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Opinión

Luis Manuel Aguana

No hay reunión a la que se me invite donde alguien, conocido o no, te diga “¿Constituyente? ¡Eso toma mucho tiempo y el régimen la impediría!”. He decidido ya no contestar algo a lo que me he dedicado a responder por escrito de múltiples formas y en diferentes oportunidades y medios. Tal vez esta sea una más, pero las respuestas como las realidades se transforman con el tiempo. Si alguien me diera un bolívar devaluado por el tiempo que ha pasado, cada vez que me han hecho esa pregunta, hubiéramos hecho esa constituyente al menos unas 10 veces y yo fuera millonario en dólares.

Creo muy importante para todos nosotros actualizar la respuesta a ese “cómo” constituyente, no solo porque las condiciones políticas del país cambiaron sino porque ahora el régimen y su oposición sumisa se han montado en una estrategia de “normalización”, que aunque difícilmente la población les compre porque todavía se está pasando hambre y miseria por todo lo que ya sabemos, y en especial los compatriotas que no viven en Caracas, se pretende vender al exterior y al interior del país, la percepción de que los venezolanos ya pasamos la etapa de confrontación con estos delincuentes y nos disponemos a convivir con ellos, por lo que debemos movernos hacia una etapa de coexistencia. Si esto es reforzado por una sociedad civil firmante de cartas al mundo pidiendo el ablandamiento de las sanciones, seremos nosotros mismos quienes estaremos clavando los clavos del ataúd donde nos enterrará el régimen.

En primer lugar, debo aquí darle un énfasis especial a que el proceso constituyente en sí ya ha sido comprado por la mayoría de los venezolanos, al menos por aquellos que tienen de manera genuina un amor por este país y creen que es necesaria la reconstrucción (o construcción) de una nueva institucionalidad para la República. Que si bien es cierto, algunos difieren de nuestro proyecto de descentralización y federación, si opinan necesario e importante discutir un país para las nuevas generaciones después de la destrucción que se ha hecho. Donde existen las diferencias es en el cómo llegamos a él. Y esto ha sido la piedra de tranca en las discusiones de nuestro proyecto en ANCO.

En este punto debemos diferenciar dos cosas: si aquí estamos hablando de hacer una Constituyente para salir del régimen, o si estamos hablando de una constituyente para Refundar la Nación. Porque aunque ambas cosas no son excluyentes, pero si son dos conceptos que aplicados juntos, le restan fuerza a lo que fundamentalmente fue el planteamiento original de ANCO, que nos es otro que lograr el cambio del paradigma del poder en Venezuela.

Debo establecer que yo no fui ganado a este proyecto hace años con el fin conceptual de “salir del régimen de Chávez”. Eso debía producirse como una consecuencia de que se entendiera a cabalidad el objetivo superior de discutir las bases institucionales del país. Que para hacer eso era indispensable que el régimen fuera depuesto antes de comenzar a establecer las nuevas bases fundacionales de Venezuela y para eso nosotros proponíamos un proyecto que ahora llamamos El Gran Cambio.

Sin embargo, en algún momento del recorrido de este camino, se confundió la chicha con la limonada, y la gente pensó que la Constituyente era una suerte de veneno para matar el régimen autoritario que nos oprime. Y eso podía ser así si se entendiera que si eso es lo que el pueblo venezolano desea, entonces al convocar al Constituyente, sea ese mismo pueblo el que decida hacer eso a través de su representación legítima.

Pero lamentablemente la historia Constitucional de Venezuela nos refiere a que eso no se ha hecho nunca de esa manera en nuestro país. Que las Constituyentes han salido como el resultado de los deseos de un gobernante que llega nuevo al poder y convoca al constituyente, como lo hizo Hugo Chávez Frías en 1999. Esa manera de hacerlo le da a ese gobernante la posibilidad de manufacturar una constitución a su medida –como la hizo Chávez- para mantenerse en el poder. Es por eso que es muy importante que los venezolanos entendamos, que salvo que convoquemos previamente al Constituyente, esto es, con el gobernante actual en funciones, el próximo que venga puede perfectamente impedir la iniciativa o convocarlo a su medida.

De allí que nuestra primera opción sea convocar al proceso constituyente antes que exista un nuevo gobernante y que el pueblo decida a través de su representación legítima qué hacer con el ocupante ilegítimo de Miraflores, establecer un nuevo gobierno transitorio, discutir un nuevo Pacto Social que se refleje en una nueva Constitución, para luego convocar unas elecciones basadas en las reglas de una nueva Carta Magna.

Estas explicaciones no son simples de hacer en el medio de un café. Proponer un camino inédito siempre ha sido muy cuesta arriba para los proponentes. De allí que todo el mundo nos diga “¿Constituyente? Muy bien, ¡pero eso hay que hacerlo después!”. Pero luego no se hará o se hará a la medida de quienes ocupen el poder en ese momento posterior. Entonces deberemos garantizar que en caso de realizarse una Constituyente posterior a la salida del régimen seamos los suficientes en el país con la conciencia clara para impedir una desviación semejante a la de Chávez en 1999.

Esto último nos lleva a la siguiente conclusión: ¿Podremos convencer un país que lo único en lo que piensa es en poder salir de esta tragedia primero, antes de pensar en otra cosa? Tal vez podamos hacerlo, pero el tiempo nos consume. La Constituyente no es un fin en sí mismo. Es un medio para discutir un proyecto de país, y que requiere previamente haber resuelto el tema de un gobierno legítimo y estable. Y aunque eso es responsabilidad de quienes en el sector político han olvidado sus obligaciones para con los venezolanos, alguien debe reflexionarlo para que podamos creer en un futuro mejor para nuestros hijos y nietos en este país.

El planteamiento que estamos haciendo ahora pasa porque todos los protagonistas de esta tragedia nos sentemos a discutir el país a través de una Constituyente. Creo que no es un mal planteamiento, aunque suene utópico. ¿Y quiénes son esos protagonistas? La Comunidad Internacional (encabezada por los EEUU), la oposición reconocida por esa Comunidad Internacional, los venezolanos organizados a través de sus organizaciones de la sociedad civil que no se siente representada por nadie por un sinfín de válidas razones, y finalmente el régimen. Ese es el verdadero diálogo. Todos los involucrados. Ese es nuestro “cómo constituyente”. Esa es la manera en como el régimen permitiría hacer una Constituyente, y la manera en que ese mismo régimen estaría obligado a cumplir el mandato que salga del pueblo venezolano, al salir de un verdadero acuerdo donde una Comunidad Internacional participe y obligue al régimen a cumplir con las obligaciones que salgan de ese diálogo entre 4 partes. De esta forma no existiría vencido y vencedor.

Si se desea una paz real en este país, deberemos construirla entre todos. Un diálogo entre dos partes que no representan al pueblo venezolano no tiene ningún valor. Y si la Comunidad Internacional, comenzando por los EEUU, creen que tendrán estabilidad en Venezuela y en la región por cualquier cosa que salga de México, no han entendido a los venezolanos. Mientras tanto, los venezolanos seguiremos evaluando nuestras opciones, cualquiera que estas sean…

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Luis Ugalde

Alarma la aparente inactividad e indiferencia de los diversos responsables de la educación ante la ruina de la escuela venezolana en todos los niveles. ¿Será que piensan ocultar la realidad con falsas palabras? Es fuerte el poder de la propaganda con los medios controlados, pero tiene unos límites, más allá de los cuales se cae en el ridículo y la indignación de los sufrientes y su diario vía crucis.

Sabemos que más de 80% vive en pobreza de ingresos, agravada por el deterioro de los servicios públicos como luz, agua, sistema de salud y de previsión social, educación….Cientos de miles de jubilados profesionales tienen dificultad para la comida diaria, los trabajadores del sector público ganan menos de 10% de lo necesario y los niños y jóvenes están sembrando un futuro de miseria con este sistema educativo en ruinas. En esto ha quedado el prometido milagro socialista, luego de 23 años de dominio.

De la renta al talento
Durante unos 70 años, desde 1916, Venezuela se transformó gracias a la irrupción petrolera, de un pobre país rural y analfabeto de 3 millones a un país urbano de 30 millones más educado y productivamente mejor equipado; es lo que llaman capital humano. La cuantiosa renta petrolera sirvió de palanca para transformarse en un país modernizado con un sostenido crecimiento de 6% anual, con escasa inflación durante más de medio siglo. También creció esa riqueza humana nacional con cientos de miles de trabajadores venidos de decenas de países que renacieron en esta tierra y la enriquecieron con sus talentos y habilidades eficientes.

Una de las formas más exitosas de la “siembra de petróleo” fue la educación. Fundamentalmente, desde 1958, se levantaron escuelas en todos los pueblos como luces de esperanza. También se abrieron centenares de centros universitarios en todas las regiones: universidades creadas y financiadas por el Estado a las que se sumaron las autofinanciadas y creadas por diversas iniciativas sociales. Al morir el dictador Gómez en el atardecer de 1935 el número total de estudiantes universitarios no llegaba a 900 en 3 o 4 ciudades y con la democracia llegaron a más de 1.000.000 en 1998. Además con la democracia miles de venezolanos recibieron apoyo público extraordinario para estudios de postgrado en el exterior con la convicción de que no hay democracia sin pueblo capacitado y educativamente empoderado. No todo se hizo bien, pero en contraste con la actual oscuridad educativa, fueron tiempos luminosos.

La ruina del Estado y los retos de la Sociedad
Terminamos el siglo XX con el modelo económico agotado y necesidad de cambio, pero con falsas ilusiones de promesas mesiánicas: el Caudillo y el Estado totalitario aplicarían la alquimia socialista para convertir el barro en oro repartido. Pero el milagro resultó al revés: lejos de potenciar el talento creativo con ética y trabajo, reforzaron la enfermedad de la “renta petrolera” estatista, con saqueo y sin cultura productiva, arruinaron la industria petrolera que hoy no alcanza a cubrir las necesidades de un Estado reducido y endeudado, que ha arrastrado a la miseria al país que se sostenía recostado en sus dólares.
Ahora estamos en el cruce de caminos: seguir hundiéndonos en la miseria o apostar en serio al talento de los venezolanos, que no está en los pozos petroleros. El Estado está en la miseria, pero la sociedad venezolana y su talento son infinitamente más ricos que en 1930, aun con el éxodo de seis millones de personas. Pero hay que activar esa mina humana, con una sistemática elevación de la productividad (hacer más con menos y mayor talento). La clave está en la educación, vinculada al desarrollo de una cultura eficiente de una ciudadanía renacida y de bienes económicos y materiales. Para ello, la hegemonía tiene que pasar del ruinoso Estado a la sociedad productiva. Somos estatalmente pobres en cuanto a capacidad de gestión de lo estatizado, con derrumbe de los servicios públicos y de los ingresos de los trabajadores pagados por el Estado. La sociedad venezolana debe retomar con nueva fuerza la educación y la escuela en todos sus niveles. El Estado arruinado e ineficiente no tiene ni recursos, ni reflejos para este cambio radical y toda la sociedad debe responsabilizarse del renacer nacional.

Familia, Sociedad, Estado en sinergia educativa
La empobrecida educación no podrá renacer desde la decadente rutina educativa venezolana sin una sacudida y una nueva relación entre los sufrientes y actores: familia, sociedad y Estado. Ni divididos ni enfrentados entre sí, sino mutuamente necesitados y exigidos. Poco puede hacer la familia empobrecida sola, pero aliada con la sociedad y el Estado en una nueva comunidad escolar, se potencia su responsabilidad y capacidad educadora. De la misma manera los maestros educadores renacidos son claves para sacudir la acción pública educativa, saliendo de su lamento y rutina de funcionarios mal pagados.

Rescatar el mantenimiento de las escuelas, impulsar su dotación e informatización de toda la enseñanza-aprendizaje, requerirá una extraordinaria alianza internacional con gobiernos y centros educativos en iniciativas solidarias. Un equipamiento para la educación virtual que hoy no está al alcance de la mayoría de los alumnos, ni de sus escuelas y maestros.

Estado, sociedad y empresa, al igual que familia y educadores, todos estamos empobrecidos. Pero hay una manera virtuosa de apoyarnos y exigirnos mutuamente con una nueva conciencia ética que rompe las rutinas de rentista rico y potencia las capacidades con creciente productividad y sinergia. Creo que cuando hablamos de sociedad civil como fuente de renovación política estamos hablando de esta nueva escuela para la productividad económica, social y política.

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Ismael Pérez Vigil

Inevitable referirse a la “carta de los 25”, dirigida al Presidente Biden y funcionarios del Gobierno y la Administración Norteamericana, que tuvo al menos la virtud de levantar una aguda −y agria− discusión política, que estaba adormecida. La carta toca varios temas, pero me referiré únicamente a dos: las sanciones generales y las petroleras.

Insultos y representatividad.

Los epítetos y calificativos hacia los firmantes, siempre deplorables por lo amargo y destemplado de algunos; son, sin embargo, algo “característico” de la polarización política, a todo nivel, en el país. Lo lamentable son los que provienen de personas que es obvio que no han leído la carta, la han leído e interpretado a medias o deliberadamente tergiversado.

En verdad los firmantes solo se autocalifican, acertada o desacertadamente, pero hablan en nombre propio, no se atribuyen ninguna “representación” popular; no cometieron ningún delito, al menos no mayor que el que cometen los que piden que se mantengan las sanciones; hacen uso del derecho que tiene cualquier persona de dirigir una carta a alguna autoridad expresando su opinión.

Las sanciones.

El centro de la carta son “las sanciones” económicas y financieras aplicadas al régimen venezolano; y al respecto debo decir:

- Que las sanciones internacionales han demostrado su total ineficacia para lograr los objetivos políticos que persiguen −en eso tiene razón la carta− y la demostración palpable es Cuba, Corea del Norte, Rusia, etc.;

- que por la restricción de recursos que ocasionan al gobierno del país donde se aplican tienen el potencial para terminar afectando a la población más vulnerable y frecuentemente así ocurre, aunque no hay claras pruebas al respeto;

- que por ejemplo en nuestro caso, sirven de excusa al régimen para mantener sus equivocadas políticas y no asumir su responsabilidad en garantizar algunos derechos y servicios básicos −salud, educación, transporte, electricidad, agua, etc.− culpando de ello a las sanciones económicas;

- que lo que está ocurriendo en Ucrania, tras la sangrienta invasión de Putin, nos está demostrando que la aplicación de sanciones no es una simple “medida”, sino la única alternativa que acepta la comunidad internacional y a la que están dispuestos los países que en otro momento moverían sus tropas en apoyo o en contra de alguna causa, aunque sea la democracia o la protección de derechos humanos; y

- que, si queremos apoyo internacional, las “sanciones” es la única opción de fuerza que nos ofrecen.

Por estas razones creo que la discusión acerca de las bondades o maldades de las sanciones es una discusión bizantina, estéril e inútil, pues las mismas no van a ser levantadas por quienes las aplican a menos que desaparezcan las causas que las originaron y en el caso de Venezuela, si queremos apoyo internacional, y lo necesitamos, las “sanciones” es la única opción de fuerza y presión que nos ofrecen para que se restablezca la negociación y el diálogo entre el régimen venezolano y la oposición democrática.

Curiosidades de la carta.

Lo curioso de la carta de los 25 es que, estrictamente hablando, en ninguna parte de ella se pide que se eliminen las sanciones −excepto una de ellas, que tiene que ver con el negocio petrolero, a lo que me referiré más adelante−; no obstante, sería ingenuo pensar que lo de eliminarlas no sea la intención que subyace, sobre todo porque su tercer párrafo, de una sola línea, hace una afirmación de Perogrullo: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos.” Y aunque aclara que las mismas “…no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela…”, acto seguido hace otra afirmación que ya es mucho más discutible, pues señala que “… han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio.”, con lo cual justifican la carta.

Carencia de demostraciones.

En ninguna parte la carta aporta demostración o prueba alguna acerca de los efectos negativos de las sanciones; y eso es por una razón muy simple, porque nadie ha podido demostrar fehacientemente que eso sea así. Por ejemplo ¿Hasta dónde las causas de la caída de la producción petrolera son las sanciones y no la propia precariedad de servicios que ha ocasionado la ruina económica del país, producto de 23 años de políticas equivocadas? Tampoco nadie puede demostrar que las sanciones no han tenido ningún efecto o que el empeoramiento de la condición económica y social de los venezolanos −evidente, a pesar de “burbujas y bodegones” − se deba a la aplicación de las sanciones. Es más, me parece hasta curioso que algunos de los firmantes de la carta, en ocasiones recientes han afirmado que en el país está ocurriendo una cierta “recuperación” económica, una cierta “mejoría” de los indicadores económicos, una “apertura” que se debe alentar −hasta sugieren al gobierno las medidas a tomar− y ahora suscriben una carta en la que señalan que se “han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio” ¿Esa “mejoría” no es una demostración de que no es tal el daño que ocasionan las sanciones? ¿En qué quedamos?

La ruina económica y las sanciones.

Estoy seguro que todos los firmantes de la carta comparten la opinión de que el daño, la ruinosa situación económica, la crisis humanitaria severa del país, nuestro mísero estado de vida y el deterioro de las condiciones económicas y sociales, son el producto de erradas y desastrosas medidas económicas aplicadas durante 23 años. A pesar ingentes ingresos petroleros, durante la mayor parte de su mandato, este régimen se las “ingenió” para arruinar al país, a la industria nacional, incluida la petrolera, y en ello nada tienen que ver las sanciones económicas generales, cuyas primeras medidas se dictaron en el año 2014, se empezaron a aplicar en el 2015 y se incrementaron a partir del 2017, cuando ya el país había perdido 2/3 de su PIB.

Observaciones a la carta de los 25.

Aunque nos pronunciemos en favor de sanciones personales y en contra de sanciones económicas generales −yo lo he hecho, (Ver: https://bit.ly/3rGhe9o, Negociación y Sanciones, 27/03/2021)−; tengo, sin embargo, dos observaciones a los 25 proponentes de la carta:

1) sugerir o pedir que se eliminen las sanciones sin negociar nada a cambio, creo que es un error político y el gobierno es el único que va a aprovechar, políticamente, la solicitud o el supuesto negado que se eliminen; y 2) dada la actual situación política del país y la especie de “pasmo” en la que está la oposición democrática, si se eliminan las sanciones, ¿Qué medida de presión o de “contención” tenemos? ¿Cuál sería el elemento que forzaría al gobierno a aceptar una negociación? Y me hago una pregunta, que sé que es meramente retórica, de esas cuya base es una suposición y que no tienen una respuesta: Sabemos dónde está el régimen, pero: ¿Dónde y cómo estaría hoy la oposición si no existieran esas sanciones? Las sanciones no son el único factor de presión política, pero si uno muy importante, ¿Para qué negarlo?

Tema petrolero y cabildeo.

La carta menciona, sin especificar, aspectos económicos, que según sus firmantes se estarían viendo afectados por las sanciones; por ejemplo, estoy seguro que a algunos de los firmantes les preocupa que están afectando la actividad de bancos de inversión e inversionistas que negocian papeles emitidos por la Republica o PDVSA, aunque la carta no lo menciona específicamente. Lo que si menciona, y creo es el meollo de la solicitud, es el levantamiento de sanciones al negocio petrolero, al cual dedica casi la mitad de su contenido y es el único sector al que se refiere en detalle.

Por cierto, eso coincide con lo que se ha denominado la actuación del poderoso cabildeo o “lobby” desarrollado por algunas trasnacionales petroleras, apoyadas por importantes medios de comunicación internacionales y que algunos vinculan con la reciente visita de altos funcionarios norteamericanos a Venezuela y su entrevista con Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno. Pero con respecto al tema petrolero, simplemente remito a la opinión de algunos expertos, aparecida en diversos artículos a raíz de la discusión suscitada y dicen que no es cierto lo que se afirma en la carta que “…en unos meses” se podría reactivar la industria petrolera y así “contribuir con la seguridad energética de Occidente”.

El mito del ingreso petrolero.

Caben también algunos interrogantes, igualmente retóricos y de ficción, imposibles de responder: Si los problemas actuales de la industria petrolera se deben a una disminución de los ingresos petroleros por la aplicación de las sanciones, ¿Por qué la actividad de la industria se vio disminuida antes de 2014, cuando se empezaron a aplicar las sanciones? ¿Dónde están los ingentes recursos petroleros recibidos por el país desde 1999? ¿Por qué la industria petrolera esta destruida? ¿Por qué no se invirtieron esos recursos en mejorar la infraestructura del país y la propia industria petrolera? Y las preguntas más importantes, para las que no hay respuesta, ¿Quién garantiza que, de levantarse las sanciones a la industria y a las empresas petroleras, el régimen sí invertiría los recursos en mejorar la situación del país, sí antes de la aplicación de las sanciones no lo hizo?

Se enfatiza −con plena razón− que una reactivación de la industria petrolera y una reactivación económica del país solo es posible con un cambio político a fondo, que comienza por salir de este gobierno de oprobio.

Conclusión.

La carta concluye con un buen deseo general con el que nadie podría estar en desacuerdo: “Poner fin a la crisis en Venezuela y ayudar a construir el nuevo futuro del país, con pleno respeto al estado de derecho, las libertades económicas y la vigencia de los derechos humanos, nos compete −y nos beneficiará− a todos.” Habla también de reanudar negociaciones y de que se han solicitado “reformas” al régimen, pero me parece que no es suficientemente enfática en este punto. Y en el penúltimo párrafo hace un exhorto a “…partes interesadas, en Venezuela y en otros lugares, para que respalden públicamente esta carta”; con respecto a este punto mi conclusión es:

Personalmente creo que hubiera sido sano que la carta pusiera la misma fuerza y el mismo énfasis con el que resaltó la ineficacia de las sanciones y la solicitud de eliminarlas al negocio petrolero, en asignar la responsabilidad de la crisis del país al régimen que hemos tenido durante los últimos 23 años.

Apoyo la revisión y levantamiento de sanciones generales que perjudiquen o puedan perjudicar a la población más vulnerable y sin duda alguna que se mantengan e intensifiquen las sanciones de tipo personal a los altos y medios funcionarios del régimen, sus testaferros y familiares, que bien los conocen las administraciones de los gobiernos internacionales que aplican esas medidas. Por cierto, la carta en ningún momento menciona las sanciones personales o si estas deben mantenerse o levantarse.

Pero no respaldo lo que trasluce como la petición fundamental de la carta, pues no creo que políticamente sea el momento de solicitar el levantamiento de sanciones, sin una “compensación” previa e inmediata por parte del régimen. Hoy por hoy las sanciones que se están aplicando, sin ser efectivas para lograr un cambio político en el país, son nuestra única medida de presión y contención al régimen, que sin duda se ve amenazado por ellas y así lo corrobora su empeño constante en librarse de las mismas.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

 9 min


Carlos Raúl Hernández

1) El final de la utopía. Las “sanciones” golpean especialmente a las mayorías y contribuyen enormemente con los desarreglos económicos, políticos y sociales de Venezuela, pero la causa eficiente de ellos es el socialismo. Ocurrió lo mismo que en las decenas de experiencias colectivistas que pretendieron reorganizar la economía con base en declarar la guerra de exterminio a los productores, matando así la producción, el empleo y el bienestar de todos. El socialismo es un invento desquiciado y sin destino en la historia moderna y por fortuna la lectura del caos económico que hace el gobierno lo llevó a asumir la salida hacia el mercado al estilo de China o Vietnam y no al infierno cubano o norcoreano.
2) El pensamiento anacrónico y las dos transiciones. Gobierno y oposición realizan transiciones simultaneas hacia el “centro”, momento culminante en cualquier proceso histórico. La oposición abandona el “putchismo” y el gobierno se sale de la ultraizquierda. Podría imperar milagrosamente la cordura, pero para eso debemos romper con el pensamiento anacrónico que desde su punto de mira percibe la apertura a los capitales nacionales e internacionales como un pecado “neoliberal), y desde otro considera traición de Biden el eventual acercamiento a Venezuela y la posibilidad de comprarle petróleo, porque “eso va a estabilizar a Maduro”.
3) ¡La economía, estúpido! Los partidos, según las encuestas, están desconectados del país real, enfrascados en sus asuntos frente a una sociedad a la que estos no le interesan, preocupada en montarse en el tren del crecimiento que ya arrancó. Lo que hacen los partidos es distante para la gente normal y el discurso público debe apoyarse fundamentalmente en lo que afecta a la ciudadanía, los peligros que amenazan el cambio en marcha y las acciones necesarias para que llegue a las mayorías. Vendrá el momento de la elección de candidatos, muy importante para la oposición, pero lo que le interesa al país hoy es la sobrevivencia. Por el momento esto debe procesarse con relativa discreción entre los actores. En vez de política partidista debería desarrollarse un pensamiento crítico, “tecnopolítico”, frente al gobierno: decirle lo que están haciendo mal, o las medidas que es necesario tomar en relación con diversas fragilidades.
4) ¡La política, estúpido! La permanencia de un gobierno no tiene que ver con la economía. Las fuerzas subversivas aplastaron a los demócratas chilenos con la economía y nivel de vida en esplendor, y la nación alcanzaba, según OCDE, el nivel de país desarrollado. Chávez rodó el 11 de abril en medio de el zenit del consumo, poder, ingresos petroleros, prosperidad rentista, y Maduro, por el contrario, ganó después de siete años de recesión pavorosa. La política es, para decirlo con cursilería posmoderna, un “relato” que los líderes introyectan a la ciudadanía. A Carlos Andrés Pérez lo derrocaron cuando Venezuela atravesaba por el período de reformas modernizadoras y democratizadoras más importante desde 1958 (reforma económica, del estado, descentralización, organización de las finanzas públicas, elevación del nivel de vida, crecimiento más alto del mundo). Hacer política es construir fuerzas.
5. La lucha por la democratización de las instituciones debe estar siempre en la primera página de la agenda
6. Cómo resolver los problemas. Esto no debería llevar a la oposición a actuar como superintendencia de precios, llorar por lo caro de la papa o del céleri, ni siquiera a la “denuncia” de problemas que todos vivimos, sino plantear como resolverlos. Por ejemplo, los economistas anuncian la amenaza para el crecimiento económico de un accidente cambiario por sobrevaluación del bolívar, una moneda que el gobierno mantiene con vida artificial, entubada en medio de un caos monetario. No sabemos a ciencia cierta cuan completo y acabado es el programa del gobierno. Lo que si se nota son relámpagos de desorden y se hace dificilísimo pagar en una panadería o un abasto, lo que se revierte contra los beneficiarios del cambio, los consumidores. El bolívar prácticamente desaparece, pero el gobierno lo mantiene en terapia intensiva, no necesariamente para bien. Menos politiquería y más pensamiento crítico.
7) La crisis eléctrica es un daño económico y sicológico a la población y un tope del crecimiento. La nueva oleada de apagones es producto de eso. La oposición debe emplazar al gobierno a enfrentar el déficit eléctrico, que debe crear condiciones para pactar con EE. UU y Europa para acceder a los créditos del FMI y el Banco Mundial. Más cerca, debe producirse un entendimiento entre el gobierno y la AN para acceder al crédito pendiente que aprobó la CAF para atender a la emergencia energética.
8) El cinturón de castidad de Pdvsa cuesta tocarlo, o hay que hacerlo por medio de ciertos subterfugios. A lo mejor tenemos que conservar el cinturón, pero se puede contratar su administración con multinacionales petroleras que quedarían encargadas a cambio de reconstruir el sistema eléctrico. Debería romperse formalmente su monopolio y mantener Pdvsa como una operadora entre otras.

@CarlosRaulHer

 3 min


Gabriel González

En los últimos años, los “bodegones” inundaron las principales ciudades de Venezuela, maquillando el famélico rostro de la Crisis Humanitaria Compleja que vive el país. Caracas, específicamente, comenzó a exportar la imagen de un país abundante en donde “se consigue de todo”. Pero, solo basta rodar unos kilómetros al interior del país para encontrar a la Venezuela real.

Recientemente, “La burbuja”, como se le ha etiquetado a la capital venezolana, ha vuelto a ser noticia, esta vez, por la apretada agenda de conciertos de artistas internacionales. Hasta más de un osado se atreve a asegurar que “Venezuela se arregló”, y es que hasta el Poliedro de Caracas vuelve a ser escenario de estos espectáculos. Pero, ¿realmente se arregló?

Leyendo el libro “Después del socialismo, Libertad”, me topé con una reflexión del exembajador Diego Arria que es tan cruda, como oportuna: «La Libertad tiene que estar asociada a elevar la calidad de vida de nuestra gente, como un objetivo más ambicioso que el de aumentar sus ingresos para conseguir una relativa mejora en la satisfacción de sus necesidades vitales».

Y este es el punto medular; no se trata sólo de que aumenten los ingresos, se trata de que mejore la calidad de vida. Entonces, me atrevo a preguntar:

¿Los venezolanos tienen hoy más dinero en el bolsillo o más calidad de vida? ¿Ese aumento en los bolsillos ahora les permite costear, por ejemplo una sencilla gripe: medicinas, exámenes…? ¿Pueden ahora cubrir la cesta básica mensual? ¿Hay una mejora en los servicios básicos: agua, luz, internet? Seguramente la respuesta a estas, y muchas otras interrogantes que pueda hacer, es “no”.

La propaganda oficial, en una perfecta coreografía con su “oposición” oficial, ha sido amplificadora de la idea de que “Venezuela se arregló”, pero son los ciudadanos con un sarcasmo muy autóctono, que se han apropiado de esa frase para visibilizar la crisis, así como lo hicieron con «pero tenemos patria».

Los que seguimos aquí y padecemos los constantes y prolongados apagones, sabemos que Venezuela no se arregló. Basta con pisar un hospital, donde no hay ni una jeringa, para darse cuenta de que Venezuela no se arregló. Al visitar una zona popular, la crisis humanitaria compleja -que el régimen y sus cómplices intentan maquillar con bodegones y conciertos- te golpea la cara, entonces entiendes que Venezuela no se arregló. Intentar abrir una página de noticias y encontrártela bloqueada, te demuestra que Venezuela no se arregló… Y la lista puede ser más extensa.

Venezuela no se arregló, ni se va a arreglar mientras este sistema criminal permanezca en el poder, y hasta que dejemos atrás el socialismo y avancemos por un modelo de Libertad que ponga en el centro al ciudadano. En ese entonces, Venezuela no solo se va a arreglar, sino que será esa República fuerte que soñamos.

20 de abril 2022

Guayoyo en Letras

https://guayoyoenletras.net/2022/04/20/no-venezuela-no-se-arreglo/

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José Antonio Gil Yepes

“La Carta” que dirigimos al presidente Biden solicita un cambio de estrategia en el uso de las sanciones económicas en contra del gobierno del presidente Maduro. Dicho cambio se venía perfilando al cambiar el gobierno de los EE. UU. Para Trump, las sanciones eran, “supuestamente”, para “cambiar el gobierno”; mientras que para Biden, dichas sanciones serían un instrumento para negociar cambios en las políticas del chavismo.

Aunque para algunos opositores la versión de Trump es la correcta, a muchos analistas nos pareció que Trump utilizaba una postura dura para congraciarse con los votantes de Florida en su competencia con Hillary Clinton, pero que no tuvo una sincera intención de utilizar las sanciones ni fuerza alguna para cambiar al gobierno de NM. Sin embargo, cabe notar que muchos de los firmantes (analistas y empresarios y sindicalistas), ya nos habíamos preguntado, tiempo antes de que llegara Biden a la Presidencia, “¿para qué servían esas sanciones?”. Es más, algunos habíamos investigado el potencial de las sanciones económicas en cambiar gobiernos y encontramos que, de unos 180 casos de países sancionados por las potencias (Rusia, China, EE. UU., Alemania, etc.) en los últimos 100 años, sólo siete gobiernos habían cambiado por esa presión: ¡Un magro 4% de éxito! De allí que los gobiernos sancionados más conspicuos siguen todos allí.

“La Carta” no plantea que se suspendan todas las sanciones porque, al eliminarlas, el gobierno de NM no tendría incentivos para cambiar sus políticas. Se trata de una negociación incremental, progresiva y sin enamoramiento alguno: “tú me das, yo te doy”. Pero si, “Tú me vuelves a quitar, yo también te vuelvo a quitar”.

En todo esto, cabe destacar que estamos hablando exclusivamente de sanciones económicas, financieras, comerciales. “La Carta” no se inmiscuye en sanciones personales. Aunque, para mi, es obvio que las políticas chavistas dañaron más nuestra economía que las sanciones, “La Carta” no toca ese punto.

En cuanto a las críticas a “La Carta”, llama la atención que casi nadie dijo algo en contra de incrementar las inversiones occidentales para exportar más petróleo, a pesar de que, para ello, es necesario flexibilizar sanciones y a pesar de que el gran beneficiario de esta negociación sería el gobierno de NM. Puede ser que, al no decir nada, estuviesen pensando que nos interesa que los países occidentales recuperen el espacio geopolítico que perdieron, por sancionar a Venezuela, ante sus competidores geopolíticos acérrimos: China, Rusia, Turquía e Irán. La contradicción está en que ahora, que “La Carta” plantea extender ese mismo enfoque a otros sectores, surja un revuelo en contra.

Por último, cabe destacar que todos tenemos derecho a opinar como consideremos conveniente. De eso se trata la Democracia. Pero el opinar necesita enfocarse en el problema, sin aludir a las características de las personas que opinan. Y esto tiene dos planos. En el plano socio psicológico, las encuestas indican que la mayoría de los que vivimos en Venezuela vemos en la “negociación” la primera herramienta para resolver los problemas del país. En cambio, la mayoría de los venezolanos que viven fuera y opinan tienden a tener posiciones más confrontacionales. La experiencia de vivir dentro o fuera del país crea dos psicosociologías diferentes y es comprensible que quienes viven fuera se sientan más distantes del gobierno de NM, bien por sus políticas que nos arruinaron y forzaron a migrar; o, peor, se trata de perseguidos políticos que tuvieron que huir. Comprender esto es respetar al que piensa diferente. En cambio, quienes vivimos aquí, a pesar de las críticas que hemos mantenido sobre la mala gestión de gobierno, necesitamos partir del supuesto de que tenemos que entendernos y convivir con el que no es igual a nosotros. Esta postura también hay que entenderla y respetarla.

Pero, lo que todo texto de negociación proscribe como inaceptable es el referirse a rasgos personales como argumento para hacer valer intereses. Se debe ser duro con el problema, pero blando con las personas. Si el argumento para “demostrar” que la flexibilización de las sanciones a cambio de concesiones en las políticas del gobierno es inconveniente pasa por llamar “amorales”, “incompetentes” o “vendidos” a los que hacen la propuesta, allí no queda diálogo posible… sino el silencio. De la misma manera, quienes propongamos dicha flexibilización no podemos argumentar que quienes se oponen lo hacen porque “como no se ponen de acuerdo ni logran recuperar el apoyo popular, buscan que los países extranjeros, mediante las sanciones, les hagan el trabajo de cambiar el gobierno.”

Estos juicios, fundados o no, duelen tanto que nos bloquean psicológica y socialmente contra el diagnóstico y las soluciones que toda sociedad Democrática debe buscar incorporando a todos sus miembros; no excluyéndolos. Por lo pronto, “La Carta” destrancó el juego en congruencia con el 75,4% de nuestros habitantes que apoya la flexibilización de las sanciones.

@joseagilyepes

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Gilles Bataillon

Entre una presidencia vertical y dos fuertes partidos populistas de signos políticos contrarios, nunca en los últimos veinte años la democracia ha parecido tan frágil en Francia como ahora.

Un nuevo paisaje político

El primer dato que sobresale en los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Francia, celebrada el pasado 10 de abril, es el alto índice de abstención: 25.14%, que aumentó con respecto a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017, donde fue de 22.23%. De hecho, no ha dejado de aumentar desde los comicios de 2007, cuando alcanzó apenas 16.23%. El creciente abstencionismo ha sido interpretado como un signo de “apatía” o “despolitización” de los franceses. Tal conclusión es cuando menos arriesgada, como lo demuestra el vigor de la participación asociativa y el interés por la política entre los franceses.

Por el contrario, debe verse sobre todo como una señal de la creciente desconfianza de los electores hacia los políticos. Muchos franceses, ya sean no empadronados, abstencionistas o votantes, tienen la impresión de vivir en una democracia intermitente. Solo son consultados cada cinco años para elegir al presidente de la República y a los parlamentarios, quienes una vez elegidos pueden dar la espalda a sus promesas de campaña, sin tener que rendir cuentas antes de que finalicen sus mandatos. También sienten que los políticos no los representan ni sociológica ni ideológicamente. Por eso, la participación y el interés por la política toman cada día más la forma del rechazo o el recelo hacia la política institucional.

El otro hecho llamativo es la tripartición de la escena política. Tres candidatos se distanciaron claramente de sus competidores. Emmanuel Macron, el actual presidente, que busca la reelección, obtuvo 27.84% de los votos. Le siguió de cerca Marine Le Pen, candidata fascistoide de Reagrupamiento Nacional, con 23.15%. Jean-Luc Mélenchon, líder populista de Francia Insumisa, recibió 21.95% y estuvo a punto de pasar a la segunda ronda de las elecciones. Con 7.07% de los votos, siguió un recién llegado a la escena política: Eric Zemmour, periodista de extrema derecha que abanderó los viejos ideales maurrasianos y racistas que Marine Le Pen había puesto en sordina, sin abandonarlos por completo.

Todos los demás candidatos, incluidos los gaullistas y los socialistas, partidos que se han alternado en el gobierno francés desde 1981, obtuvieron votaciones menores al 5%. Valérie Pécresse, presidenta de la región de la Isla de Francia y candidata del partido gaullista de Los Republicanos (LR), alcanzó un 4.78%, apenas por encima del candidato ecologista Yannick Jadot, que recibió 4.63%. Siguieron el candidato ruralista, Jean Lassalle, con 3.13% de los votos, el candidato del Partido Comunista, Fabien Roussel, con 2.6%, de los votos, Nicolas Dupont-Aignan, un exgaullista que pasó a la ultraderecha, con 2.06%, Anne Hidalgo, la candidata socialista y alcaldesa de París, con 1.75% y, finalmente, los dos candidatos trotskistas, Philippe Poutou, con 0.77%, y Nathalie Arthaud, con 0.56%.

LA CRISIS DE LOS PARTIDOS DE GOBIERNO

El panorama político de la Quinta República se ha sacudido desde los cimientos. El Partido Socialista (PS) y el partido gaullista (LR), agrupaciones hegemónicas de este régimen republicano, llevaban varias legislaturas en crisis evidente, pero esta vez han quedado seriamente dañados, y su supervivencia a corto y mediano plazo está en entredicho. Esto se debe a dos razones.

La primera fue la forma en que sus líderes, los expresidentes Nicolas Sarkozy (2007-2012) y François Hollande (2012-2017), se desdijeron de sus promesas de campaña apenas llegaron al poder. Recordemos las fanfarronerías de Sarkozy en torno a la desregulación y la seguridad. Si bien tuvieron efectos pobres, especialmente durante la crisis financiera de 2008, llevaron a la fractura de LR entre los partidarios de una alianza con Marine Le Pen y la derecha republicana.

Pero las palmas, sin duda alguna, son para François Hollande, quien durante su campaña presidencial dejó que su electorado esperara una política económica regulatoria keyneisana –recordemos su eslogan en la reunión de Bourget, “mi enemigo es el mundo de las finanzas”–, pero luego optó por una política social liberal. Recordemos también, tras los atentados de noviembre de 2015, su proyecto de ley, finalmente abortado, que habría permitido que los franceses de origen extranjero condenados por actos de terrorismo fueran privados de su nacionalidad. Con él no solo irritó a su electorado de izquierda, sino que creó una bronca 1 al interior de su gobierno –la ministra de Justicia, Christiane Taubira, ícono de la izquierda, renunció en respuesta– y de su grupo parlamentario. Todos estos gestos políticos lo hicieron tan impopular que no pudo siquiera pensar en postularse para un segundo mandato. Como resultado, el PS postuló para las presidenciales de 2017 a Benoit Hamon, un joven apparátchik sin mucha consistencia.

Todas estas acciones alimentaron entre los electores la muy justificada impresión de que los miembros de la clase política que había gobernado hasta entonces eran hábiles estrategas burocráticos cuando hacía falta, pero al final eran incapaces de poner en práctica las políticas que anunciaban. Peor aún, parecía que toda una serie de funcionarios electos, tanto en la Cámara y el Senado como en los consejos departamentales y los municipios, estaban sobre todo preocupados por mantener sus cargos, sin poner mucha atención a las políticas que estaban implementando.

Este divorcio entre votantes y políticos alimentó una mezcla de “fuerismo” –un “que se vayan todos”, que expresa un rechazo a la clase política en su conjunto– y de aspiración renovadora que, a partir de 2017, descalificó a LR y al PS. Estas dos posturas favorecían a sus competidores: en el extremo derecho, Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen y, en el izquierdo, Francia Insumisa (FI) de Jean-Luc Mélenchon. Estas dos fuerzas políticas y sus líderes supieron mostrarse más cercanos a las aspiraciones del electorado y más auténticos en sus discursos. Marine Le Pen se presentó como la encarnación del “pueblo francés” y las “clases populares” excluidas de la globalización. Mélenchon se afirmó como un tribuno que se hacía eco de los movimientos de ira popular, de los llamados a una democracia más participativa y de las preocupaciones ambientales. Al hacerlo, dio esperanza a un electorado de izquierda, especialmente a los más jóvenes, cansados ​​del “voto útil” a favor de políticos prestos a abandonar sus promesas. De ese modo, Marine Le Pen obtuvo el segundo puesto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017, con 16.14% de los votos, y Jean-Luc Mélenchon el cuarto, con 14.84% de los votos.

La segunda razón que puso en entredicho el futuro de los partidos tradicionales fue la coyuntura política de 2017, que favoreció a un candidato joven y debutante, Emmanuel Macron, cuya victoria en las elecciones presidenciales permitió una primera recomposición del panorama político.

Alto funcionario de la Escuela Nacional de Administración, antiguo banquero de inversión, cercano por un tiempo a los sectores más tecnocráticos y bonapartistas de la izquierda, como el Movimiento de los Ciudadanos de Jean-Pierre Chevènement, Macron fue secretario general adjunto del gabinete presidencial de François Hollande (2012-2014) y ministro de Economía y Finanzas (2014-2016) antes de lanzar, en 2016, su movimiento político, La República en Marcha (LREM), y renunciar al gobierno para emprender su campaña presidencial en 2017. Obtuvo 18.19% de los votos en la primera vuelta y ganó, con 66.1%, en la segunda vuelta frente a Marine Le Pen, que obtuvo 33.9%.

Si bien la habilidad política y la capacidad de seducción de Macron están fuera de toda duda, probablemente no habría sido elegido sin los tropiezos del candidato de LR, François Fillon. Aunque al inicio de la campaña tenía muchas probabilidades de triunfar ante una izquierda dividida entre un candidato socialista con poca credibilidad y un Mélenchon identificado con el populismo de izquierda, Fillon se enredó en escándalos que involucraban haber otorgado empleos ficticios a su esposa y recibido lujosos obsequios de personajes de dudosa reputación. Estos asuntos lo desacreditaron ante una parte de su electorado, que se rebeló ante el contraste entre sus llamados públicos “al rigor” y la generosidad y prebendas en su beneficio.

A esta debilidad de la derecha se sumó el deseo de los votantes, tanto de derecha como de izquierda, e incluso ecologistas, de evitar a toda costa una segunda vuelta entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, considerados incapaces de ejercer responsabilidades presidenciales. Muchos votantes, en un principio poco entusiasmados con su candidatura, votaron por Macron en la primera y en la segunda vueltas, y luego dieron una amplia mayoría a LREM en la Asamblea.

UN QUINQUENIO A CONTRATIEMPO

Favorecido de manera evidente por el contexto, Emmanuel Macron supo presentarse en 2017 como un “hombre providencial” capaz de superar los bloqueos franceses y llevar a buen puerto las que llamó “reformas justas”. Formuló una serie de diagnósticos sensatos sobre varios de los grandes problemas de la sociedad francesa: sociales –el sentimiento de relegación y desvalorización de las clases medias, y aún más de las clases trabajadoras–; económicos –el desempleo masivo, el déficit público y el sistema de pensiones, así como el aumento de la desigualdad en beneficio del 1% más rico–; políticos –la crisis del sistema representativo y la necesaria introducción de una dosis de representación proporcional para compensar la falta de representación de la clase política, la moralización de la vida pública y la debilidad de los otros poderes frente al ejecutivo; y finalmente, la emergencia ecológica. También supo vincular el ascenso de la extrema derecha al resentimiento de amplias fracciones de las clases trabajadoras contra las élites. En respuesta, hizo un llamado a honrar los principios democráticos, y prometió hacer todo lo posible para poner fin a décadas de inmovilismo social.

Todos los comentaristas que han hecho un balance del mandato de Macron subrayan, con diversos matices, que su presidencia, a pesar de contar con una mayoría muy amplia en la Asamblea Nacional, estuvo lejos de cumplir con sus promesas reformadoras en los planos mencionados.

Más allá de estos abandonos, hay un punto en particular que merece ser subrayado, y es la forma en que la praxis gubernamental ha contribuido a acentuar las fragilidades de la democracia francea. Elegido con la promesa de restaurar la verticalidad del poder pero al mismo tiempo devolver su rol al parlamento, establecer contrapesos ciudadanos y fortalecer la independencia del poder judicial, Macron volvió a poner de moda una visión tecnocrática y autoritaria de la democracia.

Conformado inicialmente por prosélitos y tránsfugas del PS y los ecologistas –y muy pronto, también de LR–, apoyado por los centristas, LREM no es un partido que hace dialogar y negociar a distintas corrientes capaces de una síntesis reformadora, sino uno construido sobre el modelo de una empresa burocratizada, que tiene la mira puesta en alcanzar objetivos establecidos por el presidente de la República y sus consejeros. El círculo formado por el mandatario y un número reducido de allegados ha funcionado en una burbuja, como un microcosmos tecnocrático distanciado de la sociedad, sin aprehenderla más que a través de encuestas de opinión e indicadores macroeconómicos.

La Asamblea Nacional es sistemáticamente vista no como un lugar donde las propuestas de ley pudieran ser enmendadas gracias a los debates al seno del partido mayoritario y con la oposición, sino como una simple cámara de registro de las decisiones de un presidente omnisciente. Esta verticalidad del poder fue rápidamente tachada de arrogancia, por la propensión del presidente a multiplicar las palabras despectivas y provocativas en contra de aquellos, fueran ciudadanos comunes o funcionarios electos, que cuestionaran sus políticas o pretendieran dar lugar a voces discordantes. Macron se complacía en mostrarse como un presidente divisivo, que sabía qué le convenía al país y no se dejaba dirigir por los vaivenes de la opinión pública. De la misma forma toleró sin pestañear las cortesanas declaraciones de sus ministros, que loaban sus méritos excepcionales.

Las puestas en escena de la verticalidad del poder han estado acompañadas de un socavamiento sistemático de las promesas de reformas democráticas. La idea de introducir una dosis de proporcionalidad en la elección de diputados fue pura y simplemente abandonada. El compromiso de tomar en cuenta los resultados de las consultas populares en el tema de la transición ecológica fue completamente ignorado, acreditando así que se trataba de falsas promesas destinadas a enmascarar la verticalidad y la supuesta omnisciencia del poder. Los oportunos vuelcos de su política económica –que inicialmente abogaba por la retirada del Estado, ensalzando las bondades del mercado, y luego afirmó la necesidad de una intervención estatal masiva, que fue especialmente notoria en las políticas sanitarias, para hacer frente a las dificultades derivadas de la pandemia covid-19– volvieron a acentuar la imagen de un presidente que decidía por sí solo y se jactaba de la verticalidad de su poder. La capacidad de combinar las funciones de presidente y de primer ministro, así como de decidir en solitario, lo convirtió en la figura central de la vida política, pero a su vez provocó reacciones de cólera y de furor hacia su persona, en un grado nunca alcanzado por sus predecesores.

LA SOMBRA DEL POPULISMO

Es claro que las críticas suscitadas por esta figura bonapartista no han permitido que una oposición capaz de restituir el sentido y reinventar una praxis democrática se afirmara como una alternativa con posibilidades de triunfo en el escenario electoral. En estos temas centrales, los partidos de los líderes políticos que compiten más seriamente con Macron son, por decir lo menos, problemáticos.

En lo que respecta a RN y los votantes partidarios de Zemmour, hay poca o ninguna ambigüedad. Si bien estos últimos provienen de la burguesía y las clases medias fascinadas por la rehabilitación de los pensadores de la colaboración y la contrarrevolución, RN cuenta con un amplio apoyo en las clases populares, seducidas por las promesas engañosas de Marine Le Pen. No hay duda, sin embargo, de que las ideas y prácticas de RN son protototalitarias: el culto a la líder, el rechazo al pluralismo y las garantías del Estado de derecho, la xenofobia racista antimusulmana y muchas veces antisemita. El funcionamiento de RN es el de un clan familiar, donde las bases están llamadas a ratificar las elecciones de un núcleo dirigente a las órdenes de una jefa indiscutible, heredera del partido fundado por su padre. Sus posiciones en política internacional no son solo antieuropeas: son las de un partido vasallo y económicamente dependiente de la Rusia de Putin, pero también amigo de los aprendices de dictador de Europa, como Victor Orbán, o del Medio Oriente, como Bashar el Assad. Todo en este movimiento recuerda lo que apuntaba Hannah Arendt sobre la seducción ejercida por el partido nazi o el partido fascista italiano durante el período de entreguerras.

El atractivo de FI merece un análisis distinto. Su líder y su círculo cercano pretenden encarnar no solo una renovación de la lucha contra el capitalismo y una política ecológica capaz de enfrentar los desafíos del Antropoceno, sino también una renovación de la democracia. Con respecto a los dos primeros puntos, tienen varios argumentos sólidos y convincentes en su haber. Luego de sus inicios productivistas y pronucleares, Mélenchon se convirtió en el defensor de la ecología. Y es entendible que todo un sector de la juventud y franjas del electorado popular, alguna vez abstencionistas, voten y se movilicen por FI.

Lo que tiene algo de ceguera autoimpuesta, en cambio, es la forma en que la gente preocupada por la autonomía, por la renovación política democrática, tanto a nivel interno como internacional, ha visto en el apoyo a Mélenchon y sus lugartenientes al “partido de los derechos humanos” y al “voto útil” para bloquear el renacimiento fascista representado por RN. Señalemos que, en su justificación del llamado a cerrar el camino al fascismo, caracterizan el fascismo como, ante todo, sinónimo de “explotación creciente”, de un partido al servicio del gran capital, que afirma defender el “poder adquisitivo” de las clases trabajadoras. No han querido ver la mutación política que supone el odio que RN profesa a los principios democráticos, el cuestionamiento de la igualdad entre ciudadanos que implica el racismo, y su afán por socavarlos. Son incapaces de comprender la naturaleza de las transformaciones que se están produciendo en los países gobernados por líderes populistas como Victor Orbán.

Por convicción o preocupación táctica, estos defensores de FI tampoco están dispuestos a cuestionar el funcionamiento del partido, que no conoce ninguna democracia interna. Sin corrientes en competencia, sin voto democrático para nombrar líderes o renovarlos, el partido se rige por un principio de cooptación en manos del líder, Jean-Luc Mélenchon, y sus lugartenientes, devenidos en parlamentarios. Hay pocas o ninguna instrucción dictada por un núcleo de liderazgo y aplicada por un sistema de células o secciones. La operación es más laxa. Se dan orientaciones generales, puestas en acción por redes fluidas. El movimiento, según escribe su líder, es “gaseoso”. Pese al lenguaje de pretensiones eruditas, la autoridad del núcleo gobernante está ahí y es imposible de cuestionar. La única solución para los militantes que tienen dudas es alejarse y abandonar el movimiento. Muchos cuadros y militantes lo han hecho, y han dado testimonios abrumadores sobre las costumbres cesarianas del líder y sus subordinados.

Queda un último motivo de asombro para aquellos que se muestran preocupados por la renovación política y están cansados ​​de las negaciones, descuidos y cambios de rumbo de la “clase política tradicional”: las amistades, en nombre del “realismo internacional”, de Mélenchon con diferentes tipos de tiranos. De cara a estos políticos, de los que formó parte durante más de veinte años, el líder de FI no se queda atrás. Fue voluntariamente adepto a un lenguaje xenófobo frente a la Alemania de Angela Merkel. Elogió las cualidades de Putin durante la anexión de Crimea en 2014, y fue hasta el comienzo de la guerra en Ucrania que defendió la “no intervención”. Él y los diputados de FI también se negaron a condenar la política etnocida contra los uigures y otras poblaciones musulmanas en la República Popular China. Ni hablemos de sus mentiras sobre las dictaduras en Cuba y Venezuela y su silencio ensordecedor sobre Nicaragua.

Nunca en los últimos veinte años la democracia ha parecido tan frágil en Francia como después de la primera vuelta de estas elecciones presidenciales. Nadie puede excluir que RN, partido indudablemente fascista y partidario de una alianza con Rusia, potencia expansionista y totalitaria, gane en la segunda ronda. FI, ligeramente superado por RN, es un partido cuyas credenciales democráticas están en entredicho. Ante esto, hay que insistir sobre la importancia del trabajo de renovación democrática que les espera a los franceses, independientemente del resultado de las elecciones del próximo domingo.

Traducido del francés por Emilio Rivaud Delgado

Letras Libres

20 de abril 2022

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