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Opinión

Alejandro J. Sucre

La edición de esta semana de The Economist tiene un artículo de portada precisamente sobre este tema: “Bienvenidos a la era del gobierno autoritario”. Subtítulo: “Los países de todo el mundo quieren someter a las empresas a su voluntad”. La ilustración adjunta es de un gran dedo doblando una torre de oficinas como si fuera de goma. Una oferta especial para suscriptores los invita a un webinar sobre el “nuevo intervencionismo”.

Gran parte del atractivo de este nuevo intervencionismo es que es (supuestamente) nuevo. Las ideas viejas y cansadas de la década de 1990 (mercados más libres, impuestos más bajos, gobierno más pequeño, fronteras más abiertas) al no haber entregado el Cielo en la Tierra, debemos intentar algo completamente diferente: los gobiernos se alzan como los nuevos dirigentes de las empresas.

No se han puesto en práctica

De hecho, se puede argumentar que estas políticas de gobiernos pequeños nunca se han puesto en practica realmente. Los gobiernos de los países desarrollados no son notablemente más pequeños de lo que eran, ni sus impuestos más bajos, ni sus mercados más libres: el gobierno federal acaba de investigar varios países que se inmiscuyen en hasta en lo más mínimo como prohibir las bolsas de plástico, o subsidiar vehículos eléctricos. Todavía no es posible importar y exportar libremente en muchos países como uno quisiera.
Peter Foster, c. 1993, describe cómo, hace tres décadas, los mejores y más brillantes miembros de la Administración Clinton vendían su nuevo intervencionismo como antídoto contra el Reaganismo, que predicaba la primacía de los mercados. Así, Robert Reich, el primer Secretario de Trabajo de Bill Clinton, argumentó que la "justicia social" (que desde entonces se ha convertido en una frase muy familiar) requería que el gobierno controlara los ingresos de las clases altas. Lester Thurow explicaba que "el papel del gobierno es representar el futuro para el presente”. Thurow argumentó en varios libros que lo que más necesitaba Estados Unidos era un dirigismo económico al estilo europeo.
En resumen, el nuevo intervencionismo del siglo XXI en las grandes potencias económicas no es nuevo. Su nuevo intento luego del Covid-19 es al menos la cuarta o quinta vez. Pero su presunción y arrogancia sigue siendo la misma. Sí, tienen esas potencias inteligencia artificial, una fuerza laboral altamente educada, tienen supercomputadoras, tienen modelos sofisticados, y todo tipo de métodos analíticos mejorados. Pero las cosas fundamentales siguen siendo válidas: ¿cómo saben los nuevos intervencionistas en qué dirección deben guiar la historia? ¿Qué visión especial tienen de las incógnitas conocidas, por no hablar de las incógnitas desconocidas que seguramente encontraremos? ¿Y cómo, habiendo decidido apostar la economía a sus corazonadas, se aseguran de que su plan no sea secuestrado por la política? ¿O no extender la generosidad de la política industrial a todas las provincias y territorios?
Un Estado más activista

A pesar de los fracasos del pasado, la nueva brigada de políticos intervencionista recurre a una mezcla de viejos argumentos y supuestamente nuevas circunstancias para justificar una ronda renovada de “dirección estratégica”. En Estados Unidos, la elección de Bill Clinton significa la creciente influencia de un grupo de asesores políticos -como los profesores Robert Reich y Lester Thurow- que creen ideológicamente en un Estado más activista basado en las supuestas deficiencias de la libre empresa. Reich predica la justicia social y afirma que, a menos que se haga algo, la riqueza se acumulará cada vez más en un grupo sin Estado de talentosos... Thurow afirma que la libre empresa es una máquina finamente afinada que sigue descomponiéndose y necesita retoques constantes, y que Estados Unidos tiene que respaldar “campeones” industriales porque Japón y la Unión Europea lo están haciendo.
Por un proceso de ósmosis de políticas, hay llamados paralelos en muchos países no solo para una acción promotora en general, sino también para políticas que aumenten la competitividad, induzcan la innovación (en particular, las “tecnologías del futuro”), promuevan la productividad o mejoren la calidad. En todas partes, los gobiernos que han demostrado repetidamente su propia incompetencia están siendo llamados a ayudar al sector privado a hacer mejor su trabajo. Ahora el ambientalismo esta siendo una gran excusa para usar recursos del estado para escoger ganadores y perdedores.
En Venezuela

Paradójicamente en Venezuela estamos de regreso auspiciando desde el mismísimo gobierno un proceso de menos intervención del estado. Sin embargo, la invitación al sector privado de invertir en Venezuela se ve infructuoso debido a que los lideres venezolanos para preservar sus beneficios y su poder personal y sin necesidad entubaron a Venezuela aun conflicto geopolítico mundial que impide la inversión privada.
Es el papel de cada venezolano ayudar a que en Venezuela se restablezca la soberanía nacional para poder presentarnos ante el mundo como un territorio libre de conflictos y propicio para la inversión y el desarrollo de nuestra población.

Twitter @alejandrojsucre

 3 min


Carlos Raúl Hernández

Décadas atrás, Friedrich Hayek dijo que la democracia es un sistema intrínsecamente revocable, y con frecuencia se elige a quienes aspiran destruirla por métodos que ella misma establece, lo que descarta juzgar democrático a un mandatario por ser electo según sus reglas, y por medio del voto han accedido múltiples bataclanes, hasta llegar a Daniel Ortega y Nayib Bukele. Da pena repetir que los gobernantes califican como democráticos si provienen del voto y si lo son en su ejercicio. Cuando ganan los revolucionarios comienza un complejo e indefinido proceso, de desenlace no previsible. En el corriente siglo, el radicalismo revolucionario descubrió esto y diseñó una nueva estrategia, ya no el leninismo insurreccional, ni la guerra maoísta, ni golpe de Estado, sino introducirse en todas las ranuras del sistema con el discurso hiperdemocrático “injusticia”, “desigualdad”, “corrupción” y el ungüento de fierabrás: “la constituyente”, la “purificación” desde cero. La oposición venezolana fue incapaz de comprender esta nueva –y exitosa- tendencia y fracasó ridículamente, como sabemos.

De la euforia por la caída del bloque soviético a la fecha surgió la noción de que la democracia está en decadencia, y muchos piensan que difícilmente se recupere. Ante esta paradoja, la opinión simple suele atribuir su debilitamiento a la ineficiencia de los gobiernos, lo que le dice el discurso antisistema, y votan en las urnas contra ella. Esa no es la razón de fondo, ya que autocracias más corruptas, incompetentes y empobrecedoras, sobreviven décadas. Argentina fue brillante, potencia mundial alternativa frente a Estados Unidos y un día los ciudadanos optaron por Juan Domingo Perón, la hundieron en el subdesarrollo y siete décadas y media más tarde no se vislumbra su salida. El socialismo XXI hizo retroceder varios países de la región y luego de décadas, nacen pugnas en su seno para buscar trabajosas alternativas, incluso desde los propios impulsores. Los norteamericanos en su esplendor, eligieron (¿?) a Trump, hoy una mayor amenaza para el futuro inmediato.
Chile hoy decidió pasarse al camino incierto después de alcanzar el más alto nivel de vida del continente. Los ingenuos siempre pretenden “que no pasa nada” (“¡No, vale. ¡Yo no creo!”) y después se estrellan contra el arrepentimiento. Eso se explica porque los revolucionarios toman los aparatos ideológicos del sistema, los órganos de la cultura, universidades, profesorados, magisterio, intelectuales, medios de comunicación y dan la pelea por la conciencia colectiva, mientras los demócratas se burocratizan, se amodorran, abandonan la defensa de las ideas. El filósofo francés Félix Guattarí habló de una rebelión cultural previa a la toma del poder, “la revolución molecular”, llevada a las micro partículas sociales: “conspirar y respirar”. Conspirar tantas veces como se respira, hacer dominante un discurso o “relato” contra la realidad, convencer a pesar de toda evidencia a una sociedad satisfecha y armónica, que se trata de un infierno de injusticia y “desigualdad” regido por ladrones e incompetentes.

Triunfan, y como enseña la experiencia, sus políticas “igualitarias” desangran, arruinan, fracturan, hasta sumergir los países en el caos o la autocracia. ¿Se encamina Chile a desarrollar su democracia o a las turbulencias de un avance autoritario dirigido a lesionar su plenitud y prosperidad? Cabe decir que ningún estudioso serio se pone a adivinar el futuro, asunto más bien de arúspices, pero si a evaluar las tendencias, la orientación de sus líderes y las fuerzas y políticas emergentes, sin perder de vista que pueden tomar caminos imprevistos. El joven presidente Gabriel Boric no es un modelo de político constitucional, respetuoso de la ley y las instituciones, con conocimientos sólidos de los problemas de su país y de la geopolítica mundial. Fue un dirigente estudiantil profesional que nunca se graduó, luego drop up del sistema educativo. En su curriculum destacan el secuestro por 40 días de las autoridades universitarias, los tumultos anarquistas de 2011, el levantamiento de 2019 que hizo perder a Chile cientos de millones de dólares en destrozos y la “asamblea constituyente”. Y las políticas identitarias.

No estimula la intención de ponerle la mano a los 150 mil millones de dólares del sistema de pensiones –como hicieron los Kirchner, para dilapidarlos-, base de la acumulación que introdujo al país en el mundo desarrollado. Desconsuela la ligereza estudiantil de que “el pacto social chileno” se rompió porque “en la pandemia las empresas aumentaron sus capitales” (¿y qué va a ocurrir si se dispara la demanda mundial de vacunas y medicinas?) glosando a Trump contra China. Mueven al optimismo, la moderación de su discurso entre el balotaje, no se sabe si un recurso para sumar electores no radicalizados. También nombrar muchas mujeres en el gabinete y designar a Mario Marcel en el Banco Central; el apoyo de franjas de la Concertación, que lo prefirieron ante José Antonio Kast, por mediación de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. En el Senado y la Cámara de Diputados están parejos radicales y moderados, lo que promete un intenso debate, pero cuentan con el arma no tan secreta: la “constituyente”, un aberrante poder supraconstitucional. Los militares observan. Apostamos a que todo salga bien para los chilenos.

@CarlosRaulHer

 4 min


Ismael Pérez Vigil

En 2016, ante la decisión del CNE de la época que el 20% de las firmas para el referendo revocatorio debían ser recogidas en cada Estado, aunque la circunscripción del funcionario que se buscaba revocar, el Presidente de la República, era una circunscripción nacional, publiqué un artículo que denominé: La Constitución de Plastilina (https://bit.ly/3FW6JmG), refiriéndome a que todo se podía esperar de los secuaces del régimen.

Al poco tiempo, tamaña barbaridad jurídica fue ratificada por otra barbaridad mayor, una sentencia del inefable TSJ, también de la época −tan inefable como el de ahora−, publicada el 17 de octubre de 2016 (contenida en el expediente AA70-E-2016-000074, para los que tengan la curiosidad y el mal gusto de buscarla). En dicha sentencia meridianamente expresado aparece lo que hoy recoge el CNE de turno, al definir las condiciones para la recolección de firmas, para activar un referendo revocatorio (RR); en efecto la sentencia de octubre de 2016 dice:

“La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial.”

De paso, hay que comentar que esta sentencia del TSJ de hace seis años, contradecía una anterior: la sentencia 1139 del 5 de junio de 2002, que en ponencia del magistrado Antonio J. García García, establecía que:

“…la solicitud de convocatoria a referéndum revocatorio, se encuentra sometido a las reglas previstas en el artículo 72 de la Constitución, sin que deje ningún margen de discrecionalidad que autorice al Consejo Nacional Electoral a emitir pronunciamiento alguno sobre el mérito o conveniencia de la solicitud formulada, ni a establecer -en las normativas de carácter sub legal que dicte-, nuevas condiciones para la procedencia de la revocación del mandato, no contempladas en el marco constitucional vigente…(y) … una vez que el Consejo Nacional Electoral verifica el cumplimiento irrestricto de las condiciones mencionadas ut supra … y que un número no inferior del veinte por ciento (20%) de los electores inscritos en el Registro Electoral en la correspondiente circunscripción así lo pidiesen-, y por ende, declare que las mismas se encuentran satisfechas, correspondería a dicho órgano comicial convocar al referéndum revocatorio solicitado, fijando la oportunidad de su celebración, y organizando, dirigiendo y supervisando los comicios correspondientes.” (Subrayado mío)

De manera, que si al TSJ de 2016, no se le aguó el ojo para contradecir una sentencia del TSJ de 2002, ambos de “inspiración” revolucionaria y chavista, la actual decisión del CNE, que le da muerte al RR, no tiene ningún elemento que nos pueda extrañar.

Sabemos bien que en 2016, ni la decisión del CNE ni la sentencia del TSJ pudieron evitar que continuara el proceso y ante la inminencia de la recolección del 20% de las firmas, en todos y cada uno de los Estados, el régimen decidió sacar otra de sus armas, e hizo uso de su sistema de “justicia”, para que un grupo de jueces penales, civiles o de tránsito, sin facultades para ello, dieran por finalizada la recolección de firmas en algunos Estados, decisión que rápidamente fue acogida por el CNE de turno para suspender el proceso de recolección, a nivel nacional.

El régimen quiso curarse en salud en 2022; ya la velocidad con que el CNE aceptó la solicitud del revocatorio y eliminó el requisito de presentar el 1% de firmas necesarias para introducir la solicitud, era sospechosa; pero las condiciones finalmente definidas, desafiaron todo lo imaginable. El CNE del régimen definió unas reglas lo suficientemente leoninas para que no sea necesario recurrir a otras artimañas −aunque nadie tenía dudas de que lo hubiera hecho, de ser necesario− para parar el proceso, o más bien para abortarlo.

Las condiciones definidas por el CNE, que ya son bien conocidas, para efectos didácticos se pueden resumir así: La recolección de las firmas necesarias, 4.185.997, debía realizarse el pasado miércoles 26 de enero, solo cinco días después del anuncio de las condiciones, con un software sin auditar, sin tiempo de nombrar los testigos de las partes para velar por la “pulcritud” del proceso, debía llevarse a cabo en 1200 puntos, durante 12 horas, a razón de 5 por minuto, en cada uno de los puntos de recolección, según calculó el Rector Picón.

Ya no viene al caso evaluar otros aspectos, pero por mera curiosidad y puro divertimento no puedo dejar de hacerlo con respecto a los 1.200 puntos de recolección, que se dieron a conocer el sábado 22; por ejemplo, en algunas zonas, claramente opositoras de Caracas, no hubo centros de recolección (El Cafetal, Santa Mónica, los Chaguaramos, Colinas de Bello Monte, Altamira, La Castellana); en todo el Municipio Sucre, que tiene más de medio millón de electores, no hubo un solo centro de recolección; solo había dos en Chacao, uno en el Hatillo, otro en San Antonio, cinco en Baruta, dos de ellos en las Minas de Baruta y uno en Carrizal. Por supuesto no hubo uno solo en el exterior, con lo cual se privó de ese derecho a más de cuatro millones de venezolanos, con derecho a voto, que hoy viven fuera de Venezuela.

Es obvio que el régimen se quería asegurar de la imposibilidad de recoger las firmas, pero por si acaso y dada la manía de las instituciones del régimen de usurparse unas a otras, el CNE actual, usurpando las funciones de la Sala Constitucional del TSJ de interpretar la norma constitucional, nos advierte de otra disposición en la que afirma e interpreta que en el caso de que no se pudieran recolectar las firmas con sus leoninas condiciones:

“… dará por finalizado el proceso, con lo cual se activará la previsión constitucional que establece que solo podrá hacerse una solicitud de revocación durante el período para el cual fue elegido el funcionario”.

Por cierto, esa disposición de no repetir un referendo para una misma materia, en un mismo periodo constitucional, no se aplicó en 2009, cuando Hugo Chávez Frías solicitó la enmienda constitucional para la reelección indefinida, a pesar de que eso ya se había negado en el referendo constitucional del 2007. Más descaro imposible; pero, que nadie diga que no sabíamos que iban a hacer cualquier marramuncia o triquiñuela. Lo de la amenaza implícita de que pedirán al CNE la lista de nombres que solicitasen el revocatorio, no es más que un “colorido” recuerdo de aquella infausta “Lista Tascón” con la que el régimen persiguió y acosó a miles de venezolanos, tras el referendo de 2004. No agregó nada nuevo, solo ratificó el carácter fascista de este régimen de oprobio. De allí que los que se acercaron el día 26 a firmar la solicitud del revocatorio se les intimidará, rodeándolos de soldados y milicianos, y se les pidiese, además del número de la cedula de identidad, el teléfono y la dirección; inequívoca señal de discriminación política, preludio de la persecución que el régimen pudiera desplegar.

Por otra parte, el CNE del régimen nos recuerda que una de las características, no intrínsecas, sino circunstanciales, de la Constitución Bolivariana es que es como la plastilina: “flexible”, moldeable, adaptable. Concebida por el régimen de Chávez Frías para reemplazar a la que él llamó la “moribunda” de 1961, sobre la cual juró, la de 1999 −la “mejor del mundo”, según los capitostes mismos del régimen− se suponía que iba a dar sostén al “proceso”; pero, son notables y muy significativas las violaciones que ha sufrido en su ya no tan corta vida como Constitución.

A pesar de lo que dice la Constitución bolivariana, los venezolanos no tenemos derecho a elegir, pues el régimen manipula a su antojo los procesos electorales, los adelanta, los retrasa, cambia las circunscripciones, los separa, los junta, etc.; tampoco tenemos derecho de asociación, pues los partidos políticos son perseguidos y secuestrados; ni derecho a libertad de expresión, pues el régimen persigue a quienes se expresen libremente, como atestiguan los medios de comunicación cerrados, los periodistas perseguidos y los cientos de presos políticos; ni derecho a una identidad, pues no emiten pasaportes ni documentos de identidad de manera oportuna y suficiente; y así pudiéramos seguir mencionando derechos conculcados. Hoy es también patente que tampoco tenemos derecho a revocar el mandato de los funcionarios elegidos, a pesar de lo que establece el artículo 72 de la Constitución Bolivariana.

Haciendo memoria y recordando eventos, la venezolana tiene el poco envidiable registro de ser la única Constitución, que yo sepa al menos, que ha sido violada “intrauterinamente”, pues no había nacido aun, es decir, no había entrado en vigencia, cuando aquella Comisión Legislativa de infausta recordación, llamada también “Congresillo”, que sustituyó a la Constituyente, comenzó a violarla, designando cargos de Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo y otros, a “dedo”, sin cumplir con los pasos, procedimientos y requisitos que ya demandaba la novísima Constitución. Tras esos actos contra natura, según el cual el padre viola a su hija aun no nacida, ¿Cómo habría de sorprendernos que hoy esté desbocada la cadena de violaciones de derechos políticos y humanos?

Sin embargo, ante el hecho cumplido de la muerte del RR2022, además de denunciar firmemente la violación de un derecho constitucional más, de reclamar por los solicitantes la nulidad ante el TSJ de las normas inconstitucionales del CNE −sin esperanza, simplemente para que quede el registro de la violación del derecho− debemos considerar cómo sacar provecho de este nuevo error del régimen, el segundo en poco tiempo; el primero fue repetir las elecciones en Barinas, que le permitió al pueblo barinés librarse de la nefasta hegemonía de la dinastía Chávez, que los sojuzgo por 22 años y de paso dar importantes lecciones al país sobre la importancia y efectividad de la unidad, el valor del voto y de la movilización popular.

Corresponde ahora, sin esperar, prepararnos para contiendas pendientes, la negociación en México y las elecciones presidenciales de 2024, que será inevitable que se convoquen. Desde luego, ese no será un acto simplemente electoral −ninguno lo es y haberlo olvidado es un error que estamos pagando−; para enfrentarlo, de manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora, a juzgar por los magros resultados, debemos acometer la reorganización de nuestros partidos, rescatar los que tienen secuestrados y a los presos políticos; renovar nuestra dirigencia opositora; concretar una unidad política, como ya se ha hecho en el pasado −en 2015 y en Barinas, por ejemplo−; organizar a la gente para la resistencia y para que obtenga reivindicaciones que mejoren su nivel de vida, mientras logramos que desaparezca este régimen de oprobio.

Hay suficientes cosas que hacer, sin tener que lamentarnos por el RR, después de todo su fin estaba cantado. Vamos a denunciarlo, como una violación más a nuestros derechos, como un nuevo ejemplo de nuestra Constitución de plastilina, pero vamos a ahorrarnos discusiones y disputas sobre él, que solo nos iban a conducir a mayores divisiones y frustraciones y concentrémonos en organizar a la oposición para las jornadas políticas que nos vienen, con una unidad sólida, con candidatos con el mayor consenso posible o producto de elecciones primarias y con un plan compartido para el rescate del país.

28 de enero 2022

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2022/01/28/rr-y-constitucion-de-p...

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

 8 min


Finanzas Digital

El pasado 15 de enero, el presidente Nicolás Maduro pidió a la banca pública y privada respaldar las iniciativas productivas de los emprendedores.

En ese sentido, agregó durante su Memoria y Cuenta del Año 2021 que debe irse "a una expansión del crédito, del financiamiento de todos los emprendedores del país".

Ante ello, José Manuel Puente, economista y profesor universitario, señaló a Finanzas Digital que hay dos terribles contradicciones y muestran que, lamentablemente, “no hay un equipo económico competente en el Gobierno”.

“En los niveles del encaje legal que el Gobierno mantiene en este momento, que ha sido una política monetaria contractiva para evitar que esos excedentes de liquidez vayan en contra de los bienes y servicios y genere alta inflaciones o hiperinflaciones, también atenta contra el crédito porque se ha quedado la banca sin recursos líquidos para poder prestar”, indicó.

“El segundo gran problema es que Venezuela viene de una hiperinflación. El año pasado, que cerramos en 686%, que ya no es hiperinflación, a ningún banco le es viable prestar al 30% o 40%. La razón por la que los créditos desaparecieron y ninguna tarjeta de crédito tiene cupo para poder consumir, simplemente es porque es muy mal negocio para cualquier banco prestar dinero en Venezuela, es decir, hay una cantidad de restricciones que hacen imposible que esa solicitud del Presidente se lleve a cabo y tiene que ver con los grandes desequilibrios macroeconómicos que está viviendo la economía venezolana”, explicó.

Destacó que el problema de fondo no son las tasas de interés, “el tema de fondo es la inflación y los desequilibrios macroeconómicos. Venezuela tiene que instrumentar un programa de estabilización con ayuda financiera internacional, con las políticas monetarias, cambiarias y fiscales correctas y con ayuda financiera internacional, se podría estabilizar la economía y llevar la inflación a un dígito, el crecimiento en positivo”.

Acotó que cuando se tiene 5% o 6% de tasa de inflación como tiene Perú, Bolivia, Chile, “entonces sí puedes tener una tasa de interés real positiva en 12% o 14% que haga rentable la actividad de intermediación de la banca”.

Resaltó que al final no se trata de subir las tasas hasta 600%, “sino de estabilizar la economía, que Venezuela tenga unos índices de estabilidad económica similares al resto de América Latina”.

- Mucho dinero y la deuda–

Aseguró a Finanzas Digital que “Venezuela necesita muchísimo dinero” para recuperar la economía, “probablemente más del que la nación pueda conseguir con los multilaterales y los mercados internacionales”.

Precisó que el país “está en default de observación de pagos desde el año 2017. Tiene más o menos US$62.000 millones en deuda vencida y no pagada. Hasta que Venezuela no se ponga al día con el default y los tenedores de bonos, los mercados no se van abrir para nuevos préstamos y nuevas deudas”.

“Venezuela quintuplicó su deuda externa desde el año 98 hasta ahora. Cuando Hugo Chávez llega al Gobierno, la deuda externa del país estaría alrededor de US$30.000 millones y en este momento, está cercana a los US$160.000 millones. Nada más cubrir el servicio de deuda requiere de una cantidad de recursos y con los precios petroleros actuales, Venezuela no puede”, advirtió.

No obstante, recalcó que el nivel de reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV) “son los más bajos de los últimos 30 años”, al ubicarse en US$5.800 millones.

“El BCV publica que tiene US$10.800 millones porque está considerando los Derechos Especiales de Giro que tiene en su poder el Fondo Monetario Internacional y ya el ente internacional informó que no los va a desembolsar”, agregó.

Expresó que Venezuela necesita recursos adicionales “para fortalecer sus sector externo, para poder liquidar grandes volúmenes en divisas para insumos, repuestos, maquinarias, así poder alimentar el aparato productivo y éste vuelva a crecer de manera robusta y sostenida”.

“Venezuela necesita muchos recursos y no puede salir por sí sola de este terrible desequilibrio, de este terrible hoyo macroeconómico en el que se encuentra, porque simplemente el default, la deuda externa total, su nivel de reservas totales no le permite reavivar la economía y crecer de manera robusta y sostenida en el tiempo”, enfatizó.

Comentó que el país debe “ir a un programa de estabilización con ayuda financiera de los multilaterales e inclusive, de la comunidad internacional, necesita ir a los mercados a buscar nueva deuda con un grupo de países como Estados Unidos y la Unión Europea (UE)”.

- Las remesas y la migración –

Precisó a Finanzas Digital que Venezuela, a consecuencia de la crisis económica, de la caída de los salarios reales y el empobrecimiento de la sociedad venezolana, “ha expulsado a más o menos 6 millones de venezolanos en los últimos 25 años”.

“Tenemos 6 millones de venezolano que están en gran parte del mundo, concentrados en países como Estados Unidos, España, Perú, Chile, entre otros. Ese es el éxodo de población más grande la historia de América Latina, que es mucho decir porque tienes a países como El Salvador y México que son grandes exportadores de mano de obra al resto del mundo y Venezuela los supera”, destacó.

Sin embargo, detalló que no es un tema de la cantidad, sino de la calidad. “Básicamente, la gente que hemos expulsado del país son personas con alta calificación técnico-académica. Venezuela tiene los inmigrantes mejor formados del mundo, nuestros PHD en química, petroquímica, médicos, PHD en economía que están en otro país”, sumó.

Puntualizó que “la migración ha tenido un doble costo para nosotros: muchos venezolanos que son importantes para reconstruir a Venezuela y que están bien formados con competencia técnica y académica que serían muy útiles”.

Recalcó que la buena noticia es que “esos venezolanos fuera del país están enviando volúmenes importantes de recursos a Venezuela y en la medida que estén mejor posicionados laboral y profesionalmente, esas remesas van a crecer y al final, lo importante es convertir las crisis en oportunidades”.

Contó que esa inmigración puede “ser muy importante con sus ideas, ayudando a reconstruir al país, pero sobre todo, con su flujo de capitales hacia Venezuela, como hicieron las comunidades española, portuguesa e italiana que ayudaron a reconstruir a sus países después de la Segunda Guerra Mundial”.

“Una de las cosas que tenemos que llevar a cabo es un programa, que debería ser una política pública nacional de repatriación de nuestro capital humano más competente. Que regresen o que ayuden a repensar al país. Ese capital humano es muy importante para la reconstrucción”, propuso.

Apuntó que el tema de los flujos de capitales “son muy difíciles de cuantificar porque la mayoría de las transferencias que la gente hace a sus familiares son por vías informales o por vías de triangulaciones”.

“Con 6 millones de venezolanos (fuera del país), la cantidad tiene que ser considerable y una parte de los más humildes de Venezuela pueden consumir alimentos, ropa y medicinas gracias a las remesas que reciben de sus familiares que están afuera”.

2022: la economía va a crecer –

Puntualizó a Finanzas Digital que el 2022 va a ser el primer año de los últimos en que la economía venezolana va a crecer.

“El promedio de crecimiento de Venezuela que proyectan 12 instituciones internacionales para este año es de 3,8% y la mediana es de 4,2%, es decir, es muy probable que la economía venezolana crezca a una tasa ciertamente baja, pero va a crecer por primera vez en 8 años. Eso es un paso adelante muy tímido todavía, pero es un paso adelante”, resaltó.

En cuanto al tipo de cambio del bolívar por dólar, expresó que “se ha dado un brutal proceso de apreciación del tipo de cambio”, dado que Venezuela tuvo el año pasado 686% de inflación y la del resto de América Latina es de 5% y 6% y Estados Unidos de 7%.

“Cuando tienes diferenciales de inflación entre tu economía y el resto del mundo, tu tipo de cambio vive un proceso de apreciación, ocurre lo que están viviendo los venezolanos que denominan que hay inflación en dólares, no es inflación sino apreciación del tipo de cambio, porque cada vez necesitas más dólares para comprar la misma canasta de productos que antes adquirías”, finalizó.

29 de enro 2022

Finanzas Digital

https://finanzasdigital.com/2022/01/jose-manuel-puente-venezuela-necesita/

 6 min


Michael Levenson

Se le reconoce ampliamente como el programa espía más potente del mundo, capaz de descifrar confiablemente las comunicaciones encriptadas de los iPhones y los teléfonos inteligentes Android.

Dicho software, Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group, ha logrado rastrear a terroristas y cárteles de narcotráfico. También se ha empleado en contra de activistas de derechos humanos, periodistas y disidentes.

Ahora, una investigación publicada el viernes en la revista The New York Times Magazine ha descubierto que Israel, que controla la exportación del programa espía del mismo modo que hace con las exportaciones de armas convencionales, ha hecho de Pegasus un elemento clave de su estrategia de seguridad nacional y lo usa para promover sus intereses en todo el mundo.

La investigación, realizada a lo largo de un año por Ronen Bergman y Mark Mazzetti, también informa que el FBI compró e hizo pruebas de software de NSO durante años con la intención de emplearlo para vigilancia doméstica hasta que el año pasado, al fin, la agencia decidió no utilizar las herramientas.

El Times encontró que las ventas de Pegasus tuvieron un papel clave para lograr el apoyo de los países árabes para la campaña de Israel en contra de Irán al negociar los Acuerdos de Abraham en 2020, que se firmaron en una ceremonia en la Casa Blanca de Donald Trump. Los acuerdos diplomáticos normalizaron las relaciones entre Israel y algunos de sus antiguos adversarios árabes.

EE. UU. buscó el arma cibernética para uso interno

Estados Unidos también había intentado adquirir Pegasus, según descubrió el Times. El FBI, en un trato que no se había dado a conocer hasta ahora, compró el software espía en 2019, a pesar de la existencia de distintos informes de que se había utilizado contra activistas y opositores políticos en otros países. La agencia pasó dos años discutiendo si implementaría un producto más nuevo, llamado Phantom, dentro de Estados Unidos.

Las discusiones en el Departamento de Justicia y el FBI prosiguieron hasta el verano pasado, cuando el FBI por fin decidió que no usaría armas de NSO.

Pero el equipo de Pegasus sigue en un edificio de Nueva Jersey que emplea el FBI y la empresa también le ofreció a la agencia una demostración de Phantom, que podría hackear las líneas telefónicas estadounidenses.

Un catálogo dirigido a clientes potenciales, que el Times obtuvo, dice que Phantom permite que agencias del orden y de espionaje estadounidenses “conviertan el teléfono inteligente de su objetivo en una mina de oro de inteligencia”.

La investigación del Times estuvo basada en entrevistas con funcionarios del gobierno, líderes de agencias de inteligencia y del orden, expertos en cibernética, ejecutivos de empresas y activistas de la privacidad en más de una decena de países.

Es un relato del auge de NSO, que pasó de ser una empresa emergente que operaba en un gallinero de una cooperativa agrícola a entrar en una lista negra del gobierno de Joe Biden en noviembre debido a que gobiernos extranjeros la emplean para “atacar maliciosamente” a disidentes, periodistas y otros.

NSO empezó con dos amigos de escuela, Shalev Hulio y Omri Lavie que incubaban empresas emergentes en la cooperativa agrícola Bnai Zion, a las afueras de Tel Aviv a mediados de la primera década del siglo.

Una de estas empresas, CommuniTake, que ofrecía a los trabajadores de soporte tecnológico de celulares la capacidad de tomar el control de los dispositivos de los clientes —con permiso— llamó la atención de una agencia de inteligencia europea, dijo Hulio.

Así nació NSO, y la empresa eventualmente desarrolló un modo de adquirir acceso a los teléfonos sin el permiso del usuario y sin necesidad de pulsar algún vínculo o archivo malicioso adjunto. (Fue simple coincidencia que el nombre de la empresa sonara como NSA, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense).

Después de que NSO comenzó a vender Pegasus a nivel mundial en 2011, las autoridades mexicanas lo usaron para capturar a Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo. Y los investigadores europeos lo emplearon para acabar con una red de abuso infantil con decenas de sospechosos en más de 40 países.

Pero también se dieron a conocer abusos en reportes a cargo de investigadores y medios de comunicación, entre ellos el Times.

México empleó el programa espía en contra de periodistas y disidentes. Arabia Saudita lo empleó en contra de activistas de derechos de las mujeres y contactos de Jamal Khashoggi, el columnista del Washington Post que fue asesinado y desmembrado por agentes saudíes en 2018.

Ese año, la CIA compró Pegasus para ayudarle a Yibuti, un aliado estadounidense, en la lucha contra el terrorismo, a pesar de que ya existían antiguas preocupaciones de abusos a los derechos humanos en ese país, incluida la persecución de periodistas y tortura de opositores.

En los Emiratos Árabes Unidos, se usó Pegasus para hackear el teléfono de Ahmed Mansoor, un franco crítico del régimen.

La cuenta de correo electrónico de Mansoor fue violada, su geolocalización fue monitoreada, le robaron 140.000 dólares de su cuenta bancaria, lo despidieron de su trabajo y extraños lo golpearon en la calle.

“Empiezas a pensar que todos tus movimientos son vigilados”, dijo. En 2018 fue sentenciado a diez años de prisión por publicaciones que había hecho en Facebook y Twitter.

A través de una serie de nuevos acuerdos comerciales licenciados por el Ministerio de Defensa israelí, Pegasus ha sido proporcionado a líderes de extrema derecha en Polonia, Hungría, India y otros países.

28 de enero 2022

NY Times

https://www.nytimes.com/es/2022/01/28/espanol/pegasus-israel-nso-espiona...

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Mirra Banchón

Diez años se da Bruselas para reducir en un 50 por ciento el uso de plaguicidas químicos, con su estrategia "Farm to Fork" (F2F), o "De la Granja a la Mesa". La misma meta de reducción se prevé para el uso plaguicidas de riesgo, el de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura, así como para la pérdida de nutrientes de los suelos. Para conseguir esto último, habrá que usar un 20 por ciento menos de fertilizantes.

También para 2020, la estrategia prevé haber logrado que el 25 por ciento de las tierras agrícolas de la Unión Europea (UE) se destinen a la agricultura ecológica. En cualquier caso, no son palabras menores. Y los debates y análisis se mueven, como un péndulo, de la oposición y el temor a los cambios, a las esperanzas y las necesidades de cambio.

Algunos datos y el temor

En caso de que solamente la UE adoptase estas medidas, según un estudio del Economic Research Service, encargado por el Gobierno de Estados Unidos, la producción europea se reduciría en un 12 por ciento, la de Estados Unidos no se alteraría y, en el total global, habría un descenso del 1 por ciento. Los precios subirían un 17 por ciento en la UE, un 5 por ciento en EE. UU y un 9 por ciento globalmente. Las exportaciones de la UE disminuirían un 20 por ciento, las de EE. UU aumentarían en un 6 por ciento y, a nivel global, habría una disminución del 2 por ciento.

El costo anual per cápita de la alimentación subiría en 153 dólares en la UE, en 59 en EE. UU. y en 51 en total mundial. Las pérdidas en el PBI serían de 71 mil millones de dólares para Europa, 2 mil millones para EE. UU. y de 94 mil millones globalmente. Esto significaría: inseguridad alimentaria para los 76 países más pobres del mundo.

Otro estudio, realizado por la Universidad de Wageningen, en Países Bajos, advierte también: conseguir los objetivos del Pacto Verde propuesto por la Comisión Europea se traduciría en una reducción de la producción ganadera y agrícola, que oscilaría entre el 10 y el 15 por ciento.

Mirando hacia terceros países, la UE se convertiría en importador neto de maíz, colza y cítricos. Sus importaciones de soja aumentarían en un 100 por ciento. El impacto que esto tendría en los países productores de América Central y América del Sur, es evidente.

La mirada esperanzada

"Hay que entender de dónde vienen estos estudios, con la perspectiva del 'business as usual'", explica a DW la eurodiputada luxemburguesa Tilly Metz, presidenta de la Comisión de Investigación para la Protección Animal durante el Transporte.

"No tienen en cuenta que tienen y que van a producirse cambios en el consumo de productos cárnicos. Y que la manera de producir se orientará más a lo local", agrega. En su opinión, el lobby agroindustrial, que analiza solo desde lo económico y comercial, sin perspectiva de protección medioambiental ni de la salud, está detrás de estas campañas, para infundir temor.

"La agricultura intensiva de alta densidad ha sido clave para la aparición de enfermedades zoonóticas, para la polución y la destrucción de hábitats naturales", recuerda, por su parte, Nora Hiller, del Instituto de Política Ambiental Europea (IEEP, por sus siglas en inglés), con sede en Bruselas y Londres. Las crisis, afirma la investigadora, conllevan impactos y disrupciones en la cadena de suministro y en los hábitos de consumo.

Por su parte, Pierre-Marie Aubert, investigador del IDDRI, un think tank francés para facilitar la transición hacia el desarrollo sustentable, recuerda que, "en el Pacto Verde europeo, la estrategia F2F y la de biodiversidad son ambiciosas. No pueden ser analizadas solamente con modelos de equilibrio de mercados. Estamos hablando de cambio en el sistema: de que habrá cambios en la dieta alimentaria, que habrá cambios en la demanda, que los suelos están agotados". Y, aunque el cambio en el consumidor no se puede aún cuantificar, en el entorno global hay constantes que ayudan a predecir evoluciones, prevé Aubert.

¿Quién sufre el costo de la inacción?

El tema es conflictivo. En un debate en la Eurocámra, la Comisión Europea defendió su estrategia afirmando que las sequías, que se originan en el cambio climático, están costando 9 mil millones de euros anuales a la agricultura.

En este sentido, Metz plantea: "¿Cuánto cuesta a América Central y América del Sur el sistema tradicional europeo, que se basa en importaciones que llevan a la deforestación? ¿Cuánto cuesta la pérdida de biodiversidad? ¿Cuánto cuesta limpiar las aguas contaminadas de químicos y fertilizantes? ¿Cuánto cuesta que el 90 por ciento de esa proteína que importamos, soja o maíz, se dedique a la ganadería europea, que está en superproducción? ¿Cuánto cuesta que un animal nazca en un lugar, engorde en otro, sea sacrificado en un tercero y empacado en un cuarto, para que reciba el sello 'jamón de Parma'?".

Como sea, Metz, que integra la comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, insiste en que la nueva estrategia de la UE es amplia y contempla un capítulo de comercio exterior, que incluye a sus socios comerciales. En ese sentido va la también esperada directiva para que sus empresas actúen con la diligencia debida en cuanto a derechos humanos y ambientales. En cuanto a la estrategia "De la Granja y la Mesa", es inminente una propuesta para convertirla en legislación comunitaria.

Y, como presidenta de la Delegación para las Relaciones con América Central, Metz concluye apuntando hacia los cambios que será necesario promover en la cadena de distribución: "No es solamente una cuestión de cantidad y productividad. Es un escándalo que el productor se quede con menos del 14 por ciento del precio final. Y cuando se trata del café y el banano de Centroamérica es peor aún. Cuando uno aprieta un tornillo en un sistema, hay que reajustar todos los otros".

28 de enero 2022

DW

https://www.dw.com/es/de-la-granja-a-la-mesa-del-temor-a-la-esperanza-también-en-latinoamérica/a-60592879

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Pedro Benítez

A lo largo del año en curso, Venezuela recordará tres acontecimientos que contribuyeron decisivamente a moldear su presente: 30 años de los dos intentos de golpe de Estado militar contra el expresidente Carlos Andrés Pérez, y 20 de los sucesos de abril de 2002 (golpe de Estado incluido), que sacaron por 48 horas del poder al también ex presidente Hugo Chávez.

Con la comodidad que da el tiempo, se puede afirmar, sin riesgo de estar demasiado alejado de la verdad, que en aquellos hechos quedó retratado el profundo desprecio que por la democracia y las formas republicanas de gobierno han tenido buena parte de las élites políticas, económicas e intelectuales de este país. En esos sucesos se puso de manifiesto su característica principal: la irresponsabilidad.

Para enero de 1992, Venezuela se venía recuperando (rápidamente) del duro ajuste económico de 1989 y de la profunda crisis social en la que había caído el país ese año. Según los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación, el desempleo y la pobreza tenían 24 meses seguidos en franca disminución. Con una variación positiva de su PIB de 9,7%, Venezuela fue el país que más creció en el mundo entero, solo por detrás de China.

Como se sabe, Carlos Andrés Pérez se embarcó en un audaz y controversial plan de reformas económicas, que tenía el ambicioso propósito de cambiar radicalmente el modelo de desarrollo que había tenido el país casi desde el inicio de su etapa petrolera. Esas reformas pretendieron corregir, incluso, muchas de las políticas que el propio Pérez había hecho en su primera administración (1974-1979).

Desmontar todo el mastodóntico Estado venezolano, típico de la política de sustitución de importaciones latinoamericana, con su maraña de regulaciones, controles, subsidios, aranceles y licencias de importación, a la sombra de los cuales crecieron enormes grupos de intereses, generó una lógica resistencia por parte de los afectados que, haciendo uso de su acceso algunos medios de comunicación a su servicio, disfrazaron la defensa de sus privilegios particulares como resistencia popular.

Sin embargo, contrario al relato que entonces se impuso, y que desde 1999 se hizo oficial, Pérez no era un mandatario particularmente impopular. Según un estudio de opinión de la agencia Datanálisis, su aceptación en diciembre de 1991 era del 47%. Una cifra que la mayoría de los presidentes latinoamericanos de hoy en día envidiaría.

No obstante, su programa de reformas encontró muchos obstáculos en el Congreso, incluso de su propio partido, Acción Democrática. Pero nada distinto a lo que es propio de una democracia. Lo impropio fue lo que ocurrió el 4 de febrero de 1992 y la orgía de autodestrucción institucional en la que Venezuela fue sumergida desde ese día.

Un presidente democráticamente elegido, que siempre procedió apegado a la Constitución vigente, que además se caracterizaba por su amplitud personal y su tolerancia a la crítica, fue intentado derribar del poder por medio de un acto de violencia. Ese día todos los demonios de la historia venezolana reaparecieron y nos acompañan hasta hoy.

«Militares felones»

Curiosamente, eso se vio más claro fuera de Venezuela que dentro del propio país donde, con contadas excepciones, la asonada fue indirecta o directamente justificada. Lo que el historiador Manuel Caballero describió como “El alzamiento de los militares felones” se presentó como una gesta patriótica en una campaña de opinión pública que elevó a sus protagonistas a la categoría de héroes de la nacionalidad. Así nació el mito del chavismo. La elección presidencial de 1998 lo que hizo fue legitimarlo democráticamente.

En una inversión insólita de valores, el presidente víctima del golpismo fue presentado como el victimario y, como tal, sería condenado y destituido, luego de haber sobrevivido a una segunda asonada. La mayoría de los dirigentes de los grandes partidos de la época, unos actuando por ambición y otros por cobardía (como suele ocurrir en ese tipo de situaciones) concluyeron que había que lanzar a Pérez a los leones para salvarse ellos, con lo cual liquidaron el régimen político nacido en 1958.

La crónica de una élite que se suicidó. No vieron, o no quisieron ver, que no se buscaba destruir a Pérez; se buscaba destruir la democracia. El expresidente Hugo Chávez fue sencillamente el sepulturero de un régimen que ya había muerto.

Pero la historia no paró allí, porque básicamente los mismos personajes y los mismos factores de poder que conspiraron para derribar a Pérez en 1992, apoyaron la candidatura de Chávez en 1998. Y en 2002 se coligaron nuevamente para intentar repetir con este último lo que habían hecho diez años antes.

El «Carmonazo»

Con el «Carmonazo» del 12 de abril de 2002 se tiró por la borda todo un legítimo movimiento de protesta ciudadana contra un gobernante cada vez más arbitrario y abusivo, que ya dejaba ver (aunque su intento golpista del 92 era suficiente presagio) su vocación autoritaria. El golpe de Estado de Pedro Carmona Estanga no fue contra Chávez, que a fin de cuentas ya estaba caído; fue contra las formas de la democracia y, por lo tanto, contra la democracia misma.

Un insólito espectáculo de auto juramentación y disolución de todos los poderes públicos, carente de todo sentido común, que sirvió de pretexto para la reacción de un sector militar que devolvió a Chávez al poder y lo convirtió de un autócrata en formación en una víctima de grupos reaccionarios, intolerantes y golpistas. Nuevamente la inversión de los roles. La oposición venezolana pasó más de una década para poder lavarse del desprestigio internacional en el cual cayó.

Fue la suma de todos los errores.

Entre los sucesos de 1992 y la abstención por parte de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2005 se puede establecer un hilo conductor donde prevaleció la improvisación, la irresponsabilidad y la falta de sentido de nación en la sucesión de erráticas decisiones que le facilitaron a Chávez consolidarse en el poder.

Por su parte, en la polarizada Venezuela sometida a la hegemonía chavista, el relato oficial se permite celebrar, sin pudor alguno, las dos intentonas golpistas de 1992 contra un gobierno legítimamente democrático usando el eufemístico lenguaje leninista de “rebelión militar”, mientras que un mismo tiempo condena el golpe del 12 de abril de 2002.

El olvido opositor

Por su parte, desde el otro lado de la talanquera política se recuerda el origen golpista del chavista, pero se quiere borrar de la memoria el espectáculo del denominado “Carmonazo”, cuando no responsabilizar en exclusividad al hoy fallecido general Raúl Isaías Baduel de su fracaso.

Sin embargo, la inquietante verdad es que, con una década de por medio, tanto 1992 como 2002 fueron señales muy potentes de que algo demasiado mal ocurría con la clase dirigente venezolana. Chávez y su principal asesor, Fidel Castro, supieron sacarle partido con creces.

La consecuencia más trágica de esta etapa de la vida nacional venezolana fue la determinación por parte de Nicolás Maduro como presidente de no aplicar en 2013 o en 2014, el ajuste que necesitaba la economía a fin de corregir los gravísimos desequilibrios que le dejó su antecesor. Atrapado por el relato oficial que condenaba el “ajuste neoliberal” de 1989, contra el que supuestamente se había hecho el “alzamiento militar” del 92, y comprometido con defender el legado, dejó que Venezuela se convirtiera en el primer exportador importante de petróleo en caer en hiperinflación, sumiendo a millones de venezolanos en la miseria y a otros millones forzándolos a abandonar la tierra donde nacieron.

Sin que se puedan equiparar responsabilidades, puesto que la principal es de quienes han tenido durante dos décadas todo el poder y recursos de sobra para tomar todas las decisiones, es inevitable pensar que muchas de las conductas erráticas de la oposición democrática venezolana tienen raíces profundas que hay que identificar y combatir.

Tres décadas contra el sentido común

No es que sirva de consuelo, pero el venezolano no es un caso exclusivo de insensatez colectiva reiterada. Así, por ejemplo, las élites y los pueblos de la civilizada Europa de 1914 marcharon el verano de ese año con alegría y entusiasmo a esa gigantesca catástrofe que fue la Primera Guerra Mundial.

Venezuela tiene tres décadas peleando contra el sentido común. Evadiendo hacer y actuar tal como indican las evidencias y la razón. No hay atajos para salir de su actual situación política (Maduro vete ya) ni para recuperar milagrosamente su economía (dolarizar).

Sin embargo, pareciera que al final del túnel hay una tenue luz de esperanza con la aparición de sectores políticos y empresariales que, luego de la devastación en los años recientes, dan señales de estar dispuestos a aprender las lecciones de estas tres décadas perdidas y actuar en consecuencia.

@Pedrobenitezf.

Historiador y escritor

21 de enero 2022

Alnavío

https://alnavio.es/este-2022-venezuela-cumple-30-anos-chocando-contra-la...

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