Venezuela es un espejo cuasiperfecto de lo que un país no puede hacer sin destruirse. O de lo que debe hacer si quiere destruirse. Uno de los errores graves en ambos sentidos es ver el crimen como una expresión de la pobreza y asumir que hay una relación causal entre uno y otra, de modo que el crimen no se reducirá mientras no se reduzca la pobreza, al tiempo que combatir el crimen es en cierto modo agravar la injusticia, ser insensible y ciego a las raíces sociales del crimen.
Joaquín Villalobos hace el recuento en este lúcido ensayo de la forma como Venezuela, partiendo de esta visión, empezó por no combatir al crimen, luego por combatirlo mal, quedando finalmente a su merced, en una extraña, cómplice y aberrante convivencia de soberanías: la soberanía del Estado y la soberanía criminal. • La historia de la soberanía criminal que se ha instalado en Venezuela tiene mucho que decir a otros países, a México en particular.
Venezuela padece quizás la peor crisis de seguridad en los conflictos entre Estado y delincuencia en la historia del continente. El caso venezolano incluye importantes lecciones para toda Latinoamérica en la lucha de los gobiernos por el control del territorio. Un problema que con distintos grados de gravedad existe en Brasil, Colombia, México, Centroamérica y casi todas nuestras naciones. Venezuela es un caso extremo de errores y, en ese sentido, es un manual perfecto sobre lo que no hay que hacer.
El primer derecho humano es la seguridad, porque ni la salud ni la educación ni las libertades más esenciales tienen sentido si se vive amenazado y con miedo. La primera responsabilidad del Estado es proteger la vida, la tranquilidad, las libertades y el patrimonio de todos los ciudadanos. El Estado nunca debe renunciar a su obligación de proteger a las personas y perseguir al crimen. Tolerar, pactar formalmente o de hecho con criminales, implica quitarles la paz a los ciudadanos para dar tranquilidad a los delincuentes. Esto significa que el Estado cede territorios, población y soberanía al crimen.
La política de seguridad de la Venezuela de hoy arrancó en 1999 con la siguiente declaración pública de Hugo Chávez: “Si yo fuera pobre, yo robaría”. Los delincuentes eran para él víctimas de la injusticia social. El problema es que esta idea derivó en tolerancia a los delincuentes y en indiferencia hacia las víctimas de los delitos, que eran gente pobre y de clase media. Chávez reformó la seguridad pública politizándola, desmantelándola y militarizándola. Los opositores políticos fueron considerados más peligrosos que los criminales. La oposición fue perseguida, la delincuencia tolerada y el Estado debilitado. Se produjo entonces un crecimiento exponencial de la delincuencia y ahora el gobierno lucha contra cientos de bandas criminales en todo el país que le han arrebatado extensos territorios rurales y urbanos de los cuales el Estado huyó y la delincuencia estableció su propia soberanía. La vida y la seguridad de millones de ciudadanos quedó en manos de criminales. El régimen venezolano pasó así de lo sublime a lo ridículo, transitando de la compasión con el delito a una guerra de exterminio contra los delincuentes que está perdiendo.
Antes de Chávez, Venezuela era un país relativamente seguro, durante años millones de colombianos se refugiaron allí para escapar de las violencias de su país. En 1990 Venezuela tenía una tasa de homicidios de 10 por 100.000 habitantes, para el 2002 llegó a 451 y en el 2018 a 81.4; desde entonces ocupa el primer lugar del continente y uno de los más altos del mundo. Lo curioso en el caso venezolano es que nadie “alborotó el avispero”, tampoco se fragmentaron cárteles que en realidad no existían.
En este asunto hay una relación directa entre tolerancia al crimen, debilitamiento del Estado y pactos con los delincuentes, que derivaron en una explosión delictiva sin precedentes en el continente.
En el falso dilema entre reprimir o prevenir, Chávez optó por la prevención sin represión. Con el auge petrolero el Estado venezolano se fortaleció y, si se consideran tiempos de implementación y territorios intervenidos, es posible que el chavismo haya ejecutado los programas de gasto social más grandes de Latinoamérica. Aunque ese gasto social no respondía a una lógica preventiva sino electoral-clientelar, en esencia debió prevenir y reducir drásticamente la actividad criminal; sin embargo, el resultado fue totalmente opuesto: el Estado se debilitó y el crimen se expandió a niveles que el régimen jamás imaginó.
Esta historia podría resumirse en cuatro decisiones del gobierno: el desmantelamiento de las policías, los pactos con las pandillas urbanas, la administración de las prisiones por parte de los delincuentes y la política de dar refugio a las guerrillas colombianas. Estas medidas se tomaron con extrema ingenuidad y bajo el supuesto moral de que la maldad se definía principalmente por el origen de clase y la posición política ideológica. Sobre esto un amigo brasileño de izquierda que trabajó en la seguridad de su país me dijo: “A nosotros nos tomó tiempo concluir que el mal existe, es universal y que independientemente de los programas preventivos, al crimen siempre se le debe perseguir”.
El partido original de Chávez se llamó Movimiento Quinta República, aludiendo a una refundación de Venezuela. Las tres primeras repúblicas terminan cuando muere Bolívar. La cuarta fue definida por Chávez como oligárquica, neoliberal, etcétera. Como todos los populistas, desconoció el pasado reciente y estableció que la nueva historia comenzaba con él y su Quinta República basada en un “nacionalismo revolucionario de izquierda” que traía consigo la “Revolución Bolivariana”. En lo que a la seguridad concierne, esta refundación implicó que todo lo anterior fuera desmantelado por razones políticas. La reforma policial chavista implicó así la disolución de todas las capacidades policiales preexistentes. Esto condujo a una desinstitucionalización de la seguridad que conllevó a la pérdida de experiencia, recursos, inteligencia y capacidades operacionales que no tenían nada que ver con ideología. El gobierno venezolano debilitó severamente su propio poder, del que disponía para proteger a los ciudadanos.
Chávez impulsó una reforma policial supuestamente civil para evitar violaciones a los derechos humanos, pero en la práctica entregó la seguridad a militares leales. Esto formó parte de un plan más global donde cientos de oficiales pasaron a realizar tareas civiles en el gobierno. Asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas se convirtió en un objetivo estratégico a través del enriquecimiento de los jefes, ya fuera por posiciones de poder o por corrupción. Dos mil oficiales fueron ascendidos a generales, superando a los novecientos de Estados Unidos. Fue en realidad un proceso de cooptación de militares y policías para integrarlos al proyecto partidario bolivariano. Esta politización destruyó la institucionalidad, la disciplina, la calidad de las evaluaciones, la escala de ascensos y todas las capacidades profesionales. El sistema de méritos fue sustituido por la lealtad política a la revolución. Como resultado final la seguridad fue desmantelada, desprofesionalizada, corrompida y reorientada a proteger al gobierno, y no a los ciudadanos. Los delincuentes pasaron a segundo plano porque la prioridad era espiar, controlar, perseguir, apresar y procesar judicialmente opositores, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas. Mientras esto ocurría se pactaba o toleraba a los delincuentes, que fueron creciendo sin control.
La política de pactos con las bandas tuvo como punto de partida un intento de aproximación social y política a los barrios pobres donde existía delincuencia. Primero con los que se llamaron círculos bolivarianos, que tenían ingredientes culturales e ideológicos; luego con los famosos “colectivos”, que han jugado un papel muy importante en la represión de las protestas opositoras; y, finalmente, cuando la inseguridad se agravó, intentaron pacificar los barrios creando las llamadas “zonas de paz”.
La conexión de políticas sociales y la delincuencia ocurrió porque Chávez definió que su gobierno era una revolución armada que debía defenderse organizando milicias populares. Pero su gobierno tenía un origen electoral, nunca fue una revolución de verdad. El chavismo contaba con votantes, seguidores y simpatizantes, pero no había ocurrido una lucha que generara suficientes militantes ideológicos, no existía mística revolucionaria, sino dinero y clientelismo a gran escala. Así que, a la hora de organizar la defensa revolucionaria, el chavismo terminó reclutando en los barrios populares a personajes violentos y entre éstos a los peores delincuentes, que lógicamente terminaron de capos que controlaban sus comunidades en nombre de la revolución bolivariana. Chávez, a falta de unas Fuerzas Armadas revolucionarias, corrompió a los militares y, a falta de milicias populares, armó a delincuentes.
Todo lo que el chavismo se proponía hacer social y políticamente en las comunidades pasaba por los colectivos, que además fueron armados por el propio gobierno. Esto se masificó al punto de alcanzar decenas de miles de hombres que han terminado dirigidos por connotados delincuentes, antes amigos y ahora enemigos del gobierno. Finalmente, el chavismo perdió el control de su propio monstruo y tuvo una reacción represiva tardía que se ha convertido en una sangrienta guerra que las fuerzas de seguridad están perdiendo. En un intento por reducir la violencia el gobierno se ha visto forzado a pactar con los delincuentes entregándoles recursos, administración de servicios y territorios en los cuales el Estado renuncia a tener presencia y los delincuentes mandan.
La mezcla de política con delito no es exclusiva de Venezuela, ha tenido lugar en otros países, ya sea con definiciones de izquierda o de derecha. El paramilitarismo en Colombia derivó en delincuencia y narcotráfico al igual que las FARC y el ELN. En Nicaragua, después de la guerra contrarrevolucionaria, surgieron bandidos a los que se denominó “recompas”, “recontras” y revueltos. En México los Zetas surgieron de las Fuerzas Especiales del Alto Mando. En Argentina, militares de la dictadura se convirtieron en secuestradores. En Guatemala, los kaibiles que derrotaron a las guerrillas fueron reclutados por los narcos mexicanos. En los 90, guerrilleros suramericanos se dedicaron al secuestro como negocio en Brasil y México. El reclutamiento de delincuentes por grupos políticos no es nuevo, lo particular en Venezuela es la masividad y que fue el Estado quien los organizó, los armó y les dio poder.
Con cárceles superpobladas y frecuentes motines, el chavismo inventó un programa de rehabilitación para las prisiones sustentado en la misma idea del delincuente como víctima. Crearon así una especie de autogobierno de las prisiones que quedó a cargo de los propios presos. Es decir, que el Estado pondría los recursos para que los internos administraran las prisiones y éstos mantendrían el orden y evitarían la violencia y motines que generaban mala imagen a la revolución. El resultado del autogobierno ha sido lo que popularmente se conoce en Venezuela como “Pranato” que viene de PRAN, que es como se le llama al interno jefe de la prisión. PRAN es el acrónimo de: preso, rematado, asesino, nato. Es decir, las cárceles quedaron en manos de los peores y más violentos criminales porque ellos eran los más eficientes para imponerse y mantener el orden interno. Pero la violencia y los motines continuaron y las prisiones han terminado convertidas en infraestructuras y territorios bajo control criminal. Los presos están armados, planifican delitos, organizan fiestas, tienen piscinas y cajero automático para recibir dinero de extorsiones y secuestros. Hay hacinamiento, pero los pranes poseen muchas comodidades. El gobierno de Venezuela ha repetido a mayor escala lo que el gobierno de Colombia acordó en 1991 con Pablo Escobar, cuando éste construyó su propia prisión que se conoció como La Catedral.
Chávez, al igual que Raúl Castro, ayudaron a presionar a las FARC para que firmaran la paz en Colombia porque estaban ingenuamente convencidos de que la izquierda gobernaría eternamente ganando elecciones en Venezuela y todo el continente; las FARC y el ELN estorbaban en el camino electoral. Pero, tal como era previsible, la economía chavista hizo implosión, la administración ineficiente quebró a la industria petrolera y el gobierno de Maduro perdió las elecciones parlamentarias en diciembre del 2015; otros gobiernos de izquierda también perdieron el poder en Latinoamérica; Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, y el partido de Álvaro Uribe ganó las elecciones en Colombia.
En este nuevo contexto, el chavismo y el castrismo estimularon la división de las FARC y mantuvieron la protección al ELN para preservar su vieja política de desestabilizar a otros para defenderse. Es una historia larga, pero los efectos actuales de esto han sido muy graves para la seguridad de Venezuela. El problema fue que el chavismo le permitió al ELN y a los disidentes de las FARC hacer un mayor uso del territorio venezolano en el momento en que estos grupos ya no eran insurgencia política, sino narcotraficantes y crimen organizado. La ideología había sido sustituida por el dinero de la cocaína, la minería ilegal de oro, el tráfico de armas, las extorsiones y los secuestros. Los ideológicos de las FARC, con la paz, se volvieron partido político y los disidentes, que nunca renunciaron al narcotráfico, se fueron a Venezuela. La permisividad a estos grupos armados colombianos terminó abriendo la puerta a un crimen organizado de mayor escala, veterano en el combate, corruptor de autoridades y experimentado en el control territorial.
El chavismo, en cuanto a seguridad, transitó de la ingenuidad ideológica con los delincuentes a la guerra y el exterminio. Sin duda no todos pensaron que éste sería el resultado. Hubo dirigentes chavistas que denunciaron que no se debía pactar con mafias, pero ya era tarde; el problema no era si se debía o no, sino si se era capaz o no de ganar a los criminales. Hay centenares de noticias, ensayos y videos oficiales y no oficiales que hablan de la gran explosión criminal y la guerra que padece Venezuela. Intentaremos resumir algunos de los hechos más dramáticos que resultaron de la combinación de los cuatro factores descritos.
La cantidad de bandas existentes sin duda es una especulación, además de que éstas se fragmentan, reagrupan y cambian de cabecillas constantemente, como suele ocurrir con los grupos criminales en todas partes. Pero la evidencia de que son centenares es abrumadora. Existen, según lo reconoce la propia policía venezolana, en 18 de los 24 estados del país y están conectadas operacionalmente con los pranes que controlan las prisiones. Las bandas las integran decenas de miles de jóvenes de 25 años en promedio y también niños. Están armados con fusiles automáticos, lanzagranadas, pistolas, equipos de comunicación, drones y en algunos casos poseen armamento de mayor potencia, como lanzacohetes y ametralladoras pesadas.
La mayoría de las bandas usan nombres propios de grupos criminales como Cara de Perro, Culón, Los Morochos, Cara de Hulk, etcétera. Pero otras son una clara mezcla de crimen y política, una se volvió un partido político llamado Tupamaros y comenzaron a criticar a Maduro. Éste les quitó la legalidad y entonces los tupamaros realizaron un mitin armado y de inmediato les fue devuelta su legalidad, con puestos en la Asamblea Nacional incluidos. En uno de los casos los delincuentes crearon su propia moneda: el panal, que tiene el rostro de Chávez impreso. Los criminales organizan fiestas infantiles, se encargan de la vigilancia, asesinan a quienes roban en sus dominios, reparten los paquetes de comida que les entrega o roban al gobierno, organizan los funerales, los eventos deportivos y conciertos para los habitantes, pero al mismo tiempo realizan secuestros, asaltos, extorsiones, trafican droga y hacen la guerra a otras pandillas y a la policía si entra a sus territorios.
Un artículo de The New York Times habla de cómo “Maduro pronuncia discursos destinados a proyectar estabilidad mientras la nación colapsa”. Las bandas dominan el barrio 23 de Enero a sólo quince minutos del Palacio de Miraflores; allí Maduro hace todo tipo de concesiones para mantener una precaria paz. Desde el año 2015 las fuerzas de la policía han hecho intentos por capturar a un importante capo llamado Carlos Luis Revete, alias el Koki. Sus dominios están situados en la llamada Cota 905, a sólo 3 kilómetros del Palacio Presidencial, pero el Koki realiza alianzas con otras bandas para expandir su control a otros barrios de Caracas. Los operativos para contenerlo han fracasado y han dejado un saldo de muchos muertos, incluidos policías y civiles. En julio de este año, el Koki atacó un cuartel de la Guardia Nacional y los enfrentamientos en Caracas duraron tres días y alcanzaron importantes autopistas de la capital. En negociaciones anteriores con esta banda participó la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los acuerdos fueron que la policía debía abstenerse de entrar a los dominios del Koki.
La frontera entre Venezuela y Colombia —en los estados de Táchira, Apure y Amazonas— se está convirtiendo en una especie de tercer país dominado por múltiples grupos criminales colombianos que manejan cuantiosas rentas del narcotráfico, el oro y otras actividades delictivas. Estos grupos se han expandido incluso al estado de Bolívar, en la frontera con Brasil. Igual que en las zonas urbanas, en estos lugares los capos mandan. Pero, como era de esperarse, los disidentes de las FARC se empezaron a dividir y a tener violentos conflictos por territorio y dinero. Maduro decidió tomar partido, recuperar el control y detener la violencia generada por sus amigos. Envió en marzo de este año a las Fuerzas Armadas con vehículos blindados y armamento pesado al estado de Apure, pero los delincuentes colombianos derrotaron a las tropas de Maduro de manera humillante. Los soldados cayeron en campos minados, los blindados fueron emboscados y destruidos; se contaron dieciséis muertos, numerosos heridos y ocho militares prisioneros. El resultado final fue una negociación con los criminales colombianos: liberaron a los prisioneros y las Fuerzas Armadas abandonaron su presencia y dejaron el territorio en manos de los disidentes de las FARC que están fundando allí su propia república conocida como Segunda Marquetalia.
Con todo lo descrito, es evidente que la moral de los custodios de las prisiones, de los policías y de los militares venezolanos está severamente debilitada. No puede haber disposición combativa porque no tiene sentido arriesgar la vida para combatir criminales a los que el mismo gobierno dio la mano y apoyó. Por otro lado, los mandos que se volvieron corruptos y ricos quieren vivir bien sin complicarse la vida. Obviamente el resultado es que hay miles de deserciones. La solución de Maduro fue entonces crear una nueva policía llamada Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conocida públicamente como FAES. Estos policías “élite” cubren su rostro, no portan identificación, sólo una calavera en su uniforme, y son en realidad una fuerza de exterminio. Conforme a las cifras que el gobierno entregó al equipo de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, cerca de 5.300 personas murieron sólo en el 2018 por “resistirse a la autoridad”.11 Estos agentes cobran más dinero y están autorizados a robar y matar sin enfrentar consecuencias.
Sus víctimas son habitantes de los barrios pobres que antes apoyaban incondicionalmente al chavismo. La FAES está constituida en realidad por asesinos y ésta fue la única solución que encontró Maduro para intentar contener la explosión criminal que las políticas chavistas parieron. Pero la FAES no es para proteger a los ciudadanos, sino al gobierno, porque los delincuentes están secuestrando a familiares de militares o miembros de la élite chavista. El resultado final de la reforma policial de Chávez es que ahora tanto la policía como las bandas son moralmente iguales. Ambas están integradas por personas violentas y despiadadas. El 20 de noviembre de 2020, durante una entrevista transmitida por la televisión oficial, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció que los policías de la FAES en complicidad con delincuentes realizan atracos, roban vehículos y secuestran personas. Esto evidencia cómo una política de seguridad basada en la indulgencia con el crimen no sólo destruye la moral de los policías, sino que puede acabar convirtiéndolos en delincuentes.
Es posible que algunos piensen que esto no puede pasar en su país, pero mantener el control del territorio cuando éste es disputado por criminales es una tarea compleja que, si no se hace o se hace mal, puede terminar multiplicando el poder de éstos. Hay una enorme diferencia entre incursionar temporalmente una zona dominada por delincuentes y tener la capacidad de quedarse permanentemente en ésta y asegurar la presencia integral del Estado. Chile parecía un país altamente seguro y estable hasta las violentas protestas del 2019. La masividad de estas protestas se explica por indiscutibles y justas demandas populares, pero el nivel de vandalismo no encaja con la civilidad de la mayoría de los chilenos. ¿Cómo lograron pequeños grupos de extrema izquierda contar con suficiente gente para desplegar tanta violencia? La explicación es que la extrema izquierda reclutó grupos de delincuentes dedicados al narcomenudeo y múltiples delitos para que realizaran el vandalismo que los ciudadanos descontentos no estarían dispuestos a ejecutar. El fundamento ideológico fue que esos delincuentes son pobres y víctimas de la injusticia. Obviamente estos militantes delincuentes no tuvieron reparos en quemar iglesias de más de un siglo. Esa confrontación de meses en las calles empoderó más al crimen y ahora existen al menos diez zonas de Santiago de Chile consideradas conflictivas donde la presencia policial no existe o comienza a volverse simbólica.
Seguramente, esto mismo está ocurriendo en las protestas de Colombia, donde la masividad tiene justificación social, pero el vandalismo no. En las protestas del 2019, los propios ciudadanos rechazaban y contenían los actos vandálicos, porque los colombianos están hartos de la violencia que han padecido de forma casi ininterrumpida por más de un siglo. Colombia fue un laboratorio positivo de recuperación del territorio, pero luego de la firma de la paz era frecuente el debate sobre quién iba a llenar los espacios vacíos que dejó la desmovilización de 10.000 combatientes de las FARC. Todo indica que no los ocupó el Estado, sino delincuentes y con ello hay riesgo de un nuevo ciclo de violencia.
Hace diez años publiqué un artículo sobre la seguridad en Venezuela titulado “La guerra que viene” y finalmente la guerra llegó. Restablecer la paz en Venezuela será doloroso, tomará muchos años, costará muchas vidas y requerirá invertir cuantiosos recursos. Lo que está ocurriendo era totalmente predecible e igual ahora se puede prever que en otros países de la región se están incubando las condiciones que podrían generar grandes explosiones de violencia y en algunos casos hay peligro de que se vuelvan endémicas (ojalá me equivoque).
Que la concentración de la riqueza provoque inseguridad puede resultar lógico, pero que ésta se multiplique cuando se está distribuyendo, como ocurrió en Venezuela, acaba con uno de los grandes mitos que relacionan pobreza con inseguridad. India tiene más pobres que Estados Unidos; sin embargo, hay más homicidios por habitante en Estados Unidos. La pobreza no genera mecánicamente inseguridad, lo que sí genera inseguridad son el empobrecimiento moral, la debilidad del Estado, la cultura de corrupción y la polarización política-social. Un largo periodo de inestabilidad política, de división interna o la distorsión o extinción de los valores cívicos pueden tener un efecto mucho más negativo en la seguridad que una severa inequidad. El caso más clásico y emblemático es Sicilia, en Italia, donde existe una relación directa entre la historia de guerras, inestabilidad y violencia con la cultura de rechazo al Estado y por lo tanto con el poder de la mafia.
Es común en el debate político preocuparse por la privatización de la salud, del agua, la educación, etcétera, pero muy pocos se preocupan por la privatización de la violencia, que debe ser un monopolio del Estado. La existencia de criminales dominando territorios es en última instancia privatización de la violencia. Si el Estado deja espacios vacíos de autoridad, los criminales los llenan. Cuando el crimen se desarrolla le quita al Estado tres monopolios esenciales: la violencia vía grupos armados, la justicia a través de ejecuciones y la tributación vía extorsiones. El crimen organizado alcanza su más alto nivel de desarrollo cuando cuenta con poder financiero, poder armado, autoridades cooptadas o infiltradas, territorio, base social, conexiones globales y una cultura criminal en expansión. La cultura criminal se manifiesta en la fase más avanzada de dominio territorial y arraigo social; en ésta el delincuente es el ejemplo de persona exitosa y su relación con la comunidad se vuelve normal. Los narcocorridos, el lenguaje oral y corporal de las maras centroamericanas, las impresionantes tumbas de los narcos en Culiacán, el culto a Pablo Escobar, al santo Malverde o las figuras de los miembros de la banda del Koki que se venden en Caracas son ejemplos de cultura criminal.
El dominio territorial le da al crimen ventaja para fortalecerse, reproducirse y multiplicarse. La estabilidad le garantiza reclutar, armar, entrenar, planificar y organizar redes de inteligencia. Cuando el Estado acepta que la delincuencia controle un territorio, está tolerando que los ciudadanos que viven en esos territorios puedan ser impunemente asesinados y extorsionados, que los niños puedan ser reclutados y las niñas violadas y que los negocios de gente trabajadora puedan ser apropiados por criminales. Cuando todo esto ocurre ya no se trata de un problema de seguridad pública, sino del camino a convertirse en Estado fallido.
Eso es Haití ahora y por ello la muerte del presidente Jovenel Moïse fue en realidad un asesinato anunciado. Conforme a datos de la Comisión Nacional de Desarme de Haití hay en este pequeño país al menos 77 grupos delictivos armados y la Red Nacional de los Derechos Humanos habla de una “gansterización” de la política. Gabriel Gaspar, exsubsecretario de Guerra del gobierno del expresidente Ricardo Lagos de Chile, señala que “las pandillas haitianas están fuertemente armadas, exhiben su poder y controlan territorios, especialmente en la capital. Las pandillas están agrupadas en una federación criminal conocida como G9, liderada por Jimmy Barbecue Cherizier, un expolicía que utiliza lenguaje populista criticando a los “oligarcas”. Sólo en junio estas bandas realizaron doscientos secuestros y asesinaron a treinta policías. Mucha pobreza, un Estado débil y una policía que no controla el territorio han derivado en un potente poder criminal”. En este contexto es inevitable que los criminales se conviertan en un instrumento del poder económico y político, y que a su vez el poder económico y político termine convertido en un instrumento de los criminales. En algunos lugares del continente la delincuencia ya es un poder fáctico que se está cruzando con la clase política.
Los pactos formales o de facto con delincuentes resultan de la debilidad del Estado o de la presión pública electoral por reducir los homicidios y la violencia. La indiferencia o el pacto aparecen como el camino más rápido para mostrar resultados, pero a costa de sufrir una explosión criminal mayor a futuro porque el Estado no resuelve su debilidad y el crimen gana condiciones para fortalecerse. La delincuencia no es fenómeno estático, sino expansivo, ya sean grandes cárteles o pandillas; por lo tanto, cuando no se le combate crece. No hay razones objetivas para suponer que los delincuentes limitarán su actividad por su propia voluntad, lo único que puede detenerlos es la fortaleza del Estado.
La visión ingenua del chavismo sobre la delincuencia nos recuerda la fábula del escorpión que le pide a la rana que le ayude a pasar el río. Ésta acepta con la condición de que no la vaya a picar. A mitad del río el escorpión picó a la rana, que pregunta sorprendida: “¿Por qué me picaste, los dos vamos a morir?”. El escorpión le responde: “Lo siento, es mi naturaleza”.
Exjefe guerrillero salvadoreño, consultor en seguridad y resolución de conflictos. Asesor del gobierno de Colombia para el proceso de paz
Septiembre 2021
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