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Opinión

Eduardo Fernández

En relación con la estrategia para el cambio que Venezuela reclama hay dos palabras que son claves: participación y unión.

Sin participación masiva de los ciudadanos en la conformación de la opinión pública, en el debate cívico y en las urnas electorales, no habrá cambio.

Durante los años de la República Civil, 1958 ? 1998 predominó la participación electoral. Por lo menos hasta 1988. En las elecciones de 1993 comenzó a ganar la abstención y a predominar la apatía cívica. Desde entonces, casi todos los procesos electorales que se han producido en el país han sido ganados por la abstención. Cosa que ha resultado muy conveniente a los que están en el poder para perpetuarse en el poder. Con un respaldo muy precario de apenas un tercio del electorado les basta para seguir en Miraflores.

El cambio político sólo será posible en la medida en que los ciudadanos tomen conciencia de lo importante de su participación y en la medida en que el liderazgo nacional, no me refiero estrictamente a los líderes de los partidos políticos, actúen de manera de motivar a la participación ciudadana.

La otra palabra clave en la estrategia de cambio además de la participación es la convocatoria a la Unión de los venezolanos. El chavismo vino para dividir. Y lo ha hecho muy bien. Ha fracturado a la familia venezolana. Nos ha dividido hasta el infinito.

Si la estrategia del chavismo ha sido la división, la estrategia de la Alternativa Democrática tiene que ser la unión. Venezuela no saldrá de sus crisis espantosa que padece sino se hace un esfuerzo sincero por reconstruir el sentimiento de Unidad Nacional.

Esa unidad no será alrededor de un caudillo. Ojalá el de Chávez haya sido el último ensayo caudillista en el país. Tampoco será alrededor de un partido político o de una alianza de partidos. Lamentablemente, los partidos están muy devaluados en esta hora de la República.

La convocatoria a la unión que proponemos es alrededor de un programa de reconstrucción nacional. Un programa que contemple la solución de los problemas políticos, institucionales, económicos, sociales, culturales, morales y de servicios públicos.

Participación masiva de los ciudadanos en los asuntos públicos y en las elecciones y una política sincera de recomposición de la Unidad Nacional.

Seguiremos conversando.

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Ismael Pérez Vigil

La oposición democrática no controla el poder, ni siquiera una parte, mucho menos una parte importante. Es decir, no controla ninguno de los poderes públicos −AN, CNE, Contraloría, Poder Ciudadano−; y lo más importante, no controla el uso de la fuerza −el monopolio de la violencia, que según Max Weber, es lo que define al Estado− pues no tiene control sobre la fuerza armada y las fuerzas policiales, ni sobre el sistema de justicia y carcelario. Mucho menos controla los mermados ingresos del Estado, que son manejados a discreción del Gobierno, con los que se genera un sistema clientelar, que cada día tiene menos ascendencia sobre la población, es cierto, pero tampoco utiliza los recursos que vierte clientelarmente, para resolver los agobiantes problemas básicos del país.

Fantasías

Por eso, frente a esa falta absoluta de control del poder, me parece que es una fantasía inexplicable que algunos piensen que la oposición democrática es la que definirá o impondrá las condiciones para celebrar un proceso electoral, a su gusto y medida; y como esto no ocurrirá, entonces algunos dicen que no se participe; pero, ¿Cuál alternativa se propone a cambio, que sea realista, aplicable, que se aparte de esas fantasías? No sé, pero no puede ser esperar a que se obre un milagro, que el régimen se disuelva en un acto de contrición o que nos dé un proceso electoral con las condiciones de libertad, imparcialidad, justicia, etc. que deseamos y queremos. Más de una vez lo he afirmado y preguntado: Díganme, en frio, sin apasionamiento, ¿no es esa una posición un tanto absurda, irreal?

Qué controla la oposición.

Lo que sí controla la oposición, son dos cosas importantes: una, qué es lo que puede hacer con sus votos. Al respecto, ya nos hemos abstenido, masivamente, como “estrategia política”, en varias ocasiones, en varios procesos electorales −Asamblea Nacional en 2005, elección de Asamblea Constituyente en 2017, elección presidencial de 2018 y elección de Asamblea Nacional, en 2020− e informalmente en muchas otras elecciones, para gobernadores, alcaldes, sin contar con que hay casi un tercio del país que sistemáticamente no acude a las urnas desde hace 24 años.

En esos procesos electorales en los que nos abstuvimos, formalmente, como política, hemos dejado en claro e incólumes −al menos eso creemos− nuestros “principios”; y desde luego, nos hemos tranquilizado la conciencia, lo que a muchos les permite dormir plácidamente; pero, ¿Cuál ha sido el resultado de esas “políticas”? ¿Se ha debilitado el régimen? ¿Se ha unido más la oposición? ¿Ha mejorado la condición socio económica de los venezolanos? Esas son las preguntas que nos debemos hacer.

Sin embargo, algo sí debemos reconocer y es que sin duda las abstenciones de 2018 y 2020, ayudaron a deslegitimar al régimen frente a la comunidad internacional. Nunca la situación que vive el país había sido más notoria y evidente para la comunidad internacional; nunca la conciencia de la comunidad internacional había estado más clara en cuanto a la verdadera condición del régimen venezolano. Por eso se tomaron medidas o sanciones contra Venezuela, aplicadas por unos pocos países, de manera incompleta y poco efectiva, según muchos; aunque seguramente esas medidas perjudicaron algunos “entramados y negocios” internacionales.

Reconocimiento internacional.

Qué duda cabe que tanto el Gobierno Interino, como Juan Guaidó, como la oposición en general, disfrutaron de un reconocimiento internacional, durante estos tres últimos años, como nunca antes se había tenido. Hasta el punto que algunos llegaron a pensar en “renuncias” o “invasiones” para resolver los problemas del país; pero, poco más que elevar algo el nivel de conciencia, de la comunidad internacional, no fue mucho lo que se logró, al menos en términos de aliviar la situación de oprobio de una gran cantidad de venezolanos, que no comen, ni se curan de sus enfermedades, ni pueden educar a sus hijos, ni tienen servicios básicos; a pesar de esas cifras generales de crecimiento que nos enrostran y con las cuales nos marean, ni con la construcción de fastuosos establecimientos comerciales y edificios de oficinas lujosos, o con la presentación de variados espectáculos públicos, de supuesto “nivel” y, sobre todo, “precio” internacional. Nada de eso alivia la condición económica y social de la gran parte empobrecida del país, por más que algo se “cuele” por los intersticios de la estructura económica y social del país.

Errores, sí, sin duda se cometieron muchos; la prueba es que allí sigue el régimen; no me corresponde −al menos en este momento− hacer juicios de valor sobre esos errores o cuál sea la solución que pueda adoptar la oposición democrática a partir de enero de 2023, que está a la vuelta de la esquina, sobre la suerte del Gobierno Interino. Me corresponde reflexionar sobre algo más “pedestre” e inmediato: Qué podemos hacer con la fortaleza que sí tenemos, la fuerza del voto.

Fortaleza opositora.

Esa es la segunda cosa que controla la oposición, esa fortaleza adormecida que no hemos sabido utilizar y ahora se nos presenta una nueva oportunidad para desplegarla: decidir mediante un proceso de elección primaria quien será el candidato de la oposición democrática, que quiere un cambio en el país, en las elecciones presidenciales de 2024. Desde luego hay muchas formas de llegar a ese candidato unitario −no las voy a repetir−, pero se decidió, escuchando un clamor general de los ciudadanos, que fueran estos y no las organizaciones políticas, los que decidieran quien será ese candidato. Para eso es el proceso de primaria; como dijo el Presidente de la Comisión Nacional de Primaria en su discurso durante el acto de instalación de la Comisión:

“…se ha colocado esta elección al servicio de toda la sociedad democrática, de todos los líderes y organizaciones que procuran la democratización del país y pretenden institucionalizarlo bajo los parámetros de un Estado de Derecho, con derechos garantizados para todos. Se trata, pues, de una primaria para la democracia. Pensar en una democracia para Venezuela no es simplemente una utopía… la primaria debe ser una experiencia democrática que sirva de modelaje para la elección presidencial e ilustre sobre el sistema democrático que se quiere instaurar mediante el cambio político… En el actual contexto venezolano, de una ciudadanía que acumula tras su aparente pasividad miles de motivos para la indignación y que en cualquier momento puede despertar ante un testimonio auténtico de reunificación democrática, se avizora un episodio de lucha denodada por un futuro mejor… Una parte importante de nuestra misión consiste en rescatar el valor del voto, con toda su significación de ejercicio de ciudadanía y de libertad política…para contribuir, al facilitar el ejercicio de la voluntad popular, a que nuestros hijos o nietos vivan en democracia en su país; para que quienes injustamente están detenidos recuperen su libertad, para que retornen los exiliados, los migrantes forzados, para que sean investigadas y sancionadas las graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, para que los jóvenes recobren la esperanza… no es la primaria de un grupo determinado de partidos políticos, sino quiere serlo de la ciudadanía toda…” (Jesús M. Casal, Presidente de la Comisión Nacional de Primaria)

Conclusión.

Está claro que el proceso de primaria para seleccionar el candidato unitario de la oposición democrática venezolana nos ofrece una oportunidad que es múltiple; no solo seleccionar el candidato con la participación de todos, sino también nos abre una oportunidad de sensibilizar al país en la necesidad de un cambio político, nos abre la oportunidad de organizar y movilizar a los venezolanos en esa dirección y, desde luego, rescatar la importancia y trascendencia del voto.

Resumí más arriba una parte del discurso de Jesús María Casal en el Acto de Instalación de la Comisión, pero invito a leerlo completo; lo pueden encontrar en el siguiente vinculo (http://bit.ly/3ibDYMA) y concluyo citando una de sus frases:Salvar a Venezuela de la devastación institucional y social es también una tarea perentoria, aun cuando el horizonte sea nebuloso”.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

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Juan Diego Quesada

El Gobierno venezolano y la oposición empezarán a negociar este fin de semana en México con varios acuerdos a los que han llegado en conversaciones anteriores que ahora solo hay que refrendar. El más importante de ellos es la voluntad de ambas partes de descongelar los fondos estatales en el extranjero con la ayuda de Estados Unidos, que debe darle confianza a los bancos, los fondos de inversión y las entidades de crédito para liberar una cantidad enorme de dinero de origen venezolano. Una parte de ese capital servirá para financiar al Gobierno chavista y otra irá a parar a un fondo de ayuda humanitaria manejado por la ONU. “Esto se va a firmar y confiamos en que en breve comience a circular ese dinero”, comentan desde dentro de la negociación.

El banco de Inglaterra tiene retenido 31 toneladas de lingotes de oro de Venezuela y lo mismo ocurre con algunas cuentas del Banco Central de Venezuela en Estados Unidos. El Gobierno chavista —calcula que tienen 5.000 millones de dólares congelados en el extranjero—, urgido de financiación, ha condicionado su presencia en México a la relajación de las sanciones internacionales. En breve, Washington va a anunciar también que Chevron recibirá varias licencias para explotar petróleo en el país, lo que supondrá un desahogo para la economía local. Recuperar su pujanza energética, algo que también favorece a Washington por su enfrentamiento con Rusia, es otro de sus objetivos en México.

Las partes se sentarán a negociar este fin de semana y probablemente volverán a hacerlo de nuevo a principios de 2023. Hay un deseo expreso de que no pase mucho tiempo entre un diálogo y otro. A medida que se encuentren el chavismo y la oposición irán haciendo público lo acordado, sin esperar a un documento último en el que se revele todo. El fin último es que el instituto electoral venezolano organice unas elecciones limpias y verificadas por la comunidad internacional en el que pueda ganar cualquiera de las dos opciones. La oposición ha acordado presentar un candidato único que le dispute la presidencia a Maduro, un nombre que saldrá de unas primarias que se celebrarán el año que viene.

El anuncio de que se restablecían las negociaciones lo hizo Petro, que ha adquirido mucho protagonismo en este tema desde que tomó posesión en agosto. La realidad es que la primicia que envió por redes sociales molestó a los negociadores. Estos recuerdan que hay muchos presidentes y primeros ministros que quieren mostrarse como líderes en este acercamiento, pero que la arquitectura de los diálogos es clara. Por un lado, está el chavismo, por el otro la plataforma unitaria de Venezuela —la oposición—, y en medio un país facilitador, Noruega. Rusia y Holanda ejercen de acompañantes. Petro, Emmanuel Macron, Alberto Fernández y Pedro Sánchez desempeñan un papel importante apoyando la vía de la negociación para acabar con la crisis en Venezuela, pero no son parte del proceso, insisten estas mismas fuentes.

El Gobierno chavista había dado señales de que su prioridad en este momento es descongelar fondos en el exterior. En un comunicado firmado por el jefe de los negociadores, Jorge Rodríguez —mano derecha de Maduro, el hombre clave del Gobierno—, se decía que es necesario recuperar “recursos legítimos, propiedad del Estado de Venezuela, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional”. “Este acuerdo”, se lee en el escrito, “expresa el avance del derecho de nuestro pueblo al disfrute de sus activos y recursos ilegal e injustamente bloqueados”. A continuación, se expresaba que ese dinero irá destinado a reforzar el sistema de salud, infraestructuras, vacunas y medicamentos.

Con las partes sentadas en la misma mesa, el diálogo ya no parece imposible. La comunidad internacional ha empujado en los últimos meses para que así sea. El chavismo ha enviado a Jorge Rodríguez como principal baluarte, pero también a un hijo de Maduro, que tiene su mismo nombre, y a Camila Fabri, la esposa de Álex Saab, el empresario colombiano acusado por EE UU de ser un testaferro de Maduro. Su presencia en las conversaciones muestra claramente que en algún punto el Gobierno exigirá la liberación de Saab, encarcelado en Miami. Pero esos asuntos todavía están por discutirse. Lo que es un hecho es que la prioridad absoluta ha sido la de recuperar el dinero en el extranjero, y por el momento se ha conseguido.

26 de noviembre 2022

El País

https://elpais.com/mexico/2022-11-26/el-gobierno-venezolano-y-la-oposici...

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​José E. Rodríguez Rojas

La política agrícola implicó dos agendas: Una basada en la política de precios, financiamiento y asignación de dólares preferenciales a fin de estimular la producción agropecuaria. Otra orientada a la instauración del socialismo y la liquidación del capitalismo en el campo, que consideraba a la clase media del sector agropecuario como la representación del mismo. Ello implicó la estatización de empresas y la intervención de fincas.

La primera agenda se enfatizó durante los años 1999 al 2009. Durante estos años se consideró a los actores privados como aliados del proyecto de cambio. Se privilegió la política de aumentos de precios por encima de la inflación lo que aumentó el ingreso de los productores. Se privilegió también la asignación de dólares preferenciales lo cual se facilitó por los elevados precios del petróleo que predominaron en estos años. Ello incentivó el crecimiento de la producción agropecuaria, crecimiento liderado por la producción de maíz y la avícola.

Después del 2009 se privilegió la segunda agenda de instauración del socialismo en el campo. La estatización y confiscación de la empresa Agroisleña fue un punto de inflexión. La empresa había adquirido un rol clave en la distribución de agroquímicos y en el financiamiento y asistencia técnica a los productores, en particular de maíz. Llegó a atender a un universo de 18.000 pequeños y medianos productores. Las empresas estatales que le sucedieron, como Agropatria, fueron un fracaso debido a su ineficiencia, la politización y la corrupción. Ello generó una crónica escasez de insumos para la producción que tuvo un impacto negativo en la misma. Los dueños de la empresa demandaron al gobierno de Venezuela ante el CIADI, un organismo del Banco Mundial, y tuvieron éxito en su reclamación, por lo que Venezuela debe pagar 1400 millones de dólares a los demandantes.

Como parte de la segunda agenda destacó la Ley de Tierras en el marco de la cual se procedió a la intervención y colectivización de fincas. En todos los países donde se ha aplicado esta política la producción se ha deprimido. Ante esta situación los gobernantes de los países socialistas más pragmáticos como Vietnam y China desmantelan la misma y desarrollan en su lugar una política de estímulo a la producción familiar (muy similar a la pequeña y mediana producción de nuestra agricultura). Con ese propósito garantizan la permanencia de los productores en sus fincas, la propiedad de las bienhechurías y el control de las cosechas por parte de estos. Ello estimuló la producción y dio fin a la crisis de autoabastecimiento que se había producido en estos países. A pesar de eso el régimen de Venezuela decidió seguir el ejemplo de los que, como los cubanos, procedieron a la intervención y colectivización de fincas con resultados igualmente desastrosos. Cuba importa el 80% de los alimentos que consume.

En los últimos años el gobierno ha decido desmantelar la agenda del Socialismo del Siglo XXI y ha reducido su intervención en la economía tanto en lo que se refiere a la fijación del tipo de cambio (relación entre el dólar y el bolívar) como al control de precios. Además se ha producido un acercamiento entre el gobierno y los representantes del sector empresarial. En el sector agropecuario el gobierno tenía el monopolio en la importación de insumos lo que cedió a los empresarios, adoptando además una política más flexible en la fijación de precios de manera que estos se muevan más a tono con el mercado. Ello ha estimulado la producción aunque en forma moderada. En el caso de la producción de maíz ésta se encuentra en un proceso de recuperación que la ha llevado hasta alcanzar un millón de tm, lo que si bien es un avance, representa solo el 30% de la producción del año 2008.

La recuperación que se ha estado produciendo en los últimos años es una recuperación en el fondo del foso. La economía está en un foso y en el fondo de éste se está produciendo la recuperación que estamos viviendo. La misma es estimulada por la dolarización que ha impulsado un pequeño sector de negocios, que no ha involucrado a la mayoría de la población. Reflejo de ello es que de acuerdo a la ENCOVI del 2022 el 81,5 % de la población se encuentra en situación de pobreza considerando el ingreso de la misma, el cual no cubre el costo de la canasta básica que incluye alimentos, transporte, educación y otros ítems. Según la misma fuente el 53,3% de la población se encuentra en pobreza extrema, es decir su ingreso no cubre el costo de la canasta alimentaria. El consumo es la etapa determinante de la producción de alimentos, incluida la agrícola. La elevada proporción de la población en situación de pobreza implica una depresión del consumo de alimentos que pone un techo a la recuperación de la producción agrícola. Con un consumo de alimentos deprimido es muy difícil que se avance más allá de una modesta recuperación.

Nota: La ENCOVI hace referencia a la Encuesta de Condiciones de Vida llevada a cabo por la UCAB y liderada por el laboratorio para el estudio de la pobreza del Instituto de Investigaciones Económicas de esta universidad.

Profesor UCV

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Jesús Elorza G.

El campeonato mundial de fútbol “Qatar 2022” ha servido de escenario para dar a conocer todas las tropelías que se cometen en la búsqueda de lograr ser sede de este universal evento. El mundo entero ha podido conocer los actos deshonestos que rodearon la compra de votos, la explotación de los trabajadores que construyeron los estadios y el más grave suceso como fue, según la denuncia del periódico británico “The Guardian, la muerte de 6.500 trabajadores. A ello hay que agregarle las acciones de un despótico régimen contra las mujeres, los homosexuales y la prohibición absoluta del movimiento LGBT+.

Cabría preguntarse entonces, como es posible que esto ocurra. Y la respuesta a ello vendría en primer lugar por la complicidad de los organismos encargados de autorizar la sede del evento. Y en segundo lugar, el uso del deporte por parte de regímenes autoritarios o dictatoriales que buscan lavar su imagen. El lavado deportivo o Sportswashing es un término utilizado para describir la práctica de individuos, grupos, corporaciones, gobiernos que usan los deportes para mejorar la reputación empañada por las malas acciones.

El lavado deportivo se puede lograr organizando eventos deportivos, comprando o patrocinando equipos deportivos o participando en un deporte. A nivel internacional, se cree que el lavado deportivo se ha utilizado para desviar la atención de los malos registros en materia de Derechos Humanos, los escándalos de corrupción, la criminalización y sangrienta represión de las protestas sociales, la explotación de los trabajadores y la ideologización expresada en términos de pensamiento único. A nivel individual y corporativo, se cree que el lavado deportivo se ha utilizado para encubrir vicios, crímenes y escándalos.

El deporte lleva décadas sirviendo para que regímenes violadores de los Derechos Humanos laven su imagen represiva., Por solo citar algunos ejemplos, pensemos por un momento en los Juegos Olímpicos de 1936, organizados en Berlín, para ver las dimensiones que puede tomar este asunto. Lo de Berlín fue una gigantesca operación de propaganda nazi, y se diseñó hábilmente para distraer a eso que llamamos opinión internacional de las acusaciones que ya comenzaban a susurrarse tímidamente contra el régimen de Hitler; y todos llevamos en la retina el documental de Leni Riefensthal, esa especie de himno a la superioridad de la raza aria, así como recordamos la imagen de los deportistas negros cuya presencia en los podios le daba al nazismo –a su racismo inherente– la respuesta que no dieron las democracias del mundo.

Lo que es cierto de los juegos olímpicos lo es mucho más del fútbol de selecciones, que siempre ha sido una especie de termómetro social, de lugar de concentración de las emociones colectivas, de reflejo distorsionado, pero no impreciso del inconsciente de un país. Y por eso no puede sorprender a nadie que haya pasado también por la manipulación y la propaganda, a veces de manera abierta y otras, acaso las más, de manera soterrada. Pero uno puede hablar, por ejemplo, del mundial de 1934, que organizó Italia y ganó su selección y que le sirvió a Mussolini como inapreciable golpe de propaganda para su régimen fascista. O de la dictadura de Videla en Argentina, que, con la celebración del mundial de 1978 pretendió lavar la cara de la sangrienta dictadura militar que con sus “vuelos de la muerte y los centros de tortura” asesinó a más de 30.000 personas. O del pasado mundial en Rusia, celebrado en un país sancionado por los organismos mundiales antidopaje por tener una política de estado para el dopaje de sus atletas o causante de invasiones a otros países generando masacres en la población civil.

Los gobiernos involucrados suelen apelar a la naturaleza unificadora del deporte. Sin embargo, el trato del gobierno mexicano a los manifestantes antes de los Juegos Olímpicos de 1968 mostró de lo que son capaces las dictaduras puestas en esta posición. Cuando estudiantes y trabajadores se reunieron en Tlatelolco días antes de la ceremonia de apertura para protestar por una serie de temas sociales y políticos, y para pedir que el dinero que se gasta en los juegos se destine a proyectos sociales, la respuesta fue una masacre.

Los grupos que abogan por una variedad de causas, desde preocupaciones ambientales hasta derechos LGBT+, presionaron contra los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, mientras que los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 proporcionaron el escenario perfecto para que los grupos de campaña publicaran informes ampliamente compartidos de gobiernos y ONG sobre el trato de China a sus musulmanes uigures. Informes creíbles de campos de trabajo forzado, esterilizaciones masivas para mujeres y ejecuciones arbitrarias llevaron a los críticos a etiquetar la política como genocida, y los grupos de derechos humanos han preguntado cómo tales políticas son compatibles con la marca del Comité Olímpico Internacional COI.

Desde Berlín hasta Qatar, los regímenes autoritarios han utilizado durante mucho tiempo el deporte como una forma de tratar de demostrar que se puede confiar en ellos. Invertir en eventos deportivos, ya sea comprando clubes y competiciones u organizando mega eventos, es la manera perfecta para que dichos gobiernos promuevan una imagen de confiabilidad, respetabilidad e internacionalismo. Pero las realidades de sus acciones políticas de represión, corrupción y muerte nunca coincidirán con los supuestos valores de igualdad, amabilidad y juego limpio que se supone que encarna el deporte.

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Barbara Wesel

En una resolución por amplia mayoría, el Parlamento Europeo declaró a Rusia Estado patrocinador del terrorismo. Aunque esto no tiene consecuencias jurídicas directas, se considera una fuerte señal política.

Declarar a un país como patrocinador del terrorismo no está previsto, en principio, por la Unión Europea, ya que no existe un marco legal para ello. Para hacerlo, los iniciadores de la resolución toman como ejemplo a EE. UU., que ha incluido en su lista, entre otros, a Cuba y a Corea del Norte. En Europa, hasta ahora solo era posible poner en la lista de patrocinadores del terrorismo a organizaciones, como la palestina Hamás, o al PKK kurdo. Actualmente, 21 asociaciones están clasificadas como "terroristas” por la UE. Es decir que, con esta nueva resolución, el Parlamento Europeo abre una nueva instancia.

La resolución menciona que Rusia no solo lleva a cabo una guerra injustificada contra Ucrania, sino también ataques indiscriminados contra la población y la infraestructura civiles. Las tropas rusas, señala el documento, han asesinado a miles de civiles y han cometido en toda Ucrania actos terroristas, tomando por objetivo a viviendas, escuelas, hospitales y estaciones de metro, así como a centrales de electricidad y de agua potable. "Estos actos brutales e inhumanos provocan muerte, sufrimiento, destrucción y destierro”, resalta.

Los países de Europa del Este se adelantaron

"Con terror y muerte, el enemigo ha intentado una vez más lo que no ha podido lograr durante nueve meses, y nunca logrará”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, luego de que el Ejército ruso bombardeara un hospital en Kupyansk, en el este de Ucrania. La clasificación de las acciones de los soldados rusos contra el derecho internacional como "terrorismo” corresponde a las palabras que eligió Zelenski. La acusación consiste en que Rusia quiere compensar su derrota militar con actos terroristas contra la población civil.

Varios parlamentos de Europa del Este ya habían hecho suya esa interpretación, declarando a Rusia "patrocinador del terrorismo”, entre ellos, Polonia, los países bálticos y la República Checa. De sus filas surgió también la iniciativa de someter a votación la resolución en el Parlamento Europeo, luego de haber sido presentada por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés), nacionalistas de derecha. Entre otras cosas, los eurodiputados mencionan en detalle casos hasta ahora desconocidos de tortura, violencia sexual, secuestro y ejecuciones, en referencia a numerosas investigaciones aún en curso por presuntos crímenes de guerra. En la argumentación también se denuncian violaciones de la Carta de las Naciones Unidas, así como de tratados internacionales y del Derecho Internacional Humanitario. Es la suma de todas esas acusaciones la que fue presentada contra Rusia en su carácter de Estado iniciador de la guerra.

La votación se vio opacada por un ataque informático que paralizó momentáneamente toda la página del Parlamento Europeo. Según la presidenta del PE, Roberta Metsola, un grupo de piratas informáticos cercano al Kremlin se atribuyó el ciberataque.

La idea es confiscar bienes rusos

Fundamentalmente, la resolución del Parlamento Europeo no es más que una señal política, ya que, en sí, no tiene consecuencias jurídicas. La idea es preparar de ese modo el terreno para la confiscación de activos rusos, que en Europa solo están congelados hasta ahora. Además, debe servir para llevar a Vladimir Putin ante un tribunal internacional luego del fin de la guerra, así como para el congelamiento paulatino de las relaciones diplomáticas con Rusia. La confiscación de bienes rusos serviría para la reconstrucción de Ucrania, dice el iniciador de la resolución, el diputado Charlie Weimers, del partido populista de derecha sueco Demócratas de Suecia. "Hasta que Rusia no se retire de Ucrania, no será posible una paz verdadera”, añade. "Rusia debe entender que no solo hay individuos responsables de cometer crímenes de guerra, sino que también el Estado ruso debe asumir la responsabilidad por la destrucción y el terror intencional que ha desatado en Ucrania”. La resolución sería un primer paso para lograrlo.

Fuerte debate sobre la resolución

La resolución provocó discusiones en todos los sectores políticos. Parte de los socialdemócratas la consideran políticamente un despropósito, y temen que dificulte aún más las negociaciones con Rusia. También es un dolor de cabeza para los democristianos y para Los Verdes. La izquierda estaba en contra al principio, pero luego una gran mayoría la apoyó. El grupo Socialistas y Demócratas (S&D) dijo finalmente que votó desde el comienzo de la guerra por sanciones más duras contra Rusia. Para Pedro Marques, presidente del grupo, "no hay duda de que las atrocidades (…) son un intento de aterrorizar a la población”. Rusia quiere hacer que a la gente le sea imposible pasar el invierno, y la deja sin calefacción ni electricidad, añadió. "Eso no es nada menos que un crimen de guerra. Hay que parar a Rusia y responsabilizarla”, recalcó el socialdemócrata.

Sin embargo, la resolución no tendrá consecuencias políticas. Para que así fuera, los países miembros de la Unión Europea deberían aprobarla por unanimidad. Ni los que apoyan a Putin, como Viktor Orbán, ni el presidente francés, Emmanuel Macron, que aún se considera un negociador con Moscú, ni tampoco el gobierno alemán, que todavía no quiere descartar todas las salidas políticas, estarían de acuerdo. Entonces lo que queda es una señal de los miembros del Parlamento Europeo que, muy probablemente, se perderá en el vacío.

23.11.2022

DW

https://www.dw.com/es/qué-implica-que-el-parlamento-europeo-declare-a-rusia-promotor-del-terrorismo/a-63865619?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&r=17270352211132149&lid=2352149&pm_ln=177111

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Pedro Castro Guillén

Este año se han venido produciendo una serie de decisiones que abren la posibilidad de las elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV), suspendidas desde hace 10 años por una serie de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Se aprobó un reglamento electoral provisional por parte del Consejo Universitario (CU). Y se ha configurado una mayoría dentro del CU favorable a la realización del acto comicial para elegir a las Autoridades rectorales (Rector(a) y los Vicerrectores (as), representantes profesorales al CU, Decanos(as) y representantes profesorales a los Consejos de Facultad (CF) y Consejos de Escuela (CE). En el proceso electoral participarían de manera ponderada profesores, estudiantes, egresados y por primera vez empleados y obreros miembros de la Comunidad Universitaria.

La responsabilidad de la grave situación del sistema universitario en general y de la UCV en particular es del actual gobierno, que ha conculcado la autonomía universitaria cuando ha dejado a la institución virtualmente sin presupuesto. Para el año 2023 este será la mitad del año 2022; que ya acumulaba un descomunal déficit, como resultado de financiamientos reconducidos de manera consecutiva por años. Esto ha producido que el financiamiento sea una caricatura que ha conllevado a un profundo deterioro de la infraestructura física, servicios, indigencia de la dotación de todo tipo, entre ella una particularmente grave, que es la carencia de servicios de internet. Con lo que se imparte una docencia de manera precaria, financiada por los propios profesores, y se ha debilitado y hasta desaparecido en algunos ámbitos la investigación. Es decir, tenemos una Academia absolutamente menesterosa.

A esta situación se suma el hecho ominoso de que el pago de nómina ha sido asumido por el sistema Patria, con lo que se ha hundido el régimen de salarios de los profesores y demás miembros de la comunidad. A lo que se ha sumado la violación abierta y flagrante de todos los derechos laborales incluso los que se firmaron entre sindicatos gobierneros que no tienen ninguna representatividad de profesores, empleados y obreros, conocida como contratación única impuesta, para terminar, siendo violada de manera descarada, grave situación que hemos vivido los universitarios como resultado de los salvajes procesos de ajuste y devaluación vividos durante estos años. Para completar este penoso cuadro, tenemos un empobrecimiento de las familias que afecta de manera dramática las posibilidades de estudio de los jóvenes, a los cuales se les ha despojado de todos los servicios estudiantiles.

Todo este panorama de penurias, repetimos, es responsabilidad del actual gobierno. Pero también es verdad que la falta de renovación de autoridades ha generado un anquilosamiento autoritario que de larvado pasó a ser abierto, lo que fracturó las posibilidades de diálogo entre los diferentes sectores y entre los diferentes niveles de autoridades universitarias desde Rectores, Decanos y los diferentes Consejos de representación colectiva CU y CF, y los profesores, estudiantes y empleados.

Ello ocasionó que se fuera produciendo por parte de las autoridades un gran nivel de desinterés respecto de la problemática antes descrita, violación de la Autonomía y crisis académica. Estos cruciales asuntos desaparecieron de sus agendas, al mismo tiempo que las autoridades mismas pasaron a conformarse en el más poderoso dique de contención para cualquier posibilidad de discusión de estos temas de carácter docente y de investigación, de carácter laboral, gremial o sindical o de cualquier eventualidad de reagrupar a los diferentes sectores que hacen vida en la comunidad universitaria para discutir una agenda común de lucha por la recuperación de la Autonomía, la Academia o los derechos laborales que conforman nuestro principal modo de vida.

Hoy los reclamos universitarios no pueden acceder a los organismos de cogobierno. Además, no se cuenta con ninguna información sobre cuál es la real situación de la UCV, por ejemplo, cuál es el número real de profesores, estudiantes, empleados y obreros. En el caso de los profesores cuál es su composición por Facultad y Escuelas en términos de su categoría y dedicación, si están dando clases presenciales o por internet. No hay una evaluación confiable sobre el estado actual de funcionamiento de la universidad y sus posibilidades de recuperación a los niveles de la prepandemia. Esto incluye la falta de un informe sobre la situación de las obras de recuperación de la UCV que lleva a cabo la comisión presidencial a cargo.

Por todo lo anterior es de vital importancia presionar por la realización de las elecciones de autoridades para volver a tener una dirigencia universitaria legitimada y dispuesta a asumir la grave problemática que confronta nuestra máxima casa de estudios. Es indispensable un cuadro rectoral y decanal que devuelva la majestad secuestrada del Consejo Universitario, que le ha vuelto la espalda a la comunidad. Es hora de el CU regrese a ser el organismo de discusión de la problemática espantosa de la universidad de cara a todos los profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros, un organismo que represente la autonomía y la democracia que son los valores intrínsecos de la UCV, fundamento de la libertad de pensamiento encarnada en los más altos valores de la República.

La Patilla, 22 de noviembre de 2022

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