Al mejor estilo de Luis XIV, se presentó el camarada Nicolas, frente a los medios de comunicación para presentarle al país la Ley Antibloqueo, instrumento jurídico que tendrá como finalidad acabar con las sanciones genocidas que el imperialismo norteamericano le impone al pueblo revolucionario de Venezuela.

El país cree en mí, creen en la ley "porque esa la redacté yo" dijo de lo mas emocionado. Además, de haber escrito todo su articulado copiando al pie de la letra la ley cubana, Yo la presente a la Asamblea Nacional Constituyente, y Yo le solicite al camarada Diosdado, que aplique severamente el Reglamento Interno de Sin Debates, para que sea aprobada sin discusión alguna. como en efecto ocurrió.

Terminada la sesión de la Asamblea, todos los camaradas diputados allí presentes fueron sorprendidos por las informaciones internacionales que les llegaban a través de las redes sociales, anunciando que las autoridades rectorales de las universidades de La Habana, Nicaragua, Estambul, Terán, Moscú y Corea del Norte informaban al mundo la decisión de haber concedido el Doctorado Honoris Causa al Camarada Nicolas, por su grandioso aporte a las Ciencias Jurídicas y en especial al Derecho Constitucional.

Carajo que vaina tan buena, exclamaron algunos de los diputados. Mientras que el gordo Escarrá, al ver que no lo nombraron, sufrió una baja de azúcar al escuchar las noticias y tuvo que ser trasladado de emergencia al CDI de la asamblea.

Otra de las noticas que “rompió el celofán”, como dicen los periodistas, fue la de la agencia de noticias Rusia Today anunciando que habían designado como Personaje del Año al camarada Nicolas por su trabajo jurídico en pro de beneficios para el pueblo.

Muchos de los camaradas diputados, que habían sido traídos a la capital no entendían lo que estaba pasando. Primero, nunca recibieron el texto del proyecto de ley, por lo tanto, levantaron las manos como unas focas para su aprobación para que no los fueran a sancionar. Y en segundo lugar, le preguntaban a los camaradas abogados egresados de los cursos express de la Universidad Bolivariana sobre la importancia de esa ley:

.....bueno camarada, déjeme decirle que con ese instrumento jurídico prorrogamos el Estado de Emergencia Económica hasta que le dé la gana al pana Nicolas. La nueva ley permite privatizaciones encubiertas y la creación de mecanismos financieros en mercados nacionales e internacionales, sin límites de endeudamiento y sin importarle la presión contra nuestros activos internacionales. Nos quitamos de encima de una vez por todas el fastidio de la prensa oligárquica. Ahora con la susodicha ley se le da un carácter secreto a lo que puede hacer el “Ejecutivo Nacional” por lo cual nadie va a enterarse de nada, ni va a poder fiscalizar nada.

Y lo mas arrecho es que permite desaplicar normas jurídicas, es decir que, si en algún momento una ley impide un negocio, se le pasa por encima (se desaplica) y listo, no pasa nada.

Los negocios con los camaradas chinos, rusos, iranies, coreanos, turcos, cubanos y nicaragüenses pasan a ser materia de seguridad nacional protegidos por el secreto de Estado. O sea el negocio con el petróleo, oro, diamantes, coltán y cualquier otra riqueza mineral será un negocio redondo protegido por el secreto de estado.

Con razón, los gobiernos de esos países no esperaron ni un minuto para alabar, por no decir jalarle bolas, al camarada Nicolas, dijo uno de los diputados.

Para finalizar, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente expresó que si bien no pudimos cumplir con la tarea asignada de elaborar una nueva constitución nos vamos satisfechos de haber logrado una ley que permitirá acabar, en el corto plazo. con el bloqueo imperialista. Dicho esto. comenzó a gritar la nueva consigna revolucionaria: ¡Desbloqueo o Muerte!

Desde la perspectiva de alguien que observa desde lejos, sin adentrarse en los detalles, la política norteamericana debo decir que para hablar sobre este tema, con propiedad y objetividad, sería preciso olvidar lo que los españoles llaman la “Ley de Campoamor”: …nada hay verdad ni mentira/todo es según el color/del cristal con que se mira…

Eso implica despojarse del lente ideológico que nos ha inoculado el chavismo, según el cual todo lo filtramos a través de nuestra realidad política; los chavistas ven tras de todo la mano del imperio y muchos opositores, detrás de cada árbol y a la vuelta de cualquier esquina, ven comunistas agazapados dispuestos a agredirnos y tomar el mundo.

Pese a lo anterior, en este momento no creo que sea posible despojarse de los “cristales” ideológicos y en lo personal he llegado a la conclusión que es inútil tratar de obtener información y una perspectiva objetiva sobre el problema. Razón tienen los viejos españoles que escuchaba de niño y decían que no discutiera de futbol, de toros ni de política –yo agregaría la religión–, pues es una forma segura de perder amigos y ganarse enemigos; y la viva demostración de la inutilidad de discutir sobre política es intentar hacerlo sobre Trump y Biden.

De esta profusa discusión que copa prensa y redes sociales, ¿Qué hemos sacado de provechoso?, nada; todo lo contrario, nos ha dividido, enemistado y amargado más. No hay un debate de ideas, de argumentos, mucho menos de verdades, solo circulamos chismes, medias verdades o claras falsedades, se dicen cosas tan absurdas, que uno no entiende como gente sería puede creerlas, como para repetirlas y difundirlas. Todo se reduce a un afán de etiquetar, catalogar, clasificar, estigmatizar, sin verdadero fundamento; transitamos una ruta confrontativa que empobrece y desalienta.

Nada de lo que uno diga u opine, por haberlo leído en cualquier medio –norteamericano o internacional–, será verdad, nos dirá el interlocutor que nos escuche, pues “todos los medios están parcializados por uno u otro”, dirá. Es más, y esto es un problema más general, en esta época, de la llamada “posverdad, hoy no hay forma de conocer que es cierto y que no, cada quien creerá aquello que quiera creer y que mejor le acomode a sus intereses. Particularmente, en la política norteamericana, la polarización –republicanos-demócratas– ha llegado a los extremos que bien hemos conocido ya en Venezuela. Hoy en día, en materia de política, como en materia de religión, hay que creer para ver. Por eso, estas reflexiones personales, no tienen ninguna otra pretensión, salvo esa: ser una reflexión personal.

Aclarado lo anterior, mis preferencias, que no revelaré y que confieso se reducen a simpatía o antipatía personal, el punto que me interesa destacar es que yo creo que no va a haber diferencias de fondo en cuanto a la política hacia Venezuela cualquiera que sea el resultado de las elecciones en los EEUU; somos nosotros, quienes viendo las cosas tras el prisma venezolano, nos imaginamos y fantaseamos con escenarios que tienen poco que ver con la realidad de allá y la internacional y solo mucho que ver con nuestra polarización aquí. Por ejemplo, en días pasados leí en un prestigioso medio norteamericano un columnista que concluía su análisis son esta perla, digna de Nicolás Maquiavelo: “Estados Unidos nunca debería tomar partido en este tipo de disputas entre políticos de otros países. Pero en la medida que lo hace, debería tener especial cuidado en no terminar apoyando al bando perdedor.” Naturalmente me reservo el medio y el nombre del autor, para librarlo del odio de unos u otros.

Pero, siguiendo en la materia electoral actual, ciertamente son de agradecer algunos gestos de Trump hacia Venezuela y especialmente hacia Juan Guaidó: algunas de sus declaraciones, medidas y sanciones contra el régimen venezolano, empresas del estado y funcionarios –aunque a algunos no les gustan mucho–, su reconocimiento a Guaidó en el Congreso durante su discurso a la nación, por mencionar pocas cosas; pero también debemos reconocer que muchas de esas cosas no han pasado de la retórica del discurso, para pesar de los que esperaban una acción más “decisiva”. Al final, la política de Trump, la que se está siguiendo, fue la definida a principios de año por el Secretario de Estado Pompeo y consiste en una serie de condiciones –muy similares, por cierto, a las que definió Juan Guaidó por esas fechas– para que se lleven a cabo unas elecciones presidenciales libres y justas, sin que Maduro ni Guaidó participen en ellas. Y esa es una medicina, elecciones, a la que parece que tenemos muchos alérgicos en el país.

Por la otra parte, tampoco podemos olvidar, seria mezquino hacerlo, que las primeras sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro y contra sus funcionarios –que en mi opinión son las más efectivas– fueron tomadas por la administración Obama y en ello tuvo un papel importante Biden, como vicepresidente y antes como senador. Al respecto, por citar también pocos ejemplos, está la firma de la ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, aprobada por el Congreso al final de 2014, para aplicar sanciones económicas contra funcionarios venezolanos involucrados en la represión y –en efecto– Obama emitió una orden ejecutiva que declaraba a Venezuela como un país que representaba una “amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos, y ordenó sanciones contra funcionarios gubernamentales, entre los cuales estaban el entonces jefe del Sebin y el director de la Policía Nacional y ex comandante de la Guardia Nacional.

Si vamos a la campaña electoral actual, tanto Trump como Biden se han referido a Venezuela y a cuál sería su política al respecto; pero hay un punto álgido, actual, que no es promesa sino realidad y que puede servir como test, como prueba de intención: el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos; allí tendríamos que decir que los demócratas han sido más proactivos que los republicanos, quienes han bloqueado esa iniciativa en el Congreso; y al menos en el discurso, pues por ahora no puede hacer otra cosa, Biden ha sido más incisivo y claro que Trump, quien hasta el momento se ha negado a adoptar el TPS, pudiéndolo hacer mediante una orden ejecutiva (lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer antes de que finalice la campaña, al menos en Florida –¡ojala! –).

De manera que, cualquiera de los dos que gane en noviembre, el tema Venezuela seguirá teniendo la misma –poca en realidad– importancia relativa para los EEUU, pues sin duda alguna perderá el “sabor electoral” que ahora tiene y seguirá en un segundo plano; con eso y lo que está ocurriendo en Europa, particularmente en España –que marca la pauta de Europa con relación a Venezuela– y la realidad que afecta a nuestros vecinos de América Latina, imbuidos en sus propios problemas de pandemia, a estas alturas ya deberíamos haber aprendido que nadie va a venir a sacarnos las castañas del fuego, como dice el refrán castizo.

El apoyo internacional –sin duda muy importante– es solo uno de los brazos de la tenaza o pinza, con la que tenemos que aprisionar al régimen. El problema sigue siendo que el extremo de la tenaza, el nuestro, el que tenemos que desarrollar internamente, pase lo que pase en los EEUU, luce que está bastante flojo. Al menos por el momento.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

La ley Antibloqueo, así como la eliminación de los controles de cambio y de precios en el año 2019, abre la puerta final para liberar los activos que monopoliza el Estado para el desarrollo por parte de los ciudadanos del país. Venezuela con libertad cambiaria y de precios, y ahora con la Ley Antibloqueo ya establece las bases conceptuales que desde hace décadas necesitaba el país para que el Estado deje de ser empresario y se convierta en administrador de los bienes públicos. Desde el punto de vista del mundo de las ideas económicas es un gran salto cuántico para Venezuela que los dirigentes de izquierda que más aplaudieron las estatizaciones en nuestra historia económica, que se inspiraron en el modelo cubano, luego de ver las consecuencias de pérdida del PIB de 2/3, ahora hayan rectificado y propongan reactivar las 400 empresas del estado privatizándolas. Es un inmenso logro para la nación que tanto los dirigentes de la oposición como los del oficialismo todos hayan entendido el daño que hace el estatismo en Venezuela.
Los cambios en los enfoques de política económica por parte de los dirigentes del oficialismo son realmente impresionantes y positivos. Así como su terquedad expropiatoria, estatista y de controles arruinaron al país desde 2000 hasta el 2019, su rectificación desde el año 2019 va también a la raíz de la cura del estatismo que hizo que Venezuela desde la década de los años setenta declinara. Luego del siglo XIX de guerras civiles y líderes populistas que querían apropiarse de parcelas de poder destrozaron al país, en el siglo XX Venezuela, desarrolló un sentido de nación desde el Gral. Gómez hasta Raúl Leoni, y fue uno de los países que más creció en el mundo y cuya moneda se ubicaba entre las mas fuertes. Inmigrantes de Europa y otros continentes vinieron atraídos no solo a las riquezas naturales sino también a las oportunidades de desarrollar industrias alrededor. Todo eso cambió desde la nacionalización del petróleo donde poco a poco se incubó la inflación y la devaluación a los pocos años hasta llegar al ridículo actual de $1 cuesta Bs. 450.000 luego de dos conversiones, y que sin ellas el bolívar estaría en 450.000.000.000. No obstante las medidas económicas que hoy toma el oficialismo nos vuelven a las políticas económicas que hicieron de Venezuela un país prospero en los primeros 70 años del siglo XX.

Qué falta y riesgos:
La eliminación de los controles de cambio y de precios, y la Ley Antibloqueo marcan un nuevo rumbo y nuevas definiciones de la actuación del Estado y del sector privado en la economía. No obstante desde el punto de vista práctico, estas acertadas medidas pueden causar más ruina económica y para evitarlo el oficialismo necesita tomar ahora medidas de carácter político.

El Señor Jesús, hijo de Dios, dijo “Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra”.

Venezuela es hoy un país profundamente dividido políticamente y por eso como dice Jesús no saldrá de la ruina hasta que exista la convivencia política. Las acertadas leyes propuestas por el oficialismo hoy que abren la economía a la modernización y a la iniciativa de los ciudadanos no va a tener efecto modernizador mientras el país siga con las inmensas luchas internas actuales por el poder político. Se parece mucho a las que diezmaron a Venezuela luego de las luchas por la independencia. El oficialismo y la oposición le deben al país la alternabilidad democrática y aceptar en paz que el pueblo decida como lo lograron los adecos y los copeyanos a finales del siglo XX. El oficialismo y la oposición deben resolver sus diferencias convenciendo al pueblo en elecciones, referéndum y mas democratización del capital. No mas marchas, ni bloqueos, ni antibloqueos, ni ANC.

Twitter : @alejandrojsucre

“Un caballero sólo defiende causas perdidas”. Borges

Treinta etnias esclavizadas, aplastadas, se aliaron contra el régimen político más canalla de la humanidad: el imperio azteca o mexica, cuya religión pautaba lo que hoy llamamos genocidio, y los historiadores discuten si fueron 100.000 o 250.000 sacrificados. En horrendos días de 1486, asesinan 20 mil al dios del sol y la guerra, Huitzilopochtli.
Los aztecas ejercían su sangriento dominio sobre 15 millones de rehenes. La capital, Tenochtitlan, una isla del lago Texcoco, cuyo centro urbano estaba en lo que hoy es el Zócalo de Ciudad de México. Los pueblos esclavos debían tributar cosechas, animales y sobre todo humanos, porque el dios bebía sangre a diario, y los aztecas tenían la delicadeza de no importunar en lo posible a su propia gente.
Había opciones. Arrancar el corazón a la víctima todavía latiendo, o desollarla viva, o lanzarla desde lo alto de la pirámide, y a los hombres, enfrentarlos con cuatro guerreros al mismo tiempo. Terminada la faena, se los comían. Esa ciudad maravillosa y sanguinaria, con 200 mil hbs., esclavizaba los vecinos. Igual en el sur del continente los incas, el Tahuasinsuyo, sometían desde Cusco regiones hoy de Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, países que no existían, como tampoco México.
Las comunidades vivían en terror porque los mexicas secuestraban metódicamente y algún dios prefería niños. La que pasó a la historia como Malinche, dicho hoy en clímax feminista, pertenecía al último nivel en la escala social. Era popoluca, de un pueblo marginal encadenado por los mexicas. Al ser mujer, no podía hablar ante los varones ni levantar la vista, lo que no variaba mucho con los europeos.

La guerra de liberación nacional
En su futuro, el puñal de ónix le partiría las costillas, como a sus dos hermanas, a cuyo padre asesinaron por defenderlas. Su madre la vendió a tratantes aborígenes que la entregaron como sirvienta y esclava sexual a un cacique maya de Tabasco desde los once años. Más tarde su amo, derrotado por Hernán Cortés, para hacer las paces con él se la regaló en un grupo de veinte muchachas.
Pero no se rindió a su suerte como era lo normal. Sus extraordinarias personalidad, inteligencia y sensibilidad política, la sacaron del abismo para que fuera una de las figuras más poderosas del siglo XVI. Hablaba la lengua azteca náhuatl, maya, aprendió castellano rápidamente y se hizo traductora del capitán en las negociaciones para las alianzas indígenas, desplazando a Jerónimo Aguilar. Fue compañera inseparable de Cortés y al final su mujer. La llamaban la lengua.
Uno de los primeros mestizos es su hijo Martín Cortés. Los historiadores aclaran que Hernán no fue ningún Leónidas que enfrentó al imperio más poderoso con 300 españoles. En 1519 se acordaron cerca de treinta etnias, miles de indígenas, para derrotar a los mexicas en la primera guerra de liberación nacional del continente, comandados por Cortés y gracias a la habilidad de Malinche en las negociaciones, quien traducía como le daba la gana y ocultaba los arrebatos del capitán.
Llamada de cuna Un-ocelote, la cristianizaron Marina, pero los indígenas solo podían pronunciar Malina. Malin-tzin, (doña Marina) la jerarquizó el tlatoani (cacique) de los tlascaltecas, arrobado por su carácter y atractivo. De allí derivó al fonema Malinche. Otro tlatoani la increpó porque se atrevía a dirigirse a él, y ella contesta, sin bajar la mirada “te lo voy a decir otra vez. Aquí quien habla soy yo. Y si no es conmigo, no tendrás con quien hacerlo”.
Lengua suelta
Sin su tacto y habilidad, el violento Cortés hubiera fracasado. Él diseñó la estrategia militar, pero la lengua la hizo posible porque más que traducir, elaboraba política, conciliaba, los caciques a veces querían hablar solo con ella, y a Cortés lo llamaban el señor Malinche. Él, y ella en su corta vida, crearon México, al unificar los pueblos indígenas y construir la entidad político administrativa que avanzó al resto del territorio, más tarde poderoso Virreinato y que hoy lleva ese nombre.
En la etapa de la independencia se entronizó la leyenda negra anti hispánica, los criollos renegaron y cubrieron de oprobio la memoria del fundador, y naturalmente a la heroína. Por alienaciones ideológicas, no se sabe cómo pudieron escamotear que el nacimiento de México es obra de españoles e indígenas, así como la independencia lo fue de criollos y pardos.
A mediados del siglo XIX, al comenzar las hostilidades entre México y EEUU, el mundo compadecía la suerte de este ridículo experimento democrático anglosajón, al que casi el mundo entero, salvo Alexis de Tocqueville, le auguraba corta vida. En la guerra, los gringos les arrebataron la mitad del territorio, y los criollos crearon una perversión ideológica para desahogar el resentimiento y la amargura. El patrioterismo mexicano cuando México no existía.
Malinche ya no fue la creadora de la nación y estratega liberadora de los oprimidos, sino su antítesis. Y para incomodidad de quienes no entienden o entienden retorcida la historia, Latinoamérica, que Vasconcelos llama “la raza cósmica”, existe porque las indígenas se cruzaron con los españoles, como Cortés y Malinche. Y porque los africanos se incorporarán a la fusión racial iniciada por Colón el 12 de octubre de 1492.

@CarlosRaulHer

Seamos optimistas y supongamos que se descubre que una o más de las 11 vacunas para el COVID-19 que hoy están en la Fase 3 de los ensayos clínicos son seguras y efectivas a comienzos de 2021. También imaginemos que la producción se puede acelerar rápidamente, para que los países puedan vacunar a una parte significativa de sus poblaciones para fines del año próximo.

En este escenario esperanzador, el actual “período especial”, en el que el distanciamiento social restringe seriamente las actividades económicas –desde escuelas a universidades, restaurantes a aerolíneas, conciertos a eventos deportivos y ceremonias religiosas a casamientos-, durará sólo un año más. Una vez que se levanten las medidas de distanciamiento social, la demanda reprimida de celebraciones, reuniones sociales, viajes y los placeres de la interacción humana probablemente alimenten fuertes recuperaciones.

Sin embargo, para muchas empresas que ya han soportado seis meses de disrupción generada por la pandemia, un año parece una eternidad. Las empresas capaces de sobrevivir hasta entonces –en especial en los mercados emergentes- tendrán un futuro brillante, pero balances débiles. Habrán experimentado 18 meses de flujos de caja negativos en los que su capital patrimonial en gran medida se habrá evaporado.

Es verdad, muchos bancos centrales han ofrecido niveles sin precedentes de estímulo monetario, no sólo reduciendo las tasas de interés, sino también comprando enormes cantidades de activos (alivio cuantitativo) y comprometiéndose a mantener esta política por un período sustancial. Esta llamada “forward guidance” (orientación prospectiva) está destinada a convencer a los bancos de que deberían prestar más a tasas de interés más bajas, porque estas tasas no van a subir por un bien tiempo.

Pero los bancos prestarán solamente a prestatarios solventes –y la solvencia no depende sólo de las perspectivas prometedoras de los prestatarios, sino también de cuánto capital patrimonial tengan-. El capital actúa como una suerte de garantía de que el prestatario es tiene capacidad de pago. Si las cosas no resultan tan bien como sugieren las hojas de cálculo, la empresa de todas maneras puede pagar un crédito porque debe menos de lo que vale.

En este sentido, el capital patrimonial y la deuda se complementan: cuanto más capital tiene una empresa, más puede pedir prestado. Los bancos normalmente exigen que los prestatarios mantengan su ratio de deuda-capital por debajo de cierto límite.

De modo que, en el escenario optimista que se describe más arriba, habrá muchas empresas con perspectivas promisorias, pero con patrimonio insuficiente para garantizar un mayor endeudamiento. Su crecimiento dependerá de lo rápido que incrementen su capital –ya sea de manera acelerada, a través de una inyección de capital, o mucho más lentamente, a través de utilidades retenidas-. Claramente, una infusión rápida de capital hará que la política monetaria sea mucho más efectiva y la recuperación, mucho más robusta.

Pero el capital es institucionalmente mucho más complejo que la deuda. La deuda implica el compromiso de pagar una cierta cantidad fija de dinero en determinadas fechas. Es fácil para un prestador saber si el pago se produjo y convencer a un juez cuando éste no haya ocurrido.

El capital, en cambio, es un derecho sobre lo que queda después de que todas las otras partes interesadas ya han cobrado, incluidas no sólo las deudas con proveedores, trabajadores y acreedores, sino también los salarios, bonos, gastos de representación y aviones corporativos de los gerentes. El derecho de los accionistas sobre el flujo de caja residual de la empresa, por ende, puede evaporarse muy fácilmente.

Impedir esto y tranquilizar a los inversores de capital patrimonial requiere una buena gobernanza corporativa y una ejecución judicial confiable. Los accionistas deben contar con algunos derechos como el poder de elegir y remover a la junta, controlar el pago de los ejecutivos y limitar la cantidad de operaciones riesgosas en las que entra la compañía. También deberían tener derecho a ser informados por auditores independientes sobre lo que está haciendo la empresa y garantizar que quienes tengan información privilegiada no comercialicen sus acciones de manera ventajosa.

Ahora bien, establecer una estructura de gobernanza que pueda ofrecer esas garantías resulta costoso. En Estados Unidos, esto ha propiciado el crecimiento de la industria de “private equity”, que prefiere evitar esos costos retirando de la bolsa a empresas previamente listadas. En la mayoría de los países en desarrollo, las bolsas de valores, cuando existen, comprenden sólo a las empresas más grandes, incluidos bancos, compañías de seguros, empresas de telecomunicaciones, energía eléctrica y unas pocas manufacturas grandes. Para el resto de las empresas, el capital proviene de amigos y familiares.

A menos que tuvieran una participación mayoritaria en la compañía, los fondos de “private equity” globales que han intentado ingresar en los mercados emergentes desde los años 1990 muchas veces vieron evaporarse el valor de sus inversiones. Asimismo, la ausencia de bolsas de valores líquidas significa que cuando quieren desinvertir, se encuentran en una situación tipo Hotel California, en la que pueden dejar la habitación, pero nunca marcharse. Esto es particularmente problemático para los fondos de “private equity” que prometen devolver el capital a sus inversores después de un período predeterminado.

El costo social de estas ineficiencias se disparará durante la recuperación post-vacunación. Lidiar con ellas de manera efectiva hoy puede ser una de las inversiones de mayor retorno que se haya visto.

Parte de la solución debería venir de la innovación financiera liderada por el sector privado. Los fondos de capital privado que se transan como acciones no necesitan períodos de desinversión predeterminados y, por lo tanto, no tienen ningún apuro en vender. En Estados Unidos, las empresas de adquisición de propósito especial (SPAC, por su sigla en inglés) obtienen su capital a través de una oferta pública de acciones antes de saber qué harán con el dinero, y están listas para invertir cuando aparezcan las oportunidades. No tienen que estar listadas en el país en el que invierten, lo que significa que pueden salir a bolsa en lugares con mejores instituciones y mercados más líquidos.

Los países emergentes se beneficiarían enormemente si le encontraran una solución a la inminente escasez de capital. Las empresas familiares, por ende, necesitan considerar las ventajas de aceptar nuevos accionistas y la resultante dilución de la autoridad de los miembros de la familia en la toma de decisiones, a menos que quieran ver cómo los competidores que sí aceptan a esos fondos les quitan el mercado.

Mientras tanto, las autoridades económicas en países emergentes deberían hacer un esfuerzo por mejorar los marcos regulatorios –asegurando, por ejemplo, que los fondos de pensión y las compañías de seguros puedan invertir en los nuevos vehículos de capital-.Y los fondos globales, con el estímulo de instituciones como la Corporación Internacional de Finanzas del Grupo Banco Mundial e IDB Invest, parte del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, deberían crear fondos de “private equity” para invertir en estos países.

Nada de esto es neurocirugía, y puede rendir grandes frutos en términos de una recuperación más rápida. Una razón más para ser optimistas.

9 de octubre 2020

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/new-private-equity-funds-ca...

Como si de la Caja de Pandora de la mitología griega se tratase, en Venezuela se liberaron todos los males del mundo, por la acción demoledora de una revolución que superó los presagios más pesimistas.

The New York Times publicó recientemente un artículo demoledor con respecto a la destrucción que se ha producido de la industria petrolera venezolana. “Por primera vez en un siglo, no hay plataformas en busca de yacimientos petrolíferos en Venezuela”.

En efecto, las plataformas petroleras de Venezuela se paralizaron por completo en junio. Ningún taladro estaba operativo, según informó la empresa de servicios petroleros Baker Hughes, especializada en el tema.

Y según informa S&P Global Platts, otra de las más prestigiosas consultoras en materia energética , la producción petrolera del país se hundió hasta unos 280.000 barriles por día. Habría remontarse hasta la década de los 30 del siglo pasado para encontrar cifras similares.

No obstante, si bien la producción cayó, las exportaciones de crudo almacenado aumentaron ligeramente según Refinitiv Eikon, por envíos a Cuba y también por embarques destinados a pagar deudas a la española Repsol y a la italiana Eni. Este tipo de exportaciones dados sus objetivos, no se traducen en ingresos petroleros adicionales. De hecho, Diosdado Cabello recientemente informó que desde octubre del año pasado Venezuela no cuenta con ingresos petroleros formales.

“Los días de Venezuela como un petroestado se acabaron”, sostiene Risa Grais-Targow, analista de Eurasia Group, una consultora de riesgo político, a lo que agrega The New York Times: “Se espera que el país que hace una década era el mayor productor de América Latina, que ganaba alrededor de 90.000 millones de dólares al año por las exportaciones de petróleo, obtenga alrededor de 2.300 millones para fines de este 2020, menos que la cantidad total de remesas que los migrantes venezolanos que huyeron de la devastación económica del país enviarán a casa para mantener a sus familias”.

Las informaciones antes citadas superan la capacidad de comprensión de quienes conocimos el inmenso potencial petrolero de Venezuela. De no ser por la acción destructiva de un régimen que a lo largo de dos décadas ha venido desmontando nuestra industria petrolera, hoy deberíamos estar produciendo al menos 5,5 millones de barriles por día.

Sin embargo, no importa cuan demoledora haya sido la acción combinada de la ignorancia, la corrupción y la demagogia, en nuestro subsuelo siguen existiendo inmensas reservas de petróleo. Seguimos teniendo una impresionante infraestructura petrolera, hoy severamente dañada por la falta de mantenimiento y el saqueo a que ha sido sometida, pero aún recuperable. Todavía tenemos 6 refinerías en el país que, siempre y cuando se realicen las inversiones requeridas, podrán ser reactivadas.

Aunque la vida útil del petróleo se acorta cada vez más en un mundo dispuesto a remplazar el uso de los combustibles fósiles por otros agentes menos contaminantes, aún estamos a tiempo de aprovechar esa inmensa riqueza de nuestro subsuelo en aras de lograr una recuperación de la economía venezolana por el Apocalipsis revolucionario de las últimas dos décadas.

Eso sí, tendremos que entender que será un sector cualitativamente diferente, en el cual un Estado quebrado no está en condiciones de realizar las inversiones requeridas y, en consecuencia, le corresponderá un rol mucho mayor a la iniciativa privada.

Entiéndase, cuando hablamos de iniciativa privada no nos referimos a aquella que un Estado corrupto asigne a dedo a socios tras los cuales se escondan intereses inconfesables. Ese escenario es el que se plantea en el proyecto de Ley Antibloqueo que se está considerando en la Asamblea Constituyente.

Nos referimos a inversiones que sean el resultado de un amplio y transparente proceso de licitaciones, bajo las condiciones establecidas por un Estado serio que respete la propiedad privada y los contratos suscritos y que garantice los mayores beneficios a la sociedad.

De la Caja de Pandora ya se liberaron todos los males. Le toca ahora el turno a Elpis, el espíritu de la esperanza, que los dioses habían colocado
en el fondo de la misma.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

El régimen encabezado por Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad desde el año 2014. Palabras más, palabras menos este fue el titular que apareció en los medios del mundo que reseñaron el informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas (ONU).

El informe confirma la comisión de ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias dentro de un patrón sistemático y generalizado, lo que los convierte en delitos de lesa humanidad. Además, y como dato novedoso, la Misión señaló a Nicolás Maduro y a los encargados de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada como responsables de esos delitos.

«Uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determinados por la Misión es la falta de independencia del Poder Judicial», se lee en el documento que el pasado 16 de septiembre fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en el cual se denuncia que las reformas que el Poder Judicial ha sufrido desde 1999, lejos de subsanar sus fallas, las ha agravado y han facilitado su cooptación y control por parte de los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su sucesor.

La Misión no pasó por alto que una de las primeras decisiones tras su derrota en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 haya sido remodelar el TSJ, designando de manera apresurada e inconstitucional a trece magistrados principales y veinte suplentes; y que este organismo haya bloqueado toda acción del Parlamento democráticamente elegido.

En el reporte se lee lo siguiente:

«El Tribunal Supremo ha dejado de funcionar como un control independiente de los demás poderes del Estado. En particular, la Sala Constitucional tiene amplias facultades para anular las decisiones de todos los demás poderes del Estado. Desde enero de 2016 hasta la fecha, el Tribunal Supremo de Justicia ha anulado de manera consistente las decisiones de la Asamblea Nacional dirigida por la oposición».

Lo anterior ha sido denunciado con insistencia por Acceso a la Justicia.

Los modus operandi

¿Cómo la justicia ha sido cómplice, cuando no actúa directamente en las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país? En los casos de persecuciones contra opositores y disidentes, la Misión identificó varios patrones, siendo uno de los más recurrentes el incumplimiento de los lapsos procesales fijados en la ley, algunos de los cuales «se extendieron más allá de los límites».

«La no presentación de los detenidos ante el Poder judicial para su comparecencia inicial ante el tribunal dentro de las 48 horas siguientes a la privación de libertad, ya sea debido a las suspensiones del tribunal o a la no presentación de los detenidos por parte del SEBIN o la DGCIM», fue una de las irregularidades que se toparon los investigadores designados por la ONU luego de analizar 223 casos, de los cuales en 48 indagaron de manera exhaustiva; y además revisaron otros 2.891, que confirman los patrones a que se hace referencia en esta nota.

Otra práctica reseñada es que:

«El Ministerio Público no presentó una acusación formal, o desestimó el caso, en los 45 días posteriores a la comparecencia inicial ante el tribunal, a pesar de que el detenido seguía en prisión preventiva. Esto también afectó el inicio de la audiencia preliminar, que debe tener lugar en un plazo no superior a 20 días después de la presentación de la acusación».

Ello fue seguido por el «aplazamiento de las audiencias preliminares por los tribunales, debido a aparentes atrasos en los casos».

Asimismo, el derecho a la defensa a los imputados no les fue plenamente garantizado, impidiéndoseles hablar con sus abogados o negándoles a estos últimos acceso a los expedientes.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la Misión acusó a los tribunales y al Ministerio Público de ignorar olímpicamente los casos relacionados con torturas y desapariciones forzadas, en especial cuando se trata de militares señalados de conspirar contra el Gobierno.

«En todos los casos investigados relacionados con oficiales militares, las autoridades judiciales se negaron a ordenar la investigación de las denuncias de tortura. Ello a pesar de que las víctimas comparecieron ante el tribunal con claros indicios de malos tratos o declararon expresamente durante las audiencias que habían sido torturadas o solicitaron un examen médico. En algunos casos se ordenaron exámenes médicos, pero en los casos investigados, sólo una vez que las marcas de tortura ya no estaban presentes».

Una situación similar se produce en los casos de ajusticiamientos, la inmensa mayoría de los cuales permanecen en la más absoluta impunidad.

Meros instrumentos del poder

La Misión también expuso cómo la provisionalidad reinante en el Poder Judicial y en el Ministerio Público ha permitido al chavismo convertir a esos organismos en parte de su aparato represor.

Se apunta en el informe lo siguiente:

«Los jueces y abogados también han declarado que han sido objeto de presiones indebidas. Franklin Nieves, fiscal en el caso de Leopoldo López, ha declarado públicamente que el juicio contra López fue una farsa y que guardó silencio por miedo y debido a la presión ejercida por sus superiores. Dijo que el Presidente Maduro y Diosdado Cabello dan ordenes directamente a la Fiscalía General sobre qué casos perseguir, señalando que el Poder Judicial “se arrodilla” ante el Ejecutivo, que “dirige absolutamente todo”. La jueza de ese caso, Ralenis Tovar, ha declarado que al firmar la orden de aprehensión de Leopoldo López, se encontraba sentada ante un gran número de funcionarios de los servicios de inteligencia del Estado y de la Guardia Nacional Bolivariana y cuatro fiscales nacionales, y fue amenazada con convertirse en la “próxima Jueza Afiuni”»

Entre 80% y 90% de los más de 2.000 jueces que hay en el país son provisorios, temporales o accidentales y, por lo tanto, el TSJ considera que puede removerlos sin ningún tipo de procedimiento. En el caso de los fiscales esta cifra supera el 95%, y ello abre las puertas a que sean presionados con ser despedidos si no actúan de acuerdo a los intereses de sus superiores, los cuales normalmente coinciden con los del Gobierno.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU deja en claro el control que el gobierno de Maduro ejerce sobre la justicia, lo que ha facilitado la comisión de delitos de lesa humanidad, pues los jueces y fiscales no han ejercido su función de control sobre los demás poderes, sino que por el contrario se han sumado a su estrategia de persecución a la disidencia.

Miles de familias podrían haberse ahorrado mucho dolor y sufrimiento en los últimos años si el TSJ y el Ministerio Público hubieran cumplido con sus funciones constitucionales, en lugar de haberse convertido en apéndices del Ejecutivo.

9 de octubre 2020

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