Citando a Winston Churchill, Ramón Guillermo Aveledo explica por qué cambió de opinión y en estas elecciones sí va a votar. Ofrece tres motivos y tres razones

El 21 de noviembre habrá elecciones regionales y municipales. No voté en las presidenciales de 2018 y tampoco en las parlamentarias de 2020, pero esta vez sí voy a votar. “¿Cambió de opinión?”, me preguntará alguien con todo derecho. Sí, parcialmente.

Interpelado por afirmar algo distinto a lo que había dicho antes, Churchill, famoso por sus virajes, respondió: “Cuando me doy cuenta que estoy equivocado cambio de opinión. Usted, ¿qué hace?”. Para el antológico estadista, “no hay nada malo con cambiar, si es en la dirección correcta”.

Mi abstención entonces, excepcional dada mi defensa del voto como derecho ciudadano, tenía fundamentos, pero nada aconseja convertirla en línea permanente.

Mantengo objeciones al abuso del poder, ventajismo, discriminación, opacidad informativa, transgresiones múltiples y continuadas a la constitucionalidad. También, como a muchos, me generan dudas ciertas conductas de actores políticos, máxime de aquellos que, como yo, están por ese cambio que la realidad de Venezuela reclama, aunque reconozca lo cuesta arriba de su compromiso y agradezca sus sacrificios.

Pero claro, también evalúo nuestras experiencias y sus resultados. Reflexiono acerca de la utilidad práctica de no votar, línea que desde el poder se estimula con actos y gestos, en contraste con lo que demostradamente hemos ganado votando. Incluso sin trampas antes, durante o después han desvirtuado la voluntad ciudadana. Así, la verdad ha quedado evidenciada ante el mundo y aquí ante muchos que lo apoyaban y ya no lo hacen o lo mantienen sin entusiasmo e incluso con vergüenza.

Para votar tengo razones y tengo motivos. Las razones son de la mente, del intelecto que analiza la experiencia objetiva. Los motivos son del corazón que, como decía Pascal, “conoce de razones que la razón ignora”. Los motivos son del sentimiento, tan humano como el pensamiento.

Mis razones son tres.

La descentralización es importante

El centralismo, aunque sea eficiente y el que tenemos es todo lo contrario, no sirve para gobernar un país del tamaño, la complejidad y los problemas del nuestro.

Así nos lo dice la Constitución que define un Estado Federal y Descentralizado que no debe quedarse en la formalidad. Y la realidad que demuestra que el poder distribuido y ejercido por órganos autónomos sometidos al control ciudadano, como los estados y municipios, es preferible para los ciudadanos.

Necesito una descentralización viva y con mi voto la ayudo.

El voto es importante

No son muchos los instrumentos que tenemos los ciudadanos para participar, para que cuente nuestra opinión. Al voto lo han ido matando lentamente, sobre todo desde dentro y desde arriba, pero también desde afuera y abajo.

Como venezolano, no quiero que muera. No me conviene que muera. Los ciudadanos salimos perdiendo en nuestra relación inevitable con el poder, si ese instrumento se borra.

La recuperación democrática

Es ese proceso largo, complejo, no lineal que Venezuela necesita para que haya libertad, seguridad jurídica, prosperidad y oportunidades, requiere ciudadanos activos.

Y la primera actividad ciudadana es el voto.

Y tres motivos

Y tengo también, al menos, tres motivos. Quiero votar. No aguanto la pasividad. No quiero que el gobierno “interprete mi silencio”. No me basta. Necesito decirle qué opino. Vivo en el Municipio Libertador. Quienes han tenido la responsabilidad de gobernarnos ininterrumpidamente por veintidós años no merecen seguir en el poder. Por mi voto no será.

¿Cuáles son sus razones y sus motivos? Los suyos.

Los atletas, entrenadores, médicos, periodistas, empleados y obreros del sector deportivo, agrupados en la organización no gubernamental “Gente del Deporte” presentaron una acusación contra el régimen de Nicolás Maduro ante el Fiscal Karim Ahmed Khan de la Corte Penal Internacional. Fundamentaron su acción en el Art 7 del Estatuto de Roma, especificando que las acciones del régimen han conducido sistemática y progresivamente a la destrucción económica, política y social del país.

Señalan en su informe que la gravedad de los hechos, demuestran sin lugar a dudas, que el régimen es responsable directo de crímenes de lesa humanidad que se manifiestan en los crecientes niveles de hambre y pobreza critica, el deterioro sostenido y progresivo de nuestros centros de salud, los salarios de hambre de los trabajadores, la ausencia de seguridad social, la hiperinflación que reduce drásticamente el poder adquisitivo y eleva exponencialmente el costo de los alimentos y servicios, la criminalización de las protestas y la sangrienta represión de los organismos policiales.

Sustentan su acusación en los siguientes elementos:

-La crisis económico-social generada por el régimen, destruye el aparato productivo y la infraestructura de servicios, empobrece a la mayoría nacional y siembra el hambre por todos los rincones de la geografía nacional. Entramos en el 8º año consecutivo de depresión económica y el 4º de hiperinflación. En 2020 el PIB cayó un 26%, lo que representa un acumulado de 76%, de acuerdo con cifras de la CEPAL. Esto significa una paralización brutal del aparato productivo nacional, cuya mercadería se suple parcialmente con importaciones.

-La hiperinflación (3.713% en 2020, según cifras de la Comisión de finanzas de la legal AN) y la devaluación sostenida y continuada del bolívar han pulverizado nuestro signo monetario y disparado los precios de todos los bienes y servicios. El dólar ha sustituido, de facto, a la moneda nacional como medio de pago, es decir, para las transacciones comerciales, reduciendo la función del bolívar a las transacciones electrónicas, mientras el efectivo ha quedado para pagar el transporte urbano, a duras penas

-La liberalización de las importaciones (exenciones tributarias, entre otras cosas), la dolarización de los costos y precios y el lavado de capitales han incrementado la actividad comercial y el abastecimiento, pero su adquisición es cada vez más inaccesible.

-El rasgo más importante de la situación social es el empobrecimiento generalizado del pueblo, hasta el punto de la posibilidad de una hambruna. Este riesgo ha sido advertido por los organismos de la ONU especializados en la materia y sus primeras manifestaciones ya se han registrado en estados como Miranda, donde en septiembre 2020 se produjo la muerte de 18 infantes por desnutrición, por solo citar un caso. La pobreza por ingresos se sitúa en más 90%, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Solo bastaría contrastar el salario mínimo mensual (1.8 $) con el costo de la canasta básica (534$). El salario, las prestaciones sociales y el ahorro de los trabajadores y sus familias han sido pulverizados. Las contrataciones colectivas han sido sustituidas por unas tablas salariales de hambre que borran viejas conquistas y reivindicaciones alcanzadas en etapas anteriores y los derechos a sindicalización y huelga han sido borrados casi por completo.

-La salud vive una situación similar resumida en los siguientes factores principales: deterioro de la calidad de vida y de las condiciones medioambientales (pobreza y hambre); infraestructura hospitalaria en decadencia y abandono; escasez grave de medicamentos, equipos e insumos médicos; encarecimiento de los precios de las medicinas y servicios; deserción creciente del personal especializado. Prácticamente, los trabajadores carecen de un Sistema de Seguridad Social que les permita superar la critica, por no decir dantesca, situación que hoy están viviendo.

-Con los pírricos salarios mínimos, menores a dos dólares mensuales y sueldos de hambre, con la congelación de la discusión de los contratos colectivos, con la criminalización y sangrienta represión de las luchas gremiales, la imposibilidad de poder ser atendido frente a un problema de salud por la carencia de coberturas suficientes de seguros HCM y el colapso de los centros hospitalarios de país la ¨revolución¨ socialista del siglo XXI ha condenado a muerte a los trabajadores venezolanos.

-En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos: Ministerio del Deporte, Presidencia del Instituto Nacional de Deporte y Comité Olímpico Venezolano han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como “El saqueo de los recursos presupuestarios y el control totalitario del sector deportivo”.

A manera de síntesis, pudiera decirse que los 22 años del régimen chavista (1999-2021), se han caracterizado por una constante violación de la autonomía de las Federaciones Deportivas y del Comité Olímpico, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con todo lo relacionado al transporte, alimentación y viáticos de las delegaciones que representan al país en eventos internacionales. El leonino convenio para traer 10,000 "entrenadores cubanos". La no transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos económicos del Fondo Nacional del Deporte. La estafa continuada con la solicitud de divisas a Cadivi. El encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales o para eventos internacionales como lo fue el caso del Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay. El grave y progresivo deterioro y abandono en que se encuentra más del 80% de nuestras instalaciones deportivas, lo cual ha generado el alejamiento de las comunidades y población en general de las mismas, consolidándose, además, serias restricciones para el desarrollo del deporte de rendimiento por carecerse de instalaciones adecuadas.

La seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados, profesores y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM que por sus pírricas coberturas, prácticamente los mantienen en condiciones de “condenados a muerte".

Finalmente, los deportistas solicitan al Fiscal Karim Ahmed Khan que, frente a esta sistemática violación de los Derechos Humanos Universales a la vida, salud, educación, deporte, trabajo, salarios dignos se hace impostergable el juicio de la Corte Penal Internacional contra este régimen por delitos de lesa humanidad.

Se percola de la forma en que incursionó recientemente Nicolás Maduro en la Ciudad Universitaria. Fue de noche, sin conocimiento del equipo rectoral, protegido por sus escoltas y acompañado de algunos acólitos. Escogió el momento en que no encontraría a nadie; no podía ser de otra manera. Así podía esquivar el repudio de la comunidad universitaria y escenificar, a solas con los suyos, su cínica oferta de “recuperar” a la UCV. Y como no sabe hablar sin insultar ni ofender a quienes no comulgan con su atraso, les echó la culpa a las autoridades de su lamentable deterioro, tildándola de “chatarra” y comparándola con el Retén de Catia. Para mayor afrenta, nombró “protectora de la UCV” (¡!) a quien venía de fracaso en fracaso en su gobierno, Jacqueline Farías. Incómodamente sentado en un pupitre, quiso hacernos entender que el salón recién pintado en que se encontraba era un comienzo. Porque, en su imaginario, lo que importa de una universidad son sus edificaciones. Pero como suelen albergar seres hostiles a la “revolución”, enemigos que la critican, incurrió en el lapsus mentis carcelario: ahí es, donde merecen estar. Semanas antes había tanteado el terreno su vicepresidente, Delcy Rodríguez, también a la sombra, violentando las puertas para entrar, a la fuerza, a una Aula Magna vacía.

Las universidades han sido instituciones señeras en la modernización. Para ello, ha sido crucial disponer de los grados de autonomía requeridos para cobijar el debate de ideas que nutrían el pensamiento científico y humanístico de los condicionamientos o imposiciones de los poderosos. Como era de esperar, no siempre fue respetada. Ámbitos donde era lícito cuestionar dogmas y supersticiones prevalecientes no eran del agrado de quienes se sentían favorecidos por el orden existente. El avance del conocimiento académico adquiría muchas veces, potencialidad subversiva. Como señalara Schumpeter con relación a la innovación, desataba procesos de “destrucción creativa”.

En el pasado, los que reivindicaban su condición de “izquierda” en Venezuela, no podían sino asumir la defensa de la autonomía universitaria, aunque a veces fuese, no por motivación académica, sino para poner a resguardo, fuera del alcance de los órganos represivos, a quienes se habían alzado en armas contra el gobierno democrático. Por eso Chávez, al asumir tal identificación cuando comenzó su gobierno, incrementó en 2001 la asignación presupuestaria a las universidades, mejorando también la remuneración de profesores y empleados. Previamente, la Asamblea Constituyente que había sido convocada para “refundar la patria”, dominada por sus partidarios, había dado rango constitucional a la autonomía universitaria (artículo 109).

Pero esta luna de miel con la libertad de pensamiento fue de muy corta duración. Para quien se proyectaba como segundo Libertador, redentor de los venezolanos traicionados por una oligarquía que obedecía al “imperio”, el ejercicio autónomo de la opinión crítica, propio de las universidades nacionales, era un golpe indigerible por su inmenso ego. La libertad de cátedra le ofendía. Ese mismo año fue tomado violentamente el salón de sesiones del Consejo Universitario de la UCV por huestes fanáticas que clamaban sustituir sus autoridades legítimas a través de una especie de asamblea constituyente. Detrás de este atropello estaba su vicepresidente de entonces, Adina Bastidas. Aunque la comunidad universitaria, indignada, se movilizó para desalojar a los facinerosos del espacio usurpado –y, lamentablemente, arrasado--, el incidente marcaría, junto con la asfixia presupuestaria y la degradación de la normativa relevante, la relación del chavismo con el mundo universitario.

Siguieron, en los años subsiguientes, numerosas acciones vandálicas por parte de bandas armadas chavistas contra las instalaciones de la UCV, destrozando laboratorios y equipos, y quemando aulas e incluso bibliotecas. Agredían a autoridades, profesores y estudiantes, a veces provocándoles graves lesiones. Tal arremetida fue sufrida, igualmente, por otras universidades autónomas, siendo las distintas sedes de la Universidad de Oriente quizás las más devastadas.

A la par, quienes ocupaban el cargo de ministro de Educación, posteriormente, de Educación Superior y luego, de Educación Universitaria fueron minando progresivamente las potestades administrativas que el régimen autonómico confería a las universidades, sometiéndolas a directrices que bastardeaban la meritocracia y confinaban su quehacer académico. En la Asamblea Nacional, chavistas que antes se daban golpes de pecho por la autonomía, aprobaron una Ley Orgánica de Educación (LOE) cuyo artículo 34 impedía la renovación electoral de las autoridades por la propia comunidad académica.

Pero el arma que a la larga resultó más nociva en esta guerra que el atraso chavista desató contra el conocimiento, fue la asfixia presupuestaria. Para el último año del gobierno de Chávez y a pesar de la bonanza de ingresos petroleros, el presupuesto de la UCV se había reducido, en términos reales, a casi la tercera parte del de 2001. Igual el sueldo profesoral, con el agravante de haberse obliterado los incentivos para el ascenso, al reducirse el diferencial de sueldo entre el mayor escalafón --Profesor Titular, producto de cinco trabajos de ascenso y un mínimo de 15 años de servicio-- y el de quien ingresaba por primera vez como Instructor. Fueron desapareciendo, asimismo, las suscripciones a revistas científicas especializadas, la asistencia a congresos o simposios internacionales, sin hablar del deterioro y cierre práctico de laboratorios, estaciones experimentales y de instalaciones diversas.

Ante circunstancias tan adversas, el espíritu universitario nunca se rindió. Porque la UCV siempre conjuró la vocación de excelencia que residía en la entrega de sus profesores, estudiantes y empleados de servicio a la generación del conocimiento, en interacción con el pensamiento universal en diversas disciplinas, resultado de muy variadas opiniones. La promoción y difusión de estos saberes ha enriquecido, material y espiritualmente, la vida de los venezolanos a través del tiempo.

Lamentablemente, llegó terminator. La solución de Nicolás Maduro para acabar con las universidades fue simple: destruir el país, ya que así destruía también a la Universidad. “Muerto el perro, se acaba la rabia”. El presupuesto asignado este año a la UCV no llega al 3% del solicitado; el sueldo de un profesor Titular, a dedicación exclusiva, apenas supera los USD 10 por mes; se han registrado muertes de profesores por inanición y muchos se han visto forzados a proseguir sus actividades académicas migrando a otros países; igual muchos estudiantes, en detrimento de la matrícula en la UCV, que ha caído en un tercio. Para mayor tragedia, la pandemia ha afectado gravemente a la institución. Ante este cuadro de devastación, aparece su verdugo anunciando que va a “recuperar” a la universidad.

La UCV, aun en sus mejores tiempos, presentaba defectos e insuficiencias. Y los que integramos la comunidad siempre tuvimos conciencia de ello. Quien esto escribe coordinó, durante varios años, el Plan Estratégico de la UCV, consensuado a través de consultas a facultades y escuelas, institutos, empleados y también a la dirección estudiantil. Reunió numerosas propuestas para transformar a la institución, poniéndola más a tono con los desafíos planteados por el avance del conocimiento a nivel mundial y por las exigencias del desarrollo nacional. En las condiciones descritas, poco pudo avanzar. Porque es una labor que sólo puede rendir sus frutos con los recursos requeridos, en un ambiente de libertad académica, ajeno al a los intereses primitivos que, amparados en las bayonetas, procuran someter a la institución a los dogmas del pensamiento único.

Maduro sueña con sofocar la libertad de cátedra. Para eso, designó a Tibisay Lucena al frente del ministerio de Educación Universitaria. El próximo paso será designar autoridades chavistas. ¿No será tiempo de convocar a la comunidad a movilizarse en ejercicio de sus prerrogativas autonómicas, consagradas en la constitución, para renovar las autoridades, proceso largamente postergado por imposiciones de la LOE, pero asegurando que estas elecciones obedezcan a preceptos académicos?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

En muchos casos, como ha señalado en varias oportunidades Acceso a la Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha extralimitado en sus atribuciones y ha usurpado el papel del legislador, en vez de limitarse a su rol de intérprete del ordenamiento jurídico en un caso concreto para dirimir un conflicto o controlar el poder político y proteger al ciudadano, que es su verdadero rol.

Al efecto, recordemos los casos en los que la Sala Constitucional cambió tanto el procedimiento como el órgano competente para juzgar el desacato a un mandamiento de amparo, con el fin de sancionar ella misma a los alcaldes opositores en los años 2014 y 2017. Esas decisiones tenían un evidente carácter político y persecutorio, y es uno de los ejemplos más claros de cómo el Poder Judicial venezolano pasó de ser un simple apoyo del Poder Ejecutivo a convertirse en agente de la represión.

Sin embargo, existen casos en los que, de manera bastante tímida, el TSJ toma decisiones que, sin cambiar los graves vicios que aquejan a la administración de justicia en Venezuela, hacen mejoras para el ciudadano. Esto ocurrió concretamente en dos sentencias del 9 de julio de 2021, una de la Sala Constitucional (SC) y otra de la Sala de Casación Civil (SCC), en las que ambas modificaron normas legislativas en pro del acceso a la justicia.

La sentencia de la Sala Constitucional

En su sentencia n.º 282, la SC modificó el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Dicha norma establecía originalmente:

«Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales».

No obstante, en el fallo redactado por el magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, se alteró la última parte de esa norma para señalar que en los juicios agrarios se pueden aplicar «supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil».

La decisión la tomó la SC al avalar una decisión que el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Barinas adoptó en 2017 al resolver una disputa sobre una partición de tierras entre los herederos de un ganadero, en la cual también desaplicó una serie de artículos del Código de Procedimiento Civil para resolver el asunto.

La instancia consideró que la norma reformada abría las puertas a procesos escritos más lentos y engorrosos, algo que, a que su criterio, violaba lo dispuesto en la carta magna.

En la sentencia del Juzgado Primero se lee lo siguiente:

«En el presente caso la contradicción se cristalizó en una verdadera antinomia entre el trámite del procedimiento especial de partición y la eventual aplicación del procedimiento civil ordinario del Código de Procedimiento Civil en los términos expuestos supra, como consecuencia del contenido del artículo 252 y la última parte del artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que entra en franca contradicción a los criterios vinculantes de la Sala respecto a “la necesaria abolición de la aplicación del derecho civil, a instituciones propias del derecho agrario, más aun con la existencia de un cuerpo legal que lo regula, por lo que la aplicación del procedimiento ordinario regulado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (…) encuentra pleno fundamento en las características propias de la competencia agraria, tal como se desprende de la jurisprudencia vinculante de esta Sala antes mencionada (sentencia n.° 1.080 del 7 de julio de 2011, ratificada en la n.° 1.135/2013)».

De este modo, el hecho de que se opte por un procedimiento oral, resulta en una evidente mejora para las partes en el proceso, pues permitirá una mayor agilidad del mismo.

La sentencia de la Sala de Casación Civil

La SCC dictó su sentencia n.º 243 el mismo día que la SC; en este fallo reformó dos artículos del Código de Procedimiento Civil vigente, por considerar que los mismos creaban «lapsos muertos donde no se realiza ninguna actividad».

La decisión la adoptó la instancia al desechar un recurso de casación contra un fallo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del estado Táchira en un juicio por servidumbre de paso. Al revisar el caso, la instancia llegó a la conclusión de que los artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil vigente generaban tardanza en los procesos, al obligar a los jueces y a las partes a esperar hasta la culminación de ciertos límites temporales para poder intentar otras acciones.

En el fallo redactado por el magistrado Guillermo Blanco, vicepresidente de la SCC, se estableció que:

«Los artículos previamente citados dejan dudas sobre la eficacia de la preclusión de los lapsos procesales en estado de sentencia, que en muchísimos casos generan lapsos muertos o inactivos, por lo cual esta Sala realiza una interpretación del artículos 515 y 521 del ordenamiento jurídico procesal civil, en armonía con los principios del debido proceso, tutela judicial efectiva, celeridad procesal y economía procesal, establecidos en la Carta Política del año 1999, dejando a un lado los formalismos no esenciales, así, por ejemplo (verbi gratia) si el juez dicta sentencia al quinto (05) día calendario de los sesenta (60) que tiene para decidir, resulta a todas luces desproporcionado, dejar transcurrir íntegramente el lapso restante de cincuenta y cinco días (55) a los fines de que se interpongan los recursos establecidos en la ley, en tal sentido: 1) una vez que el juez dicte la sentencia dentro del lapso procesal para ello, inmediatamente deberá ordenar la notificación de las partes haciendo uso de los medios tecnológicos de comunicación (correo electrónico, mensajería de texto) o los medios ordinarios previstos en la Ley); 2) una vez que conste la notificación de la última de las partes, comenzará a correr el lapso para la interposición de los recursos. De esta forma, se enaltecen los valores superiores del ordenamiento jurídico de los cuales resaltan la tutela judicial efectiva, la celeridad y economía procesal, sin sacrificar la justicia por meros formalismos, evitándose de esta forma una agonía procesal, de esperar la culminación del lapso de sentencia, para ejercer los recursos de Ley».

Originalmente, las normas daban a los jueces 60 días para dictar su sentencia en caso que fuese definitiva y 30 días para el caso en que fuese interlocutoria, una vez recibidos los informes y pruebas de las partes. No obstante, ambas disposiciones establecían casi idénticamente que «este término se dejará transcurrir íntegramente a los efectos» de la apelación y/o recurso de casación. Es decir, los jueces, aunque decidieran antes, debían esperar a que el tiempo pasara para poder publicar su decisión y así permitir a las partes accionar.

Como puede apreciarse, los cambios introducidos por la SCC son de mayor envergadura que en el otro caso antes mencionado, y efectivamente reescriben la literalidad de la norma. En ese sentido, es evidente que se está legislando, pero no por ello podemos desconocer que lo dictado representa una mejora para los litigantes, que no tendrán lapsos de espera inútiles y con ello el proceso se hará más rápido.

TSJ: ¿intérprete o legislador?

Llegados a este punto, ¿debemos aceptar que el TSJ sea el legislador en el país y que cambie normas sin el concurso del poder que debe efectivamente legislar?

No es fácil distinguir a veces hasta qué punto un juez interpreta una norma o va más allá y la reforma, y menos aún, cuando se trata de un Poder Judicial como el venezolano, que no es ni imparcial ni independiente, que no está constituido de acuerdo con la Constitución y que solo sirve a los intereses del Poder Ejecutivo.

Ahora bien, independientemente de la situación del Poder Judicial en Venezuela, hoy en día está claro que el juez ya no es la boca que pronuncia la ley, como decía Montesquieu, sino que se le considera más bien una suerte de guardián de los derechos humanos (Guarnieri y Pederzoli,1999, pp. 70 y 71 ), y para ejercer ese rol debe interpretar la norma jurídica, pudiendo completarla y adaptarla en caso de lagunas, ambigüedades y anacronismos, cuando se trata de la defensa de derechos humanos, y sobre todo cuando ello implique la protección de los mismos y que traduzca en una real y efectiva garantía para su defensa.

No obstante, es importante no incurrir en la falsa creencia, como hizo más o menos el Derecho libre, que el juez tiene «una virtud taumatúrgica capaz de sanar milagrosamente los defectos de la legislación», o que «le atribuyamos alguna función política autónoma» donde «el Derecho es lo que los jueces dicen que es», pues en tal caso prácticamente no sirve de nada disponer de una Constitución, ni de tratados de derechos humanos. Esto, en efecto fue lo que pasó en Venezuela desde inicios del siglo XXI, cuando se empezó a hablar de un Estado de justicia por encima de un Estado de derecho, con lo cual el Derecho ha sido vaciado de su contenido para tener un contenido político (ver por ejemplo la sentencia n.º 1547 de la SC del 17 de octubre de 2011).

Ello nos lleva entonces a ponderar la trascendencia de estos cambios del TSJ, que, pese a ser positivos, no implican cambios estructurales a la falta de independencia e imparcialidad de los jueces ni garantizan siquiera una solución real al retardo procesal. En este último supuesto, debemos recordar que la introducción de la oralidad en el proceso penal no ha impedido el retraso de las causas, y por lo mismo, tampoco tendrá mayor incidencia el acortamiento de lapsos puntuales en el proceso civil.

Dicho esto, debemos apreciar en su verdadera magnitud unos cambios que a pesar de promover el acceso a la justicia, no van al meollo de los problemas que aquejan la administración de justicia en Venezuela, calificada en el ámbito civil –que es la que se ocupa de los dos casos comentados en esta nota–, como la penúltima de 139 países evaluados según el estudio realizado en 2021 por la organización internacional World Justice Project.

Por ello, concluimos que las mejoras introducidas son positivas en general, pero en el contexto venezolano, no dejan de ser cambios insignificantes en la tragedia que es la justicia venezolana.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La recurrente práctica del TSJ de reescribir leyes, interpretarlas, anularlas o desaplicarlas según el caso, pone de manifiesto la gravedad de la crisis institucional en la que está sumida Venezuela y lo desdibujado que está el modelo de Estado de derecho diseñado en la Constitución de 1999, donde unas modificaciones normativas, no cambian en modo alguno el modelo de injusticia que impera en el país.

De ahí que el venezolano de a pie, el que tiene testimonios de injusticia cotidiana, el que no es escuchado por la justicia, nada debe esperar de unos cambios que para él solo significarán más de lo mismo.

2 de noviembre 2021

https://accesoalajusticia.org/dos-sentencias-y-un-dilema-el-tsj-interpre...

El régimen destructivo puede lograr que la votación del 21 de noviembre no tenga la contundencia necesaria para reclamar un movimiento unido y masivo por el cambio. Pero lo va a convertir en la oportunidad para un ¡basta ya!, indignado con tanta destrucción y corrupción. Los venezolanos y los demócratas del mundo tenemos que hacer escuchar el grito de rebeldía ante la decisión del régimen de perpetuar la humillante ruina del país y también expresar nuestro repudio a algunos dirigentes y candidatos opositores que olvidan la tragedia nacional anteponiendo sus ilusas aspiraciones. Partidos y candidatos (con honrosas excepciones) nos han defraudado con su mezquina pequeñez cuando más necesitamos grandeza y visión.

Pero el 22 la mayoría del pueblo se puede encontrar con que sus diferencias se unen en la común indignación y rebeldía existencial que exige un urgente cambio de salvación nacional. Por eso yo votaré. Ruina y repudio. Hace un cuarto de siglo una mayoría venezolana, indignada por una dirigencia sorda ante el grave malestar nacional, buscaba un cambio radical, que se hizo palabra y emoción en el verbo de un militar mesiánico. Comprendemos esa opción, pero ahora la catástrofe es tan estrepitosa y mortal (75% con ingresos de pobreza extrema que lleva a Venezuela a disputar el primer puesto de miseria con Haití, la producción nacional reducida al 25%, más de 5 millones de venezolanos en el exilio, y el régimen en el podio mundial de la corrupción, burlándose con la paga de 7 bolívares mensuales para los pensionados.

Todo esto con la olla de corrupción y delincuencia destapada con los casos de Alex Saab, Hugo Carvajal, Claudia Díaz… y el escándalo de la muerte en prisión del general Raúl Baduel. Por eso y más es intolerable y perverso que el régimen amañe elecciones para continuar despreciando el creciente sufrimiento multicolor de millones de venezolanos. Un régimen con 85% de rechazo e incapaz de reconocer y de corregir el desastre impuesto por él, debe seguir el ejemplo de Emparan y renunciar: Si no me quieren, yo tampoco quiero mando. Entonces los cabildos se volvieron fuerza local para exigir la independencia nacional frente a un régimen caduco, incapaz y ajeno.

Hoy serán millones, que votando en contra o absteniéndose, coinciden en el ¡Basta ya! Indignado. Grito acallado de millones de gargantas distintas, aunque los líderes parecen incapaces de recoger esa coincidencia. La dictadura comunal cocinada. El Partido Comunista cuando toma el Estado se apropia de él dictatorialmente y dice que la población se libera hegelianamente de su alienación al identificarse con ese Estado-Partido único donde los proletarios encuentran su esencia liberada. Por ello la república comunal y la república soviética se alimentan de la sumisión impuesta desde arriba por el partido, que se gloria de ser “vanguardia lúcida”. El fracaso histórico de esta propuesta es estrepitoso y evidente en todos los regímenes comunistas del mundo; todos han implosionado, salvo Corea del Norte, Cuba y Venezuela.

El 21 saldrán derrotadas dos miopías: la del régimen que con solo el voto del 25% o 30% tratará de secuestrar el deseo de cambio del 75% y perpetuar la destrucción nacional; y por otro, el modo trasnochado y egoísta de hacer política de la oposición sin unir fuerzas para la reconstrucción nacional. Si el régimen es tan irresponsable que no se va, hay que echarlo y para eso está el referéndum revocatorio. Renacer político desde la sociedad civil. La derrota obligará a la sociedad civil, y a los brotes renovadores de los partidos a resurgir con audaz novedad en el marco de los principios constitucionales y derechos humanos básicos, hoy pateados a la salida con la negociación indispensable. Luego de las rebeldías y frustraciones en torno al 21N y la cínica pretensión de perpetuar la miseria dictatorial, desde la sociedad civil tendremos que caminar aceleradamente hacia la democracia social-productiva y la reconstrucción nacional. Tomará más fuerza la realidad denunciada por los obispos venezolanos hace un año (30-11-20): “Aún deben realizarse las elecciones presidenciales, pues las de 2018 estuvieron signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al actual régimen, a los ojos de Venezuela y de muchas naciones, como un poder de facto.

La voluntad mayoritaria del pueblo venezolano es dilucidar su futuro político a través de la vía electoral. Esto implica una convocatoria a unas auténticas elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales con condiciones de libertad e igualdad para todos los participantes, y con acompañamiento y seguimiento de organismos intencionales plurales”. Surgirá también con más fuerza la alternativa del referéndum revocatorio para la salida de quien impide la vida y el bien común en el país.

El régimen que domina y anula a Venezuela es un cáncer invasor que amenaza extenderse por América, prometiendo vida y produciendo muerte. Es imposible que salgamos de esta tragedia sin un decidido apoyo internacional que traiga una reconstrucción económica con inversión productiva millonaria de miles de empresarios y millones de trabajadores en el marco de una política basada en la dignidad de cada persona, con un pacto social para un Estado que no es dictadura sino una Constitución e instituciones que consagran dignidad, solidaridad y fortalecimiento descentralizado de la creatividad de personas, empresas e instituciones.

Es necesario que a partir del 21 de noviembre la sociedad que clama liberación escuche su dolor y haga escuchar al mundo nuestro ¡Basta ya!, encendido por la indignación.

2 de noviembre 2021

El Nacional

https://www.elnacional.com/opinion/basta-ya/

Hay vientos de Fronda en el ambiente. Algunos venezolanos propician intentos de golpe de Estado. Uno de ellos para derrocar la dictadura del usurpador Maduro. El otro para enterrar al gobierno interino del presidente Guaidó ¿Se justifican? ¿Son propicias las circunstancias para los mismos?

El intento contra Maduro: En ciertos sectores priva la idea de que todos los golpes de Estado son perversos y que el desenlace siempre es negativo. La pregunta es qué hacer ante un régimen dictatorial que asesina, encarcela, tortura, obliga a los ciudadanos a buscar refugio en otros países en búsqueda de sustento, de seguridad y de calidad de vida y, además, cierra la salida de unas elecciones transparentes. Teóricamente, se justifica una insurrección popular o una intervención militar que ponga fin a los sufrimientos de la población y permita el establecimiento de un gobierno democrático. Cierto que a veces el remedio resulta peor que la enfermedad, pero sin duda en muchos casos los golpes de Estado produjeron resultados positivos.

El punto a discutir es si están dadas las condiciones para el éxito de una insurrección popular o para una intervención militar. Hay gran descontento en la población, lo cual se evidencia en las protestas diarias por falta de los servicios básicos, las denuncias de los atropellos del régimen, los casi seis millones que han tenido que emigrar y 254 presos políticos, además de miles con medidas cautelares. Del total de presos, 132 son militares. Los presos están en condiciones deplorables y sin la debida atención médica, algunos han sido asesinados o torturados, cientos de oficiales han sido dados de baja y hay numerosos exiliados. Sin embargo, la represión y control que ejerce la dictadura determinan que sea poco probable, al menos por el momento, una insurrección popular o un levantamiento militar. Mucho menos probable es una intervención de otros países bajo los diferentes tratados internacionales, los cuales se justifican, pero que ningún gobierno amigo desea aplicar.

¿Qué hacer el 21N?: Ante esta realidad, un grupo plantea con razones válidas que no se debe votar el 21N, debido a que los tradicionales ventajismos y trampas del régimen volverán a ser avaladas por un CNE, cuyos rectores fueron seleccionados a dedo. Un segundo grupo alega que votar es reconocer al gobierno usurpador y al CNE. Este es un argumento muy débil. Votar por un candidato demócrata no es reconocer a los usurpadores, sino luchar contra viento y marea para intentar no seguir con gobernadores y autoridades municipales del PSUV, el partido totalitario del régimen. Otros no quieren votar porque no les gustan nuestros candidatos. Sin duda hay algunos que no satisfacen nuestras aspiraciones, pero no pueden ser peores que los rojos. Un pequeño grupo no tiene intención de votar porque esta elección no resolverá los problemas del país, lo cual es no apreciar la importancia de los comicios regionales, así como la necesidad de prepararnos para un eventual referendo revocatorio presidencial.

Se pueden entender algunas de las razones, pero la pregunta es qué perdemos con acudir a votar y qué otra opción tenemos. Abstenerse cuando no hay ningún candidato de oposición es una señal al mundo de rechazo al proceso electoral y al régimen. Como habrá candidatos de la oposición, abstenerse facilita el triunfo de los oficialistas y envía una señal confusa, que puede ser interpretada como aceptación popular del régimen o simple desidia. A los partidos y candidatos corresponde reflexionar para que se retiren los que tienen menos opción de triunfo, así como tener testigos bien formados en todas las mesas y que no se retiren sin las actas. Al resto de los ciudadanos corresponde votar masivamente para disminuir las probabilidades de trampa. A los observadores internacionales les incumbe denunciar severamente las irregularidades.

El intento de golpe contra Guaidó: Este es un caso inédito. Es un intento de golpe de Estado de parte de la oposición democrática, en contra de un gobierno interino democrático de la propia oposición. El “delito” por el cual quieren defenestrarlo es por no haber puesto fin al régimen de Maduro, fracasando en el intento de motivar a los militares a que actúen en defensa de la Constitución. ¡Qué insensatez! El presidente Guaidó es reconocido por los principales gobiernos democráticos del mundo y es el único argumento para proteger a nuestros activos en el exterior. Ningún otro dirigente de la oposición tiene más aceptación que él, y si alguno estuviese en su lugar tampoco hubiese puesto fin a la usurpación. Guaidó tiene que evidenciar su disposición a investigar los casos de corrupción entre los suyos y aplicar las sanciones correspondientes. Ojalá recapaciten quienes intentan un 18 de Brumario contra Guaidó sin contar con las fortalezas de Napoleón, ya que pueden estar cavando su propia tumba política.

Hace muchas décadas leí Técnicas del golpe de Estado, de Curzio Malaparte. No recuerdo citas textuales, pero recurriendo a Google encontré la traducción hecha por Julio Gómez de la Serna, de la que extraigo la siguiente cita sobre el adversario de Stalin en la lucha por el poder: Era orgulloso, egoísta, impaciente, dominado por su ambición e imaginación… Sus partidarios se lanzaron contra la coalición con los ojos cerrados, dejándose atrapar en la red de intrigas, de emboscadas, de traiciones, empezando a desconfiar unos de otros. Como sabemos, Stalin no fue derrocado. Ese oponente, que tampoco es de mi simpatía, se llamó Trotzky. Ojalá los dirigentes de la oposición reflexionen al respecto.

Como (había) en botica:

El prestigioso abogado Enrique Sánchez Falcón, Procurador Especial del Gobierno Interino, desmintió contundentemente las aseveraciones de Julio Borges sobre la defensa de los activos de Venezuela en el exterior.

Mary Guanique fue una excelente profesional del área de recursos humanos de la Pdvsa meritocrática. Sus compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol lamentamos su partida. Que descanse en paz.

Expresamos nuestro sentido pésame al apreciado amigo Oswaldo Álvarez Paz por el fallecimiento de su hermano Fernando, venezolano distinguido.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Antes de que le dé un ataque de mal de rabia, le pido que lea este artículo hasta el final. Ahí estará mi cuenta de Twitter si quiere insultarme. Pero hágalo después de leerme.

La oposición venezolana, la oposición de verdad y no el saco de gatos (¿o más bien saco de alacranes?) que quieren hacernos pasar como opositores, vive su peor momento. Cuando el G4 decidió ir a pesar de todo a las elecciones del 21 de este mes, no pudieron ponerse de acuerdo en nombrar candidatos únicos. Y por supuesto, no todos son Roberto Patiño, mejor dicho, la excepción fue Roberto Patiño, quien dio una lección de gallardía moral y coherencia política al declinar la postulación. Tampoco pudieron escoger a los candidatos más idóneos para los estados y los municipios. Hay unos que francamente están peor seleccionados que Vielma Mora en Carabobo, que ya es bastante decir. ¿Con qué autoridad critican al chavismo?

En este escenario tan desolador, permanece la figura de Juan Gerardo Guaidó Márquez, quien sigue siendo reconocido como el representante del interinato en Venezuela. Es el interlocutor válido con las democracias más sólidas del mundo. Pero en esta locura que vivimos, donde dudamos de todo y de todos, pero a la vez -y paradójicamente- creemos todo lo que circula por las redes, hay ciertos grupos que han decidido destrozar a Guaidó. Ya no necesitamos a los bots chavistas para que circulen informaciones falsas como las que aseguran que Guaidó se robó los fondos de la ayuda humanitaria o más recientemente, los de Monómeros, por ejemplo.

Me han dejado boquiabierta las declaraciones de Julio Borges, a quien en varias ocasiones he defendido a capa y espada. Por cierto, el viernes pasado el Procurador Especial Enrique Sánchez Falcón le salió al paso desmintiendo todas sus aseveraciones. Yo también tengo preguntas para Borges: ¿por qué si PJ tenía un representante en la Comisión de Administración del Interinato y había corrupción, no lo denunció sino hasta ahora? ¿Por qué si crees que “el interinato murió” sigues siendo el canciller?

En el caso de Monómeros, fue una diputada de PJ, Bibiana Lucas, presidente de la comisión especial de la AN que investigó el caso, justamente, quien aclaró que “Lo que nos arroja es que Monómeros no está quebrada, eso es muy importante. Nunca ha estado quebrada. Monómeros lo que tiene es un problema de flujo de cajas por el acceso al mercado de divisas o a las bancas, pero Monómeros es una empresa súper noble que no sé cómo ha resistido ante tanto ataque”.

Por eso, amigo lector, cuando usted retuitea furibundo informaciones que le llegan ¿se ha cerciorado antes de que sean ciertas? ¿Puede, con su conciencia tranquila, acusar de ladrón a alguien que quizás no lo sea? ¿Le gustaría que le hicieran eso a usted?

Guaidó se echó sobre sus espaldas la carga de sacar a un régimen que ha demostrado en un sinfín de oportunidades que no tiene límites de ningún tipo. Que está dispuesto a lo que sea con tal de mantenerse en el poder y cuentan con que dentro de la oposición nos estamos destrozando entre nosotros mismos. Es cierto que en 2019 no se cumplió el cese de la usurpación y que eso desmoralizó a muchos y engrosó la lista de la diáspora. Les recuerdo que a principios de 2020 entramos en pandemia, un escenario que no hizo sino darle un respiro al régimen de Maduro por un rato. Pero hoy estamos mucho más fuertes para negociar y exigir que en 2019. Las sanciones están resquebrajando al chavismo desde adentro. Hay quienes quieren negociar, porque se ven el agua llegándoles al cuello. Todos desconfían de todos, y no solo porque las cabezas de algunos tienen precio. La extradición de Alex Saab a Estados Unidos y el Pollo Carvajal cantando más que un gallo en España antes de ser extraditado, son temas que los tienen preocupados al máximo. Si se sentaron en la mesa de negociación en México era porque se sentían débiles. Patearon la mesa en un acto de malacrianza por Alex Saab, pero casi pongo la mano en el fuego de que van a volver a sentarse.

Guaidó es la persona, a pesar de todo, que tiene mayor porcentaje de aceptación en las encuestas. Pero de su mismo lado lo quieren defenestrar. ¿Acaso están jugando al “juego del calamar”? ¿No se dan cuenta de que en ese juego la mayoría sale muerta?…

Apenas la semana pasada, Guaidó se reunió con el jefe de la mayoría del Senado estadounidense, Dick Durbin, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez y el presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado para el hemisferio occidental, Tim Kaine, quienes una vez más le expresaron su disposición a seguir presionando hasta conseguir elecciones presidenciales libres y a poner coto a la terrible crisis humanitaria que hay en el país. Y repito, Guaidó sigue siendo el representante del país que se niega a seguir bajo la garra del chavismo frente a las democracias más sólidas del mundo. ¿Es que acaso eso no tiene valor?

Aquí tenemos que navegar juntos. Y el capitán, les guste o no, es Juan Guaidó, que además necesita a su tripulación que trabaje de forma organizada y coherente. Estoy segura de que cuando esta pesadilla termine, tendremos que agradecerle su valor, su entrega y su trabajo. Y muchos tendrían que pedirle disculpas por haberle levantado falsos testimonios. Pero yo que lo conozco, sé que la libertad de Venezuela será su mayor recompensa.

@cjaimesb