Tres elementos motivan las siguientes reflexiones. Primero la ilusión de que, con la respuesta de algunas actividades a la liberación de precios y del mercado cambiario, estamos en presencia de un proceso de “normalización” del país. Segundo, la carta recientemente publicada, firmada por 25 integrantes de la sociedad civil venezolana, cuyo aspecto más polémico es el llamado al presidente Biden de EE.UU. a reconsiderar las sanciones impuestas a Venezuela. Y tercero, la constatación de que, frente a los dos elementos anteriores, las fuerzas democráticas no comparten ninguna política clara, ausencia importante ante la oportunidad planteada de desalojar a Maduro del poder en las elecciones de 2024.

Primero, la economía venezolana, efectivamente, da muestras de que dejó de contraerse el año pasado, aunque no hay cifras oficiales al respecto. ¿Significa que, después de tantos años de criminal destrucción, el país empieza a recuperar la normalidad? Depende, por supuesto, de qué se entiende por “normalidad”. Para algunos, la reducción drástica de la inflación, la proliferación de comercios con productos importados (bodegones), el abastecimiento de supermercados y la activación de algunas construcciones en el este de Caracas, son criterios que satisfacen.

Pero las bondades de tal “normalidad” son disfrutadas por aquellos sectores (minoritarios) con ingresos suficientes en divisas o –cuando no—los “enchufados” en distintos negocios con el gobierno. Aparentemente, no les afecta la inseguridad o no les importa. Pero, al revisar los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida levantada por la UCAB en 2021, impactan las evidencias de inopia, hambre, insuficiencias en la prestación de servicios de salud y otras calamidades que atormentan a la gran mayoría de los venezolanos. Más del 94% de los hogares son pobres, medidos por su ingreso, y Venezuela exhibe una de las mayores inequidades en cuanto a distribución del ingreso en América Latina.

Más allá, el colapso del Estado se refleja en su notoria incapacidad por asegurar la prestación de servicios públicos fundamentales: agua, luz, salud, educación, seguridad y transporte. En el país que alega tener las mayores reservas petroleras y que alguna vez fue el mayor exportador de este hidrocarburo, hasta la gasolina escasea.

No basta un crecimiento leve para hablar de “normalidad”. Lo verdaderamente anormal es que la economía venezolana haya estado cayendo, a trancos y barrancos, por siete años consecutivos. Y, como alertó un tweet reciente, cuando una economía se ha reducido en un 80%, recuperar su nivel anterior implica crecer en un 400% (¡!).

No puede existir “normalidad” en ausencia de garantías básicas a los derechos fundamentales de la población, entre ellos, de asociación política, de protesta en reclamo de condiciones dignas de vida, de medios de comunicación libres, sin mencionar los derechos básicos a la salud, a la seguridad y a la vida misma. Venezuela exhibe una de las tasas de homicidio más altas del mundo, muchos a mano de las “fuerzas públicas”, existen 240 presos políticos y más de seis millones de migrados buscando mejores condiciones de vida.

Las garantías básicas no existirán mientras no se restablezca un Estado de Derecho que haga cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes que, de él, se derivan. Este desapareció, no por azar o por hechos fortuitos, sino como resultado de un proceso deliberado de desmantelamiento de las instituciones democráticas y las asociadas al funcionamiento de una economía mercantil, por parte de una camarilla que, en nombre de una supuesta “revolución”, se cogió al país para su usufructo exclusivo, depredándolo hasta dejarla exangüe.

Luego está la “carta de los 25” firmada, entre otros, por amigos que merecen mi mayor respeto, tanto por su historial de luchas a favor de la libertad y la justicia, y/o por su desempeño profesional. Infelizmente, han sido objeto de descalificativos inaceptables por parte de quienes se arrogan derechos de pontificar sobre quien es o no, “auténtico” opositor, en total contraposición a los valores de tolerancia y de respeto al derecho de opinar de los demás que, supuestamente, animan el proyecto de democracia liberal con el que se identifican.

Sin entrar en mayores detalles, creo que el “pecado” cometido por los firmantes estriba en proponer al presidente Biden el levantamiento de algunas sanciones, argumentando que no han cumplido con sus propósitos y que, no obstante culpar a la desastrosa gestión de Maduro y Chávez la causa principal de la situación de miseria, éstas la han empeorado. Es muy discutible que las sanciones no hayan tenido efectos sobre el gobierno. Si bien no han forzado el cambio político esperado, por sí solas y con una oposición débil y dividida, ello era demasiado pedir.

Aunque no es fácil demostrarlo, puede argumentarse que la incipiente liberalización económica es, precisamente, una respuesta obligada a las restricciones asociadas a las sanciones. Más allá, está el intento, poco eficaz, por maquillar las apariencias ante las indagaciones del CPI sobre las responsabilidades del gobierno ante la violación de los derechos humanos de muchos venezolanos. A la camarilla mafiosa que controla el Estado le interesa anular la amenaza de mayores sanciones. Por algo será.

Pero quizás el aspecto más discutible es pensar que, de levantarse algunas sanciones –aquellas, presumiblemente, que afectan a las exportaciones petroleras—, aliviará la situación de miseria que padece la inmensa mayoría de compatriotas. Sucede que, para el primer trimestre de este año (2022), los ingresos por exportación de petróleo fueron entre 2,5 a 3 millardos de dólares superiores a los del primer trimestre del 2021, resultado del alza de precios atribuible a las sanciones contra las ventas rusas de crudo y a incrementos en la producción doméstica.

¿A dónde fueron esos reales? ¿Hay mejoras visibles en los servicios, en el empleo, en la capacidad adquisitiva de la gente? Porque el incremento decretado de sueldos se va a financiar, en buena medida, con emisión monetaria. Ergo, se anticipa mayor presión inflacionaria y una eventual “licuefacción” de estos aumentos. ¿A dónde sospechamos que puedan ir ingresos adicionales de levantarse las sanciones? El efecto “derrame” sobre el bienestar de la población de mayores ingresos externos es muy bajo, por la sencilla razón de que el leit motif de los que ocupan el poder es quedarse con lo que entra.

En función de ello han desmantelado las instituciones que regulan la cosa pública, entre otras la autonomía y equilibrio de poderes (supervisión independiente del gasto), la transparencia y la rendición de cuentas de su gestión, y el respeto al Estado de Derecho en lo concerniente a los derechos y libertades de los venezolanos, incluyendo garantías para la iniciativa privada. Sin recuperar el marco institucional correspondiente, será poca la mejora en las condiciones de vida de las mayorías que podemos esperar. Y de ahí la importancia de levantar las sanciones como arma de negociación que fuerce tal fin, condicionado a avances concretos, verificables, en esa dirección. Por el contrario, suponer que, al levantarlas primero, Maduro, a cambio, introducirá reformas políticas, sería, como dice la crítica, poner la carreta delante del caballo.

Y, por último, ¿Cómo lograr cambios que lleven a la liberación de presos políticos, la restitución de garantías, la observación del Estado de Derecho y a unas elecciones nacionales confiables, de parte de quiénes están interesados en mantener las condiciones con base en las cuales han podido expoliar a sus anchas las riquezas del país? En el actual estado de debilidad, división y confusión de las fuerzas opositoras, luce poco plausible.

Sin una política nacional clara, que cohesione, fortalezca y movilice a la mayoría opositora, habremos de desperdiciar las oportunidades de cambio planteadas por las elecciones de 2024. Sin una estrategia eficaz, asimismo, es poco el fruto que puede brindar la presión de las sanciones. Un elemento básico es aprovechar los reacomodos a que se ha visto obligado Maduro para articular acciones centradas en la ampliación y consolidación de la liberalización iniciada, y para enfrentar las arbitrariedades que habrán de ocurrir. Ello debería conectar con los nuevos liderazgos que emergen de la lucha reivindicativa, por demandar servicios públicos y/o que se manifestaron en las conquistas recientes de algunas alcaldías a nivel nacional.

Más allá, la recuperación de un marco institucional confiable, capaz de suscitar cuantiosos préstamos de las multilaterales, podrá sanear al Estado para que pueda producir los bienes públicos que requiere la población y podrá atraer las inversiones capaces de aprovechar las enormes potencialidades de nuestra economía. Sin ello, será difícil alcanzar las condiciones de bienestar a que aspiran y tienen derecho los venezolanos. Sin estas conquistas, la famélica recuperación con que Maduro alardea de sus “mejoras”, tardará interminables décadas en sacarnos de la miseria. Hacer de esa política una bandera para el cambio es, por tanto, un desiderátum.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Tal día como hoy, hace ochenta y cinco años, los dictadores Franco, Hitler y Mussolini acordaron bombardear la villa de Guernica. El falangista dio el consentimiento, el nazi y el fascista enviaron sus bombarderos. Ahora, el dictador Putin ordenó arrasar la ciudad de Mariúpol en contra del pueblo ucraniano. Franco quería dar una lección al pueblo vasco. Hitler y Mussolini querían probar sus aviones y preparar pilotos para la guerra mundial que desencadenaron tres años después. Putin quiere revivir la fracasada URSS y vengarse de los ucranianos. La importancia estratégica militar de la villa y de la ciudad era secundaria.

En la década de los años 30 no existía las Naciones Unidas, el Convenio de Ginebra ni la Corte Penal Internacional. Los genocidas de Guernica no pudieron ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, pero gracias al famoso cuadro de Picasso fueron sometidos a una sanción moral que dura hasta nuestros días. Putin y sus generales sí se exponen a un juicio como el de Nuremberg y, además, a la condena de los demócratas del mundo.

Debido a las barbaridades cometidas por los rusos, pasan un tanto desapercibidos más de una docena de conflictos armados de menor magnitud. Además, no se da debida importancia a las masacres y violaciones a los derechos humanos que cometen otros dictadores y que afectan a millones de personas.

Guardando las distancias, ¿qué decir de un país en el que, entre los años 2016 y el 2021, fueron abatidos 30.188 ciudadanos por supuestamente resistirse a la autoridad, hubo 27.247 homicidios cuya causa se desconoce y, en el 2021, desaparecieron 1.634 personas? Estas cifras aterradoras fueron recabadas por el Observatorio Venezolano de Violencia. Además, a noviembre 2021, el número de refugiados y migrantes era de 6.040.000 venezolanos. Sin necesidad de artillería, ni de bombarderos, más de mil empresas privadas o públicas fueron destruidas por el régimen; hay escasez de agua, el suministro de electricidad es intermitente y tenemos la inflación más alta del mundo. Hay falta de combustible en el país, pero se regala a Cuba.

Lo anterior acaeció sin que haya una guerra con otro país ni una guerra civil. Sucedió en una guerra del régimen en contra de sus ciudadanos. ¿Acaso estos han permanecido pasivos ante los atropellos? ¡Claro que no! En el mismo período 2016 a 2021, hubo 62.351 protestas por diferentes motivos, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

¿Y entonces, por qué no se ha producido un cambio, sea por vía insurreccional o electoral? Ante una dictadura se justifica un levantamiento militar o popular. En abril 2002 se produjo, pero se revirtió por causas conocidas. A partir de esa fecha, el gobierno sacó a los militares y a los trabajadores petroleros que percibía como no afectos, debilitó a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, atemorizó a los empresarios y los ciudadanos que han protestado han sido agredidos con balas, gases y encarcelamientos, y se apoderó del TSJ y CNE.

La vía electoral la entorpecieron el régimen y la oposición. El primero tiene mayor culpa por el amedrentamiento a los electores, nombrar rectores del CNE, en su mayoría incondicionales del PSUV, que violan los reglamentos y facilitan las trampas, además de su hegemonía comunicacional. Por su parte, la oposición tiene responsabilidad por no haber tenido testigos entrenados en todas las mesas electorales, proponer unos cuantos candidatos no idóneos y, a veces, por no acudir unidos, además de la insistencia de algunos en la abstención electoral.

¿Cuál es la situación? 1- A pesar de las trampas y del ventajismo oficial, hemos tenido importantes victorias electorales, aunque después el régimen se valió de la complicidad del TSJ y del CNE para desconocer resultados o quitar competencias. Es decir, que sí se puede ganar, pero hay que defender el triunfo y no tiene sentido abstenerse de votar cuando se es mayoría. 2- Saludamos las elecciones internas de los partidos para intentar renovar el liderazgo, aunque es probable que no haya cambios significativos. 3- La oferta de ANCO de convocar una Constituyente es plausible. Aspiran que la ONU venga a realizar la elección, aunque el régimen no lo autorice, ¿será factible? 4- Aunque no es lo deseable, lo único que parece seguro es que habrá elección presidencial en el 2024. El argumento de que no debemos acudir porque Maduro no es presidente, puede ser válido, pero lamentablemente, no se visualiza otra opción. 5- En estos momentos, ningún dirigente de oposición pareciera tener aceptación significativa.

¿Qué hacer? 1- Construir una unidad de propósito con la mayoría de los partidos de oposición, con propuesta de soluciones a problemas sociales y económicos. 2- Organizar la maquinaria para tener testigos entrenados en las mesas electorales. 3- Descartar la prédica de la abstención. 4- Cesar la descalificación a los partidos y a sus dirigentes, pero estos tienen que rectificar y algunos retirarse. 5- Realizar un pacto por unos tres períodos presidenciales, en el primero de los cuales el candidato de la unidad podría ser un independiente o un político que no se haya quemado en esta larga lucha, con el compromiso de no reelección.

Deben profundizarse las sanciones a Rusia para que se retire de Ucrania. También al régimen de Maduro para obligarlo a realizar elecciones limpias y liberar a los presos políticos. Si no hacemos un frente común continuará la violación de los derechos humanos y la destrucción de Venezuela. Reconocemos la labor de muchos políticos, pero deben dar señales de desprendimiento y aceptar la realidad.

Como (había) en botica:

Mañana 27 de abril se cumplen cinco años del asesinato del joven Juan Pablo Pernalete por el disparo a quemarropa y al pecho de una bomba lacrimógena. El homicida fue un guardia nacional.

En las 9.435 protestas entre el 1 de abril y 13 de agosto 2017 hubo 163 asesinatos, según Observatorio Venezolano de Control Social. Fuente: Los nuevos rostros de la violencia: empobrecimiento y letalidad policial, de Roberto Briceño León, Alberto Camardiel y Gloria Perdomo. Las decisiones del TSJ y de Maduro desencadenaron esas protestas.

¡Bravo por Miguel Cabrera!

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

26 de abril 2022

Totalitarismo es un término con que se define a las ideologías, movimientos, organizaciones y regímenes políticos donde el Estado ejerce en la sociedad un control y poder "TOTAL". No existen divisiones ni autonomía de las ramas del Poder Público, ni tampoco hay libertad y si existe es muy limitada. Es un tipo de gobierno autocrático, que actúa para reprimir las libertades civiles y los derechos políticos propios de los gobiernos decentes y civilizados.

Además, en estos sistemas, el partido de gobierno busca dominar todos los aspectos de la sociedad. No es simplemente una forma de gobierno, es una organización en cuanto a las personas que ejercen el poder de tipo no democrático que se caracteriza, al igual que el autoritarismo, por la falta de reconocimiento de la libertad, los derechos humanos, la pluralidad ideológica y libre albedrío. Busca el dominio total y absoluto de todos los aspectos de la sociedad.

Definido en esos términos el totalitarismo y/o el autoritarismo, decida usted si lo que tenemos como gobierno lo es o no. Lo que tenemos se caracteriza por no haber autonomía ni división ni independencia, en lo orgánico y funcional, de las ramas del Poder Público, todos están sujetos y amarrados a la decisión de Miraflores y del partido del régimen, la libertad que tenemos está bastante limitada y la estiran o encogen de acuerdo al estado de ánimo, criterio o conveniencia de la autoridad.

Buscan controlar todo lo sea organización popular, juntas de vecinos, ONGs, asociaciones de residentes, por supuesto partidos políticos, es decir, todo lo sea o parezca una sociedad intermedia. Son quienes exterminan a las otras organizaciones políticas y a sus dirigentes y para ello, con la falsa idea de darle matiz legal a sus decisiones, se valen del Tribunal Superior de Injusticia (sindicato de incondicionales al régimen capaz de lo peor por estar en la buena con los mandones y disfrutar de las ventajas y prebendas que ello le produce), de la persecución, encarcelamiento, tortura y hasta del asesinato: acordémonos de lo ocurrido en El Junquito donde masacraron vilmente a siete venezolanos, entre ellos una señora en estado de gravidez, que aparecieron todos con tiros de gracia en la nuca.

No toleran el disentimiento ni aceptan discrepancias, son solo ellos dueños de la verdad, son absoluta y repugnantemente intolerantes. Como no soportan la pluralidad ideológica, la entienden como amenazas a sus demoniacos intereses, la combaten de la peor manera posible, no con discusión e intercambio sino con hechos abominables y armas. Lo de El Junquito y otros hechos con pérdida de vida, son muestras de las bestias que manejan este oprobioso régimen totalitario, no solamente le cortan la vida a humanos, sino que la utilizan luego como mensaje a quien se atreva.

¿Estamos o no bajo un régimen totalitario de los peores, aunque todos lo son?

Usted decida.

El 1º de mayo “Día Internacional de los Trabajadores” guarda una particular significación para los Entrenadores Deportivos de Venezuela, puesto que, en esa fecha en el año 1975, se dio inicio a una huelga en procura de lograr una contratación colectiva que regulara la relación laboral con el Instituto Nacional de Deporte. Esta acción gremial marcó un hito en la historia deportiva, no solamente nacional sino internacional, porque era la primera manifestación, de ese tipo, que se daba en el sector de los trabajadores del deporte a nivel mundial. Una semana después, el 8 de mayo, quedó establecido oficialmente como el “Día del Entrenador Deportivo” en reconocimiento a la gesta que se había librado durante toda esa semana y en esa fecha se alcanzó la solución a las demandas laborales requeridas por los entrenadores en ese momento.

Los logros gremiales alcanzados quedaron plasmados en el contrato colectivo denominado “Las Bases Normativas” Las cláusulas de importancia contenidas en ese documento laboral fueron múltiples y variadas. En primer lugar, el reconocimiento del derecho a de los entrenadores a tener una contratación colectiva con el patrón del Instituto Nacional de Deportes, la indexación salarial en base a los índices inflacionarios que mostrara el Banco Central de Venezuela, es decir, anualmente el salario de los trabajadores del Instituto se iba a mover de acuerdo a las escalas inflacionarias señaladas por el mencionado Banco, esta cláusula pasó a ser un punto de referencia obligatorio en los contratos colectivos de Venezuela.

También se contempla la clasificación del personal, en unas escalas previamente señaladas en un Manual de Clasificación de Cargos de los Entrenadores Deportivos que se desempeñan en la Administración Pública Nacional. Este manual es un elemento de vital importancia porque le dio jerarquía a este sector laboral con una fisonomía propia dentro de la administración pública venezolana. La seguridad social de los trabajadores se vio fortalecida con el establecimiento de los seguros HCM, el establecimiento de las cajas de ahorro con el aporte del 11% y el aporte patronal del 11%, la denominación del salario integral de los trabajadores, el establecimiento de comisiones bipartitas y tripartitas para conocer el caso de los despidos que se presentara en el Instituto Nacional de Deportes.

Pero, a partir de 1999 hasta el presente año 2022, los regímenes de Chávez-Maduro han impuesto arbitrariamente una sistemática y progresiva política de desconocimiento de los Derechos Laborales de los Entrenadores conseguidos a partir de 1975. Esa política anti-trabajador se manifiesta de manera inequívoca en los siguientes hechos:

-Congelación de los contratos colectivos. A la fecha, son 23 años sin tener la posibilidad de presentar, discutir y aprobar con el IND un nuevo marco de relación laboral.

-Violación expresa de la Constitución y La Ley Orgánica del Trabajo al firmar un convenio con Cuba para la ilegal tarida de 10.000 “entrenadores” estableciendo una discriminación salarial, al remunerar a los extranjeros con pagos en divisas (1.500 $ mensuales) y en bolívares devaluados a los entrenadores criollos. Pisoteando así, el principio universal que establece “A igual trabajo igual salario”.

-Los seguros HCM que, por su inexistencia o sus pírricas coberturas, prácticamente mantienen "condenados a muerte" a los trabajadores que necesiten ser atendidos por problemas de salud.

-Negativa permanente para aplicar la homologación de salarios, pensiones y jubilaciones.

- Los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación.

-Apropiación indebida de los descuentos mensuales del 11% a los entrenadores como aporte a la Caja de Ahorros del IND asi como el 11% del aporte patronal. Esos aportes son retenidos ilegalmente, desde hace dos años, por las autoridades del IND y hasta el momento se desconoce el destino de los mismos.

-Bonificación de los salarios, pensiones y jubilaciones de hambre, aprobados unilateralmente por el régimen.

Veinte y tres años de intolerancia patronal, de autoritarismo gubernamental, de condiciones leoninas de trabajo, de salarios de hambre, de ausencia de programas de protección social hacen necesaria la unidad en la lucha de los trabajadores del deporte por el logro de sus derechos laborales. Hoy, más que nunca tiene plena vigencia el pensamiento de Carlos Sánchez, como una expresión de compromiso social en las luchas gremiales:

“El Entrenador Deportivo debe ocupar permanentemente su puesto de lucha por Un Deporte Mejor y no doblegarse ante ningún burócrata civil o militar que pretenda usarlo con fines politiqueros o de enriquecimiento ilícito. Solo la Unidad Gremial nos hará fuerte en la búsqueda y defensa de nuestros Derechos Sociales”

La historia, nos permite recordar que el pasado no está nunca terminado, sino que permanece abierto y que en él reposan aún las semillas de otro presente y otro porvenir…la lucha continúa.

No hay reunión a la que se me invite donde alguien, conocido o no, te diga “¿Constituyente? ¡Eso toma mucho tiempo y el régimen la impediría!”. He decidido ya no contestar algo a lo que me he dedicado a responder por escrito de múltiples formas y en diferentes oportunidades y medios. Tal vez esta sea una más, pero las respuestas como las realidades se transforman con el tiempo. Si alguien me diera un bolívar devaluado por el tiempo que ha pasado, cada vez que me han hecho esa pregunta, hubiéramos hecho esa constituyente al menos unas 10 veces y yo fuera millonario en dólares.

Creo muy importante para todos nosotros actualizar la respuesta a ese “cómo” constituyente, no solo porque las condiciones políticas del país cambiaron sino porque ahora el régimen y su oposición sumisa se han montado en una estrategia de “normalización”, que aunque difícilmente la población les compre porque todavía se está pasando hambre y miseria por todo lo que ya sabemos, y en especial los compatriotas que no viven en Caracas, se pretende vender al exterior y al interior del país, la percepción de que los venezolanos ya pasamos la etapa de confrontación con estos delincuentes y nos disponemos a convivir con ellos, por lo que debemos movernos hacia una etapa de coexistencia. Si esto es reforzado por una sociedad civil firmante de cartas al mundo pidiendo el ablandamiento de las sanciones, seremos nosotros mismos quienes estaremos clavando los clavos del ataúd donde nos enterrará el régimen.

En primer lugar, debo aquí darle un énfasis especial a que el proceso constituyente en sí ya ha sido comprado por la mayoría de los venezolanos, al menos por aquellos que tienen de manera genuina un amor por este país y creen que es necesaria la reconstrucción (o construcción) de una nueva institucionalidad para la República. Que si bien es cierto, algunos difieren de nuestro proyecto de descentralización y federación, si opinan necesario e importante discutir un país para las nuevas generaciones después de la destrucción que se ha hecho. Donde existen las diferencias es en el cómo llegamos a él. Y esto ha sido la piedra de tranca en las discusiones de nuestro proyecto en ANCO.

En este punto debemos diferenciar dos cosas: si aquí estamos hablando de hacer una Constituyente para salir del régimen, o si estamos hablando de una constituyente para Refundar la Nación. Porque aunque ambas cosas no son excluyentes, pero si son dos conceptos que aplicados juntos, le restan fuerza a lo que fundamentalmente fue el planteamiento original de ANCO, que nos es otro que lograr el cambio del paradigma del poder en Venezuela.

Debo establecer que yo no fui ganado a este proyecto hace años con el fin conceptual de “salir del régimen de Chávez”. Eso debía producirse como una consecuencia de que se entendiera a cabalidad el objetivo superior de discutir las bases institucionales del país. Que para hacer eso era indispensable que el régimen fuera depuesto antes de comenzar a establecer las nuevas bases fundacionales de Venezuela y para eso nosotros proponíamos un proyecto que ahora llamamos El Gran Cambio.

Sin embargo, en algún momento del recorrido de este camino, se confundió la chicha con la limonada, y la gente pensó que la Constituyente era una suerte de veneno para matar el régimen autoritario que nos oprime. Y eso podía ser así si se entendiera que si eso es lo que el pueblo venezolano desea, entonces al convocar al Constituyente, sea ese mismo pueblo el que decida hacer eso a través de su representación legítima.

Pero lamentablemente la historia Constitucional de Venezuela nos refiere a que eso no se ha hecho nunca de esa manera en nuestro país. Que las Constituyentes han salido como el resultado de los deseos de un gobernante que llega nuevo al poder y convoca al constituyente, como lo hizo Hugo Chávez Frías en 1999. Esa manera de hacerlo le da a ese gobernante la posibilidad de manufacturar una constitución a su medida –como la hizo Chávez- para mantenerse en el poder. Es por eso que es muy importante que los venezolanos entendamos, que salvo que convoquemos previamente al Constituyente, esto es, con el gobernante actual en funciones, el próximo que venga puede perfectamente impedir la iniciativa o convocarlo a su medida.

De allí que nuestra primera opción sea convocar al proceso constituyente antes que exista un nuevo gobernante y que el pueblo decida a través de su representación legítima qué hacer con el ocupante ilegítimo de Miraflores, establecer un nuevo gobierno transitorio, discutir un nuevo Pacto Social que se refleje en una nueva Constitución, para luego convocar unas elecciones basadas en las reglas de una nueva Carta Magna.

Estas explicaciones no son simples de hacer en el medio de un café. Proponer un camino inédito siempre ha sido muy cuesta arriba para los proponentes. De allí que todo el mundo nos diga “¿Constituyente? Muy bien, ¡pero eso hay que hacerlo después!”. Pero luego no se hará o se hará a la medida de quienes ocupen el poder en ese momento posterior. Entonces deberemos garantizar que en caso de realizarse una Constituyente posterior a la salida del régimen seamos los suficientes en el país con la conciencia clara para impedir una desviación semejante a la de Chávez en 1999.

Esto último nos lleva a la siguiente conclusión: ¿Podremos convencer un país que lo único en lo que piensa es en poder salir de esta tragedia primero, antes de pensar en otra cosa? Tal vez podamos hacerlo, pero el tiempo nos consume. La Constituyente no es un fin en sí mismo. Es un medio para discutir un proyecto de país, y que requiere previamente haber resuelto el tema de un gobierno legítimo y estable. Y aunque eso es responsabilidad de quienes en el sector político han olvidado sus obligaciones para con los venezolanos, alguien debe reflexionarlo para que podamos creer en un futuro mejor para nuestros hijos y nietos en este país.

El planteamiento que estamos haciendo ahora pasa porque todos los protagonistas de esta tragedia nos sentemos a discutir el país a través de una Constituyente. Creo que no es un mal planteamiento, aunque suene utópico. ¿Y quiénes son esos protagonistas? La Comunidad Internacional (encabezada por los EEUU), la oposición reconocida por esa Comunidad Internacional, los venezolanos organizados a través de sus organizaciones de la sociedad civil que no se siente representada por nadie por un sinfín de válidas razones, y finalmente el régimen. Ese es el verdadero diálogo. Todos los involucrados. Ese es nuestro “cómo constituyente”. Esa es la manera en como el régimen permitiría hacer una Constituyente, y la manera en que ese mismo régimen estaría obligado a cumplir el mandato que salga del pueblo venezolano, al salir de un verdadero acuerdo donde una Comunidad Internacional participe y obligue al régimen a cumplir con las obligaciones que salgan de ese diálogo entre 4 partes. De esta forma no existiría vencido y vencedor.

Si se desea una paz real en este país, deberemos construirla entre todos. Un diálogo entre dos partes que no representan al pueblo venezolano no tiene ningún valor. Y si la Comunidad Internacional, comenzando por los EEUU, creen que tendrán estabilidad en Venezuela y en la región por cualquier cosa que salga de México, no han entendido a los venezolanos. Mientras tanto, los venezolanos seguiremos evaluando nuestras opciones, cualquiera que estas sean…

Blog: https://ticsddhh.blogspot.com/
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
Instagram: @laguana01
Telegram: https://t.me/TICsDDHH
Linkedin: www.linkedin.com/in/luis-manuel-aguana-bb9231
Facebook: https://www.facebook.com/TICs-Derechos-Humanos-102169239041065

Alarma la aparente inactividad e indiferencia de los diversos responsables de la educación ante la ruina de la escuela venezolana en todos los niveles. ¿Será que piensan ocultar la realidad con falsas palabras? Es fuerte el poder de la propaganda con los medios controlados, pero tiene unos límites, más allá de los cuales se cae en el ridículo y la indignación de los sufrientes y su diario vía crucis.

Sabemos que más de 80% vive en pobreza de ingresos, agravada por el deterioro de los servicios públicos como luz, agua, sistema de salud y de previsión social, educación….Cientos de miles de jubilados profesionales tienen dificultad para la comida diaria, los trabajadores del sector público ganan menos de 10% de lo necesario y los niños y jóvenes están sembrando un futuro de miseria con este sistema educativo en ruinas. En esto ha quedado el prometido milagro socialista, luego de 23 años de dominio.

De la renta al talento
Durante unos 70 años, desde 1916, Venezuela se transformó gracias a la irrupción petrolera, de un pobre país rural y analfabeto de 3 millones a un país urbano de 30 millones más educado y productivamente mejor equipado; es lo que llaman capital humano. La cuantiosa renta petrolera sirvió de palanca para transformarse en un país modernizado con un sostenido crecimiento de 6% anual, con escasa inflación durante más de medio siglo. También creció esa riqueza humana nacional con cientos de miles de trabajadores venidos de decenas de países que renacieron en esta tierra y la enriquecieron con sus talentos y habilidades eficientes.

Una de las formas más exitosas de la “siembra de petróleo” fue la educación. Fundamentalmente, desde 1958, se levantaron escuelas en todos los pueblos como luces de esperanza. También se abrieron centenares de centros universitarios en todas las regiones: universidades creadas y financiadas por el Estado a las que se sumaron las autofinanciadas y creadas por diversas iniciativas sociales. Al morir el dictador Gómez en el atardecer de 1935 el número total de estudiantes universitarios no llegaba a 900 en 3 o 4 ciudades y con la democracia llegaron a más de 1.000.000 en 1998. Además con la democracia miles de venezolanos recibieron apoyo público extraordinario para estudios de postgrado en el exterior con la convicción de que no hay democracia sin pueblo capacitado y educativamente empoderado. No todo se hizo bien, pero en contraste con la actual oscuridad educativa, fueron tiempos luminosos.

La ruina del Estado y los retos de la Sociedad
Terminamos el siglo XX con el modelo económico agotado y necesidad de cambio, pero con falsas ilusiones de promesas mesiánicas: el Caudillo y el Estado totalitario aplicarían la alquimia socialista para convertir el barro en oro repartido. Pero el milagro resultó al revés: lejos de potenciar el talento creativo con ética y trabajo, reforzaron la enfermedad de la “renta petrolera” estatista, con saqueo y sin cultura productiva, arruinaron la industria petrolera que hoy no alcanza a cubrir las necesidades de un Estado reducido y endeudado, que ha arrastrado a la miseria al país que se sostenía recostado en sus dólares.
Ahora estamos en el cruce de caminos: seguir hundiéndonos en la miseria o apostar en serio al talento de los venezolanos, que no está en los pozos petroleros. El Estado está en la miseria, pero la sociedad venezolana y su talento son infinitamente más ricos que en 1930, aun con el éxodo de seis millones de personas. Pero hay que activar esa mina humana, con una sistemática elevación de la productividad (hacer más con menos y mayor talento). La clave está en la educación, vinculada al desarrollo de una cultura eficiente de una ciudadanía renacida y de bienes económicos y materiales. Para ello, la hegemonía tiene que pasar del ruinoso Estado a la sociedad productiva. Somos estatalmente pobres en cuanto a capacidad de gestión de lo estatizado, con derrumbe de los servicios públicos y de los ingresos de los trabajadores pagados por el Estado. La sociedad venezolana debe retomar con nueva fuerza la educación y la escuela en todos sus niveles. El Estado arruinado e ineficiente no tiene ni recursos, ni reflejos para este cambio radical y toda la sociedad debe responsabilizarse del renacer nacional.

Familia, Sociedad, Estado en sinergia educativa
La empobrecida educación no podrá renacer desde la decadente rutina educativa venezolana sin una sacudida y una nueva relación entre los sufrientes y actores: familia, sociedad y Estado. Ni divididos ni enfrentados entre sí, sino mutuamente necesitados y exigidos. Poco puede hacer la familia empobrecida sola, pero aliada con la sociedad y el Estado en una nueva comunidad escolar, se potencia su responsabilidad y capacidad educadora. De la misma manera los maestros educadores renacidos son claves para sacudir la acción pública educativa, saliendo de su lamento y rutina de funcionarios mal pagados.

Rescatar el mantenimiento de las escuelas, impulsar su dotación e informatización de toda la enseñanza-aprendizaje, requerirá una extraordinaria alianza internacional con gobiernos y centros educativos en iniciativas solidarias. Un equipamiento para la educación virtual que hoy no está al alcance de la mayoría de los alumnos, ni de sus escuelas y maestros.

Estado, sociedad y empresa, al igual que familia y educadores, todos estamos empobrecidos. Pero hay una manera virtuosa de apoyarnos y exigirnos mutuamente con una nueva conciencia ética que rompe las rutinas de rentista rico y potencia las capacidades con creciente productividad y sinergia. Creo que cuando hablamos de sociedad civil como fuente de renovación política estamos hablando de esta nueva escuela para la productividad económica, social y política.

Inevitable referirse a la “carta de los 25”, dirigida al Presidente Biden y funcionarios del Gobierno y la Administración Norteamericana, que tuvo al menos la virtud de levantar una aguda −y agria− discusión política, que estaba adormecida. La carta toca varios temas, pero me referiré únicamente a dos: las sanciones generales y las petroleras.

Insultos y representatividad.

Los epítetos y calificativos hacia los firmantes, siempre deplorables por lo amargo y destemplado de algunos; son, sin embargo, algo “característico” de la polarización política, a todo nivel, en el país. Lo lamentable son los que provienen de personas que es obvio que no han leído la carta, la han leído e interpretado a medias o deliberadamente tergiversado.

En verdad los firmantes solo se autocalifican, acertada o desacertadamente, pero hablan en nombre propio, no se atribuyen ninguna “representación” popular; no cometieron ningún delito, al menos no mayor que el que cometen los que piden que se mantengan las sanciones; hacen uso del derecho que tiene cualquier persona de dirigir una carta a alguna autoridad expresando su opinión.

Las sanciones.

El centro de la carta son “las sanciones” económicas y financieras aplicadas al régimen venezolano; y al respecto debo decir:

- Que las sanciones internacionales han demostrado su total ineficacia para lograr los objetivos políticos que persiguen −en eso tiene razón la carta− y la demostración palpable es Cuba, Corea del Norte, Rusia, etc.;

- que por la restricción de recursos que ocasionan al gobierno del país donde se aplican tienen el potencial para terminar afectando a la población más vulnerable y frecuentemente así ocurre, aunque no hay claras pruebas al respeto;

- que por ejemplo en nuestro caso, sirven de excusa al régimen para mantener sus equivocadas políticas y no asumir su responsabilidad en garantizar algunos derechos y servicios básicos −salud, educación, transporte, electricidad, agua, etc.− culpando de ello a las sanciones económicas;

- que lo que está ocurriendo en Ucrania, tras la sangrienta invasión de Putin, nos está demostrando que la aplicación de sanciones no es una simple “medida”, sino la única alternativa que acepta la comunidad internacional y a la que están dispuestos los países que en otro momento moverían sus tropas en apoyo o en contra de alguna causa, aunque sea la democracia o la protección de derechos humanos; y

- que, si queremos apoyo internacional, las “sanciones” es la única opción de fuerza que nos ofrecen.

Por estas razones creo que la discusión acerca de las bondades o maldades de las sanciones es una discusión bizantina, estéril e inútil, pues las mismas no van a ser levantadas por quienes las aplican a menos que desaparezcan las causas que las originaron y en el caso de Venezuela, si queremos apoyo internacional, y lo necesitamos, las “sanciones” es la única opción de fuerza y presión que nos ofrecen para que se restablezca la negociación y el diálogo entre el régimen venezolano y la oposición democrática.

Curiosidades de la carta.

Lo curioso de la carta de los 25 es que, estrictamente hablando, en ninguna parte de ella se pide que se eliminen las sanciones −excepto una de ellas, que tiene que ver con el negocio petrolero, a lo que me referiré más adelante−; no obstante, sería ingenuo pensar que lo de eliminarlas no sea la intención que subyace, sobre todo porque su tercer párrafo, de una sola línea, hace una afirmación de Perogrullo: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos.” Y aunque aclara que las mismas “…no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela…”, acto seguido hace otra afirmación que ya es mucho más discutible, pues señala que “… han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio.”, con lo cual justifican la carta.

Carencia de demostraciones.

En ninguna parte la carta aporta demostración o prueba alguna acerca de los efectos negativos de las sanciones; y eso es por una razón muy simple, porque nadie ha podido demostrar fehacientemente que eso sea así. Por ejemplo ¿Hasta dónde las causas de la caída de la producción petrolera son las sanciones y no la propia precariedad de servicios que ha ocasionado la ruina económica del país, producto de 23 años de políticas equivocadas? Tampoco nadie puede demostrar que las sanciones no han tenido ningún efecto o que el empeoramiento de la condición económica y social de los venezolanos −evidente, a pesar de “burbujas y bodegones” − se deba a la aplicación de las sanciones. Es más, me parece hasta curioso que algunos de los firmantes de la carta, en ocasiones recientes han afirmado que en el país está ocurriendo una cierta “recuperación” económica, una cierta “mejoría” de los indicadores económicos, una “apertura” que se debe alentar −hasta sugieren al gobierno las medidas a tomar− y ahora suscriben una carta en la que señalan que se “han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio” ¿Esa “mejoría” no es una demostración de que no es tal el daño que ocasionan las sanciones? ¿En qué quedamos?

La ruina económica y las sanciones.

Estoy seguro que todos los firmantes de la carta comparten la opinión de que el daño, la ruinosa situación económica, la crisis humanitaria severa del país, nuestro mísero estado de vida y el deterioro de las condiciones económicas y sociales, son el producto de erradas y desastrosas medidas económicas aplicadas durante 23 años. A pesar ingentes ingresos petroleros, durante la mayor parte de su mandato, este régimen se las “ingenió” para arruinar al país, a la industria nacional, incluida la petrolera, y en ello nada tienen que ver las sanciones económicas generales, cuyas primeras medidas se dictaron en el año 2014, se empezaron a aplicar en el 2015 y se incrementaron a partir del 2017, cuando ya el país había perdido 2/3 de su PIB.

Observaciones a la carta de los 25.

Aunque nos pronunciemos en favor de sanciones personales y en contra de sanciones económicas generales −yo lo he hecho, (Ver: https://bit.ly/3rGhe9o, Negociación y Sanciones, 27/03/2021)−; tengo, sin embargo, dos observaciones a los 25 proponentes de la carta:

1) sugerir o pedir que se eliminen las sanciones sin negociar nada a cambio, creo que es un error político y el gobierno es el único que va a aprovechar, políticamente, la solicitud o el supuesto negado que se eliminen; y 2) dada la actual situación política del país y la especie de “pasmo” en la que está la oposición democrática, si se eliminan las sanciones, ¿Qué medida de presión o de “contención” tenemos? ¿Cuál sería el elemento que forzaría al gobierno a aceptar una negociación? Y me hago una pregunta, que sé que es meramente retórica, de esas cuya base es una suposición y que no tienen una respuesta: Sabemos dónde está el régimen, pero: ¿Dónde y cómo estaría hoy la oposición si no existieran esas sanciones? Las sanciones no son el único factor de presión política, pero si uno muy importante, ¿Para qué negarlo?

Tema petrolero y cabildeo.

La carta menciona, sin especificar, aspectos económicos, que según sus firmantes se estarían viendo afectados por las sanciones; por ejemplo, estoy seguro que a algunos de los firmantes les preocupa que están afectando la actividad de bancos de inversión e inversionistas que negocian papeles emitidos por la Republica o PDVSA, aunque la carta no lo menciona específicamente. Lo que si menciona, y creo es el meollo de la solicitud, es el levantamiento de sanciones al negocio petrolero, al cual dedica casi la mitad de su contenido y es el único sector al que se refiere en detalle.

Por cierto, eso coincide con lo que se ha denominado la actuación del poderoso cabildeo o “lobby” desarrollado por algunas trasnacionales petroleras, apoyadas por importantes medios de comunicación internacionales y que algunos vinculan con la reciente visita de altos funcionarios norteamericanos a Venezuela y su entrevista con Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno. Pero con respecto al tema petrolero, simplemente remito a la opinión de algunos expertos, aparecida en diversos artículos a raíz de la discusión suscitada y dicen que no es cierto lo que se afirma en la carta que “…en unos meses” se podría reactivar la industria petrolera y así “contribuir con la seguridad energética de Occidente”.

El mito del ingreso petrolero.

Caben también algunos interrogantes, igualmente retóricos y de ficción, imposibles de responder: Si los problemas actuales de la industria petrolera se deben a una disminución de los ingresos petroleros por la aplicación de las sanciones, ¿Por qué la actividad de la industria se vio disminuida antes de 2014, cuando se empezaron a aplicar las sanciones? ¿Dónde están los ingentes recursos petroleros recibidos por el país desde 1999? ¿Por qué la industria petrolera esta destruida? ¿Por qué no se invirtieron esos recursos en mejorar la infraestructura del país y la propia industria petrolera? Y las preguntas más importantes, para las que no hay respuesta, ¿Quién garantiza que, de levantarse las sanciones a la industria y a las empresas petroleras, el régimen sí invertiría los recursos en mejorar la situación del país, sí antes de la aplicación de las sanciones no lo hizo?

Se enfatiza −con plena razón− que una reactivación de la industria petrolera y una reactivación económica del país solo es posible con un cambio político a fondo, que comienza por salir de este gobierno de oprobio.

Conclusión.

La carta concluye con un buen deseo general con el que nadie podría estar en desacuerdo: “Poner fin a la crisis en Venezuela y ayudar a construir el nuevo futuro del país, con pleno respeto al estado de derecho, las libertades económicas y la vigencia de los derechos humanos, nos compete −y nos beneficiará− a todos.” Habla también de reanudar negociaciones y de que se han solicitado “reformas” al régimen, pero me parece que no es suficientemente enfática en este punto. Y en el penúltimo párrafo hace un exhorto a “…partes interesadas, en Venezuela y en otros lugares, para que respalden públicamente esta carta”; con respecto a este punto mi conclusión es:

Personalmente creo que hubiera sido sano que la carta pusiera la misma fuerza y el mismo énfasis con el que resaltó la ineficacia de las sanciones y la solicitud de eliminarlas al negocio petrolero, en asignar la responsabilidad de la crisis del país al régimen que hemos tenido durante los últimos 23 años.

Apoyo la revisión y levantamiento de sanciones generales que perjudiquen o puedan perjudicar a la población más vulnerable y sin duda alguna que se mantengan e intensifiquen las sanciones de tipo personal a los altos y medios funcionarios del régimen, sus testaferros y familiares, que bien los conocen las administraciones de los gobiernos internacionales que aplican esas medidas. Por cierto, la carta en ningún momento menciona las sanciones personales o si estas deben mantenerse o levantarse.

Pero no respaldo lo que trasluce como la petición fundamental de la carta, pues no creo que políticamente sea el momento de solicitar el levantamiento de sanciones, sin una “compensación” previa e inmediata por parte del régimen. Hoy por hoy las sanciones que se están aplicando, sin ser efectivas para lograr un cambio político en el país, son nuestra única medida de presión y contención al régimen, que sin duda se ve amenazado por ellas y así lo corrobora su empeño constante en librarse de las mismas.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/