Durante los 23 años de el régimen chavista-madurista, los Juegos Deportivos Nacionales (JDN) han sufrido los embates de una gestión gubernamental caracterizada por el totalitarismo autocrático centralizado de sus incompetentes autoridades deportivas. Sumado a ello, los casos de corrupción derivados de los contratos de mantenimiento o construcción de las instalaciones deportivas, los comedores, la compra de materiales deportivos y el negocio de los uniformes deportivos.

En su loco afán de “control revolucionario” el régimen optó por centralizar toda la actividad deportiva trasladando, en primer lugar, al Instituto Nacional de Deporte IND, la administración de las instalaciones deportivas localizadas en los estados gobernados por opositores al régimen. Los primeros estados en sufrir las consecuencias de esta dictatorial medida fueron Zulia y Táchira y posteriormente la medida fue extendida a la región capital, al quitarle la sede de los juegos nacionales a Caracas, porqué el alcalde de la región era opositor.

Para favorecer los incrementos a los presupuestos y las ganancias de los corruptos, el régimen con sus incapaces autoridades deportivas impuso la multiplicación de las sedes y dieron paso a Los Juegos Nacionales de los Andes con sus sedes en Mérida, Táchira y Trujillo y a los Juegos Nacionales de Los Llanos con sus sedes en Guárico, Apure y Barinas.

Finalmente, para el 2013 los Juegos fueron asignados a la región capital con sus sedes en Caracas, Miranda y Vargas. Siendo esta la última edición de los juegos. Desaparecidos los dineros del Fondo Nacional del Deporte, la escalada hiperinflacionaria y la progresiva devaluación de nuestro signo monetario marcaron definitivamente la suspensión de la realización bi-anual de los Juegos Deportivos Nacionales.

Durante 23 años consecutivos, hemos sido testigos del desastre continuado de los Juegos y en particular, de la permanente suspensión en estos últimos nueve años. Por ello, en su momento, llamó la atención, a los atletas, entrenadores y dirigentes deportivos de todo el país, el anuncio del Ministro del Deporte en el pasado mes de octubre 2021 en donde señalaba “el regreso de los JDN para el 8 de diciembre en las sedes de Caracas, Miranda, La Guaira, Carabobo, Lara, Yaracuy y Guárico”.

En su discurso, el presidente del IND, Juan Carlos Amarante dio rienda suelta a su demagógica e irresponsable conducta al anunciar con bombos y platillos que:

“…la vigésima edición de los JDN se celebrará del 8 al 19 de diciembre y contará con la participación de 10.655 atletas de todas las regiones del país. En esta oportunidad entrarán en acción en busca de los máximos honores, 5.217 atletas en femenino y 5.448 en masculino en un total de 63 modalidades deportivas. La capital del país servirá de escenario para 23 disciplinas deportivas. La región mirandina acogerá 16 especialidades. La Guaria albergará seis deportes. Carabobo 3. Lara 3. Guárico 2 y Yaracuy 3. Además, participaran 2.077 entrenadores, 1.123 delegados, 1.474 árbitros, 186 federativos y 400 miembros del Comité Organizador. Estos serán los mejores JDN de la historia…”

Luego de escuchar semejante perorata demagógica, la realidad dejó al desnudo a la fracasada revolución y sus incapaces autoridades. Las observaciones y reclamos críticos en todo el país no se hicieron esperar:

-Los atletas reclamaban que no tenían instalaciones adecuadas para sus entrenamientos, no tenían asistencia social de ningún tipo: becas, comedores, transporte, viáticos ni protección para su salud.

-Los entrenadores luchaban contra los salarios de hambre que les pagaban, no tenían seguros de HCM, no disponían de material deportivo, nunca tenían respuestas a sus planes de entrenamiento y sus centros de trabajo estaban en abandono total.

-Los dirigentes deportivos, comenzaron a reclamar que a pesar de haber logrado clasificar a sus equipos en los eventos zonales, ahora eran informados que estaban eliminados y en los deportes individuales les comunicaban que por órdenes del IND debían reducir sus delegaciones.

-Los directivos de los organismos deportivos regionales señalaban carecer de recursos para asistir a unos juegos y con múltiples sedes las necesidades también se multiplicaban y no eran atendidas por ninguna autoridad.

Pero el desastre continuaba, el Ministro del Deporte Mervin Maldonado, con el caradurismo de los incapaces, anuncia a finales de noviembre que “los JDN fueron pospuestos para ser realizados del 31 de enero al 12 de febrero 2022 debido a que los Institutos Regionales, por los cambios de autoridades resultados de las elecciones, pidieron un poco más de tiempo”. Argumento este que se cae por su propio peso, puesto que la fecha de las elecciones regionales estaba establecida desde comienzo de año y no haber tomado esa previsión solo demuestra la incompetencia e incapacidad de las autoridades deportivas.

Con la llegada del nuevo año 2022, el régimen avanza en su pantomima deportiva y ratifica de manera irresponsable la realización de la XX edición de los Juegos Deportivos Nacionales sin haber resuelto los problemas y dificultades que estaban planteadas en el año anterior y que siguen vigentes hoy en día. Atletas y entrenadores comenzaron a manifestar su desacuerdo con las medidas autoritarias de los gobiernos regionales, con el visto bueno de las autoridades deportivas del IND y el Ministerio del Deporte, de reducir las delegaciones sin ningún tipo de argumentos. Por ejemplo: El equipo de atletismo del estado Trujillo, que había logrado clasificar a 25 integrantes ¡¡¡fue reducido a 5 atletas!!! sin que hasta el momento se conozcan las razones de las arbitrarias autoridades deportivas. Igual situación ocurrió con los estados Aragua y Delta Amacuro.

En la especialidad de Bádminton se dio el caso que Aragua, campeón nacional por equipo, ¡¡¡no fue inscrito!!! y se desconocen las razones de esta descabellada decisión.

En Tenis de Campo, los atletas y entrenadores de la delegación de Aragua reclamaron la entrega de los uniformes y los materiales deportivos y recibieron como respuesta por parte de la recién electa gobernadora “que no había nada para entregarles puesto que el gobernador anterior había dejado a la gobernación sin recursos; por lo tanto, busquen ustedes mismos como resolver esta situación”.

Quizás el hecho más llamativo, de esta pantomima que está montando el régimen con los Juegos Deportivos Nacionales, tenga que ver con la irresponsable decisión de realizar unos juegos con la presencia de 10.000 personas en el momento que la pandemia de COVID 19, con su variante Omicrón, ha alcanzado cifras record de contagio en el país.

Con esta farsa, el régimen pretende lavarse la cara, pero la crisis deportiva generada por la falta de recursos a causa de la corrupción, instalaciones destartaladas, atletas y entrenadores sin protección social, la no aprobación de los Programas Operativos Anuales, la intervención contra la autonomía de las federaciones y la descabellada decisión de eliminar, sin fundamento alguno, disciplinas deportivas o número de atletas que se habían ganado su derecho a participar en los eventos clasificatorios señalan que el desastre continúa.

El desastre ocurrido durante las últimas décadas en las industrias básicas de Guayana, debe llamar la conciencia del país. No solo para ponderar la magnitud del daño que se le ha causado a la nación, sino para discutir y establecer un plan sobre lo que habrá que hacer a futuro con ese sector (otrora pivote para la diversificación de la economía nacional) lo que sucederá, obviamente, a partir del cambio indispensable del régimen responsable de tal fracaso nacional.

Para mediados de la década de 1940, Venezuela exportaba grandes volúmenes de mineral de hierro y ya tenía en producción algunas industrias metalúrgicas, mientras imaginaba enormes proyectos de industrias básicas y grandes capacidades de generación de electricidad para apalancar la diversificación económica. La mayor parte de esos proyectos se hicieron realidad en Guayana como cosecha de la democracia, que se empeñó en conocer los recursos naturales de la región y aprovecharlos a través de las industrias básicas en favor del progreso del país. Esos esfuerzos, públicos y privados, concretaron parte de la estrategia de diversificación, así como el sueño que Venezuela acariciaba desde la Colonia sobre esa región, vista desde entonces como la tierra del porvenir.

Fue así como, desde mediados de la década de 1960 y hasta inicios del Siglo XXI, los procesos de diversificación industrial del país y el progreso de Guayana transcurrieron positivamente enlazados, en un recorrido de claroscuros en que predominaron los logros, hasta que comenzó el caos inducido de la minería y la destrucción sistemática de las industrias básicas metalúrgicas y de electricidad, actividades cuyo desarrollo había sido el vínculo principal entre aquellos dos procesos. Hoy esos sectores han colapsado.

La evaluación de la situación de las industrias metalúrgicas, de la generación hidroeléctrica y de la minería de metales efectuada por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, dimensiona la magnitud del desastre que en ellas se ha producido, que se resume a continuación:

• Subsector minería de hierro: entre los años 2002 y 2008 la empresa CVG Ferrominera Orinoco produjo a un ritmo promedio de 20,3 millones de toneladas al año, nivel que ha decrecido en un 70% debido al deterioro de las instalaciones, mientras la planta de pellas de SIDOR apenas produce un 10% de su capacidad de 8 millones de toneladas al año.

• Subsector de prereducidos: Hasta el año 2008 Venezuela mantuvo un liderazgo internacional en la producción de mineral de hierro metalizado en 9 plantas que fueron expropiadas entre 2007 y 2009, y, en la actualidad, las 5 plantas productoras de briquetas (HBI) y las 4 plantas productoras de hierro esponja (DRI) de SIDOR están materialmente paralizadas.

• Subsector acero: SIDOR, estatizada en el 2008, había llegado en el 2007 a producir casi 5 millones de toneladas al año, mientras para el 2017 la producción de acero líquido había caído en un 92.6% y para el 2021 se estimaba la reducción en 97,3%.

• Subsector bauxita: En el año 2001, la mina de Los Pijiguaos se explotaba a un 76% de su capacidad para producir y transportar bauxita, que es de 6 millones de toneladas al año. A mayo 2021, su producción es nula y la mayor parte de sus instalaciones, edificaciones, laboratorios, maquinaria y equipos tienen un grave deterioro, ya sea por haber sido canibalizados, por falta de mantenimiento, por descuido o por abandono.

• Subsector aluminio: La industria del aluminio jugó en Venezuela un papel estratégico, cuando durante varios años el país se ubicó entre los 10 primeros productores de aluminio primario en el mundo. VENALUM y ALCASA estaban a la cabeza de las plantas reductoras de América Latina; e INTERALÚMINA era la más grande y prestigiosa refinería de bauxita de todo el continente americano. Todas estas plantas están hoy paralizadas, canibalizadas, vandalizadas y hasta chatarreadas.

• Subsector oro: Lo peor que ha sucedido en la historia venezolana de la minería, ha sido la creación del llamado “Proyecto de Desarrollo del Arco Minero”, el cual carece de estudios básicos y de planificación y ha sido implementado generando anarquía, inseguridad, deterioro del medio ambiente, corrupción y delincuencia en gran escala, creando en Guayana un verdadero caos territorial y socio económico de dimensiones incalculables.

• Industria productora de electricidad, apoyo esencial al desarrollo: La empresa CVG EDELCA, principal responsable de las actividades de generación y transmisión en el país hasta que fue eliminada, por muchos años fue modelo de buena gerencia y elevado profesionalismo a todo nivel. Ella construyó una capacidad de generación de 14.500 megavatios en el sistema de plantas hidroeléctricas Macagua I, II y III, Guri y Caruachi, el cual satisfacía la demanda creciente de la población, el comercio y las industrias de Guayana y aportaba más del 70% de la generación eléctrica de Venezuela a través del Sistema Interconectado Nacional.

En la actualidad Guri, el complejo generador más importante de ese sistema, funciona aproximadamente al 50% de su capacidad, con baja confiabilidad de operación, y sus intervenciones de mantenimiento se hacen canibalizando otras instalaciones. La planta hidroeléctrica de Tocoma, que para 2010 debía elevar la capacidad instalada de Guayana a 17.000 megavatios, comenzó su proyecto de ingeniería en 1996 y nunca ha llegado a concluirse.

• Producción y suministro de gas, apoyo a las industrias básicas: Venezuela es el quinto país del mundo y el primero de América Latina en cuanto a reservas de gas natural convencional, pero la errada política gasífera venezolana, que incluye entre otras deformaciones, la violación de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, el monopolio estatal del suministro y la fijación de precios por debajo de los costos de producción, ha hecho que muchas industrias de Guayana estén paralizadas por no disponer de gas natural.

La destrucción de las industrias básicas de Guayana ha hecho que sus importantes recursos de hierro, aluminio, oro etc. considerados estratégicos para la nación, sean hoy, por ineptitud y prevalencia de intereses distintos al desarrollo, una riqueza dormida, desaprovechada, mientras el país se encuentra en unos niveles de pobreza sin precedentes y el Estado carece de recursos financieros para su rescate.

En el Grupo Orinoco estamos conscientes de que sólo un cambio profundo en el sistema político, y en libertad, permitirá que se desplieguen todas las transformaciones institucionales, tecnológicas y económicas necesarias para convertir a Guayana en el corazón del que nazca una etapa de prosperidad para el país.

Pero no podemos quedarnos paralizados esperando a que llegue ese cambio, mientras tanto y ante la situación ruinosa y desalentadora arriba sintetizada, el Grupo Orinoco de energía y ambiente, ha venido analizando la estrategia más conveniente a seguir para toda la región de Guayana, la cual está contenida en nuestro documento: “Guion para la formulación de una estrategia de desarrollo sostenible para Guayana” (2020), dentro de cuyo marco proponemos específicamente:

• Discutir entre todos los actores relevantes, regionales y nacionales, la formulación por consenso de la visión y estrategia de desarrollo sostenible para el corto, mediano y largo plazo de la región de Guayana, que considere la relevancia social y económica de otros sectores productivos además del minero-metalúrgico, para diversificar la economía, con el objetivo de recuperar la prosperidad de la región y del país, a ser instrumentada una vez ocurra el cambio político deseable.

• Impulsar los acuerdos políticos, económicos y sociales necesarios para:

• La transformación institucional y productiva de Guayana, que hoy está disminuida a su mínima expresión, de acuerdo con fórmulas democráticas. o La participación protagónica del sector privado como parte de la nueva estrategia de desarrollo sostenible que se formule, con el fin de procurar una gestión industrial competitiva internacionalmente, eficiente y apegada a criterios de racionalidad empresarial con responsabilidad social y ambiental.
• La recuperación de la soberanía en la región y devolverle su seguridad pública y territorial

Estos planteamientos los consideramos como lo mínimo que debe emprenderse para enfrentar el futuro de Guayana con posibilidades de éxito.

1 de febrero de 2022

www.grupoorinoco.org

Casas Muertas, la conocida novela de Miguel Otero Silva, fue el tema de una extraordinaria conferencia de la distinguida escritora, periodista y profesora Milagros Socorro, organizada por Venamérica y la Venezuelan American Petroleum Association (VAPA). Estas organizaciones programan semanalmente conferencias sobre tópicos técnicos. La semana pasada enriquecieron nuestro acervo cultural con la discusión de una obra que no es sobre el petróleo, pero que lo toca tangencialmente.

Algunos mal informados o con sesgo político interpretan la novela como una crítica a la actividad petrolera, la cual habría producido casas muertas en el medio rural. Otros, como el nacimiento de una nueva Venezuela. Milagros nos hizo el milagro de pasearnos amenamente por las noventa páginas de la novela, en la que solo al final, en la página 81, aparece la palabra petróleo. No pretendemos referirnos a la acertada visión de la conferencista sobre la novela, sino a un punto discutido en la sobremesa entre ella y los participantes.

Mientras en Ortiz morían las casas, sus pocos habitantes se limitaban a rivalizar con sus vecinos de Parapara de Ortiz, quienes alegaban ser de Parapara de Parapara. Paralelamente, en el oriente de Venezuela nacían ciudades gracias al oro negro. El desplazamiento del medio rural al urbano ha ocurrido en todos los países, con o sin petróleo. En el nuestro, lo atípico fue la velocidad de esa migración, como consecuencia de la actividad y renta del petróleo. Lógicamente, este hecho ocasionó grandes distorsiones. Corresponde a los gobiernos, establecer políticas para lograr cierta nivelación.

La sociedad venezolana no ha valorado adecuadamente la importancia de la contribución de las empresas petroleras al desarrollo del país. Los petroleros tienen gran parte de culpa porque, como lo recalcó Milagros Socorro, no se han preocupado por divulgar lo que hacen en su trabajo, ni sus contribuciones a la comunidad.

Sin duda que, en los primeros años de la producción petrolera, las empresas extranjeras evadieron impuestos y no trataron bien al personal obrero. Por eso se produjeron huelgas en 1925 y 1936. Gradualmente, respetaron las leyes, aumentaron los salarios, otorgaron beneficios sociales a los trabajadores, construyeron viviendas, campos deportivos, escuelas y comisariatos para suministro de alimentos subsidiados.

Además, ejecutaron programas de responsabilidad social. Así, por ejemplo, la Shell creó El Servicio Shell para el Agricultor, que tuvo un impacto importante en la producción de hortalizas, frutales, control de malezas, insectos y enfermedades, a través de la investigación aplicada en las fincas de los agricultores y de la asistencia técnica. La Creole tuvo programas culturales y también agrícolas. Además, construyeron escuelas, carreteras, acueductos y dispensarios médicos.

Esta política de responsabilidad social la intensificaron las empresas nacionalizadas Maraven, Lagoven, Corpoven y Pequiven, quienes por medio de convenios con el sector privado realizaron una importante contribución al desarrollo de sus áreas de influencia. Estas empresas manejaron eficientemente el negocio petrolero y petroquímico, y realizaron programas de responsabilidad social con los recursos que aprobaba el accionista.

Además, bajo la presidencia de Juan Chacín, Pdvsa creo a la filial Palmaven para contribuir a un desarrollo más armónico entre la actividad petrolera y el medio rural, constituyendo empresas mixtas en el sector agrícola, prestando asistencia técnica y realizando trabajos de evaluación y remediación ambiental.

Pdvsa fue una empresa petrolera y petroquímica, que tenía programas de responsabilidad social. Chávez-Maduro la transformaron en una empresa de responsabilidad social mal entendida, que marginalmente realiza alguna actividad petrolera. Para ello, le ordenaron que se quedara con gran parte de los ingresos que antes iban al fisco. Irresponsablemente, Pdvsa creo las filiales Industrial, Agrícola, Naval, Desarrollo Urbano, Ingeniería y Construcción y una PdvsaTV. Por cierto, todas están quebradas y los casos de corrupción son conocidos.

Pdvsa funcionó bien mientras se respetó la meritocracia en la designación del personal. Desde luego, con alguna que otra excepción. Como en todas partes, había algunos engreídos. Ahora está destruida. ¿Se podrá recuperar, aunque no sea como la anterior? Se esté o no de acuerdo, será necesario cambiar la legislación para incentivar mayor participación del sector privado.

No es cierto que los petroleros éramos apáticos ante el acontecer nacional. Lo demostramos con nuestro trabajo y cuando promovimos el paro petrolero de abril en defensa de la meritocracia y cuando nos sumamos al paro cívico en defensa de la democracia. Perdimos nuestra carrera, prestaciones y fondo de ahorros, pero no nos arrepentimos. Seguimos presentes y comprometidos con el país. Los sueldos y salarios del personal, al menos antes de la destrucción roja, estaban dentro del 75 percentil de los existentes en el país. Los planes, presupuestos y resultados de Pdvsa eran aprobados por el accionista representado por el ministro del área; los convenios internacionales eran aprobados por el Congreso de la República y la Contraloría General de la República tenía una Contraloría Delegada en Pdvsa, además había una auditoría interna y otra externa. Los Informes se presentaban puntualmente y eran públicos. Ahora, el último es el de 2016.

Tiene razón la distinguida Milagros Socorro cuando nos reclama que los petroleros no escribimos para divulgar nuestras vivencias. Una de las pocas excepciones es el incansable Gustavo Coronel. Otros colegas son articulistas sobre la situación actual, pero hace falta el testimonio de la generación anterior.

Como (había) en botica:

Vergonzosa la escena en Iquique, Chile, donde grupos de malandros rompieron cunas, coches de niños y carpas de refugiados venezolanos, ante la indiferencia de los carabineros. Probablemente esta acción se debió a un abuso de algún compatriota nuestro, pero esa no es razón para esa acción vandálica, que no es la manera de ser de la mayoría del pueblo chileno.

Felicitaciones al padre Ugalde por el premio Fundación Arana.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

El 7 de diciembre, a menos de un mes del derrocamiento de Gallegos, la Junta Militar decreta la disolución de AD. Al día siguiente el CEN de ese partido publica un manifiesto anunciando el inicio de la resistencia contra la dictadura militar. Si Delgado esperó alcanzar con el decreto un estado de paz resignada, el texto del manifiesto de AD debió preocuparlo.

Él no era hombre de combate ni dado a los extremos, pero se encontraba con un enemigo dispuesto a pelear hasta el fin, al costo que fuera. Sus rasgos personales no se avenían con la mayor disposición de sus dos compañeros de Junta a extremarla represión. No se necesitaba ser especialmente sagaz para entrever una enconada lucha por el poder entre “los tres cochinitos”, como una vez los denominó un reportero de El Nacional. Pagó por eso. Y también pagó el diario de Miguel Otero.

El fallecido mandatario –según supe luego– aparentemente le tenía afecto a Pérez Jiménez, quien a su vez decía guardarle admiración y cariño, pero no cabe duda que, con mirada florentina, Delgado lo calibraba bien, así como a su logia, la Unión Patriótica Militar. Calibraba y temía lo que pudieran hacer desde el poder sin una fuerza moderadora, en este caso la encarnada en él. En la realidad profunda desconfiaba de Pérez Jiménez al punto de haberlo excluido de la lista de tres militares que conformarían la Junta con la mayoría civil de AD, aprovechando que el otro fue el primer detenido por el gobierno de Medina.

No sé si semejante conjetura sea válida, pero podría explicar sin hipérboles varias de sus indecisiones. No dejaba de valerse de la intriga: tal vez por habérselo insinuado Delgado, Pérez Jiménez siempre creyó que el autor de la maniobra había sido Betancourt. No faltó quien atribuyera a eso el odio del militar tachirense hacia el civil guatireño.

Por su manera de ser, Gallegos no abundó en la traición de su amigo y subalterno. Habló poco del tema y prefirió adoptar un silencio despreciativo. En cambio, sin ser vengativo ni especialmente rencoroso, Betancourt no era nada comedido con sus enemigos políticos. Era un líder de garra, atento a las situaciones ante las cuales siempre tenía respuestas.

Años después, estando yo preso, con mis cicatrices guerreras bajo el gobierno del presidente Leoni, y en la tranquilidad que se me daba, leí completos y fiché una buena cantidad de libros, entre los cuales menciono ahora los tres tomos de El Capital y la imprescindible obra escrita por Betancourt en el exilio, Venezuela, Política y Petróleo. He perdido no pocas de las fichas que con tanto entusiasmo escribí, pero guardo otras. Sobre ellas vuelvo ocasionalmente. Me han ayudado a documentar los libros que iré produciendo, además de algunas partes de estas Memorias.

En el lugar donde se refiere a Delgado, dice Rómulo:

-Mientras Miraflores era una marmita en ebullición, Delgado Chalbaud se había quedado dormido, con la taza de café vertida sobre el uniforme y la mandíbula inferior caída sobre el pecho. Esa noche se reveló como un hombre cuyos nervios se quebraban. Le faltaba el combustible de una gran pasión.

Más adelante, al aludir al golpe contra Gallegos, escribe:

– Entre Delgado Chalbaud y Pérez Jiménez había dos zonas de coincidencia obvia: la ausencia en ambos de escrúpulos morales y la irritada mala voluntad hacia el pueblo.

Alguien, no recuerdo quién, me contó lo ocurrido con los militares golpistas a la hora de escoger el presidente de la Junta. El cuento sería, probablemente, una fantasía nacida del desconocimiento de los pormenores, que nadie ha tenido especial interés en precisar. Con todo, aparte de cuánta verdad o mentira soporte, da cuenta aproximada del carácter de Delgado, Pérez Jiménez y Llovera Páez. Redactada el acta, el secretario –¿Miguel Moreno?– la pone a disposición de los tres caballeros. En seguida Delgado se adelanta, toma la pluma y pregunta: ¿Dónde firma el presidente? Los otros dos, cogidos de sorpresa, firmaron más abajo. El presidente fue, pues, Delgado, pero la fuerza militar real la detentaba Pérez Jiménez.

Si no es Leonardo es Alberto

El espectáculo debe continuar. Alberto Carnevali suple la ausencia absoluta de Leonardo. Impresionado por los daños ocasionados al partido por la política “de inmediato retorno”, intenta una rectificación. Quiere dar un golpe de timón, desplazando el eje de la estrategia del lugar en que se encontraba y pone de relieve algo más ajustado a la realidad: ya no será más una cuestión de golpes audaces por muy justos que parezcan sus objetivos. La salida ha de ser unitaria y de masas, no por la vía pacífica sino mediante la rebelión. La mecha de combustión rápida, cambiada por una mecha de combustión lenta.

Carnevali honra sus reflexiones políticas. Cuando habla de unidad es unidad. Teniendo muy presente la necesidad de no hacer recaer la resistencia sobre los exclusivos hombros de AD, hace contacto con Copei y URD a fin de preparar una primera declaración conjunta. De seguidas propone a esos partidos la incorporación también del PCV como firmante del documento.

Carnevali no acusa, hace un mea culpa. Ha rectificado casi al tiempo en que lo hace Betancourt en el exilio. Rómulo y Alberto habían aprobado vehementemente varios de los golpes más resonantes organizados con valor y riesgo infinitos por el CEN de Leonardo y Alberto y por el Comité Coordinador de Costa Rica liderado por Betancourt, cuya participación en varias de las acciones fue intensa, pese a la distancia. En un memorándum del 28 de septiembre de 1951 incluido en su Antología política, y publicada en 2003, puedo leer en obra de Gumersindo Rodríguez la opinión de Rómulo Betancourt:

-Hasta ahora cuento con ofrecimientos de un mil rifles modernos y ciento cincuenta mil proyectiles. Aspiro a duplicar esa cifra por gestiones que adelanto afanosamente.

El plan del jefe de AD incluía su participación personal en un desembarco, previo trasbordo en alguna isla vecina del litoral de oriente. Pero esa operación fue abortada el 12 de octubre de 1951. El trasfondo del llamado a la abstención era el golpe que se preparaba con gran pasión. El resultado es la muerte de Leonardo y la rectificación de Betancourt y Carnevali. Aunque los afectos y pasiones de la política son muchas veces inescrutables, el viraje propiciado por ellos allanó posiblemente la diferencia que pudo haber entre Rómulo y Alberto.

En el informe presentado por Betancourt a la IX Convención de AD, la primera en reunirse a escasos meses de la caída de Pérez Jiménez y la primera a la que asistí como delegado, quedaría definida su valoración de la índole de Carnevali, borrados para siempre los malos momentos que hacia 1948 pudieron perjudicar la relación entre los dos. Desde luego, si eso no fuera una típica fantasía de las angustias clandestinas. Comentaré el importante informe de Betancourt cuando lleguemos allá, pero me adelanto a mencionar la forma como se refirió a Carnevali en 1958, a propósito del viraje anunciado por Alberto cinco años antes, cuando su destino estaba escrito.

-Se llevó a la tumba –dirá Betancourt– su gran secreto de estadista y estratega revolucionario.

Twitter: @AmericoMartin

Américo Martín es abogado y escritor.

La edición de esta semana de The Economist tiene un artículo de portada precisamente sobre este tema: “Bienvenidos a la era del gobierno autoritario”. Subtítulo: “Los países de todo el mundo quieren someter a las empresas a su voluntad”. La ilustración adjunta es de un gran dedo doblando una torre de oficinas como si fuera de goma. Una oferta especial para suscriptores los invita a un webinar sobre el “nuevo intervencionismo”.

Gran parte del atractivo de este nuevo intervencionismo es que es (supuestamente) nuevo. Las ideas viejas y cansadas de la década de 1990 (mercados más libres, impuestos más bajos, gobierno más pequeño, fronteras más abiertas) al no haber entregado el Cielo en la Tierra, debemos intentar algo completamente diferente: los gobiernos se alzan como los nuevos dirigentes de las empresas.

No se han puesto en práctica

De hecho, se puede argumentar que estas políticas de gobiernos pequeños nunca se han puesto en practica realmente. Los gobiernos de los países desarrollados no son notablemente más pequeños de lo que eran, ni sus impuestos más bajos, ni sus mercados más libres: el gobierno federal acaba de investigar varios países que se inmiscuyen en hasta en lo más mínimo como prohibir las bolsas de plástico, o subsidiar vehículos eléctricos. Todavía no es posible importar y exportar libremente en muchos países como uno quisiera.
Peter Foster, c. 1993, describe cómo, hace tres décadas, los mejores y más brillantes miembros de la Administración Clinton vendían su nuevo intervencionismo como antídoto contra el Reaganismo, que predicaba la primacía de los mercados. Así, Robert Reich, el primer Secretario de Trabajo de Bill Clinton, argumentó que la "justicia social" (que desde entonces se ha convertido en una frase muy familiar) requería que el gobierno controlara los ingresos de las clases altas. Lester Thurow explicaba que "el papel del gobierno es representar el futuro para el presente”. Thurow argumentó en varios libros que lo que más necesitaba Estados Unidos era un dirigismo económico al estilo europeo.
En resumen, el nuevo intervencionismo del siglo XXI en las grandes potencias económicas no es nuevo. Su nuevo intento luego del Covid-19 es al menos la cuarta o quinta vez. Pero su presunción y arrogancia sigue siendo la misma. Sí, tienen esas potencias inteligencia artificial, una fuerza laboral altamente educada, tienen supercomputadoras, tienen modelos sofisticados, y todo tipo de métodos analíticos mejorados. Pero las cosas fundamentales siguen siendo válidas: ¿cómo saben los nuevos intervencionistas en qué dirección deben guiar la historia? ¿Qué visión especial tienen de las incógnitas conocidas, por no hablar de las incógnitas desconocidas que seguramente encontraremos? ¿Y cómo, habiendo decidido apostar la economía a sus corazonadas, se aseguran de que su plan no sea secuestrado por la política? ¿O no extender la generosidad de la política industrial a todas las provincias y territorios?
Un Estado más activista

A pesar de los fracasos del pasado, la nueva brigada de políticos intervencionista recurre a una mezcla de viejos argumentos y supuestamente nuevas circunstancias para justificar una ronda renovada de “dirección estratégica”. En Estados Unidos, la elección de Bill Clinton significa la creciente influencia de un grupo de asesores políticos -como los profesores Robert Reich y Lester Thurow- que creen ideológicamente en un Estado más activista basado en las supuestas deficiencias de la libre empresa. Reich predica la justicia social y afirma que, a menos que se haga algo, la riqueza se acumulará cada vez más en un grupo sin Estado de talentosos... Thurow afirma que la libre empresa es una máquina finamente afinada que sigue descomponiéndose y necesita retoques constantes, y que Estados Unidos tiene que respaldar “campeones” industriales porque Japón y la Unión Europea lo están haciendo.
Por un proceso de ósmosis de políticas, hay llamados paralelos en muchos países no solo para una acción promotora en general, sino también para políticas que aumenten la competitividad, induzcan la innovación (en particular, las “tecnologías del futuro”), promuevan la productividad o mejoren la calidad. En todas partes, los gobiernos que han demostrado repetidamente su propia incompetencia están siendo llamados a ayudar al sector privado a hacer mejor su trabajo. Ahora el ambientalismo esta siendo una gran excusa para usar recursos del estado para escoger ganadores y perdedores.
En Venezuela

Paradójicamente en Venezuela estamos de regreso auspiciando desde el mismísimo gobierno un proceso de menos intervención del estado. Sin embargo, la invitación al sector privado de invertir en Venezuela se ve infructuoso debido a que los lideres venezolanos para preservar sus beneficios y su poder personal y sin necesidad entubaron a Venezuela aun conflicto geopolítico mundial que impide la inversión privada.
Es el papel de cada venezolano ayudar a que en Venezuela se restablezca la soberanía nacional para poder presentarnos ante el mundo como un territorio libre de conflictos y propicio para la inversión y el desarrollo de nuestra población.

Twitter @alejandrojsucre

Décadas atrás, Friedrich Hayek dijo que la democracia es un sistema intrínsecamente revocable, y con frecuencia se elige a quienes aspiran destruirla por métodos que ella misma establece, lo que descarta juzgar democrático a un mandatario por ser electo según sus reglas, y por medio del voto han accedido múltiples bataclanes, hasta llegar a Daniel Ortega y Nayib Bukele. Da pena repetir que los gobernantes califican como democráticos si provienen del voto y si lo son en su ejercicio. Cuando ganan los revolucionarios comienza un complejo e indefinido proceso, de desenlace no previsible. En el corriente siglo, el radicalismo revolucionario descubrió esto y diseñó una nueva estrategia, ya no el leninismo insurreccional, ni la guerra maoísta, ni golpe de Estado, sino introducirse en todas las ranuras del sistema con el discurso hiperdemocrático “injusticia”, “desigualdad”, “corrupción” y el ungüento de fierabrás: “la constituyente”, la “purificación” desde cero. La oposición venezolana fue incapaz de comprender esta nueva –y exitosa- tendencia y fracasó ridículamente, como sabemos.

De la euforia por la caída del bloque soviético a la fecha surgió la noción de que la democracia está en decadencia, y muchos piensan que difícilmente se recupere. Ante esta paradoja, la opinión simple suele atribuir su debilitamiento a la ineficiencia de los gobiernos, lo que le dice el discurso antisistema, y votan en las urnas contra ella. Esa no es la razón de fondo, ya que autocracias más corruptas, incompetentes y empobrecedoras, sobreviven décadas. Argentina fue brillante, potencia mundial alternativa frente a Estados Unidos y un día los ciudadanos optaron por Juan Domingo Perón, la hundieron en el subdesarrollo y siete décadas y media más tarde no se vislumbra su salida. El socialismo XXI hizo retroceder varios países de la región y luego de décadas, nacen pugnas en su seno para buscar trabajosas alternativas, incluso desde los propios impulsores. Los norteamericanos en su esplendor, eligieron (¿?) a Trump, hoy una mayor amenaza para el futuro inmediato.
Chile hoy decidió pasarse al camino incierto después de alcanzar el más alto nivel de vida del continente. Los ingenuos siempre pretenden “que no pasa nada” (“¡No, vale. ¡Yo no creo!”) y después se estrellan contra el arrepentimiento. Eso se explica porque los revolucionarios toman los aparatos ideológicos del sistema, los órganos de la cultura, universidades, profesorados, magisterio, intelectuales, medios de comunicación y dan la pelea por la conciencia colectiva, mientras los demócratas se burocratizan, se amodorran, abandonan la defensa de las ideas. El filósofo francés Félix Guattarí habló de una rebelión cultural previa a la toma del poder, “la revolución molecular”, llevada a las micro partículas sociales: “conspirar y respirar”. Conspirar tantas veces como se respira, hacer dominante un discurso o “relato” contra la realidad, convencer a pesar de toda evidencia a una sociedad satisfecha y armónica, que se trata de un infierno de injusticia y “desigualdad” regido por ladrones e incompetentes.

Triunfan, y como enseña la experiencia, sus políticas “igualitarias” desangran, arruinan, fracturan, hasta sumergir los países en el caos o la autocracia. ¿Se encamina Chile a desarrollar su democracia o a las turbulencias de un avance autoritario dirigido a lesionar su plenitud y prosperidad? Cabe decir que ningún estudioso serio se pone a adivinar el futuro, asunto más bien de arúspices, pero si a evaluar las tendencias, la orientación de sus líderes y las fuerzas y políticas emergentes, sin perder de vista que pueden tomar caminos imprevistos. El joven presidente Gabriel Boric no es un modelo de político constitucional, respetuoso de la ley y las instituciones, con conocimientos sólidos de los problemas de su país y de la geopolítica mundial. Fue un dirigente estudiantil profesional que nunca se graduó, luego drop up del sistema educativo. En su curriculum destacan el secuestro por 40 días de las autoridades universitarias, los tumultos anarquistas de 2011, el levantamiento de 2019 que hizo perder a Chile cientos de millones de dólares en destrozos y la “asamblea constituyente”. Y las políticas identitarias.

No estimula la intención de ponerle la mano a los 150 mil millones de dólares del sistema de pensiones –como hicieron los Kirchner, para dilapidarlos-, base de la acumulación que introdujo al país en el mundo desarrollado. Desconsuela la ligereza estudiantil de que “el pacto social chileno” se rompió porque “en la pandemia las empresas aumentaron sus capitales” (¿y qué va a ocurrir si se dispara la demanda mundial de vacunas y medicinas?) glosando a Trump contra China. Mueven al optimismo, la moderación de su discurso entre el balotaje, no se sabe si un recurso para sumar electores no radicalizados. También nombrar muchas mujeres en el gabinete y designar a Mario Marcel en el Banco Central; el apoyo de franjas de la Concertación, que lo prefirieron ante José Antonio Kast, por mediación de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. En el Senado y la Cámara de Diputados están parejos radicales y moderados, lo que promete un intenso debate, pero cuentan con el arma no tan secreta: la “constituyente”, un aberrante poder supraconstitucional. Los militares observan. Apostamos a que todo salga bien para los chilenos.

@CarlosRaulHer

En 2016, ante la decisión del CNE de la época que el 20% de las firmas para el referendo revocatorio debían ser recogidas en cada Estado, aunque la circunscripción del funcionario que se buscaba revocar, el Presidente de la República, era una circunscripción nacional, publiqué un artículo que denominé: La Constitución de Plastilina (https://bit.ly/3FW6JmG), refiriéndome a que todo se podía esperar de los secuaces del régimen.

Al poco tiempo, tamaña barbaridad jurídica fue ratificada por otra barbaridad mayor, una sentencia del inefable TSJ, también de la época −tan inefable como el de ahora−, publicada el 17 de octubre de 2016 (contenida en el expediente AA70-E-2016-000074, para los que tengan la curiosidad y el mal gusto de buscarla). En dicha sentencia meridianamente expresado aparece lo que hoy recoge el CNE de turno, al definir las condiciones para la recolección de firmas, para activar un referendo revocatorio (RR); en efecto la sentencia de octubre de 2016 dice:

“La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial.”

De paso, hay que comentar que esta sentencia del TSJ de hace seis años, contradecía una anterior: la sentencia 1139 del 5 de junio de 2002, que en ponencia del magistrado Antonio J. García García, establecía que:

“…la solicitud de convocatoria a referéndum revocatorio, se encuentra sometido a las reglas previstas en el artículo 72 de la Constitución, sin que deje ningún margen de discrecionalidad que autorice al Consejo Nacional Electoral a emitir pronunciamiento alguno sobre el mérito o conveniencia de la solicitud formulada, ni a establecer -en las normativas de carácter sub legal que dicte-, nuevas condiciones para la procedencia de la revocación del mandato, no contempladas en el marco constitucional vigente…(y) … una vez que el Consejo Nacional Electoral verifica el cumplimiento irrestricto de las condiciones mencionadas ut supra … y que un número no inferior del veinte por ciento (20%) de los electores inscritos en el Registro Electoral en la correspondiente circunscripción así lo pidiesen-, y por ende, declare que las mismas se encuentran satisfechas, correspondería a dicho órgano comicial convocar al referéndum revocatorio solicitado, fijando la oportunidad de su celebración, y organizando, dirigiendo y supervisando los comicios correspondientes.” (Subrayado mío)

De manera, que si al TSJ de 2016, no se le aguó el ojo para contradecir una sentencia del TSJ de 2002, ambos de “inspiración” revolucionaria y chavista, la actual decisión del CNE, que le da muerte al RR, no tiene ningún elemento que nos pueda extrañar.

Sabemos bien que en 2016, ni la decisión del CNE ni la sentencia del TSJ pudieron evitar que continuara el proceso y ante la inminencia de la recolección del 20% de las firmas, en todos y cada uno de los Estados, el régimen decidió sacar otra de sus armas, e hizo uso de su sistema de “justicia”, para que un grupo de jueces penales, civiles o de tránsito, sin facultades para ello, dieran por finalizada la recolección de firmas en algunos Estados, decisión que rápidamente fue acogida por el CNE de turno para suspender el proceso de recolección, a nivel nacional.

El régimen quiso curarse en salud en 2022; ya la velocidad con que el CNE aceptó la solicitud del revocatorio y eliminó el requisito de presentar el 1% de firmas necesarias para introducir la solicitud, era sospechosa; pero las condiciones finalmente definidas, desafiaron todo lo imaginable. El CNE del régimen definió unas reglas lo suficientemente leoninas para que no sea necesario recurrir a otras artimañas −aunque nadie tenía dudas de que lo hubiera hecho, de ser necesario− para parar el proceso, o más bien para abortarlo.

Las condiciones definidas por el CNE, que ya son bien conocidas, para efectos didácticos se pueden resumir así: La recolección de las firmas necesarias, 4.185.997, debía realizarse el pasado miércoles 26 de enero, solo cinco días después del anuncio de las condiciones, con un software sin auditar, sin tiempo de nombrar los testigos de las partes para velar por la “pulcritud” del proceso, debía llevarse a cabo en 1200 puntos, durante 12 horas, a razón de 5 por minuto, en cada uno de los puntos de recolección, según calculó el Rector Picón.

Ya no viene al caso evaluar otros aspectos, pero por mera curiosidad y puro divertimento no puedo dejar de hacerlo con respecto a los 1.200 puntos de recolección, que se dieron a conocer el sábado 22; por ejemplo, en algunas zonas, claramente opositoras de Caracas, no hubo centros de recolección (El Cafetal, Santa Mónica, los Chaguaramos, Colinas de Bello Monte, Altamira, La Castellana); en todo el Municipio Sucre, que tiene más de medio millón de electores, no hubo un solo centro de recolección; solo había dos en Chacao, uno en el Hatillo, otro en San Antonio, cinco en Baruta, dos de ellos en las Minas de Baruta y uno en Carrizal. Por supuesto no hubo uno solo en el exterior, con lo cual se privó de ese derecho a más de cuatro millones de venezolanos, con derecho a voto, que hoy viven fuera de Venezuela.

Es obvio que el régimen se quería asegurar de la imposibilidad de recoger las firmas, pero por si acaso y dada la manía de las instituciones del régimen de usurparse unas a otras, el CNE actual, usurpando las funciones de la Sala Constitucional del TSJ de interpretar la norma constitucional, nos advierte de otra disposición en la que afirma e interpreta que en el caso de que no se pudieran recolectar las firmas con sus leoninas condiciones:

“… dará por finalizado el proceso, con lo cual se activará la previsión constitucional que establece que solo podrá hacerse una solicitud de revocación durante el período para el cual fue elegido el funcionario”.

Por cierto, esa disposición de no repetir un referendo para una misma materia, en un mismo periodo constitucional, no se aplicó en 2009, cuando Hugo Chávez Frías solicitó la enmienda constitucional para la reelección indefinida, a pesar de que eso ya se había negado en el referendo constitucional del 2007. Más descaro imposible; pero, que nadie diga que no sabíamos que iban a hacer cualquier marramuncia o triquiñuela. Lo de la amenaza implícita de que pedirán al CNE la lista de nombres que solicitasen el revocatorio, no es más que un “colorido” recuerdo de aquella infausta “Lista Tascón” con la que el régimen persiguió y acosó a miles de venezolanos, tras el referendo de 2004. No agregó nada nuevo, solo ratificó el carácter fascista de este régimen de oprobio. De allí que los que se acercaron el día 26 a firmar la solicitud del revocatorio se les intimidará, rodeándolos de soldados y milicianos, y se les pidiese, además del número de la cedula de identidad, el teléfono y la dirección; inequívoca señal de discriminación política, preludio de la persecución que el régimen pudiera desplegar.

Por otra parte, el CNE del régimen nos recuerda que una de las características, no intrínsecas, sino circunstanciales, de la Constitución Bolivariana es que es como la plastilina: “flexible”, moldeable, adaptable. Concebida por el régimen de Chávez Frías para reemplazar a la que él llamó la “moribunda” de 1961, sobre la cual juró, la de 1999 −la “mejor del mundo”, según los capitostes mismos del régimen− se suponía que iba a dar sostén al “proceso”; pero, son notables y muy significativas las violaciones que ha sufrido en su ya no tan corta vida como Constitución.

A pesar de lo que dice la Constitución bolivariana, los venezolanos no tenemos derecho a elegir, pues el régimen manipula a su antojo los procesos electorales, los adelanta, los retrasa, cambia las circunscripciones, los separa, los junta, etc.; tampoco tenemos derecho de asociación, pues los partidos políticos son perseguidos y secuestrados; ni derecho a libertad de expresión, pues el régimen persigue a quienes se expresen libremente, como atestiguan los medios de comunicación cerrados, los periodistas perseguidos y los cientos de presos políticos; ni derecho a una identidad, pues no emiten pasaportes ni documentos de identidad de manera oportuna y suficiente; y así pudiéramos seguir mencionando derechos conculcados. Hoy es también patente que tampoco tenemos derecho a revocar el mandato de los funcionarios elegidos, a pesar de lo que establece el artículo 72 de la Constitución Bolivariana.

Haciendo memoria y recordando eventos, la venezolana tiene el poco envidiable registro de ser la única Constitución, que yo sepa al menos, que ha sido violada “intrauterinamente”, pues no había nacido aun, es decir, no había entrado en vigencia, cuando aquella Comisión Legislativa de infausta recordación, llamada también “Congresillo”, que sustituyó a la Constituyente, comenzó a violarla, designando cargos de Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo y otros, a “dedo”, sin cumplir con los pasos, procedimientos y requisitos que ya demandaba la novísima Constitución. Tras esos actos contra natura, según el cual el padre viola a su hija aun no nacida, ¿Cómo habría de sorprendernos que hoy esté desbocada la cadena de violaciones de derechos políticos y humanos?

Sin embargo, ante el hecho cumplido de la muerte del RR2022, además de denunciar firmemente la violación de un derecho constitucional más, de reclamar por los solicitantes la nulidad ante el TSJ de las normas inconstitucionales del CNE −sin esperanza, simplemente para que quede el registro de la violación del derecho− debemos considerar cómo sacar provecho de este nuevo error del régimen, el segundo en poco tiempo; el primero fue repetir las elecciones en Barinas, que le permitió al pueblo barinés librarse de la nefasta hegemonía de la dinastía Chávez, que los sojuzgo por 22 años y de paso dar importantes lecciones al país sobre la importancia y efectividad de la unidad, el valor del voto y de la movilización popular.

Corresponde ahora, sin esperar, prepararnos para contiendas pendientes, la negociación en México y las elecciones presidenciales de 2024, que será inevitable que se convoquen. Desde luego, ese no será un acto simplemente electoral −ninguno lo es y haberlo olvidado es un error que estamos pagando−; para enfrentarlo, de manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora, a juzgar por los magros resultados, debemos acometer la reorganización de nuestros partidos, rescatar los que tienen secuestrados y a los presos políticos; renovar nuestra dirigencia opositora; concretar una unidad política, como ya se ha hecho en el pasado −en 2015 y en Barinas, por ejemplo−; organizar a la gente para la resistencia y para que obtenga reivindicaciones que mejoren su nivel de vida, mientras logramos que desaparezca este régimen de oprobio.

Hay suficientes cosas que hacer, sin tener que lamentarnos por el RR, después de todo su fin estaba cantado. Vamos a denunciarlo, como una violación más a nuestros derechos, como un nuevo ejemplo de nuestra Constitución de plastilina, pero vamos a ahorrarnos discusiones y disputas sobre él, que solo nos iban a conducir a mayores divisiones y frustraciones y concentrémonos en organizar a la oposición para las jornadas políticas que nos vienen, con una unidad sólida, con candidatos con el mayor consenso posible o producto de elecciones primarias y con un plan compartido para el rescate del país.

28 de enero 2022

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2022/01/28/rr-y-constitucion-de-p...

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