Diez años se da Bruselas para reducir en un 50 por ciento el uso de plaguicidas químicos, con su estrategia "Farm to Fork" (F2F), o "De la Granja a la Mesa". La misma meta de reducción se prevé para el uso plaguicidas de riesgo, el de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura, así como para la pérdida de nutrientes de los suelos. Para conseguir esto último, habrá que usar un 20 por ciento menos de fertilizantes.

También para 2020, la estrategia prevé haber logrado que el 25 por ciento de las tierras agrícolas de la Unión Europea (UE) se destinen a la agricultura ecológica. En cualquier caso, no son palabras menores. Y los debates y análisis se mueven, como un péndulo, de la oposición y el temor a los cambios, a las esperanzas y las necesidades de cambio.

Algunos datos y el temor

En caso de que solamente la UE adoptase estas medidas, según un estudio del Economic Research Service, encargado por el Gobierno de Estados Unidos, la producción europea se reduciría en un 12 por ciento, la de Estados Unidos no se alteraría y, en el total global, habría un descenso del 1 por ciento. Los precios subirían un 17 por ciento en la UE, un 5 por ciento en EE. UU y un 9 por ciento globalmente. Las exportaciones de la UE disminuirían un 20 por ciento, las de EE. UU aumentarían en un 6 por ciento y, a nivel global, habría una disminución del 2 por ciento.

El costo anual per cápita de la alimentación subiría en 153 dólares en la UE, en 59 en EE. UU. y en 51 en total mundial. Las pérdidas en el PBI serían de 71 mil millones de dólares para Europa, 2 mil millones para EE. UU. y de 94 mil millones globalmente. Esto significaría: inseguridad alimentaria para los 76 países más pobres del mundo.

Otro estudio, realizado por la Universidad de Wageningen, en Países Bajos, advierte también: conseguir los objetivos del Pacto Verde propuesto por la Comisión Europea se traduciría en una reducción de la producción ganadera y agrícola, que oscilaría entre el 10 y el 15 por ciento.

Mirando hacia terceros países, la UE se convertiría en importador neto de maíz, colza y cítricos. Sus importaciones de soja aumentarían en un 100 por ciento. El impacto que esto tendría en los países productores de América Central y América del Sur, es evidente.

La mirada esperanzada

"Hay que entender de dónde vienen estos estudios, con la perspectiva del 'business as usual'", explica a DW la eurodiputada luxemburguesa Tilly Metz, presidenta de la Comisión de Investigación para la Protección Animal durante el Transporte.

"No tienen en cuenta que tienen y que van a producirse cambios en el consumo de productos cárnicos. Y que la manera de producir se orientará más a lo local", agrega. En su opinión, el lobby agroindustrial, que analiza solo desde lo económico y comercial, sin perspectiva de protección medioambiental ni de la salud, está detrás de estas campañas, para infundir temor.

"La agricultura intensiva de alta densidad ha sido clave para la aparición de enfermedades zoonóticas, para la polución y la destrucción de hábitats naturales", recuerda, por su parte, Nora Hiller, del Instituto de Política Ambiental Europea (IEEP, por sus siglas en inglés), con sede en Bruselas y Londres. Las crisis, afirma la investigadora, conllevan impactos y disrupciones en la cadena de suministro y en los hábitos de consumo.

Por su parte, Pierre-Marie Aubert, investigador del IDDRI, un think tank francés para facilitar la transición hacia el desarrollo sustentable, recuerda que, "en el Pacto Verde europeo, la estrategia F2F y la de biodiversidad son ambiciosas. No pueden ser analizadas solamente con modelos de equilibrio de mercados. Estamos hablando de cambio en el sistema: de que habrá cambios en la dieta alimentaria, que habrá cambios en la demanda, que los suelos están agotados". Y, aunque el cambio en el consumidor no se puede aún cuantificar, en el entorno global hay constantes que ayudan a predecir evoluciones, prevé Aubert.

¿Quién sufre el costo de la inacción?

El tema es conflictivo. En un debate en la Eurocámra, la Comisión Europea defendió su estrategia afirmando que las sequías, que se originan en el cambio climático, están costando 9 mil millones de euros anuales a la agricultura.

En este sentido, Metz plantea: "¿Cuánto cuesta a América Central y América del Sur el sistema tradicional europeo, que se basa en importaciones que llevan a la deforestación? ¿Cuánto cuesta la pérdida de biodiversidad? ¿Cuánto cuesta limpiar las aguas contaminadas de químicos y fertilizantes? ¿Cuánto cuesta que el 90 por ciento de esa proteína que importamos, soja o maíz, se dedique a la ganadería europea, que está en superproducción? ¿Cuánto cuesta que un animal nazca en un lugar, engorde en otro, sea sacrificado en un tercero y empacado en un cuarto, para que reciba el sello 'jamón de Parma'?".

Como sea, Metz, que integra la comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, insiste en que la nueva estrategia de la UE es amplia y contempla un capítulo de comercio exterior, que incluye a sus socios comerciales. En ese sentido va la también esperada directiva para que sus empresas actúen con la diligencia debida en cuanto a derechos humanos y ambientales. En cuanto a la estrategia "De la Granja y la Mesa", es inminente una propuesta para convertirla en legislación comunitaria.

Y, como presidenta de la Delegación para las Relaciones con América Central, Metz concluye apuntando hacia los cambios que será necesario promover en la cadena de distribución: "No es solamente una cuestión de cantidad y productividad. Es un escándalo que el productor se quede con menos del 14 por ciento del precio final. Y cuando se trata del café y el banano de Centroamérica es peor aún. Cuando uno aprieta un tornillo en un sistema, hay que reajustar todos los otros".

28 de enero 2022

DW

https://www.dw.com/es/de-la-granja-a-la-mesa-del-temor-a-la-esperanza-también-en-latinoamérica/a-60592879

A lo largo del año en curso, Venezuela recordará tres acontecimientos que contribuyeron decisivamente a moldear su presente: 30 años de los dos intentos de golpe de Estado militar contra el expresidente Carlos Andrés Pérez, y 20 de los sucesos de abril de 2002 (golpe de Estado incluido), que sacaron por 48 horas del poder al también ex presidente Hugo Chávez.

Con la comodidad que da el tiempo, se puede afirmar, sin riesgo de estar demasiado alejado de la verdad, que en aquellos hechos quedó retratado el profundo desprecio que por la democracia y las formas republicanas de gobierno han tenido buena parte de las élites políticas, económicas e intelectuales de este país. En esos sucesos se puso de manifiesto su característica principal: la irresponsabilidad.

Para enero de 1992, Venezuela se venía recuperando (rápidamente) del duro ajuste económico de 1989 y de la profunda crisis social en la que había caído el país ese año. Según los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación, el desempleo y la pobreza tenían 24 meses seguidos en franca disminución. Con una variación positiva de su PIB de 9,7%, Venezuela fue el país que más creció en el mundo entero, solo por detrás de China.

Como se sabe, Carlos Andrés Pérez se embarcó en un audaz y controversial plan de reformas económicas, que tenía el ambicioso propósito de cambiar radicalmente el modelo de desarrollo que había tenido el país casi desde el inicio de su etapa petrolera. Esas reformas pretendieron corregir, incluso, muchas de las políticas que el propio Pérez había hecho en su primera administración (1974-1979).

Desmontar todo el mastodóntico Estado venezolano, típico de la política de sustitución de importaciones latinoamericana, con su maraña de regulaciones, controles, subsidios, aranceles y licencias de importación, a la sombra de los cuales crecieron enormes grupos de intereses, generó una lógica resistencia por parte de los afectados que, haciendo uso de su acceso algunos medios de comunicación a su servicio, disfrazaron la defensa de sus privilegios particulares como resistencia popular.

Sin embargo, contrario al relato que entonces se impuso, y que desde 1999 se hizo oficial, Pérez no era un mandatario particularmente impopular. Según un estudio de opinión de la agencia Datanálisis, su aceptación en diciembre de 1991 era del 47%. Una cifra que la mayoría de los presidentes latinoamericanos de hoy en día envidiaría.

No obstante, su programa de reformas encontró muchos obstáculos en el Congreso, incluso de su propio partido, Acción Democrática. Pero nada distinto a lo que es propio de una democracia. Lo impropio fue lo que ocurrió el 4 de febrero de 1992 y la orgía de autodestrucción institucional en la que Venezuela fue sumergida desde ese día.

Un presidente democráticamente elegido, que siempre procedió apegado a la Constitución vigente, que además se caracterizaba por su amplitud personal y su tolerancia a la crítica, fue intentado derribar del poder por medio de un acto de violencia. Ese día todos los demonios de la historia venezolana reaparecieron y nos acompañan hasta hoy.

«Militares felones»

Curiosamente, eso se vio más claro fuera de Venezuela que dentro del propio país donde, con contadas excepciones, la asonada fue indirecta o directamente justificada. Lo que el historiador Manuel Caballero describió como “El alzamiento de los militares felones” se presentó como una gesta patriótica en una campaña de opinión pública que elevó a sus protagonistas a la categoría de héroes de la nacionalidad. Así nació el mito del chavismo. La elección presidencial de 1998 lo que hizo fue legitimarlo democráticamente.

En una inversión insólita de valores, el presidente víctima del golpismo fue presentado como el victimario y, como tal, sería condenado y destituido, luego de haber sobrevivido a una segunda asonada. La mayoría de los dirigentes de los grandes partidos de la época, unos actuando por ambición y otros por cobardía (como suele ocurrir en ese tipo de situaciones) concluyeron que había que lanzar a Pérez a los leones para salvarse ellos, con lo cual liquidaron el régimen político nacido en 1958.

La crónica de una élite que se suicidó. No vieron, o no quisieron ver, que no se buscaba destruir a Pérez; se buscaba destruir la democracia. El expresidente Hugo Chávez fue sencillamente el sepulturero de un régimen que ya había muerto.

Pero la historia no paró allí, porque básicamente los mismos personajes y los mismos factores de poder que conspiraron para derribar a Pérez en 1992, apoyaron la candidatura de Chávez en 1998. Y en 2002 se coligaron nuevamente para intentar repetir con este último lo que habían hecho diez años antes.

El «Carmonazo»

Con el «Carmonazo» del 12 de abril de 2002 se tiró por la borda todo un legítimo movimiento de protesta ciudadana contra un gobernante cada vez más arbitrario y abusivo, que ya dejaba ver (aunque su intento golpista del 92 era suficiente presagio) su vocación autoritaria. El golpe de Estado de Pedro Carmona Estanga no fue contra Chávez, que a fin de cuentas ya estaba caído; fue contra las formas de la democracia y, por lo tanto, contra la democracia misma.

Un insólito espectáculo de auto juramentación y disolución de todos los poderes públicos, carente de todo sentido común, que sirvió de pretexto para la reacción de un sector militar que devolvió a Chávez al poder y lo convirtió de un autócrata en formación en una víctima de grupos reaccionarios, intolerantes y golpistas. Nuevamente la inversión de los roles. La oposición venezolana pasó más de una década para poder lavarse del desprestigio internacional en el cual cayó.

Fue la suma de todos los errores.

Entre los sucesos de 1992 y la abstención por parte de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2005 se puede establecer un hilo conductor donde prevaleció la improvisación, la irresponsabilidad y la falta de sentido de nación en la sucesión de erráticas decisiones que le facilitaron a Chávez consolidarse en el poder.

Por su parte, en la polarizada Venezuela sometida a la hegemonía chavista, el relato oficial se permite celebrar, sin pudor alguno, las dos intentonas golpistas de 1992 contra un gobierno legítimamente democrático usando el eufemístico lenguaje leninista de “rebelión militar”, mientras que un mismo tiempo condena el golpe del 12 de abril de 2002.

El olvido opositor

Por su parte, desde el otro lado de la talanquera política se recuerda el origen golpista del chavista, pero se quiere borrar de la memoria el espectáculo del denominado “Carmonazo”, cuando no responsabilizar en exclusividad al hoy fallecido general Raúl Isaías Baduel de su fracaso.

Sin embargo, la inquietante verdad es que, con una década de por medio, tanto 1992 como 2002 fueron señales muy potentes de que algo demasiado mal ocurría con la clase dirigente venezolana. Chávez y su principal asesor, Fidel Castro, supieron sacarle partido con creces.

La consecuencia más trágica de esta etapa de la vida nacional venezolana fue la determinación por parte de Nicolás Maduro como presidente de no aplicar en 2013 o en 2014, el ajuste que necesitaba la economía a fin de corregir los gravísimos desequilibrios que le dejó su antecesor. Atrapado por el relato oficial que condenaba el “ajuste neoliberal” de 1989, contra el que supuestamente se había hecho el “alzamiento militar” del 92, y comprometido con defender el legado, dejó que Venezuela se convirtiera en el primer exportador importante de petróleo en caer en hiperinflación, sumiendo a millones de venezolanos en la miseria y a otros millones forzándolos a abandonar la tierra donde nacieron.

Sin que se puedan equiparar responsabilidades, puesto que la principal es de quienes han tenido durante dos décadas todo el poder y recursos de sobra para tomar todas las decisiones, es inevitable pensar que muchas de las conductas erráticas de la oposición democrática venezolana tienen raíces profundas que hay que identificar y combatir.

Tres décadas contra el sentido común

No es que sirva de consuelo, pero el venezolano no es un caso exclusivo de insensatez colectiva reiterada. Así, por ejemplo, las élites y los pueblos de la civilizada Europa de 1914 marcharon el verano de ese año con alegría y entusiasmo a esa gigantesca catástrofe que fue la Primera Guerra Mundial.

Venezuela tiene tres décadas peleando contra el sentido común. Evadiendo hacer y actuar tal como indican las evidencias y la razón. No hay atajos para salir de su actual situación política (Maduro vete ya) ni para recuperar milagrosamente su economía (dolarizar).

Sin embargo, pareciera que al final del túnel hay una tenue luz de esperanza con la aparición de sectores políticos y empresariales que, luego de la devastación en los años recientes, dan señales de estar dispuestos a aprender las lecciones de estas tres décadas perdidas y actuar en consecuencia.

@Pedrobenitezf.

Historiador y escritor

21 de enero 2022

Alnavío

https://alnavio.es/este-2022-venezuela-cumple-30-anos-chocando-contra-la...

El anuncio sobre un Referéndum Revocatorio controlado por el Ejecutivo, negándole el derecho a la sociedad a una participación política plena es muestra evidente del pánico que estremece al régimen, frente a la toma de decisión del cuerpo social que se orienta a reinstalar la democracia, tal como lo prevé la Constitución y la cultura política de la mayoría de los ciudadanos. No obstante la violencia implantada por el socialismo militarista, con lo cual queda claro que quienes prevén el referéndum revocatorio están muy distantes de comprender que el referéndum revocatorio constituye otra vía, un cambio de vía firme que determine salida de los venezolanos demócratas para hacerse de la democracia.

El cambio de vía, entiéndase, es parte del conocimiento y dominio político de la masa democrática que, con conocimiento la brutal dictadura y en su interior como ciudadano, están determinado a lograr la unificación político-social, de acción y disposición para el cambio político que bloquee régimen con las bocas de fuego y el plan de machete -arbitrariedades propias de la brutal dictadura- pero también del miedo a la Constitución de la República democrática y a la decisión demostrada desde ya hace tiempo, el 6D del año 2020. El Referéndum Revocatorio como cambio de vía, se muestra como una acción de turbulencia política que será muy efectiva, habida cuenta el ambiente político real de inmiseración que ha impuesto este gobierno retrógrado, lo que obliga a los demócratas mostrar su fuerza social.

El referéndum revocatorio y el cambio de vía en curso expresan inequívocamente un proceso similar a lo acontecido en Barinas, cuando sus ciudadanos decidieron el nombre y la persona de su Gobernador, echaron de Barinas a todos aquellos intrusos y politiqueros, que no quieren aceptar que el saber político del venezolano hoy está decidido nacionalmente a cambiar el poder ejecutivo. Constituyen, indiscutiblemente, una condición propia de un venezolano que entiende de la democracia, ¿Qué democracia? La democracia donde el individuo está por encima de la comunidad y el Estado.

La ciudadanía venezolana y el gen democrático llaman y entienden al Referéndum Revocatorio, por cuanto lo comprenden como un derecho político que interviene en la ejercitación que muestra el poder, permite alcanzar sus metas a los ciudadanos tal como ocurrió desde el año 2017 cuando, reclamando desde su domicilio y desde la plaza pública, fueron capaces de establecer el poder propio del ciudadano. Es la ciudadanía venezolana, la que reclama el referéndum revocatorio que, según la Constitución, no es un capricho sino un derecho, derecho que tendrá que aceptar el régimen socialista, militarista, aún con fusiles y plan de machete, como un derecho de la ciudadanía civil que está presta a solicitar y a lograr el cambio de poder político en Venezuela.

La ciudadanía tiene otra arquitectura para ejercer poder político, esa arquitectura está regida por las leyes, por la cultura política, por la noción de la libertad y el empleo de la ética para proteger la historia democrática de Venezuela República, y la más clara mayoría de sus habitantes. La ciudadanía comprende la importancia del Referéndum Revocatorio, como lo expresa el saber político, no obstante está dispuesto a mostrarse como un MOVIMIENTO POLÍTICO DE RENACIMIENTO NACIONAL, léase, la ciudadanía venezolana democrática que como masa social, con todo cuanto ello significa, apunta a alcanzar el poder. Alcanzar el poder de manera civilizada, para conducir el Estado-nación con dominio de la política, con conocimiento de la geopolítica y la geoestrategia, pero dentro de lo que establecen las leyes y lo que señala la norma politológica

La ciudadanía está consciente que el madurismo militarista es un adefesio, lleno de violencia y de trampas, en consecuencia afina su percepción para crear una masa máxima. Masa máxima que tenga fortaleza organizacional, liderazgo político pleno por parte de los venezolanos, mujeres y hombres ciertos que tengan clara noción de la necesidad del cambio político, con ello definir la variable tiempo de manera precisa. Ese momento será, entonces, el momento de la NUEVA CLASE POLÍTICA distante del partidismo, consciente del retraso de 20 años de militarismo perverso, brutal, primitivo, situaciones que demandan genio, asertividad histórica y decisión ciudadana.

La ciudadanía será capaz de diferenciar este llamado a referéndum revocatorio, que no produce cambio político y que está interferido e intervenido por el régimen, y un verdadero referéndum revocatorio que persiga un cambio de la ecuación política del país, con organizaciones capaces de entender que este país destrozado, que las mafias brutales y primitivas que aún creen en el partidismo, terminen por comprender que Venezuela no es un isla del Caribe. La ciudadanía está clara en el barrio, en los grupos de instituciones que son abarcados en los municipios, en las instituciones que rigen el Referéndum Revocatorio.

El Referéndum Revocatorio es sólo posible por una vía de aproximación política que apunte a un cambio político, con una nueva clase política que entienda esta gravísima crisis política y la intervención del elemento armado de la guerra psicológica, más la inmoralidad practicada por este régimen que persigue contener y detener al ciudadano acción. El ciudadano acción, el venezolano demócrata, está distante de la barbarie, distante del socialismo militarista y cercano a la organización política y a la demostración del coraje y de la participación de toda Venezuela para poder hacer el cambio político, que requiere la república

Es auténtico,

Director CEPPRO-CSB

@JMachillandaP

Caracas, 26 de enero de 2021

«Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho». Este mandato previsto en el artículo 52 de la Constitución de 1999 está en terapia intensiva en la Venezuela actual. ¿El motivo? La política de neutralización e intervención de las organizaciones de la sociedad civil que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han puesto en marcha en las últimas dos décadas y cuyas primeras víctimas fueron los colegios de abogados del país.

La denuncia la formuló Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder en los colegios de abogados de Venezuela (2000-2020), en el cual se hace un repaso a las decisiones y medidas que tanto el árbitro comicial como el máximo juzgado han tomado contra estos colegios profesionales y las cuales tendrían por propósito

«Desarmarlos y despojarlos de su libertad y autonomía, aparte de callarlos y neutralizarlos para que no sigan ejerciendo funciones que comprometan, e incluso amenacen, los intereses del poder del Gobierno, como es denunciar sus acciones y omisiones violadoras del Estado de derecho».

En el reporte se recuerda que nada más entrar en vigor la carta magna de 1999, el 30 de diciembre de ese año el CNE dictó su resolución n.° 000204-25, en la cual dejó sin efecto todas las elecciones realizadas por cualquier agrupación civil luego de la fecha antes mencionada, así como las que estaban en el curso en ese momento, bajo el argumento de que dichos procesos no fueron organizados por él. La decisión se sustentó en el numeral 6 del artículo 293 del texto fundamental, el cual señala que el organismo comicial tiene por función «Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley».

Asimismo, Acceso a la Justicia denunció que el árbitro se escudó en la disposición transitoria octava de la Constitución («Mientras se promulgan las nuevas leyes electorales previstas en esta Constitución los procesos electorales serán convocados, organizados, dirigidos y supervisados por el Consejo Nacional Electoral») a fin de dictar en 2003 una normativa para regular los procesos eleccionarios de los colegios profesionales que era «extremadamente limitante e invasiva que atentaba contra la autonomía y la libertad de asociación».

En las Normas para regular los procesos electorales de gremios y colegios profesionales, el CNE se reservó tareas como inscribir en sus registros al gremio o colegio profesional interesado en celebrar elecciones, autorizar la convocatoria a elecciones solicitada por la Comisión Electoral, previa verificación de la legalidad de la designación de los miembros de dicha comisión, de conformidad con la normativa de cada gremio o colegio profesional. También estableció que sería él quien aprobaría el proyecto electoral que presentara la Comisión Electoral, fijaría los cronogramas de los actos electorales, elaboraría los padrones de los gremios y el material electoral (cuadernos de votación y actas) y, por último, sería quien reconocería la validez de los procesos electorales celebrados o declararía su nulidad, al tiempo que resolvería cualquier disputa.

La lógica indica que el CNE debería ser un órgano asesor o acompañante de los gremios y sindicatos en sus elecciones. Sin embargo, ha decidido intervenir casi todos los aspectos de dichos procesos. Esta injerencia le ha valido al Estado una reprimenda por parte de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en un informe publicado en 2019 instó a Venezuela a poner en marcha reformas legales que permitan eliminar figuras como la mora electoral y reducir el intervencionismo del CNE en las elecciones sindicales. Así se recuerda en el reporte de Acceso a la Justicia.

Cabe recordar que los colegios de abogados, así como las demás agrupaciones profesionales y gremiales, son instancias de la sociedad civil, que persiguen promocionar los intereses de los profesionales titulados que los componen, así como controlar la formación y la actividad de sus miembros. Lo anterior deja en claro que no son personas jurídicas estatales, es decir, que no existe sobre ellos ninguna relación de jerarquía, o de control de tutela del Estado, ni mucho menos una participación patrimonial por parte de este último.

El otro frente

Como si no fuera suficiente el hecho de que el CNE levantara un «andamiaje normativo» que coartaba la autonomía de los colegios de abogados y que parecía destinado a favorecer los intereses del Gobierno, casi simultáneamente el TSJ comenzó a dictar sentencias que también golpearon a estas instancias.

En su informe, Acceso a la Justicia reveló que desde el año 2000 hasta 2020 las salas Constitucional y Electoral del máximo juzgado han emitido una treintena de fallos en las que los colegios de abogados de Caracas, así como los de los estados Aragua y Zulia, además de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), fueron objeto de amenazas o intervenciones luego de que el alto tribunal decidiera suspender o anular algunos de sus procesos eleccionarios sobre la base de que supuestamente la normativa utilizada no se ajustaba a los preceptos de la Constitución de 1999.

Además, el TSJ se inmiscuyó en la vida interna de estas organizaciones al anular en 2007 la norma legal que exigía la solvencia de los colegiados para que estos pudieran apoyar la presentación de listas o de candidatos en las elecciones de los colegios de abogados en el país, por considerar que la misma violaba los derechos a la participación, al sufragio y a la igualdad.

En el reporte de Acceso a la Justicia se reporta al respecto lo siguiente:

«el máximo juzgador consolidó la grave distorsión e ilegítima utilización del control judicial para fines distintos a los establecidos en el texto constitucional, como sería controlar e inmiscuirse en las elecciones de los colegios de abogados con el único objetivo de secuestrarlos, en violación de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos».

Acceso a la Justicia también denunció que los colegios profesionales no han sido los únicos objetos de esta política intervencionista. Así, en su investigación se recuerda que las universidades autónomas nacionales primero y más recientemente los partidos políticos de oposición o disidentes del chavismo también han visto como el máximo juzgado tomaba acciones que restringían su libertad, cuando no los intervenía directamente.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?La actitud del CNE y del TSJ frente a los colegios de abogados fue el abreboca del quiebre institucional que años después acarrearía consecuencias políticas, sociales y económicas catastróficas para los venezolanos y consolidaría el poder hegemónico del Gobierno.

Lo verdaderamente alarmante es que esta política sobre el gremio de abogados se ha transformado y extendido con el transcurso del tiempo prácticamente a todas las organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, provocando el aniquilamiento de su autonomía e independencia ante un Gobierno que no disimula su talante totalitario.

enero 26, 2022

https://accesoalajusticia.org/derecho-asociacion-en-terapia-intensiva-in...

Hemos escuchado que estamos en una situación de pre-guerra. Si es así, tenemos que convenir en que toda pre-guerra pertenece a una guerra, vale decir, a un periodo donde se establecen las condiciones de la guerra la que, como toda guerra, intenta dirimir por la fuerza un conflicto que no puede ser resuelto mediante el uso de la razón diplomática. De tal manera que, por el momento, estamos presenciando una guerra diplomática, o si se prefiere, la fase diplomática de una guerra militar. Cabe preguntarse entonces cuáles son las razones de la guerra y sobre todo por qué el actor principal, en este caso Putin, ha elegido justo estos momentos para caminar por el sendero que conduce a la guerra, tenga esta o no lugar.

Las razones parecen evidentes: Putin busca anexar Ucrania a Rusia, y si las condiciones no son del todo favorables, una parte de Ucrania (la controlada militarmente por el movimiento pro-ruso en Donetsk y Lugansk ya la domina). Los orígenes de la guerra hay que encontrarlos entonces en la política expansionista del gobierno ruso. Dicha política a su vez, tiene sus orígenes en una mitología que dice así: Ucrania, como todo el mundo euroasiático pertenece, cuando no a la dominación, por lo menos a la hegemonía rusa. Todos los que se opongan a la expansión rusa deben ser considerados enemigos de Rusia. Y en este momento, para Putin, sus enemigos fundamentales son las democracias occidentales, sobre todo las europeas y norteamericanas.

Putin aparece así como el máximo representante de una contrarrevolución anti-occidental y anti-democrática desplegada a nivel mundial. Esa la razón por la que ha logrado unir en su torno a la gran mayoría de los gobiernos, movimientos y partidos anti-democráticos del mundo, sean estos autoritarios como los de Hungría, Polonia o Turquía, o dictaduras poscomunistas como la de China y Corea del norte, o militares como las de Cuba y Siria, o teocráticas como las de Irán, o simplemente autocracias mafiosas como las de Bielorrusia, Nicaragua, Venezuela. En Ucrania, se quiera o no, está siendo dirimido el tema de la contradicción fundamental de nuestro tiempo: la que separa al mundo democrático del antidemocrático.

¿Por qué ahora y no antes o después moviliza Putin a más de 100.000 soldados hacia los límites con Ucrania? Pues, porque ha encontrado su momento. No de atacar –de hacerlo lo habría hecho por sorpresa y de un zarpazo como cuando anexó Crimea en 2014- sino de hostigar al bloque occidental. Ucrania es el objetivo final de su actual estrategia aunque puede que no sea el principal. La fase actual está dirigida a desorientar y dividir a sus dos enemigos fundamentales. El enemigo geográfico formado por las democracias europeas, y el enemigo político-militar representado por EE UU. De hecho lo ha conseguido. Ha mostrado a todo el mundo como la Alianza Atlántica se encuentra dividida en dos fracciones: los “negociadores” (Alemania y Francia) y los “intervencionistas” (EE UU y Gran Bretaña)

No se puede negar que Putin se encuentra bien posicionado. De hecho está jugando un juego de ganar o ganar. Lo que más le interesa es desorientar al enemigo. Lo que está haciendo, y parece que pocos se han dado cuenta, es llevar a cabo una masiva operación de desgaste. No pudo haber escogido un momento mejor. Después del retiro de tropas de Afganistán, la política internacional de la alianza occidental se encuentra totalmente desorganizada. Si a ellos sumamos una Europa concentrada en combatir a la pandemia -de hecho Putin ha sabido hacer del Covid un gran aliado- lo demás viene solo. Ya las bolsas de los países europeos están experimentado estrepitosos bajones. La inflación se ha disparado. Hay asomos de miedos e histerias colectivas. Lo menos que quiere la ciudadanía europea es embarcarse en una guerra de connotaciones globales y de proyecciones indescifrables, y en ningún caso padecer frío bajo un devastador invierno como consecuencia del cierre de la llave del gas ruso.

Por si fuera poco, las dos naciones que comandan el bloque europeo, Francia y Alemania, se encuentran políticamente trabadas. Macron encara un difícil proceso electoral. Y en Alemania, su nuevo gobierno no quiere estrenar su mandato con una guerra. De ahí que los gobernantes de los dos países se han puesto de acuerdo para entonar la misma melodía. “Diplomacia sí, intervención no”. Cuando más, repiten como papagayos, “si Putin invade Ucrania, Rusia sufrirá terribles sanciones”. Nadie dice cuáles serán, pero todos sabemos lo poco que sirven las sanciones en política internacional, mucho menos si se trata de amedrentar a un gobernante que tiene como aliados económicos a países como China, Irak y Turquía. Una guerra económica nunca podrá asustar a Putin. Y una militar, frente a un bloque dividido, tampoco.

En estos momentos Putin, hay que decirlo, está infligiendo una fuerte derrota a las democracias occidentales. Ucrania, ocupada o no, pasa a ser un detalle secundario al lado de la magnitud de esa derrota. La humillación de las democracias occidentales frente al desafío ruso podría ser el gran triunfo destinado a coronar su aventurera carrera política.

En el contexto de la pre-invasión, el espectáculo más triste es el que está dando Alemania. No es para menos. La nación hasta hace poco considerada locomotora económica de Europa, ha demostrando que, en los niveles militares y políticos no pasa de ser un destartalado vagón de carga.

Alemania es un país que arrastra una gran culpa histórica, dicen siempre sus filósofos e historiadores. Ahí reside precisamente gran parte del problema. Bajo la influencia del izquierdismo pacifista y de las corrientes humanistas cristianas, prima en Alemania un discurso que puede llevar al país a la indefensión frente a sus enemigos. Desde ese prisma, la "buenista" lección extraída de su tortuoso pasado no puede ser más abstrusa. En lugar de haber sido levantada una política de animadversión en contra de países gobernados por regímenes antidemocráticos como fue el hitleriano, los gobiernos han seguido la consigna de un “abajo las armas” digna más bien de ordenes conventuales que de países enfrentados a enemigos antidemocráticos, expansivos e incluso imperiales, como Rusia. Situación irrisoria. Cuando el gobernante ucraniano Zelenski pidió a Alemania ayuda militar, Alemania le ofreció dinero para comprar medicamentos. Además, cascos militares (!!).

Si a la falsa lectura de su propia historia agregamos la facilidad con que Alemania ha entregado llaves estratégicas a Rusia -como la dependencia del gas- gracias a la irresponsabilidad e incluso venalidad de sus políticos, completamos un cuadro deplorable. Solo el hecho de que un ex canciller como Gerhard Schroeder, no habiendo pasado siquiera un mes del cese de su cargo, hubiera asumido el rol de consejero de la empresa Gazprom ligada directamente al gobierno ruso, es propio a una república bananera y no a un país que busca ocupar un lugar hegemónico en la arena continental.

Negocios son negocios y política es política dirá la Realpolitik. Precisamente, de eso se trata, podríamos responder. En Alemania no ha sido lograda la separación entre economía y política. Más bien ocurre lo contrario: la política, sobre todo la internacional, depende de la economía, y la economía, de países gobernados por anti-demócratas como Putin.

Naturalmente, hay que mantener relaciones comerciales con todos los países, más allá de ideologías políticas. Pero hay áreas estratégicas que lisa y llanamente no deben ser entregadas a gobiernos que, debido a tradiciones y formatos antidemocráticos pueden llegar en cualquier momento a convertirse en enemigos. De esa fatal dependencia económica, el gobierno de Merkel arrastrará una cuota de responsabilidad. Los grandes méritos de la gobernante no podrán ocultar esa mancha, máxime si Merkel no podrá negar que no fue advertida, incluso desde su propio partido (entre algunos, por el internacionalista Norbert Röttger).

Un país como Alemania no puede depender de la energía de un producto estratégico controlado por una autocracia. Ceder a Putin el monopolio sobre el gas fue una decisión tanto o más peligrosa que entregar la producción de energía atómica a consorcios privados de los cuales Alemania está intentando todavía liberarse. La lección nunca aprendida, la que dice que entre países democráticos jamás ha habido guerras a diferencia de los países no democráticos contra los que siempre habrá guerras, hay que volverla a estudiar.

Visto en perspectiva histórica, Ucrania más que ocupada puede llegar a ser negociada. Solo esa negociación sería un triunfo para Vladimir Putin. Pero antes que nada sería la más terrible derrota política experimentada por la comunidad democrática europea desde la segunda guerra mundial. La capitulación del occidente político mostraría al mundo entero la vulnerabilidad de sus miembros frente a potencias no democráticas. Significaría, sin más ni menos, ceder a Rusia y después a China un rol político dominante en el concierto mundial y así renunciar a uno de los principios más caros que dieron origen a las Naciones Unidas, el de la autodeterminación de las naciones.

Si el mundo democrático cede ante Putin, sentará un peligroso precedente. ¿Quién podrá oponerse si Turquía hace y deshace con los kurdos e incluso con los armenios? ¿O si la extrema derecha israelí reclama derechos “bíblicos” en territorios palestinos? ¿O si China extermina a los uiguren? (solo para nombrar algunos casos conocidos). No nos engañemos: si Rusia negocia y /o ocupa Ucrania terminará por imponerse una suerte de darwinismo geopolítico, el derecho de los más fuertes a someter a los más débiles. El regreso al siglo XlX con las armas del siglo XXl.

No podemos seguir ocultando el hecho objetivo de que las naciones democráticas han pasado a la defensiva. Razón de más para que unan sus fuerzas y elaboren nuevas estrategias no solo militares sino también políticas frente a las futuras contiendas con regímenes antidemocráticos. Las libertades ganadas en las luchas en contra del nazismo y del comunismo no deben ser abandonadas. No podemos permitir que las espartas arrasen con las atenas.

A un lado la economía digital-esclavista china. Al otro, el bárbaro militarismo ruso. Occidente, el democrático, no está en condiciones de enfrentar ambas potencias a la vez. Hay que aprender a dividirlas, a establecer alianzas con una u otra, de acuerdo a las circunstancias que se den en la política internacional. Pero para que eso sea posible, deberá nacer una nueva solidaridad entre las naciones democráticas del planeta.

Lo que está en juego en Ucrania no es solo Ucrania sino la sobrevivencia de principios y valores heredados de la era de la Ilustración. Entre ellos, los más inalienables, los derechos humanos, los mismos que son pisoteados por Putin en su propio territorio, en las frías cárceles de Siberia o en la largas listas de opositores asesinados. Todos somos Ucrania debería ser el grito de nuestro tiempo.

28 de enero 2022

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2022/01/fernando-mires-en-ucrania-no-so...

En la recién finalizada campaña electoral de Barinas, fue notoria la presencia de altos jerarcas del gobierno. Ministros, generales, diputados, banqueros, dirigentes nacionales del Psuv, jefes policiales y milicianos hicieron acto de presencia en los diferentes municipios y parroquias del estado para impulsar y pedir apoyo a la candidatura de Arreaza a la gobernación. La presencia de estos camaradas iba acompañada de un derroche de regalías: Neveras, cocinas, equipos de aire acondicionado, lavadoras, bolsas Clap para la conquista de votos.

Pero, lo que más llamó la atención de los ciudadanos del estado, fue que cada uno de los representantes del régimen lucia en sus muñecas relojes lujosos y que, a cada rato, se preguntaban la hora entre ellos, con la finalidad de que la gente viera sus costosas prendas.

Esa indeseable conducta de nuevo riquismo, causó un profundo malestar en todos aquellos que veían el triste espectáculo y muchos se preguntaban sobre el origen de los dineros que hacían posible esa ostentación y derroche. Diputados de la Asamblea Nacional, presentes en apoyo a la candidatura unitaria de la oposición, comenzaron a dar una explicación sobre los relojes que lucían los camaradas del régimen.

¿Se acuerdan del joyero Habib Ariel Coriat Harrar, dijo uno de los diputados que formaba parte de la Comisión de Contraloría? ese señor ayudó, según el Informe de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), a blanquear 5.5 millones de dólares a la cofradía de dirigentes y empresarios cercanos al régimen. Coriat, es propietario de la joyería de lujo “Daoro San Ignacio C.A.” ubicada en el Centro Comercial San Ignacio de Caracas y en el 2011 recibió más de 5.5 millones de dólares de tres de los actores principales de la quiebra de PDVSA por la venta de 250 relojes de las marcas Rolex, Cartier, Chopard y Breguet. Los compulsivos compradores fueron: Nervis Villalobos ex vice ministro de Energía y Petróleo, que pagó al joyero1.5 millones de dólares; el empresario Diego Salazar que abonó cuatro millones de dólares y Javier Alvarado el todo poderoso exministro de Energía y Petróleo y director entre 2007-2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) quién transfirió al joyero 141.480 dólares”.

La red, de estos pillos, operó entre 2007 y 2012 y recurrió para lavar su botín a una alambicada madeja de una treintena de sociedades radicadas en paraísos fiscales como Belice o países protegidos por el secreto bancario, como Suiza o Andorra. El dinero manchado presuntamente por la corrupción de la petrolera confluyó en los depósitos de la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad intervenida en 2015 por participar en una supuesta lavadora de fondos de grupos criminales internacionales, proveniente de la mafia china, rusa y de una trama de corrupción enquistada en Pdvsa, que habría legitimado más de $2.000 millones en cuentas, tanto en la sede central en Andorra como de sus filiales en Madrid y Panamá.

También destaca en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (UIFAND), fechado en septiembre de 2020, que los camaradas empresarios corredores de seguros, José Luis Zabala y Omar Farías, no se quedaron atrás en la compra de relojes de lujo. Por ejemplo, pagaron 149.900 euros para hacerse en 2010 con un exclusivo ejemplar de oro de una edición limitada de Jaeger-LeCoultre. Uno de platino, modelo Big Pilot por 34.445 euros. Otro de oro blanco por 18.190 euros. Piezas de Patek Philippe fabricante de relojes de lujo por 126.760 euros. Un IWC de oro rosa por 155.000 euros. Un Parmigiani Kalpa de mujer, de oro con brillantes y montado manualmente, con un coste de 18.190 euros.

En este Festín de Baltazar, como fue el saqueo de PDVSA, estos pillos no se limitaron a la compra de relojes. También, gastaron millones de euros en vinos como el Pomaerol Petrus 1990 cuyo valor es de 5.560 la botella. Compraron una villa en República Dominicana por 602.000 euros y dejaron una reserva de 125.000 euros para el consumo de delicias gastronómicas como caviar y jamón.

Amigos, testaferros y cómplices fueron retribuidos o agradecidos con lujosos regalos de parte de los saqueadores, básicamente relojes de marcas lujosas. Se dice en los corrillos de pasillo, que Diego Salazar a la persona que lo iba a visitar a su oficina, le quitaba el reloj, lo tiraba en un cesto de basura y le regalaba un Rolex.

Finalmente, se desprende del Informe de Inteligencia Financiera de Andorra, que si realmente quieres conocer a un enchufao de este régimen pregúntale la hora y por su reloj lo conoceréis.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) levanta un muro que es imposible de saltar. Con los tiempos, términos y condiciones acordados el 21 de enero, sobre el procedimiento de recolección de manifestaciones de voluntad para tramitar una eventual solicitud de referendo revocatorio presidencial, se está violando de nuevo un derecho constitucional de los venezolanos.

Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, consagra el artículo 72 de la Constitución. A partir del pasado 10 de enero, mitad del período presidencial en curso, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) promovió una solicitud a la cual se sumaron otras dos organizaciones en calidad de adherentes.

Independientemente de lo que cada uno opine sobre el referendo revocatorio y su pertinencia en estos momentos, la obligación del CNE, como ente rector de un poder público nacional, es facilitar el ejercicio de este derecho consagrado en la Constitución, y no bloquearlo. El cronograma aprobado en el directorio, con dos votos salvados entre los cinco rectores principales, dificulta radicalmente la posibilidad de tan siquiera empezar a ejercer el derecho constitucional a revocar.

En primer lugar, el CNE estableció que la jornada única de recepción de las manifestaciones de voluntad fuese el 26 de enero. Esto es, apenas cinco días después de la decisión, lo cual resulta un tiempo insuficiente tanto para notificar oportunamente a los electores sobre los puntos de recepción como para nombrar y acreditar a los testigos ante esos centros.

Más allá de esta logística fundamental, las propias Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular (Gaceta Electoral N°405, 2007), sobre las cuales se basa el CNE para su cronograma de 2022, permiten que esta recepción de manifestaciones de voluntad se realice por un máximo de tres días, y que el lapso para proponer los centros sea de hasta 15 días hábiles, tomando en cuenta las variantes geográficas y de población electoral.

En menos de 24 horas, el 22 de enero, apenas cuatro días antes de la fecha fijada para registrar las manifestaciones de voluntad, el CNE publicó en su web una lista de 1.200 centros a habilitar en el territorio nacional, en horario comprendido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Con base en lo que estable la Constitución, serían necesarias alrededor de 4,2 millones de firmas y huellas válidas en circunscripción nacional para activar un referendo revocatorio presidencial en 2022.

Siendo este el diseño, en promedio cada punto tendría que atender a cinco firmantes por minuto sin pausa durante 12 horas, disponiendo cada uno de los firmantes de 12 segundos, en promedio, para poner cuatro huellas dactilares y firmar en un cuaderno. Esta capacidad instalada implicaría el desplazamiento de electores entre municipios de su mismo estado, en un país con deficiencias de movilidad, acentuadas en tiempo de pandemia. Tenemos, en consecuencia, un número de puntos de recepción absolutamente insuficientes durante un lapso aprobado igualmente insuficiente.

Aun teniendo un número óptimo y bien distribuido de puntos, atenta contra el proceso el poquísimo tiempo disponible para que los electores puedan enterarse suficientemente de qué va esta acción ciudadana, quiénes la promueven, a dónde acudir o cómo acreditarse como testigo. Los electores venezolanos deben tomar una decisión al respecto, cualquiera que sea, y las decisiones responsables se fundamentan en información diversa y oportuna.

Persiste el CNE, por otra parte, en el error arrastrado del anterior intento fallido de revocatorio de querer contabilizar las manifestaciones de voluntad por cada una de las entidades federales del país. Si tan solo un estado no alcanzara el 20% de firmas de sus electores, se anularía automáticamente el proceso del revocatorio, con base en un fallo del Tribunal Supremo de Justicia del año 2016. El artículo 72 de la Constitución establece, sin embargo, que podrá solicitar la convocatoria un número no menor del 20% de los electores “inscritos en la correspondiente circunscripción”. En este caso, estamos ante una única circunscripción nacional por tratarse del cargo presidencial, con lo cual estaría el CNE violando una expresa disposición constitucional.

Todo lo anterior debe tomar en cuenta no solo el curso global y nacional de la pandemia de covid-19, sino el registro, en los últimos días, de los números de casos diarios de contagio más altos reportados por el propio gobierno desde el inicio de la emergencia sanitaria hace casi dos años. Las condiciones de recolección de voluntades establecidas por el CNE para nada consideran las recomendaciones internacionales de estos tiempos en materia de salud pública.

Desde el punto de vista de garantías técnicas, el cronograma aprobado para 2022 tampoco contempla las auditorías del Registro Electoral, de software de máquinas, de software de recepción, de producción de equipos y de resultados, a diferencia del cronograma del año 2016 que, en general, contemplaba ocho actividades más que ahora.

El Observatorio Electoral Venezolano seguirá atento al desarrollo de esta situación desde la mirada técnico-electoral que le compete. El OEV lamenta que la decisión tomada por el CNE imposibilite la activación del derecho constitucional a la revocatoria ciudadana y electoral de cargos de elección popular. Mas allá de la discusión que pueda darse con respecto a su pertinencia, es, sin duda, una mala señal de cara a la resolución de la ya larga crisis venezolana. Ante esta nueva lesión a la salud de la democracia, urge que los actores nacionales retomen negociaciones con miras a acuerdos políticos inclusivos y estables que sustenten la agenda electoral futura de la nación.

Caracas, 23 de enero de 2022