?

Preguntas sin respuestas. Ese ciudadano como muchos otros venezolanos terminan siendo habitante, vecino y residente, pero no ciudadanos. Hoy los venezolanos sienten una gran orfandad, pues participar impone como condición que el objetivo sea conformar el socialismo. La libre asociación y la libre participación quedó como letra muerta en la Constitución de 1999. Venezuela es hoy un Estado sin Ciudadanos.

Artículo escrito para IAGUA.ES y publicado el 29 de febrero 2015

[1] Hidrocapital. Poder Popular. Recuperado el 27 de febrero de 2016. Online aquí.

Trajeado al estilo de Mike Nelson “El investigador submarino” llegó el Ministro de Energía a la represa del Guri, en el Estado Bolívar. Todos, los allí presentes, quedaron boquiabiertos, al ver al funcionario con su traje de Neopreno camuflado y careta marca Cressi, guantes y chaleco marca Sea Quest, chapaletas marca Tigullio dive, cinturón de lastre Aquapro y tanques con aire enriquecido o Nitrox marca Aqua lung, cargados a 200 Bares de presión con regulador Cressi.

Además, colocó en sus muñecas sendos relojes, profundimetros y brújula marca Picasso y por último colocó en su pierna derecha un cuchillo Aqua Lung Diablo Profesional.

Uno de los soldados, que cumplía labores de custodia, comentó en voz alta “Mi general, con esa pinta se parece a Jacques Cousteau”…

Ministro, ¿Qué va a hacer usted? Preguntó, muy nervioso, el ingeniero jefe de la central hidroeléctrica.

- Voy a revisar personalmente, in situ, los niveles de agua almacenada en esta presa, respondió secamente el funcionario.

Pero, no tiene necesidad de zambullirse en esas aguas. Con solo mirar los niveles de la cota, podrá usted, tener una idea al respecto.

-No me contradiga, me voy a margullir porque me da la gana, no se meta en mis asuntos y zuás, se lanzó al agua. Al caer, desplegó una boya de color rojo-rojito y comenzó su inmersión.

Por los equipos de radio Nautilus Life Line, se reportaba cada 3 metros de profundidad:

Payara 1 a Sardina, todo normal. Desde el centro de comunicación, inmediatamente respondían: Copiado Payara 1.

Once metros agua abajo, Payara 1, tocó fondo. Atención, Sardina, no veo ninguna novedad en el frente. Voy a iniciar mi ascenso, con todo el tiempo de descompresión necesario para no sufrir los embates del nitrógeno acumulado en mi sangre.

-Copiado.

Mientras subía, el Ministro hablaba consigo mismo. Esta oposición golpista, si jode. Yo veo agua que jode en esta represa y no es como ellos dicen que ha bajado el nivel….esas son ganas de echar vainas. Al salir llamo a Nicolás, para decirle que esté tranquilo. Hay agua y revolución pa’ rato.

Pero, cuando salió a la superficie, lo hizo en el punto exacto donde están las marcas que señalan el nivel de las aguas en el embalse y pudo constatar “in situ” que habían descendido en proporciones alarmantes…..coño, la oposición tiene razón. Debo pensar en una respuesta rápidamente, sé que al salir del agua, los periodistas que invité, me van a preguntar sobre los resultados de mi investigación submarina.

Dicho y hecho, la primera pregunta fue ¿Ministro, que encontró en el fondo?

La respuesta, de Payara 1, dejó perplejo a los periodistas “Pude constatar, que el imperio, con su guerra contra nuestra revolución socialista y bolivariana, ha enviado a un niño con la misión de provocar una sequía para reducir los niveles de agua en nuestra represa. Pero, no nos vamos a quedar de brazos cruzados…¡¡¡Ya ordené, poner en marcha el Operativo Aguas Divinas para transportar con camiones cisternas el agua necesaria para llenar la represa del Guri!!!!…..Agua o Muerte…Venceremos”

La información, le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos…la frase universal para opinar sobre esto fue “Increíble pero cierto”