La gran mayoría de los venezolanos quisiera tener esperanza de librarse de esta tragedia nacional, pero lamentablemente no ve salidas creíbles ni en el régimen ni en la oposición. Las promesas “revolucionarias” de hace 22 años pronto se volvieron cenizas arrasadas por el saqueo y la corrupción inaudita: muchos años antes de las “sanciones” norteamericanas centenares de miles de millones de dólares fueron robados y malversados por la “revolución”, las empresas básicas despojadas y arruinadas, la producción nacional reducida a la cuarta parte, el bolívar convertido en papel despreciable, el trabajo con ingresos de miseria y la Constitución y los derechos humanos sistemáticamente violados. Por eso, casi 6 millones de venezolanos han abandonado este barco con riesgo de ahogarse en las aguas procelosas de la migración. En todas partes se escucha el lamento por la desgracia y ruinas como en Ciudad Guayana que solo provocan lágrimas e indignación. Esta descomposición no puede ser ocultada por la cínica propaganda del régimen, ni por su represión armada, ni echándole la culpa al “imperio”.

Con la sonora derrota electoral de diciembre de 2015 el régimen se asustó, decidió cerrarse a toda elección libre y justa, e impuso el “gendarme necesario” de una constituyente supraconstitucional para eliminar todo resultado electoral y toda decisión que no le conviniera. Renacer de la sociedad civil. No basta criticar a los políticos y decir que no nos sentimos representados por ellos; es imprescindible una nueva conciencia re-publicana con responsabilidad pública de cada uno con sentido del pacto social para el bien común de todos. Grave sería pasar de los perseguidos, inhabilitados y presos de hoy a la misma receta mañana para los actuales perseguidores. Es necesario crear una sociedad única, plural y con iguales derechos para todos y con todas las capacidades productivas activadas para salir de la pobreza.

Así mismo hay que crear nuevas bases económicas con creciente productividad, pues la abundancia de la renta petrolera estatal, que brotó hace un siglo, está en ruinas. Negociación, Elección y Esperanza creíble. No es cierto que nos falta conciencia de la tragedia nacional, sino una esperanza creíble como fuerza para cambiar. Debajo de las aparentemente apagadas cenizas, hay mucha energía y fuego que solo resurgirán con el soplo de una esperanza que los vuelva a encender; soplo de vida que ya no tiene el régimen y tampoco lo demuestran los líderes democráticos. ¿Cómo transformar en esperanza creíble lo que no parece sino cenizas, desengaño y resignación?

Tenemos dos retos delante: las elecciones regionales de noviembre organizadas por la dictadura con todo tipo de ventajismos para fortalecerse y perpetuarse en el poder y una muy dura y difícil negociación en México entre la dictadura y la Plataforma Unitaria con acompañamiento internacional. Obviamente la dictadura va a ellas para salir vencedora y lograr que le quiten las “sanciones” que la tienen ahogada. Es lo que hay y no basta repudiar esta realidad, hay que transformarla y para ello hay que asumirla y cambiarla. Las elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas son un derecho violado y cuentan con el apoyo internacional de más de un centenar de democracias muy decisivas y significativas. El malestar nacional, incluso de millones que fueron chavistas de buena fe, lo invade todo.

Por eso nos preguntamos ¿qué podemos hacer para salir de la votación de noviembre con la esperanza creíble incrementada con el despertar de la ciudadanía en todos los niveles y los demócratas más movilizados, organizados, unidos y convencidos de que podemos librarnos de este régimen claramente enemigo de la sociedad venezolana y de sus esperanzas?

Desde ahora tenemos que empezar a prender la esperanza creíble con el soplo de la unidad con hechos y ejemplos visibles, como el que ha dado Roberto Patiño al declinar sus mejores posibilidades de ser buen candidato a favor de otro, acordado en unidad. Y también manifestar nuestra indignación frente a actitudes divisionistas escandalosas en algunos que se dicen demócratas. Es necesaria la Unión y Acuerdo de Salvación Nacional, incluso entre quienes difieren entre ir a votar o abstenerse. El 21 de noviembre será una buena oportunidad para celebrar algunos triunfos, castigar al régimen, poner al descubierto sus atropellos dictatoriales y también a los partidos y figuras opositoras que bloquean y se oponen a la unidad necesaria; convertir esa votación en un paso para urgir el cambio con elecciones presidenciales (que se nos deben) y parlamentarias libres y justas e inmediato cambio de modelo económico y concreción de la imprescindible ayuda internacional para la emergencia humanitaria y la reconstrucción económica social. Al mismo tiempo ver que es imprescindible lograr negociaciones serias que cambien sanciones (salvo delitos que no prescriben) por fomento de inversiones, derechos humanos y recuperar el pacto social para el bien común de todos.

Solo sumando fuerzas hoy enemigas y logrando decisiva solidaridad y apoyos internacionales (más allá de las sanciones económicas) los venezolanos seremos capaces de reconstruir el país y restablecer los derechos humanos y principios democráticos hoy tan violados.

Han sido designadas por el CNU, es decir por el Ministerio de Educación Superior, las nuevas autoridades interinas de la Universidad Simón Bolívar y obviamente las mismas, nadie esperaba otra cosa, son fieles seguidores del actual gobierno. Nada nuevo bajo el sol, desde hace más tiempo del que puedo recordar, los partidos políticos siempre han hecho grandes esfuerzos por logar que rectores, directores y otras autoridades universitarias sean personas militantes o amigos de un partido u otro. Poco les ha importado si los mismos poseen las cualidades requeridas para ejercer el cargo y si bien es cierto que algunos tenían los méritos suficientes, no deja de ser comprobable que la militancia, el compadrazgo clientelar o la ideología han sido factores relevantes en las elecciones y designaciones. Lo mismo ocurre en todos y cada uno de los niveles educativos del país.

Las universidades no son las únicas instituciones contaminadas por esa tendencia. Lo mismo ocurre en muchos ámbitos como el judicial, las empresas del Estado, las fuerzas armadas, el aparato burocrático y hasta en el sector privado donde con frecuencia se designa a un dirigente gremial más por sus buenas relaciones con el gobierno que por su competencia empresarial. Es, en mi opinión, el reflejo de una sociedad atrasada, dependiente siempre de las decisiones del gobierno central, preñada de un autoritarismo que nos hace pensar que somos auténticos descendientes de Felipe II, sazonados por las ideas de Luis XV y, aquí y allá, un toque de Hitler, Mussolini, Fidel Castro, Mao y Stalin. Tan contaminados que aún recuerdo a colegas universitarios cantando loas al gobierno de Corea del Norte, mientras otros recordaban con añoranza las dictaduras del pasado.

La Constitución actual, que adversé con el escaso poder de la pluma – porque carezco de cualquier otro – le otorga al gobierno todo el poder con más de 300 artículos edulcorados con frases que apuntan hacia el bienestar del pueblo. Un grupo de estudiosos de la materia, encabezados por Canova, han demostrado que entre más artículos y palabras posea una Constitución, más atrasado es el país, más poder tienen los gobiernos y más baja es su posición en las clasificaciones sobre democracia, libertad, nivel de vida, derechos fundamentales u oportunidades para crear nuevos negocios o generar riqueza. Cosas que, desde luego, requieren una población bien educada.

Hoy vivimos en un país arruinado, aislado del progreso internacional, carente de la renta petrolera que lavaba la apatía y la ignorancia, esta última derivada de un sistema educativo centralizado, políticamente penetrado, con maestros tan mal pagados que pueden ser calificados como indigentes. Buena parte del país observa con asombrosa apatía como el futuro de sus hijos es incierto desde el día en que nacen ya que se educarán bajo un clima donde las palabras excelencia, ética, responsabilidad o ciudadanía carecen de sentido, mientras se valoran el igualitarismo, la coima, el enchufe y la sumisión. Ante un drama de esta magnitud, no sorprende que en muchas universidades y otros centros educativos, los conflictos internos dominen sobre los problemas fundamentales.

Ahora, en plena pandemia, con tan sólo una fracción de la población vacunada, se decreta el retorno a las aulas como si todos los planteles, sus docentes, empleados, estudiantes y padres fueran iguales, en lugar de dejar esa decisión y su aplicación, en manos de cada alcaldía o comunidad educativa. Es que palabras como autonomía, descentralización, ciudadanía y libertad son vistas como amenazas a la estabilidad del gobierno, porque poseer una educación adecuada y pensar, marca la diferencia entre un rebaño y una sociedad humana moderna.

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias –PASO como se las conoce coloquialmente– no sirven para elegir a ningún cargo ni autoridad, sino solo para seleccionar a los candidatos de las fuerzas políticas en liza que participarán en los siguientes comicios. Más allá de su papel ordenador de las diferencias internas de los partidos y coaliciones, que generalmente suelen ser dirimidas antes de confeccionar las listas electorales, lo cierto es que las PASO funcionan como un gran test, a escala 1:1, que permite medir eficazmente la temperatura política y social de la sociedad argentina.

Desde su implantación en 2009 siempre han sido un indicador avanzado de lo que sucedería un par de meses después. De ahí su importancia y de ahí la seriedad con la que deberían analizar sus resultados tanto las fuerzas políticas como los medios de comunicación y la opinión pública en general. En esta ocasión, los resultados fueron claramente adversos para los intereses del peronismo/kirchnerismo gobernante. Si bien el promedio de las encuestas conocidas permitía albergar la esperanza de un triunfo oficialista, aunque más ajustado de lo que se especulaba cuatro o cinco meses atrás, el desastre electoral fue de tal magnitud que “terremoto” o “tsunami” fueron de las palabras más repetidas para calificarlo.

En esta oportunidad se seleccionaban los candidatos para las elecciones parlamentarias de medio término, que deben celebrarse el próximo 14 de noviembre, y en las que se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Actualmente el oficialismo cuenta con mayoría propia en el Senado y es la primera minoría en Diputados. Con estos guarismos no tiene garantizada la gobernabilidad, aunque cuenta con un margen de maniobra bastante amplio. Sin embargo, aquellas normas que requieren de mayorías cualificadas son más difíciles de aprobar, al necesitar complejas negociaciones con la oposición, lo que no siempre es posible.

Después de estos resultados y ante la posibilidad de que se repitan (o agraven) en noviembre, una cuestión importante es ver la reacción de los distintos actores políticos y también de los principales agentes económicos. Entre los primeros hay que tener en cuenta lo que ocurre dentro del oficialismo y de la principal coalición opositora, aunque sin perder de vista a la izquierda y los nuevos liberales, así como a los partidos provinciales, que en ciertas circunscripciones (como Neuquén) siguen teniendo una implantación importante.

En el oficialismo tenemos en primer lugar el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. El matrimonio de conveniencia tejido hace más de dos años atrás, y que permitió recuperar la Casa Rosada, no pasa por su mejor momento. Es más, lo que ha demostrado el fracaso de su gestión de la crisis económica y la mala administración de la pandemia es la disfuncionalidad del sistema de doble comando puesto en marcha, y la incapacidad de la vicepresidenta de aceptar un rol secundario en la administración del país.

Si antes de las PASO la presión del kirchnerismo para torcer el rumbo del gobierno ya era intensa, tras estos resultados está siendo aún mayor. Los trofeos mayores a cobrar son las cabezas de Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, y de Martín Guzmán, el ministro de Economía y responsable de la negociación con el FMI. Según los seguidores de Cristina Fernández y de su heredero Máximo Kirchner, ellos son dos de los principales responsables, aunque no los únicos, del rumbo errado que ha tomado Alberto Fernández y que, según su particular perspectiva, es lo que les ha arrebatado el triunfo.

En realidad, el problema de los desaguisados gubernamentales, que va más allá del aumento de la inflación, del mayor número de pobres, de la corrupción, de los escándalos vinculados a la vacunación VIP y a las fallidas estrategias de producción y adquisición de vacunas y, sobre todo del Olivosgate (la difusión de fotos de celebración del cumpleaños de la Primera Dama en pleno confinamiento en lo más duro de la primera ola de la pandemia) no es pura responsabilidad de Alberto Fernández, sino también de Cristina Fernández. Buena parte de las políticas implementadas, y de los responsables designados para gestionarlas responden a los lineamientos del kirchnerismo más duro.

Con todo, el problema va más allá y está afectando el proyecto unitario que creyó ser el Frente de Todos, donde convergieron kirchneristas y peronistas tras el proyecto invencible de “Cristina Vicepresidenta”. Al peronismo y, sobre todo a sus dirigentes provinciales y locales (gobernadores e intendentes –alcaldes–) la derrota les resulta muy difícil de digerir. De ahí que, si en noviembre el resultado de las PASO se repite, se profundizarán los ajustes de cuentas y el “justicialismo tradicional” comenzará a tomar distancia de los responsables del fracaso. Y uno de ellos, sin lugar a duda, es Cristina Fernández.

Es más, si la coalición Juntos por el Cambio (radicales y macristas) avanza tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la vicepresidenta no solo perderá su principal bastión de poder (es la presidenta del Senado), sino que la misma gobernabilidad del país se verá afectada. Y en ese caso, especialmente en aquellos proyectos legislativos más controvertidos, habrá que negociar, algo difícil y complicado para quien, como el kirchnerismo, es poco propenso a hacerlo de forma sistemática. Simultáneamente se verán comprometidos los intentos del oficialismo de avanzar sobre la justicia, no solo para frenar los juicios contra Cristina Kirchner, sino también para reformar el gobierno de los jueces, bien a través de la composición del Consejo de la Magistratura, bien a través de la Corte Suprema y del funcionamiento de ambas instituciones.

Junto por el Cambio ha hecho lo más difícil hasta ahora, pero tiene grandes desafíos por delante. Lo primero fue revertir el recuerdo de la gestión de Mauricio Macri y su imagen muy deteriorada. Lo segundo, mantener la unidad de las distintas fuerzas opositoras y de las contradicciones surgidas entre algunos de sus dirigentes. La recompensa salta a la vista, aunque no basta con ganar las PASO. Tienen que repetir la jugada en noviembre, y sobre todo apuntar al premio gordo, la presidencia del país, en octubre de 2023.

Desde la perspectiva de los mercados, la reacción inicial fue la esperada. Alivio frente a la derrota del kirchnerismo, que se tradujo en el alza de las acciones argentinas en Wall Street, baja del dólar y del riesgo país. Son todas reacciones pensando en el medio plazo, pero la gran duda es lo que ocurrirá en las próximas semanas, especialmente con la intención del gobierno de revertir el resultado y ganar en noviembre. Lo más probable es que se mantenga el rumbo ya iniciado y que el endeudamiento, la emisión monetaria y el gasto público continúen su senda ascendente, complicando no solo el equilibrio macroeconómico, sino también un probable y más que necesario acuerdo con el FMI.

El resultado del domingo 12 es una clara expresión del “voto bronca”, o voto del cabreo o del enojo, contra los oficialismos latinoamericanos. Este fenómeno, si bien se venía manifestando desde algunos años atrás, ha cobrado renovadas fuerzas tras la irrupción de la pandemia. Por eso, los tres grandes retos frente a las elecciones de noviembre son: 1) ¿se mantendrá, y cuánto, el “voto bronca” ?; 2) ¿funcionará el voto útil?; ¿qué harán los votantes de las fuerzas menores y a quién apoyarán en noviembre?; y 3) ante la baja participación, ¿cómo votarán aquellos que no acudieron a las urnas en esta oportunidad? De la combinación de estos factores dependerá el resultado de unas elecciones cruciales para el futuro de Argentina.

15 de septiembre 2021

elcano

https://blog.realinstitutoelcano.org/argentina-un-paso-en-falso/

La única respuesta seria a la pregunta que encabeza este artículo es: depende. Es menester aclarar, además, qué se entiende por “recuperar”. Si se piensa en recrear condiciones parecidas a las disfrutadas por Venezuela en los años 70 o, incluso, los ’90, la respuesta es un rotundo NO. Mucho menos el consumo dispendioso alimentado por el reparto de la renta que instrumentó Chávez cuando el precio del crudo superó los USD 100/barril. A esas situaciones es imposible retornar y mientras más rápidamente nos convenzamos de ello, mejor. De lo contrario, no podremos superar los retos que plantea la recuperación del país, postrado por la hecatombe infligida por la gestión chavo-madurista.

Si lo que se aspira es lograr mejoras sostenibles en la vida de la población que superen en el tiempo el nivel recordado de los períodos referidos, la respuesta es un SI, condicional. Tiene que ver con la capacidad de los venezolanos de sortear exitosamente la complejidad de este desafío. Como tiene tantas aristas, en este breve escrito apenas rozaremos algunas de ellas.

Empecemos por el ámbito de lo económico. Se suele examinar empezando con un arqueo de los recursos con que cuenta Venezuela. Desde primaria se nos enseña que dispone de una rica dotación de yacimientos minerales, entre estos, las reservas petroleras más grandes del mundo; tierras de variada calidad que, no obstante, sirven para sustentar una agricultura y una ganadería competitiva en muchos rubros; una topografía variada y atractiva para la promoción del turismo; abundantes costas con playas, puertos, ensenadas; un clima agradable, con mucho sol; disponibilidad abundante de agua; ubicación geográfica favorable, etc. Es decir, en el “haber”, Venezuela exhibe ventajas comparativas clásicas bastante prometedoras.

Si extendemos el examen a las ventajas que deben ser creadas para una mayor competitividad, la descripción no es tan favorable. La infraestructura vial, de puertos, aeropuertos y de servicios existente, antes envidia de otros países de la región, está colapsada y en mal o pésimo estado. Pero “está”. La planta industrial, de empresas del campo, comerciales y de servicios que, en el pasado, se benefició de una moneda fuerte para importar maquinaria moderna, equipos e insumos, está severamente vapuleada por la pésima gestión económica del chavo-madurismo. El sistema financiero, por su parte, se ha encogido aún más que la economía y tiene escasísima capacidad para apalancar negocios.

Los recursos humanos con que cuenta el país, producto de un sistema educativo de cobertura universal e inclusiva, de la capacitación y especialización vinculada a actividades productivas y comerciales, como de la formación profesional en institutos de educación superior, se encuentran diezmados por sueldos miserables y el deterioro en sus condiciones de vida (alimentación, seguridad, salud, vivienda). Muchos talentos han migrado, encontrándose dispersos en la diáspora de venezolanos. Y las universidades nacionales que, en el pasado, exhibían enclaves de excelencia a la altura de sus pares internacionales, se han visto aplastadas por el fascismo chavista, arrasando con muchos de sus logros. Venezolanos brillantes, experimentados, altamente calificados y/o con aptitudes y destrezas provechosas, no encuentran donde aplicar sus talentos o decidieron hace rato buscar fortuna afuera.

Estas insuficiencias y otras que se omiten por razones de espacio, abultan el “debe” de esta contabilidad.

Si se profundiza un poco más, deben ponderarse las condiciones de los intangibles, tan decisivos en el mundo actual. Se trata de las interacciones entre los distintos actores sociales, económicos, políticos y culturales, como del ambiente (incentivos, oportunidades) para el despliegue creativo y la innovación. Aquello que llaman “capital social”, fundado en la confianza, la asociatividad y el compromiso con los pares, se ha visto perjudicado por un estatismo centralista que ha pretendido imponer sus pautas hasta en la esfera privada de las gentes, con el pretexto de una “revolución” que sólo sirve para que una nueva oligarquía expolie el país. Castró la participación ciudadana proactiva. La iniciativa privada se encuentra reprimida con controles, regulaciones e intervenciones. La falta de garantías jurídicas a la propiedad y procesales disuade la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos.

Ello se ha agravado aún más por la inflación, el derrumbe del sector externo y el colapso de la gestión estatal. Un tejido industrial raído empobrece significativamente las sinergias positivas entre empresas, proveedores y servicios, tan importante para la competitividad. El deterioro de las universidades y otros centros de investigación, junto a la inestabilidad e incertidumbre existente, inhibe la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y/o soluciones a los problemas del país, como las actividades creativas en general. Ello ocurre en el marco de un régimen enemigo del emprendimiento y dedicado a reforzar la cultura rentista a través de prácticas clientelares diversas, haciendo que la gente dependa del reparto estatal.

Si se suponen condiciones para sostener tasas de crecimiento del PIB del 5% anual a partir del próximo año, tardarán más de 30 años para alcanzar el nivel de 2013. Con Maduro, se encogió en un 80% desde ese año. Un examen muy somero de la economía venezolana revela una capacidad ociosa, en términos de recursos no utilizados o subutilizados, gigantesca. CONINDUSTRIA revela que la industria trabaja hoy en torno a un 20% de su capacidad; las tres cuartas partes de las empresas existentes en 1999 han desaparecido. Situaciones análogas afectan a la agricultura, el comercio, los servicios y la construcción.

Pero tiene un lado positivo. No es temerario pronosticar que, con un formidable impulso financiero inicial y en condiciones que permitiesen un aprovechamiento acelerado y eficaz de tantos recursos ociosos, la meta referida podría alcanzarse en mucho menos tiempo, quizás la mitad. Con la ventaja de un nivel de vida mucho más robusto, equitativo y enriquecedor, pues descansaría sobre incrementos sostenidos de la productividad, sólo posibles en ambientes que incentivan la inversión vigorosa y que ofrecen oportunidades para que todos puedan beneficiarse de la aplicación provechosa de sus talentos y habilidades.

Se trata no solo de aproximarnos velozmente a lo que en economía llaman la frontera de posibilidades de producción del país –que, en estos momentos, se encuentra totalmente desdibujada y difusa--, sino de desatar una dinámica que va expandiendo aceleradamente sus horizontes, moldeando sus contornos en respuesta a las capacidades competitivas desplegadas. Los agentes de este “milagro” constituyen la otra cara, la positiva, de los intangibles referidos en el parágrafo de arriba

¿Wishful thinking? Restringiéndonos, por ahora, a lo económico, la única posibilidad real de recuperar a Venezuela es aspirar a lo que, en otros tiempos y ámbitos, habría de tomarse como una fantasía. La destrucción ha sido demasiado como para restringir nuestros horizontes en niveles más “realistas” por modestos. Y bajo el régimen actual, toda posible mejora sería agónica, lenta y escasa. ¿Y cuál es la clave que evita que estas reflexiones se vean como ilusiones irrealizables? Las instituciones.

Como habremos de recordar, las instituciones son, en esencia, las reglas de juego con los cuales se dotan los integrantes de un colectivo social, en este caso, la nación venezolana. Estas no caen del cielo ni provienen de una intervención extranjera; debemos construirlas los venezolanos. En momentos de crisis tan profundas como la nuestra, es el ámbito por excelencia de la política. Pone a prueba, sobre todo, la capacidad de liderazgo, pues implica un cambio radical de nuestra cultura política tradicional y de la forma como se ha venido conduciendo Venezuela hasta ahora.

Olvidémonos de una bonanza petrolera súbita que nos inunde, como en el pasado, de fabulosos ingresos o de un acuerdo inesperado que permita al país acceder a ingentes ayudas financieras externas como solución. Sin instituciones sólidas que generen confianza y estimulen lo mejor de nosotros mismos, será imposible aspirar a condiciones de vida dignas y enriquecedoras. Significan la antítesis de lo existente hoy. En un próximo escrito abordaremos algunas reflexiones sobre este papel de las instituciones.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

En los primeros días del mes de septiembre, los miembros de la comunidad universitaria del país, obreros, empleados y docentes activos y jubilados, no salían de su asombro al conocer el comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior sobre el Sistema Integral de Salud SISMEU, ya que en el mismo se informaba sobre los servicios de previsión social que regirán a partir de este mes.

El estado de asombro paso de inmediato a una “soberana arréchera al enterarse que “el monto base establecido para la cobertura de Hospitalización- Cirugía y Maternidad sería de Bs 3.000.000,00”

Ese vil ofrecimiento es una burla descarada hacia los miembros de la comunidad universitaria, fue la expresión generalizada de todos aquellos que se iban enterando de la despreciable oferta ministerial. Ese monto, no alcanza ni siquiera para comprarse una aspirina menos para atender una situación de emergencia que por razones de salud o accidente amerite su ingreso a un centro de salud. Imaginemos a una persona que busque ingresar a una clínica y en la oficina de administración le digan que no pueden aceptarlo porque su seguro solo cubre ¡¡¡ 0.72 céntimos de los 10.000.000 dólares que se requieren como deposito!!! Al ver que no puede ingresar, se va al hospital más cercano, y allí, le dicen que para aceptarlo debe traer la lista de materiales y medicamentos necesarios para su hospitalización y tratamiento, la cual tiene un costo mínimo de 300 dólares.

Más que un seguro HCM, la indignante oferta ministerial parece un programa de Hambre, Calamidades y Muerte orquestado por el régimen en su política permanente agresión hacia las universidades.

Esa indigna oferta de previsión social representa una flagrante violación de la Constitución que en su articulado establece la obligación expresa del Estado en garantizar la salud de los ciudadanos. El ministro de educación superior, de producirse una muerte por falta de atención hospitalaria, por carencia de recursos económicos de un obrero, empleado o docente activo o jubilado pasa a ser un sujeto de responsabilidad penal por no garantizar los derechos constitucionales a la salud. La comunidad universitaria se encuentra desprovista de un sistema de seguridad social. La creación del SISMEU en el 2017 solo ha servido para el manejo centralizado de los recursos destinados para la salud de los obreros, empleados y docentes y eso solo se ha traducido en viles propuestas que como la actual, que solo supone riesgos de muerte, por el despreciable monto económico, para todo aquel que requiera de asistencia. El desamparo es aterrador.

En este dantesco escenario, es importante resaltar que el artículo 83 de la Constitución establece que la salud es un derecho humano fundamental, y la responsabilidad de garantizarlo es del gobierno. Es deber del gobierno garantizar una salud de calidad y gratuita al pueblo de Venezuela. La crisis hospitalaria del país por la falta de insumos, la falta de medicamentos para tratar las enfermedades crónicas, las emergencias, las situaciones generadas por la pandemia, lo estamos viviendo en las universidades con nuestros servicios de salud que están quebrados porque el gobierno no cumple con su responsabilidad. Toca a los consejos rectorales y a los gremios enfrentar con todos los medios disponibles a esta política de hambre y muerte del régimen con la movilización de los sectores obreros, estudiantiles, empleados y docentes elevando las denuncias pertinentes a todos los organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos hasta lograr alcanzar el derecho y el respeto a la salud y la vida.

Desde ahora tenemos que empezar a prender la esperanza creíble con hechos y ejemplos visibles, como el que ha dado Roberto Patiño.

La gran mayoría de los venezolanos quisiera tener esperanza de librarse de esta tragedia nacional, pero lamentablemente no ve salidas creíbles ni en el régimen ni en la oposición. Las promesas “revolucionarias” de hace 22 años pronto se volvieron cenizas arrasadas por el saqueo y la corrupción inaudita: muchos años antes de las “sanciones” norteamericanas centenares de miles de millones de dólares fueron robados y malversados por la “revolución”, las empresas básicas despojadas y arruinadas, la producción nacional reducida a la cuarta parte, el bolívar convertido en papel despreciable, el trabajo con ingresos de miseria y la Constitución y los derechos humanos sistemáticamente violados.

Por eso, casi 6 millones de venezolanos han abandonado este barco con riesgo de ahogarse en las aguas procelosas de la migración. En todas partes se escucha el lamento por la desgracia y ruinas como en Ciudad Guayana que solo provocan lágrimas e indignación. Esta descomposición no puede ser ocultada por la cínica propaganda del régimen, ni por su represión armada, ni echándole la culpa al “imperio”.

Con la sonora derrota electoral de diciembre de 2015 el régimen se asustó, decidió cerrarse a toda elección libre y justa, e impuso el “gendarme necesario” de una constituyente supraconstitucional para eliminar todo resultado electoral y toda decisión que no le conviniera.

Renacer de la sociedad civil. No basta criticar a los políticos y decir que no nos sentimos representados por ellos; es imprescindible una nueva conciencia republicana con responsabilidad pública de cada uno con sentido del pacto social para el bien común de todos. Grave sería pasar de los perseguidos, inhabilitados y presos de hoy a la misma receta mañana para los actuales perseguidores. Es necesario crear una sociedad única, plural y con iguales derechos para todos y con todas las capacidades productivas activadas para salir de la pobreza.

Así mismo, hay que crear nuevas bases económicas con creciente productividad, pues la abundancia de la renta petrolera estatal, que brotó hace un siglo, está en ruinas.

Negociación, elección y esperanza creíble. No es cierto que nos falta conciencia de la tragedia nacional, sino una esperanza creíble como fuerza para cambiar. Debajo de las aparentemente apagadas cenizas, hay mucha energía y fuego que solo resurgirán con el soplo de una esperanza que los vuelva a encender; soplo de vida que ya no tiene el régimen y tampoco lo demuestran los líderes democráticos. ¿Cómo transformar en esperanza creíble lo que no parece sino cenizas, desengaño y resignación?

Tenemos dos retos delante: las elecciones regionales de noviembre organizadas por la dictadura con todo tipo de ventajismos para fortalecerse y perpetuarse en el poder y una muy dura y difícil negociación en México entre la dictadura y la Plataforma Unitaria con acompañamiento internacional. Obviamente la dictadura va a ellas para salir vencedora y lograr que le quiten las “sanciones” que la tienen ahogada. Es lo que hay y no basta repudiar esta realidad, hay que transformarla y para ello hay que asumirla y cambiarla.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas son un derecho violado y cuentan con el apoyo internacional de más de un centenar de democracias muy decisivas y significativas. El malestar nacional, incluso de millones que fueron chavistas de buena fe, lo invade todo. Por eso nos preguntamos ¿qué podemos hacer para salir de la votación de noviembre con la esperanza creíble incrementada con el despertar de la ciudadanía en todos los niveles y los demócratas más movilizados, organizados, unidos y convencidos de que podemos librarnos de este régimen claramente enemigo de la sociedad venezolana y de sus esperanzas?

Desde ahora tenemos que empezar a prender la esperanza creíble con el soplo de la unidad con hechos y ejemplos visibles, como el que ha dado Roberto Patiño al declinar sus mejores posibilidades de ser buen candidato a favor de otro, acordado en unidad. Y también manifestar nuestra indignación frente a actitudes divisionistas escandalosas en algunos que se dicen demócratas. Es necesaria la Unión y Acuerdo de Salvación Nacional, incluso entre quienes difieren entre ir a votar o abstenerse. El 21 de noviembre será una buena oportunidad para celebrar algunos triunfos, castigar al régimen, poner al descubierto sus atropellos dictatoriales y también a los partidos y figuras opositoras que bloquean y se oponen a la unidad necesaria; convertir esa votación en un paso para urgir el cambio con elecciones presidenciales (que se nos deben) y parlamentarias libres y justas e inmediato cambio de modelo económico y concreción de la imprescindible ayuda internacional para la emergencia humanitaria y la reconstrucción económica social. Al mismo tiempo ver que es imprescindible lograr negociaciones serias que cambien sanciones (salvo delitos que no prescriben) por fomento de inversiones, derechos humanos y recuperar el pacto social para el bien común de todos.

Solo sumando fuerzas hoy enemigas y logrando decisiva solidaridad y apoyos internacionales (más allá de las sanciones económicas) los venezolanos seremos capaces de reconstruir el país y restablecer los derechos humanos y principios democráticos hoy tan violados.

16 de septiembre 2021

El Nacional

https://www.elnacional.com/opinion/esperanza-creible/

En tiempos electorales si pensamos en los ciudadanos como los protagonistas de las elecciones desde sus nodos y redes, se podría reducir la distancia y la incredulidad entre la clase política y los electores, apuntando construir unos métodos de debate que incluyan lo relevante para la mayoría y pongan en juego lo que es de trascendencia para la gente. Quizás logremos que los procesos electorales en el caso venezolano la participación del ciudadano en lo público sea otra vez significativo.

Las estrategias electorales empiezan en la biblioteca, es fuente de información, sobre todo en lo referente a los datos histórico político del país, región o ciudad que se desea estudiar, de los propios manuales y estudios de elecciones, de los mapas electorales, de los resultados obtenidos en las anteriores elecciones o de encuestas. Candidatos o candidatas no olviden nunca que el diseño de las estrategias de su campaña electoral se inicia visitando las hemerotecas, elemento este muy significativo para que la memoria de los políticos, propios y extraños, no les juegue una mala pasada. Recordemos que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.

“No hay campaña sin estrategia, no hay estrategia sin estudio de opinión”. La estrategia es el componente fundamental de la organización de una campaña electoral. Saber qué hacer, dónde, cómo y con quien es el objetivo para desarrollar aquí. Estrategia es pensar, es construir ideas, no hacer. A eso le llaman táctica. La estrategia se concreta a través del Plan de Campaña, a veces conocido como manual de campaña. Éste es un documento escrito, no público y solo conocido por poca gente dentro del comando de campaña, creado para cumplir la misión de definir las estrategias que direccionan hacia el colectivo electoral.

Para explicar que es una estrategia de campaña, quisiera establecer analogías entre el concepto militar y las campañas políticas, esta última mucho más pacíficas, claro está, a pesar de que como dijo Winston Churchill: «La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra sólo se muere una vez». Si vinculamos lo anterior con el proceso electoral del próximo 21N, las estrategias juegan un espacio significativo para la sobrevivencia política-electoral. En una campaña electoral todas las decisiones finales son y serán parte de las estrategias que se orientan a buscar únicamente votos, no importa el medio o la manera como se impongan.

En el mismo orden de ideas, la brecha y abstención se combaten simplemente con estrategias. Estos son dos escenarios complejos que todo comando de campaña debe tener presente si un aspirante está situado con una brecha muy significativa y estratégicamente juega a la abstención. Seguramente le estará dando jaque mate a su oponente. Ahora bien, si un candidato está perdiendo por una brecha importante y la abstención baja, estaremos hablando de probabilidades de una victoria no segura. En un momento electoral la brecha y la abstención son el tema fuerte o mejor dicho desafíos que deben resolver todos los jefes de campaña.

La tendencia histórica de la abstención de las elecciones regionales se mueve entre 45% y 47%. Un candidato a alcalde que tenga una brecha de hasta 10%, por el corto tiempo de la campaña pudiera proyectarse su triunfo; sin embargo, todo va a depender de la naturaleza política del contexto electoral y la maquinaria política -electoral que tenga su comando. Es más fácil proyectar victorias en regiones con características urbanas a las que tengan aspectos rurales, el voto reflexivo mueve la brecha y muchas veces baja la abstención.

Brecha y abstención, la primera se ataca a través de estrategias y diversos análisis fácticos y científicos para localizar sus fisuras y la segunda se puede resolver con presupuestos epistemológicos de la psicología social y política que apunten a potenciar la motivación de ir a votar el próximo 21N.

Para los especialistas en materia electoral, la abstención se evita. Las respuestas, aunque parezcan retóricas, deberían de ser muy sencillas: a) volviendo a los electores protagonistas de la elección; b) acercando a la política y a los políticos con la gente; c) poniendo algo relevante en juego; d) entendiendo los nuevos paradigmas y formas de actuar de la sociedad.

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10 de septiembre 2021

Hispano Post

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