Los triunfos electorales de Luis Arce (MAS) en Bolivia, tras un año de convulsiones durante la presidencia interina de Jeanine Áñez, los del kirchnerista Alberto Fernández, tras un mandato de cuatro años del conservador Mauricio Macri en Argentina, siguieron a la llegada al poder del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en México, y de Claudia Sheinbaum al gobierno de la capital mexicana.

Ellos marcan el resurgimiento de un movimiento progresista regional, tras la llamada Marea Rosada, el giro a la izquierda que vivió Latinoamérica a principios de siglo, y que se desvaneció con la llegada al poder de la derecha en varios países.

"Algo tienen que hacer. Tienen que diseñar una política internacional, una política exterior, en su entorno inmediato la tienen complicada, sobre todo Argentina, con gobiernos incómodos en Uruguay, en Brasil y Chile. Parece natural un acercamiento entre Argentina y México, dos países grandes, porque con Colombia tampoco pueden contar", dijo a DW el politólogo español Manuel Alcántara Sáez. Sin embargo el catedrático de la Universidad de Salamanca se muestra escéptico, pues considera que hay una limitación básica, que es la falta de recursos económicos y de proyección regional.

Fundado en julio de 2019 en la ciudad mexicana con el mismo nombre, el Grupo de Puebla busca promover políticas progresistas en América Latina y de integración regional. Entre sus fundadores se encuentran presidentes, expresidentes, activistas y académicos de unos 12 países latinoamericanos y España. Entretanto, el grupo ha extendido su alcance a más de 80 líderes de 17 países. La última en sumarse al grupo fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. No así el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pese a que celebró hace unas semanas una alianza estratégica con su par argentino Alberto Fernández. La ausencia de López Obrador en la organización responde a su principio de no intervención, que defiende a capa y espada.

Lula, dispuesto a contender con Bolsonaro

Alcántara Sáez explica que el año decisivo es el 2022, con elecciones en Brasil y en Colombia, en este último por las posibilidades que tiene la izquierda si logra articular una coalición, y en Brasil, si vuelve Lula al poder. Un juez del Tribunal Supremo de Brasil anuló cuatro procesos en los que el expresidente y exlíder del Partido de los Trabajadores fue condenado por corrupción.

El fallo, emitido el lunes 08.03.2021 por el juez de la Corte Suprema de Brasil, anula todas las sentencias contra Lula y reestablece los derechos políticos que perdió al ser condenado. El carismático político de 75 años, quien es miembro fundador del Grupo de Puebla, no descarta presentarse a las elecciones presidenciales de 2022.

"Ya hay interpretaciones de todo tipo. Como que su postulación beneficia a Bolsonaro porque genera una polarización muy clara, y en esa situación Bolsonaro tiene las de ganar. Eso eliminaría a los candidatos más moderados, más centristas. Pero aún queda más de un año y medio de incógnita", afirma Alcántara Sáez.

El Grupo de Puebla surgió en un momento en el que la derecha había vuelto a irrumpir con fuerza en el subcontinente, cuando Trump, desde el gobierno de Estados Unidos, hacía todavía escuela en el resto del mundo. "Si la ultraderecha está actuando de manera coordinada en diferentes rincones del mundo, los progresistas debemos unirnos igualmente para defender la democracia, nuestras libertades, los derechos humanos y el medioambiente. Es nuestro deber como demócratas, porque ya sabemos adónde lleva este camino por el que nos quieren arrastrar nuevamente los fascistas", señala el juez Baltazar Garzón, miembro del consejo asesor del grupo, en la página web del Grupo de Puebla.

¿Una organización más?

Por su parte el politólogo ecuatoriano Simón Pachano considera que el Grupo de Puebla es una iniciativa más para aglutinar -en este caso figuras- , que se ven a sí mismos más radicales que la socialdemocracia, a la que consideran anquilosada.

"Surge como alternativa al Foro de Sao Paulo, que tuvo una cercanía con algunos procesos políticos latinoamericanos, y quizás eso lo erosionó, aunque sigue existiendo y convocando a sus reuniones, incluso muchos de los participantes están en ambos foros. La cercanía del Foro de Sao Paulo con el ex presidente Hugo Chávez de Venezuela, o con Daniel Ortega de Nicaragua, le dio una mala imagen. Me parece que el Grupo de Puebla surge como un intento de renovación", destaca el investigador de Flacso Ecuador, en conversación con DW.

El Foro de Sao Paulo, una instancia creada en la década de los 90 por partidos y movimientos sociales de izquierda, tuvo su último encuentro en 2019 en Caracas con la presencia de Maduro y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Ni Cuba, Nicaragua o Venezuela figuran con participantes en el Grupo de Puebla. "Venezuela y Nicaragua están muy desacreditados, son muy parias por el desastre que están infringiendo en sus sociedades. Son parias internacionales que no les aportan nada", afirma Alcántara Sáez.

El surgimiento del Grupo de Puebla, en una región convulsionada por las protestas y crisis políticas de 2019, contrasta con el Grupo de Lima, creado en 2017 con el objetivo declarado de enfrentar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, mientras el Grupo de Lima es un instrumento oficial conformado por gobiernos, el de Puebla reúne exclusivamente a líderes políticos, mayoritariamente de oposición.

En un Manifiesto Progresista de 33 puntos publicado en febrero pasado, el Grupo de Puebla llama, entre otras cuestiones, a generar cadenas sociales de valor, establecer la renta básica solidaria, promover un combate de la corrupción política y defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de agresiones o injerencias de otros Estados. Muchas de esas propuestas son muy válidas; el problema es cómo llevarlas a cabo, según Simón Pacheco.

Pérdida de credibilidad

"Respecto a la corrupción tienen una mirada muy sesgada. Cuando ha habido procesos judiciales en contra de quienes forman parte de ese grupo, o siendo autoridades de sus países, presidentes, presidentas, ahí hablan de Lawfare (persecución judicial), como en el caso de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner". CFK no es miembro del grupo, pero es vicepresidenta en el gobierno de Alberto Fernández, uno de los fundadores de la organización. "No puede ser que ante todas las evidencias que hubo durante el gobierno de Cristina Fernández, los sacos de dinero que lanzaba ese personaje (José López, exministro del gobierno de Cristina Fernández) a un convento, los empresarios que confesaron que pagaron coimas para obtener contratos. Ante todas esas evidencias callan. En Perú, ahí sí está muy bien que lo hagan, en Panamá también. Eso erosiona la credibilidad del grupo". destaca Pachano.

El académico abunda en que el Grupo de Puebla no habla de los casos de Odebrecht que afectaron a países como Perú, Colombia y Panamá. "En Perú hay 4 ex presidentes presos, uno suicidado, otros enjuiciados, este grupo no considera que ahí hubo casos de corrupción iguales o similares a los de Brasil, Ecuador y de otros países, es una mirada sesgada porque antepone la ideología a los principios", destaca.

El investigador insiste en la importancia de priorizar los principios para atraer a personas y posibles electores fuera de su espectro político. Por ejemplo, en el caso de Venezuela. "Es una locura que (el Grupo de Puebla) defienda a un gobierno como el de Venezuela, porque podrían establecer una diferencia, decir sí, que Estados Unidos no intervenga, que levante las sanciones, sí, pero también mencionando los procesos autoritarios de Maduro".

Simón Pachano recuerda cuando la oposición ganó las elecciones legislativas (diciembre 2015) y obtuvo una mayoría absoluta en la Asamblea legislativa en Venezuela. "El gobierno de Maduro creó una Asamblea Constituyente que puso por encima. Eso deja de ser democracia, eso es autoritarismo con fachada electoral, con cancha inclinada y árbitro parcializado. Con eso, este grupo pierde credibilidad", concluye.

11.03.2021

DW

https://www.dw.com/es/grupo-de-puebla-ideología-más-que-principios/a-56841826

Desde hace algún tiempo –¿cinco, seis años quizás?–, de forma cada vez más insistente, se repite que el venezolano “está cansado”. El cansancio se ha vuelto una especie de recurso conceptual presente en numerosos análisis de la realidad venezolana. Por momentos, incluso, adquiere la categoría de reproche moral: ¿cómo podría justificarse ese cansancio si todavía la lucha contra la dictadura no ha finalizado?

En el razonamiento de analistas y también de algunos políticos se alcanza este extremo: el cansancio habría aparecido justo en el momento en que la dictadura estaba arrinconada. De no haber aparecido esa especie de “cansancio fuera de lugar”, sugiere esa perspectiva, las cosas serían muy distintas en la Venezuela de hoy. Si hubiésemos logrado mantener la presión, se afirma, el régimen habría caído.

No sé si, en los términos de la sociología o de la psicología social, es posible hablar de “cansancio social”. Pero sin pretenderme un especialista de la cuestión, mi percepción es que hay, al menos, tres dimensiones distintas que conviene separar y reconocer.

La primera, si se quiere la más general, sobrepasa al simple cansancio y adquiere las proporciones del hartazgo. De las tantas cosas que reporta el periodismo, de la lectura atenta de las redes sociales, de lo que indican las encuestas, de lo que hablan los testimonios, del intercambio con personas amigas que viven en Venezuela, así como de la observación directa, es posible concluir, sin lugar a error, que la sociedad venezolana está hastiada, harta del régimen encabezado por Maduro.

Es una sensación que desborda el cansancio y se mezcla con otras emociones como desprecio, rabia, impotencia, repulsión, y, por momentos, también aflicción. En el sentimiento de que el régimen se agotó, en la idea cada vez más repetida de que todo es una inmensa farsa y que Maduro en realidad no tiene nada que ofrecer a los venezolanos, confluyen muchas cosas, que pueden agruparse como un complejo y masivo sentimiento de rechazo.

Otro plano distinto, permanente y tangible, se refiere al día a día de los venezolanos, cuando el cansancio de los ciudadanos, especialmente de los padres de familia, es evidente y cada vez más acusado. La cotidianidad en Venezuela tiene un carácter infernal: no hay servicios básicos, todo en el espacio público está corrompido, los bienes son escasos o costosísimos, a menudo no es posible ni siquiera salir de casa. Ir de un lugar a otro supone un peligro extremo: una alcabala de uniformados puede convertir a cualquiera en objeto de extorsión. Las cosas más elementales, ir y volver a la escuela o al trabajo, comprar comida o medicamentos, reparar un electrodoméstico o un automóvil, asistir a una consulta médica, hacer un trámite ante cualquier organismo del Estado, todas son experiencias hostiles, sembradas de dificultades, peajes, funcionarios corruptos, costos fuera de lógica o realidades de lo imposible. La cotidianidad en Venezuela es una sucesión interminable de batallas, cuyo efecto es que supera la inmediatez del cansancio para convertirse en un estado de agotamiento crónico. Esa forma de cansancio extremo existe y está extendida en todo el país.

Paradójicamente, ese cansancio de la sobrevivencia no ha derivado, como se afirma sin demasiado fundamento, en cansancio político o cansancio social, como también lo llaman. En la edición de noviembre de 2020 de la Revista SIC, que edita el Centro Gumilla con admirable disciplina, Marco Antonio Ponce comentaba lo ocurrido en los primeros nueve meses de 2020, de acuerdo con las cifras publicadas por el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social: se habían producido hasta septiembre más de 7.000 protestas, protagonizadas por vecinos y trabajadores. Dice Ponce: “Al mirar en detalle estas manifestaciones encontramos algunos aspectos que nos permiten conocer qué exigen los ciudadanos, dónde y cómo lo hacen, además de la respuesta institucional. Habitantes de pequeñas poblaciones y caseríos de distintas regiones del país salieron a las calles para exigir calidad en los servicios básicos, rechazar la crisis de gasolina y un salario mínimo mensual inferior a un dólar, destacando la presencia de las mujeres en el liderazgo de las manifestaciones por servicios básicos”. Y añade dos cuestiones, relevantes en lo social y en lo político: la primera, que “una característica recurrente de la protesta venezolana es su espontaneidad, con un mínimo de organización vecinal, sin indicios de una conducción o acompañamiento, o plan organizado desde sectores o partidos políticos tradicionales. Solo en contadas excepciones líderes sociales locales, vinculados a partidos políticos, han organizado protestas”; la segunda es la presencia de las protestas combinadas: las personas utilizan una misma acción para exigir varios derechos. “Un fenómeno que se viene registrando con mayor intensidad en los últimos tres años”.

De acuerdo con el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se realizaron durante 2020 un total de 9.633 protestas, a un promedio de 26 por día. Y esto nada menos que en tiempos de pandemia y con un régimen que la ha aprovechado para impedir la movilización ciudadana. Un dato más: en 2019, las protestas fueron 16.739, a un promedio de 46 por día. Dicho esto: ¿se puede afirmar que en Venezuela hay cansancio político? ¿Se puede sostener que la voluntad de lucha ha mermado? Apegados a los hechos, ¿se puede asegurar que la sociedad venezolana se ha rendido y que es una especie de títere a merced de lo que el régimen quiera hacer con ella? Mi respuesta a todas esas preguntas es categórica: los venezolanos seguimos en pie de lucha. Las vicisitudes de lo cotidiano no han destruido sino alentado nuestras energías políticas. Nada más revelador que esto: a pesar de las dificultades diarias, cada vez más, sin apoyo ni organización previa, la gente sale a la calle y protesta. Y cada vez más, los venezolanos entienden que la solución a sus demandas está asociada a la salida inmediata del régimen de Maduro.

Después de leer mi última nota un buen amigo me llamó para decirme, palabras menos, palabras más, “Muy bien Luis Manuel, si acepto tu argumento donde ya es un mandato popular no acudir a ningún proceso electoral hasta que Maduro se vaya, entonces estamos desarmados, solo a la espera que vengan a ayudarnos desde afuera ¡y sin posibilidad alguna de movilizarnos!”. Y eso es lo que la gente piensa porque eso es lo que le han hecho creer los enemigos de la Consulta Popular.

El primer resultado concreto de la Consulta Popular es un mandato constitucional vinculante (nótese que digo “es” y no “fue” porque aun está en desarrollo) que les puso una camisa de fuerza a los agentes políticos del país, y que ordena a todos los venezolanos quemar las naves en la exigencia clara de no mover un voto más hasta que la corporación criminal de Maduro abandone el poder que usurpa. Los factores políticos que suscribieron el Pacto Unitario del 7 de septiembre de 2020 en la Hacienda la Vega, donde se anunció por primera vez la ejecución de una Consulta Popular, están en la obligación con los venezolanos de cumplirlo.

Pero aun así, la mayoría de los 37 partidos políticos, en especial los principales, que firmaron esa ruta han movilizado a su militancia en toda Venezuela a participar en unas elecciones regionales con el régimen, ignorando olímpicamente los resultados vinculantes y obligantes de la Consulta Popular que ellos mismos avalaron el 7 de septiembre de 2020. Y en el supuesto negado de que no fuera vinculante, esa expresión tan contundente y mayoritaria no puede ser ignorada y desoída, y mucho menos desobedecida por alguien que se considere demócrata.

¿Quién es entonces el doliente de los 6,4 millones de voluntades expresadas del 7 al 12 de diciembre de 2020? ¿Nuestros “representantes” políticos? Es claro que no son aquellos quienes le han dado la espalda a ese mandato de diciembre los llamados a hacerlo respetar, porque se encuentran activamente buscando cargos que solo existen en su imaginación con una corporación criminal que gobierna en Venezuela. De allí que seamos los ciudadanos los responsables de hacerlo porque ese es un mandato que nos corresponde hacer cumplir a todos los venezolanos, no solamente a los partidos políticos.

Es por eso que luego de ese abandono, aquellos que no hemos dejado de luchar en los distintos ámbitos de la vida del país, hemos propuesto una nueva Ruta Ciudadana con un nuevo Pacto, pero esta vez como consecuencia y en respaldo de algo que constitucionalmente no se había expresado antes de manera constitucional, que no es otra cosa que la exigencia mayoritaria del pueblo venezolano expresada al mundo en una Consulta Popular donde 6,4 millones de venezolanos ordenaron que Nicolás Maduro Moros abandonara el poder para después realizar elecciones libres, justas y verificables, y desconocer en el camino la espuria elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2020.

Pero aun así, el régimen con la ayuda de los técnicos electorales de esos partidos opositores han reanudado la marcha para designar un nuevo CNE que será igualmente espurio como lo es ya la Asamblea Nacional que lo designará, rechazada por el pueblo venezolano el 6 de diciembre de 2020 y por la Comunidad Internacional. Ninguno de esos 75 postulados para Rectores del CNE son ignorantes de la situación venezolana por lo que se constituyen en cómplices y agentes –si ya no lo eran antes- de la continuidad del régimen de Nicolás Maduro Moros.

Y como no esperábamos que Maduro obedeciera como cualquier demócrata el mandato popular, los ciudadanos entonces debemos organizarnos para que lo haga, basándonos en las premisas de ese mismo mandato y en la Constitución. Y esa es la razón del Pacto para el Restablecimiento Constitucional que busca unir a todas las fuerzas ciudadanas dentro y fuera de Venezuela, para restituir el orden constitucional, lo que no solo traería como consecuencia el logro del Cese de la Usurpación ordenado en la Consulta Popular, sino el reordenamiento institucional de la República y el saneamiento del resto de los Poderes Públicos desnaturalizados por la corporación criminal de Maduro y sus cómplices.

Esta cruzada es difícil pero no imposible. Pero el enfoque para la lucha que planteamos ahora es muy diferente. Serán otros los que estarán al frente de esta nueva Ruta. Ya no serán los dirigentes de unos partidos con intereses y que privilegian buscar cargos en unas nuevas elecciones pagadas para ellos por el régimen, por encima de idear como salimos de este infierno. No serán aquellos quienes abandonaron al pueblo venezolano al arbitrio de una corporación criminal a favor de sus intereses políticos. Serán los mismos ciudadanos quienes se den a esa tarea. Serán los dolientes directos de esta tragedia venezolana quienes tendrán que pelear por su propia supervivencia. La Consulta Popular nos empoderó como ciudadanos no investidos de autoridad para restituir el orden constitucional con un mandato derivado de la misma Carta Magna. Este es el otro resultado concreto de ese proceso.

¿Y cómo sería la ejecución de ese nuevo enfoque? Los ciudadanos activados por el Pacto acuerdan: “Activar formalmente el procedimiento de restablecimiento del orden constitucional, de conformidad con el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedimiento que se sostendrá por la ciudadanía no investida de autoridad, sin perjuicio del deber que tienen al respecto los ciudadanos investidos de autoridad, hasta tanto se haya cumplido el objetivo de asegurar el restablecimiento de la vigencia del Estado democrático y social de Derecho y de justicia pactado en nuestra vigente Magna Carta”.

¿Qué significa lo anterior? Que no tomamos el Artículo 333 Constitucional simplemente como enunciativo de lo que hay que hacer sino que establecemos mediante este Pacto un procedimiento para restablecer el orden constitucional, sustentándonos en todos los considerandos enunciados allí, para finalmente “Promover la conformación de una Conferencia para el Restablecimiento Constitucional y la Reafirmación de la Soberanía Popular, a integrarse conjuntamente con la ciudadanía investida de autoridad, en acatamiento al mandato vinculante expresado el 12 de diciembre de 2020; instancia que asumirá la vocería, representación y coordinación de las acciones señaladas para el restablecimiento constitucional y democrático, y organizará sus réplicas a nivel internacional, regional, municipal y parroquial”. En otras palabras, un accionar de la ciudadanía para organizarse y movilizarse para el rescate de la institucionalidad usurpada.

La «Conferencia para el Restablecimiento Constitucional y la Reafirmación de la Soberanía Popular» se debe entender como una coordinación de organizaciones desde donde deberán salir las acciones en todos los niveles para el logro del restablecimiento constitucional y en consecuencia el Cese de la Usurpación. La Conferencia para el Restablecimiento Constitucional se establecerá en los niveles Nacional, Internacional, Estadal, Municipal y Parroquial, cubriendo en cada uno de esos niveles la representación de los 7 ámbitos de actuación señalados para la sociedad civil en el Artículo 326 Constitucional. La promoción de esta fórmula nos permitirá a todos actuar coordinadamente y en forma transversal en todo el país, canalizando las exigencias de cada uno de los sectores en una sola voz y una sola fuerza capaz de remover los cimientos del régimen.

La articulación de nuestras actuaciones como sociedad civil no investida de autoridad con aquellos poderes legítimos investidos de autoridad, en este caso la Presidencia Encargada y la Asamblea Nacional (hoy actuando como Comisión Delegada) solo dependerá de ellos. La fuerza ciudadana no necesita para expresarse ni movilizarse de ningún tutelaje de los investidos de autoridad pero si respeta su condición de poderes legítimos reconocidos internacionalmente. Es ese mismo reconocimiento el que exigimos de ellos para actuar coordinadamente en una tarea que nos es ordenada constitucionalmente a ambos como lo es la restitución del orden constitucional. De allí que se encuentren también mencionados en el Pacto.

Ya comenzamos a dar los primeros pasos a nivel nacional y regional con la firma de representantes de la Federación Médica Venezolana y con representantes de los trabajadores de las industrias básicas de Guayana (Intersindical de Guayana, ITG).

La consolidación de este movimiento de la Sociedad Civil que ya comenzamos solo será posible de la convicción de todos los venezolanos de que lo que obtuvimos del 7 al 12 de diciembre 2020 con la Consulta Popular nos inviste de la suficiente soberanía para actuar como uno solo y con una sola fuerza. Confundirnos con lo que dicen quienes pretenden engañar a los ciudadanos de que aquí no paso nada, es olvidar que poseemos en esencia esa fuerza concedida por nuestro texto fundamental, y que aplicada correctamente será la llave que le abrirá de nuevo las puertas a la libertad de Venezuela…

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Después de una charla telefónica de dos horas con Xi Jinping, eso dijo Biden sobre los chinos. La frase me recuerda una de Burke, más gastada que un bluyín: “para que ganen los malos solo se necesita que los buenos no hagan nada”. En ambos casos, es pertinente el mismo comentario: “…o que hagan animaladas”. Trump demuestra, entre otras muchas, lo costosas que son.

No es creíble ni posible el aplastamiento, pero es obvio que después de Clinton, EEUU abandonó la estrategia basada en desarrollo tecnológico y competitividad, así como la “empatía” con sus aliados. China lo aprovechó sin perder un minuto, para colocarse en la punta del pelotón en la carrera de 42 Kms. Así treinta años después de la caída de la URSS por ineficiente e improductiva, desapareció el mundo unipolar de los 90 y llegamos a una nueva bipolaridad.

El Presidente cambió el tono de la relación con China, ahora político y civilizado, pero lo más importante es que no continúe el troglodita nacionalismo económico populista de su antecesor. Hoy preocupa a EEUU la penetración asiática en Latinoamérica, pero durante los 90 circulaba en los medios financieros y políticos del primer mundo, un amargo chiste sobre el subcontinente: “si se hundiera en el mar, nos enteraríamos meses después”.

Trump lo botó y Xi Jinping lo agarró
Si no recuerdo mal, su peso en el Producto Mundial era de apenas 4%, poca cosa. A veces luce que Biden quiere practicar con China el mismo arte marcial que su antecesor, sin percatarse que de hacerlo, seguirá perdiendo posiciones. Hubo un fuerte temblor que no registraron muchos sismógrafos: la firma en diciembre último del tratado de libre comercio asiático (RCEP) que Clinton impulsó y estuvo largos años zombi.

El inefable Trump lo abandonó estruendosa y despectivamente en 2017. Pero el camarada Xi Jinping, con Europa y EEUU ocupados de la pandemia, lo promovió intensamente y en diciembre de 2020 lo firman quince países: Vietnam, Singapur, Myanmar, Laos, Cambodia, Filipinas, Brunei, Malasia, Tailandia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y la sorprendente entrada de Japón y Sur Corea, históricos aliados norteamericanos, que se dejaron de tonterías.

Ese acuerdo de libertad económica, eliminación de aranceles y mercado abierto, liderado por China, es lo que algunos charlatanes anacrónicos llamarían “neoliberal” y cubre un tercio de la población mundial. Al mismo tiempo, firmaba otro tratado sobre inversiones con la Unión Europea, castigada igual por el nacionalismo arancelario trumpista. Latinoamérica, cuyo primer socio comercial y acreedor, excluyendo a México, es China, tendrá la tentación de buscar recursos con ese bloque.

Ahorcar Huawei
En respuesta, el Banco de Desarrollo de EEUU ofrece financiar las deudas de la región con China, a cambio de aislar a Huawei y al proyecto 5G. Europa, como la divina Eulalia de Darío, coquetea con las realidades de la nueva polaridad. Por un lado, recibe masivas inversiones de Xi Jinping, y por el otro, lánguidamente acepta la protección norteamericana de la OTAN (“la marquesa Eulalia, risas y desvíos/ daba a un tiempo mismo para dos rivales/ el vizconde rubio de los desafíos/ y el abate joven de los madrigales”).
Trump también hostilizó a los europeos con aranceles, la manía arancelaria populista que incrementa los precios a los consumidores, protege las ineficiencias económicas locales y debilita el aparato productivo. Ojalá en algún momento, digo es un decir, el nuevo gobierno gringo enfoque su estrategia en partir del reconocimiento del adversario y no de su negación. No boicotear el 5G sino hacerlo mejor y más barato.
Es imperativo renunciar a la confrontación con China, al tiempo que dar un nuevo salto científico técnico, tal como Reagan y Clinton cuando el reto era Japón. Reconstituir los vínculos con aquella y no reclamar incondicionalidad a los aliados tradicionales. En Latinoamérica la figura de nueva potencia es una realidad irreversible, y deberá coexistir con Norteamérica, Europa y otros países.

Mentiras populistas

Aunque haya perdido fuelle por concentrarse en conflictos bélicos, EEUU mantiene su condición de gran potencia, precisamente gracias a su relación con China. Trump impuso aranceles a la importación de acero y aluminio, “para proteger” la industria norteamericana, la producción de armas y abroquelar la seguridad y defensa nacional.
Falsedades: el país consume 70 por ciento del acero que produce y apenas 3% del aluminio lo requiere la industria militar. Los aranceles encarecerán productos de consumo masivo porque la industria norteamericana importa la mitad de su maquinaria, ahora más costosa. “Necesitamos que regresen las inversiones americanas hoy en China” cuando la balanza internacional de capitales les es ampliamente favorable. EEUU recibe más capital extranjero que el que invierte en otros países.

Por si fuera poco, hay casi pleno empleo y por eso la política migratoria ha sido incluso canallesca. De mantenerse la tendencia, dentro de siete años habrá un déficit de ocho millones de trabajadores y ya hoy las autoridades de Wisconsin se quejan de falta de mano de obra. Veremos la evolución del Presidente.

@CarlosRalHer

Una de mis religiosas lecturas dominicales es la columna de Fernando Rodríguez, en El Nacional. La del pasado domingo 7 de marzo, se titula: “El voto, claro, pero…” y ya podemos suponer de qué trata, pues es el tema que a todos nos ocupa.

La referida columna comienza con una frase contundente: “No hay opositor en este país que no diga que debemos juntarnos y expresarnos para salir de este gobierno bruto, cruel e ilegal, dictatorial y militar pues…” y no puedo estar más de acuerdo con esa sentencia. Sí, pero… lamentablemente para el filósofo −y sobre todo para todos nosotros− es que esa frase no parece que se ajusta a lo que está ocurriendo en los predios opositores.

En su artículo el Dr. Rodríguez hace referencia a uno de los tantos documentos que circula en el bastión opositor −el democrático, por supuesto, porque el “alacrán” ni es oposición, ni escribe documentos− que hace un llamado a rescatar el voto y el Dr. Rodríguez, tras lamentarse que la discusión que esté planteada no sea sobre las condiciones electorales por las que se debe luchar, concluye −sabiamente− que de todas maneras se debería seguir discutiendo, pero hacer una pausa en eso de circular documentos, para lograr un mayor consenso.

Asumo que lo de la pausa que solicita el filósofo se debe a que ciertamente al que él se refiere no es el único documento que circula; son varios los que lo hacen y en particular hay otro, exactamente de signo contrario a éste, que sin llamar las cosas por su nombre, abstención, prácticamente lo hace con el circunloquio de llamar a no participar en el proceso electoral, porque éste no reúne las condiciones mínimas que se podrían desear.

Quienes proponen abstenerse o no participar −no los llamaré “abstencionistas”, pues ellos no se consideran así−, declaran no estar de acuerdo con acudir a los procesos electorales que, como ya dije, no reúnan condiciones mínimas. (No voy a abundar en que en realidad nunca las hemos tenido desde el año 1999, cuando este régimen se implantó)

Como bien sabemos, desde inmemorables años, por lo menos desde los años 60 del pasado siglo −que yo recuerde− hay en Venezuela una acendrada tendencia a resolver las discusiones de espinosos y controversiales temas con documentos, escritos, manifiestos y cartas abiertas. Adquirimos la costumbre de discutir y hablarnos indirectamente, de comunicamos a través de la prensa; y hoy ni siquiera eso, pues contamos con muy poca prensa disponible; hoy lo hacemos a través de redes sociales.

Todos recordamos, por ejemplo, que a principios de los 90 del pasado siglo, surgió aquel grupo denominado “Los Notables”, encabezado nada menos que por Don Arturo Uslar Pietri, que produjo varios documentos de impacto sobre la situación del país y lo que, a juicio de ese grupo, eran las soluciones para esos problemas. Algunos de los integrantes de aquel grupo de “notables”, que era un número variable y mudable, tuvieron una cierta −e incierta− responsabilidad en los hechos políticos que contribuyeron a la defenestración de Carlos Andrés Pérez y que nos condujeron, años más tarde −por aquello de que de esos polvos vienen estos lodos− a la desgracia que hoy vivimos.

A esa costumbre de retratarse en grupo y firmar documentos, se le suma hoy otra manía o característica, que se debe al auge que tienen las redes sociales, con sus secuelas de la llamada posverdad −inventar o exagerar cosas− o la de circular abiertamente falsas noticias y rumores, para desacreditar a alguien.

No está muy claro cuál es el alcance real y combinado de las redes sociales en Venezuela: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, por nombrar las más destacadas. Mucho menos se puede saber cuál es el impacto de los “chats” de vecinos, grupos familiares, compañeros de colegio y universidad, etc.; pero, sin duda, todos combinados, redes y “chats”, lo tienen. Por lo pronto, a todos nos hacen sentir grandes comunicadores, literatos, brillantes pensadores, o “influencers”, por usar ese término de moda en el mundo cibernético.

Con las excepciones del caso, que siempre las hay, tal parece que constreñidos, por ejemplo, a los 280 caracteres de escritura que nos permite un tuit, nos han llevado también a reducir nuestro pensamiento a ese número de caracteres y hemos sustituido por frases huecas, rimbombantes, circunloquios, las críticas y las ideas. Los insultos y la diatriba es lo que ahora se festeja. Mas pendientes de los rebotes, “likes” e incremento de seguidores, que de que se profundicen y analicen bien las cosas, en la mayoría de los casos no se difunde información y la que se difunde, aunque tenga atisbos de verdad, es solo parcial y se hace con el objetivo de sembrar la duda y desprestigiar; pareciera que el ánimo no es corregir, encontrar una solución, mucho menos buscar la verdad, sino destruir.

Por eso, no le falta razón al Dr. Rodríguez, en su artículo del pasado domingo, al concluir pidiendo un receso y sugerir una postergación de “… los manifiestos, [pues] a lo mejor logramos uno mayoritario”. Soy muy escéptico al respecto, pero vale la pena apoyar el intento.

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Se ha acabado “la era del se ha acabado el Gobierno grande”. La ley de ayuda pública que el presidente Joe Biden acaba de firmar es de un alcance impresionante, y sin embargo la oposición conservadora sigue siendo extraordinariamente floja. Aunque ni un solo republicano ha votado a favor de la ley, los ataques retóricos de políticos y medios de comunicación de derechas han sido particularmente suaves, quizá porque el plan de Biden es increíblemente popular. Incluso mientras los demócratas se disponían a desembolsar 1,9 billones de dólares en ayudas gubernamentales, sus oponentes parecían hablar principalmente del Dr. Seuss y el Sr. Patata.

Lo especialmente asombroso de esta falta de energía es que el Plan de Rescate Estadounidense no solo gasta un montón de dinero, sino que también plasma cambios importantes en la filosofía de la política pública, un alejamiento de la ideología conservadora que ha dominado la política estadounidense durante cuatro décadas. En concreto, da la sensación de que la ley, además de revivir la noción de que el Estado es la solución, no el problema, también pone fin “al fin del bienestar social tal como lo conocemos”.

Érase una vez un programa denominado ayuda a familias con hijos dependientes (AFDC, por sus siglas en inglés), el programa que la gente solía tener en mente cuando hablaba de “bienestar social”. Pretendía en un principio ayudar a viudas blancas a criar a sus hijos y se le negaba de hecho a madres negras o solteras. Con el tiempo, sin embargo, estas restricciones fueron desapareciendo y el programa se amplió rápidamente desde principios de la década de 1960 hasta comienzos de la de 1970.

El programa se volvió enormemente impopular. Por supuesto, esto reflejaba, en parte, la raza de muchos beneficiarios. Pero muchos analistas también culpaban al AFDC de crear una cultura de dependencia que era a su vez responsable de los males sociales crecientes en el centro de las ciudades, aunque estudios posteriores, en especial el trabajo de William Julius Wilson, indicaban que la causa verdadera de estos males fue la desaparición de los puestos de trabajo urbanos (los problemas sociales que han seguido a la decadencia económica en buena parte del centro de Estados Unidos parecen confirmar la tesis de Wilson).

En cualquier caso, en 1996, Bill Clinton promulgó reformas que reducían drásticamente la ayuda a los pobres e imponían requisitos laborales draconianos para recibirla, incluso a las madres solteras. El bienestar social tal como lo conocíamos murió de hecho. Pero la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, siguiendo de cerca las propuestas del senador Michael Bennet, restablece una ayuda significativa para los niños. Es más, a diferencia de la mayoría de las disposiciones de la ley, este cambio (como el aumento de las prestaciones del Obamacare) pretende durar más allá de la crisis actual. Los demócratas esperan y prevén que los pagos sustanciales a las familias con hijos se conviertan en parte permanente de la escena estadounidense.

Entonces, ¿ha vuelto el “bienestar social”? La verdad es que no. La AFDC pretendía proporcionar a las madres dinero suficiente para salir adelante —a duras penas— mientras criaban a sus hijos. En 1970, las familias de tres personas acogidas a las ayudas de la AFDC recibían, de media, 194 dólares al mes. Ajustado a la inflación, rondaría los 15.000 euros anuales en la actualidad, frente a los 6.000 dólares que recibirá una familia con dos hijos mayores de seis años (7.200 si tienen menos de seis) según el nuevo plan.

Alternativamente, podría ser más informativo comparar los pagos del “bienestar social” con las rentas de las familias típicas. En 1970, una familia de tres miembros con prestaciones de la AFDC recibía en torno al 25% de la renta media, ni mucho menos una asignación generosa, pero tal vez estrictamente suficiente para vivir. La nueva ley dará a una familia uniparental con dos hijos menos del 7% de la renta media.

Por otro lado, el nuevo programa será mucho menos intrusivo que el AFDC, que exigía constantemente a las madres que demostraran su necesidad; había incluso casos en los que se interrumpía la ayuda porque un inspector descubría en la casa a un hombre con capacidad para trabajar, alegando que este podía y debía sostener a los niños. La nueva ayuda será incondicional para familias que ganen menos de 75.000 dólares al año.

De modo que no, no se trata de una vuelta al bienestar social tal y como lo conocíamos; nadie podrá vivir con la ayuda por hijos. Pero la ayuda sí reducirá drásticamente la pobreza infantil. Y también representa, como he dicho, una ruptura filosófica con las últimas décadas y, en concreto, con el miedo obsesivo a que los pobres pudieran aprovecharse de las ayudas públicas y optar por no trabajar.

Es cierto que algunos miembros de la derecha siguen dándole vueltas al mismo tema. Marco Rubio, siempre partidario de las reducciones, denunciaba que los planes para establecer una exención tributaria por hijo eran “asistencia social”. Los expertos del American Enterprise Institute advertían de la posibilidad de que algunas madres no casadas redujeran de alguna manera las horas de trabajo, aunque sus cálculos parecen muy pequeños. Y además, ¿desde cuándo trabajar un poco menos para estar con los hijos es un mal sin paliativos? En todo caso, estos ataques tradicionales, que solían aterrorizar a los demócratas, ya no parecen tener efecto. Claramente, algo ha cambiado en la política estadounidense.

Para ser sincero, no sé con seguridad a qué se debe esta transformación. Muchos la esperaban con el presidente Barack Obama, elegido tras una crisis financiera que debería haber desacreditado la ortodoxia del libre mercado. Pero aunque consiguió muchas cosas —en especial, el Obamacare—, no provocó un gran cambio de paradigma. Ahora ese cambio parece haber llegado. Y millones de niños estadounidenses se beneficiarán de él.

Premio Nobel de Economía.

© The New York Times, 2021. Traducción News Clips.

12 de marzo 2021

El País

https://elpais.com/economia/2021-03-12/un-cambio-en-el-paradigma-del-bie...

Resumen

Si bien es complejo establecer la calidad de la educación impartida por un sistema educativo, existen indicios de que la educación superior en Venezuela está atravesando una crisis. En lugar de enfrascarse en una discusión política o teórica, sobre el significado de la calidad de la educación universitaria, resulta más práctico y provechoso considerar cada uno de los aspectos indiciarios de que algo anda mal, tales como: calidad de los profesores, admisión de los estudiantes y prioridad a la investigación, entre otros.

La propuesta es debatir estos aspectos, entre los actores que corresponda, en la búsqueda de los consensos sobre políticas públicas u otras iniciativas que deben auspiciarse, en la prosecución de una mejora de la calidad de la educación universitaria.

Palabras clave Calidad, educación, universidad, excelencia, Venezuela.

Some Thoughts on the Quality of Venezuelan Higher Education

Abstract

Despite the fact that it is complex to measure the quality of the education taught on a specific educational system, there are some hints that point out that higher education in Venezuela is passing through very difficult times. Instead of stalling a proper debate with the same old political and theoretical discussions about the concept of quality in higher education, it is more practical and helpful to consider each of the other aspects that are indicative of wrongdoing, such as: quality of the faculty, admission processes and institutions’ priorities for research and development.

The proposal for this particular case is to perform a thoughtful debate between the entities and stakeholders involved in the matter, in the lookout for consensus about which new initiatives or public policies should be sponsored in order to pursuit the continuous enhancement of the quality of higher education.

Keywords

Quality, Education, University, Excellence, Venezuela.

Quelques réflexions sur la qualité de l’enseignement supérieur au Venezuela

Résumé

Bien qu’il soit difficile d’établir la qualité de l’enseignement dispensé par un système éducatif, il semble que l’enseignement supérieur au Venezuela traverse une crise.

Au lieu d’engager une discussion politique ou théorique sur la signification de la qualité de l’enseignement universitaire, il est plus pratique et utile d’examiner certains indices de ce qui ne va pas, tels la qualité des enseignants, le système d’admission des étudiants et les priorités de la recherche, entre autres. Nous proposons de discuter ces aspects, parmi les acteurs correspondants, dans la recherche d’un consensus sur les politiques publiques ou d’autres initiatives qui devraient être entamées, dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement universitaire.

Mots clés

Qualité, éducation, université, excellence, Venezuela.

Introducción

Se desconoce que exista un estudio global y objetivo, mediante el cual se haya evaluado recientemente la problemática de la calidad de la educación universitaria en Venezuela. No obstante, hay una serie de indicios que hacen pensar que la educación superior está atravesando una crisis muy profunda, cuyas consecuencias son incalculables en términos de atraso científico-tecnológico y cultural, recursos mal empleados, generación de productos que no responden a las exigencias nacionales ni de los mercados globalizados de talento y frustración de ilusiones.

En todo caso se sabe que dichas consecuencias tendrán repercusión a futuro sobre el progreso humano y el desarrollo productivo del país. De aquí la amplia relevancia del tema. Las reflexiones que se exponen seguidamente no provienen de un especialista en educación, ni son el resultado de un proceso de investigación científicamente instrumentado. Constituyen apreciaciones hechas por un profesor universitario preocupado por el desarrollo de su país, basadas en el acopio de elementos de juicio y percepciones generales sobre la situación de la calidad de la educación universitaria.

Se considera que tales opiniones merecen ser constatadas, analizadas y discutidas por los actores involucrados en el tema, para abrirle curso a soluciones, cuando existan en Venezuela circunstancias más propicias.

Estas reflexiones no son en ningún caso exhaustivas, dada la magnitud y gravedad del problema que se aborda. Hablar de la calidad de la educación universitaria significa tratar sobre aspectos muy diversos y complejos, tales como la relevancia, pertinencia, eficiencia, eficacia y equidad del sistema educativo, gobernanza y sistemas de acreditaciones, entre otros factores resaltantes (Toro y Marcano, 2007, p. 44). Todos esos aspectos, en una forma u otra, tienen que ver con la calidad de la educación universitaria, pero no hay consenso sobre la posibilidad de hacer una suerte de síntesis o integración cuantitativa de ellos, que refleje inequívocamente el nivel de calidad alcanzada por un sistema educativo o por una institución en particular.

Es más, hay que aceptar que todavía no se ha logrado un acuerdo concluyente y unánime, sobre la definición misma del término, aunque se admite que la calidad de la educación universitaria es un concepto de naturaleza multidimensional, que debe ser tratado por lo tanto de una manera holística (Stark and Lowther, 1980, p. 286). Por ejemplo, el investigador sobre la educación superior Jamil Salmi (2009, p. 7) vincula las universidades de alta jerarquía a tres factores relacionados: concentración de talento, financiamiento abundante y gobernanza apropiada.

De aquí que, en líneas generales, resulte complicado el abordaje de esta cuestión, debiéndose reconocer además, como señala Albornoz (1998, p. 125), que existe un déficit importante de información empírica sobre la educación universitaria que permita sacar conclusiones bien fundamentadas al respecto.

En algunos países existen organizaciones cuya función es evaluar y hacerle el seguimiento sistemático a la calidad de la educación en las instituciones de educación superior pública y privada. Los sistemas de evaluación aplicados por dichas organizaciones comprueban en qué medida una serie de procesos coadyuvantes a mejorar la calidad de la educación, que son previamente definidos, son cumplidos por las instituciones universitarias; y, a partir del análisis, sacan sus conclusiones y formulan recomendaciones.

Tales sistemas no arrojan, por lo tanto, resultados cuantificados de la calidad de la educación impartida por las instituciones investigadas, ya que no es eso lo que se persigue. La Unión Europea, por ejemplo, considera manuales que sirven de guía para que los diferentes países asociados establezcan sus sistemas de aseguramiento de calidad de la educación universitaria (ENQA, 2009).

Desde otra perspectiva, cabe señalar que la calidad de la educación impartida en una institución puede ser el reflejo de la jerarquía que esta ocupe dentro de un sistema de evaluación basado en diferentes criterios, para apreciar si es igual, mejor o peor, que otras instituciones de su especie.

Consecuencia de este último enfoque es el surgimiento de una serie de clasificaciones que jerarquizan a las instituciones de educación superior a escala mundial o nacional, según diversas metodologías y parámetros: “Times Higher Education Supplement”, THES, de Gran Bretaña; Universidad Jiao Tong de Shanghái; Clasificación de Universia de España y HEEACT de Taiwan, por citar solo algunos ejemplos.

Tabulados algunos de los resultados de diferentes sistemas de clasificación de universidades a los que se hizo referencia, las casas de estudio venezolanas aparecen sumamente rezagadas, y otras ni siquiera han sido clasificadas. Esto se considera una señal preocupante, que debe ser atendida por los responsables de la educación superior a nivel nacional.

De todo lo anterior se desprende la inconveniencia de enfrascarse en una discusión política, filosófica o puramente teórica sobre el significado de la calidad de la educación en el país. Luce preferible y es lo pragmático, la consideración de aquellos aspectos indiciarios de que algo anda mal en nuestras universidades y en su relación con el entorno exterior público y privado.

Se trata de aspectos, si se quiere parciales, dentro de esta problemática, pero que se aprecian como básicos, pues históricamente han tenido incidencia en lo que se acepta comúnmente como calidad de la educación universitaria. En esta proposición va implícita una estrategia de abordaje selectivo a lo que se considera son los punto nodales o críticos del problema, pensando que, al resolverlos, se hace un avance sustantivo y se abre la oportunidad para un tratamiento integral de la situación existente en la educación superior.

En paralelo pueden irse estudiando los progresos que se han hecho en cuanto a sistemas de aseguramiento de calidad que se están instrumentando con destacado ímpetu en otras naciones y que podría ser conveniente adaptarlos progresivamente al país, a pesar de la renuencia natural que se observa en tal sentido en nuestro medio, donde se ha dicho que: “La cultura de la evaluación académica tiene sus dificultades en la sociedad venezolana” (Ruiz Calderón y López de Villarroel, 2007, p. 137).

De una discusión amplia de esos aspectos entre todos los actores que corresponda, deben surgir una serie de políticas y acciones que redunden en un mejoramiento sustancial de la calidad de la educación universitaria en el país.

Entre estos aspectos, se piensa que merecen analizarse y discutirse primordialmente los aspectos críticos que se exponen a continuación.

La calidad de los profesores

En alto grado, la calidad de la educación universitaria sepende del nivel del profesorado; y, por ende, de la preparación del personal docente y de investigación. “El cuerpo profesoral es el elemento que le da vida a la educación universitaria y debe constituir la mayor inversión a realizar” (Lombardi, 2013, p. 2).

Por eso, las instituciones de educación superior que gozan de mayor prestigio en el mundo exigen niveles superiores de preparación al personal académico que entra al escalafón o es contratado: entre esas exigencias, son obligatorios los estudios de postgrado y los doctorados otorgados por instituciones reconocidas, además de la demostración de otras aptitudes académicas.

Por otra parte, son sumamente rigurosos en la selección de candidatos, lo cual tiende a hacerse a través de procesos mayormente competitivos y en ningún caso condicionado por credo político o de otra naturaleza.

Se está consciente de la complejidad implícita en la determinación de la calidad profesoral (Serrano de Moreno, 2007, pp. 41-63; Lizardo, 2007, pp. 67-84), pero se tiene una razonable seguridad de que, cuando existe un estricto proceso de selección de los nuevos profesores y se aplica un sistema justo y sistemático de evaluación de su desempeño académico a lo largo de su carrera, mediante la participación de pares y de los propios estudiantes, se asegura en buena medida la calidad deseable.

Por supuesto que ello implica, también, un esmerado y costoso esfuerzo de cada institución y de la sociedad en general, para el mejoramiento continuo de los planteles profesorales, mediante el otorgamiento de los estímulos académicos y sociales, y la asignación de los recursos suficientes para ello.

En este contexto, es oportuno reconocer que, en algunas casas de estudios superiores venezolanas, se han efectuado encomiables esfuerzos en ese sentido, como es el caso de la Universidad de Los Andes, a través del Programa Andrés Bello (PAB), de estímulo a la calidad del pregrado, establecido en 2006 (Ruiz Calderón y López de Villarroel 2007, p. 135). El PAB es único en Venezuela y busca elevar la calidad de los estudios de pregrado fundamentando su acción en el criterio de autorregulación del trabajo académico.

Sin embargo, resulta particularmente preocupante la situación generada por la creación masiva de nuevas universidades en el país, o la conversión de institutos técnicos universitarios en las llamadas “universidades territoriales”, cosa que ha ocurrido durante los últimos años y que no ha sido precedida de una adecuada fase de planificación, organización y dotación de recursos humanos idóneos.

Se ha pasado por alto la importancia de un cuidadoso proceso de selección de docentes e investigadores, reclutándose estos algunas veces más por motivos ideológicos que por sus credenciales académicas. Se ha conformado así un subsistema de educación superior nuevo, que es mucho mayor que el existente antes de 1998, en cuanto número de universidades, docentes y alumnos.

Si se considera el sistema universitario público como un todo, esto último debe haber contribuido de manera importante en la degradación de su calidad académica. En síntesis, lo que está planteado en Venezuela ahora es la revisión de los procedimientos de evaluación del profesorado que se están aplicando en todas las universidades, para ver en qué medida responden a criterios de excelencia como los anteriormente esbozados, como paso inicial para una reforma en tal sentido.

Admisión de los estudiantes a la educación superior

Todos los venezolanos, de acuerdo con la Constitución, tienen derecho a ser admitidos a la educación superior, “sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones” (Art 103).

Pero es un hecho verificable a través de evaluaciones pedagógicamente diseñadas, que no todos los jóvenes tienen la capacidad o la preparación suficiente para cursar la carrera que aspiran de manera exitosa. De aquí que resulte indispensable aplicar un proceso previo de evaluación, que permita diferenciar entre los que pueden ser admitidos inmediatamente y aquellos susceptibles de recibir una mejor preparación para entrar más adelante a la educación superior o para continuar en carreras técnicas, también indispensables para el desarrollo nacional.

Lo anterior adquiere especial relevancia cuando hay elementos cuantificables que demuestran que la educación primaria y secundaria también ha desmejorado durante los últimos años.

Esto coloca el tema con prelación al de la misma calidad de la educación universitaria, pues se sabe que ésta estará condicionada por la buena preparación del estudiantado que ingrese a las universidades.

Sin embargo, dicha problemática, aunque trascendental, rebasa el alcance de estas reflexiones. A nivel mundial existe consenso acerca de que la calidad de la educación universitaria depende de manera muy importante de la excelencia de sus profesores, pero también de la calidad del estudiantado.

No existen universidades de reconocida calidad donde no haya un proceso cuidadoso de selección de sus estudiantes. En algunos países avanzados la identificación de los estudiantes con mayor potencialidad académica comienza desde la educación primaria y secundaria. Esto se hace para facilitarles el acceso a las instituciones universitarias más apropiadas; y es así, tanto en las economías de mercado como en los países socialistas.

La Oficina de Planificación Universitaria, del Consejo Nacional de Universidades dio un importante paso al respecto en 2002, al aprobar el “Proyecto Alma Mater para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Universitaria”, cuyas estrategias para alcanzar sus objetivos consideraban establecer un sistema de evaluación y acreditación institucional, control presupuestario y un sistema que asegurase la equidad en el acceso a la educación superior. Sin embargo, dicho proyecto apenas pudo instrumentarse parcialmente, pues la sustitución de las autoridades ministeriales del sector y diferencias radicales de enfoque de las autoridades entrantes frustró una iniciativa que estaba correctamente orientada (Parra Sandoval, 2010, p. 119).

Consecuentemente, a partir del año 2003, se dio inicio a un curso acelerado de creación de nuevas instituciones de educación superior a las que antes se hizo referencia, y se abrió un proceso masivo de admisión de estudiantes, sin ninguna evaluación previa.

La política de admisión libre a nuestras universidades impuesta como dogma durante los últimos años es absolutamente contraproducente. Esa política no tiene que ver ni con el principio de inclusión, ni con el de equidad del sistema educativo, los cuales son prioritarios. Mantener lo contrario solo se justifica desde un enfoque “demagógico”, en detrimento de las nuevas generaciones de profesionales y del desarrollo del país.

Por lo tanto, se considera que en una agenda para mejorar la calidad de la educación universitaria en Venezuela tiene absoluta prioridad la discusión sobre un sistema integral de admisión y asistencia para los estudiantes que aspiran ingresar a las universidades.

Prioridad académica y financiera a la investigación básica y aplicada y a su divulgación

Las universidades, además de ser instituciones concebidas para transferir conocimientos, deben ser reconocidas por su capacidad para crear nuevos conocimientos y divulgarlos a través de publicaciones y cursos de extensión.

La investigación, por ser el principal producto del cuerpo profesoral y la fuente primigenia de todo lo que se enseña, debe gozar de absoluta prioridad dentro del Claustro (Lombardi, 2013, p. 57).

Además, un principio de la universidad de calidad es que la docencia no puede ni debe estar separada de la investigación. No existen universidades prestigiosas en el mundo que no tengan una buena producción científico-tecnológica y humanística. Pero, además, es de suma importancia que las agendas de enseñanza e investigación estén cada vez más relacionadas con las realidades socioeconómicas nacionales.

A esto es a lo que se denomina la pertinencia social de la enseñanza impartida, aspecto de destacada importancia al tratar sobre la calidad de la educación. De aquí que sea necesario privilegiar una mayor vinculación de las universidades con el Estado y la sociedad en general; pero, especialmente, con sus sectores productivo, laboral y cultural.

Derek Bok, por largo tiempo Presidente de la Universidad de Harvard, ha expuesto: “La prosperidad de los Estados Unidos de América ha sido movida por la investigación y los descubrimientos tecnológicos que frecuentemente se inician en los laboratorios universitarios y las aulas, de donde sus egresados migran a los negocios y al gobierno” (2013, p. 43).

La investigación constituye, en este sentido, una misión clave de las instituciones de educación superior; y ha de constituir un objetivo prioritario y, por ende, recibir estímulos de toda índole, y especialmente financieros.

Fuera de algunas excepciones, las universidades venezolanas dan poca prioridad a la investigación y, por lo tanto, asignan cantidades exiguas de recursos a esta actividad; o sus presupuestos están tan limitados que se hace muy difícil atender apropiadamente este concepto.

Estas carencias trataron de subsanarse en el pasado, aunque fuese tímidamente, a través del Programa de Promoción del Investigador (PPI), establecido en 1990: Prácticamente las únicas iniciativas que lograron consenso y probablemente más por la presión gremial ante el deterioro del salario de los profesores, que por presiones del gobierno o de las propias instituciones, fue la instauración del Programa de Promoción del Investigador (PPI), con el cual se otorgaba reconocimiento monetario a los investigadores, de conformidad con el número de “productos de investigación” presentados, los cuales son evaluados de acuerdo con los indicadores internacionalmente reconocidos para tal fin.

Este programa de corte nacional, a su vez fue replicado internamente por las instituciones para incentivar la producción científica, lo cual a la larga se convirtió en un mecanismo de compensación de los deteriorados salarios de los profesores, sin que ello produjera a su vez procesos de evaluación institucional y de mejoramiento y consolidación de la capacidad de los grupos, centros e institutos de investigación (Parra Sandoval, 2010, p. 115).

Sin embargo, dicho programa fue prácticamente extinguido a partir del 2009, al ser sustituido por el Programa de Estímulo al Investigador (PEI), con características muy diferentes y en cuyo diseño no participó la comunidad académica (García Guadilla, 2012, pp. 1-2).

Según Requena (2015), el cambio no ha sido beneficioso para el desarrollo científico: El resultado de ya varios años de este accionar se hace evidente hoy en día. Hace unos diez años (digamos para el año 2002 para ser precisos) contábamos registrados en el PPI con unos 1.987 investigadores que producían unos 1.681 trabajos de investigación. De estas publicaciones, 1.100 fueron reseñadas en revistas reconocidas y acreditadas como de primera línea.

Hoy en día, el PEI cuenta con 5.981 inscritos que apenas alcanzaron a producir unos 900 artículos el año pasado y que este año van camino de producir mucho menos aún.

Desde el sector privado y con este mismo objetivo, es de relevar el establecimiento de los premios Lorenzo Mendoza Fleury a los investigadores venezolanos más destacados, otorgados por la Fundación Empresas Polar, los cuales suelen recaer en profesores universitarios.

Por otra parte, La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) del 2001 estableció un sistema de apoyo financiero a la investigación que pareció apuntar en la dirección correcta para subsanar la escasez de fondos a escala universitaria; y, en efecto, sirvió para financiar un número importante de proyectos de investigación durante los primeros años de su vigencia.

No obstante, su modificación en el año 2005 centralizó la captación de fondos y alteró algunos de sus procedimientos, de manera negativa al cumplimiento de sus objetivos fundamentales. Requena (2015, 1) señala al respecto: Empero y contraviniendo explícitamente lo que pauta su ley, el dinero de LOCTI ha sido y está siendo usado en otras actividades, muy distintas de la investigación.

Para peor mal, en una altísima proporción, lo poco que está siendo otorgado como financiamiento a la investigación es dado a personas con una clara orientación política o a proyectos sin mayor calidad, trascendencia o relevancia.

Las estadísticas sobre artículos científicos publicados por venezolanos en revistas internacionales indexadas, en lugar de aumentar con el tiempo, muestran una progresiva disminución, como testimonio incontrovertible del fracaso de la política de estímulo a la investigación en nuestras universidades durante los últimos años, ya que en ellas se genera la mayor parte de las investigaciones referidas (De la Vega, Requena y Fernández-Gómez, 2015, pp. 128, 132-133).

Por lo tanto, en la actualidad no se cuenta con un instrumento verdaderamente efectivo para catalizar la investigación en el contexto universitario en la medida requerida; por lo que, entre otras acciones inmediatas para subsanar la situación de retracción del sector científico, debería reformarse nuevamente la Ley mencionada, para regresar a un estatus similar al que existió originalmente, amén de otras políticas que puedan instrumentarse con el mismo objetivo.

La remuneración y seguridad social del personal académico

Para poder asegurar la estabilidad y constante superación de los cuerpos docentes y de investigación, hay que otorgar buenas condiciones salariales, seguridad social y la posibilidad de su mejoramiento académico continuo a través de becas, asistencias a reuniones especializadas a nivel nacional e internacional, subvenciones y otra variedad de opciones existentes en ese campo.

Esta visión deseable de tan importante aspecto contrasta con lo que está ocurriendo en la realidad con las escalas salariales de los profesores universitarios en las instituciones públicas, las cuales han venido disminuyendo en términos reales a niveles que son absolutamente absurdos, lo que ha causado la descapitalización acelerada de los recursos humanos, el capital más importante de las casas de estudio.

El alto éxodo de talentos de las universidades venezolanas a otros países en desarrollo o industrializados, está motivado principalmente por la disparidad de salarios que se ofrecen dentro y fuera de Venezuela.

Por otra parte, esa política de restricción presupuestaria que se está aplicando a las universidades autónomas públicas actúa como un elemento disuasivo para que nuevos y destacados profesionales aspiren a incorporarse al noble oficio de ser formadores de juventudes.

De hecho, constantemente se denuncia que los nuevos concursos de cátedra se declaran desiertos por inexistencia de aspirantes. Se considera que la corrección de esta anómala situación en cuanto a la remuneración integral del profesorado universitario constituye una de las iniciativas que debe acometerse con mayor urgencia, pues sus consecuencias están siendo ruinosas en la actualidad.

Bienestar estudiantil: asistencia económica, servicios de salud, actividades académicas, culturales, sociales y deportivas

Para poder ofrecerle a la población estudiantil un sistema de vida cónsono con sus deberes, el Estado está obligado a implantar un sistema de seguridad social que comprenda asistencia económica directa de acuerdo con el ingreso familiar de cada estudiante, y su complemento, a través de buenos servicios de alimentación, salud, transporte y dotación de textos, entre otros.

Igualmente, no se concibe una educación de calidad que no conlleve el acceso cuasi obligatorio de los futuros profesionales a un conjunto de actividades deportivas, culturales y científicas contribuyentes a una formación integral, para un desarrollo físico y mental equilibrado.

La Ley de Universidades de 1958, modificada en 1970, en su artículo 122 establece el deber de las instituciones de educación superior de establecer un sistema de previsión social para el alumnado.

¿Se puede decir que en Venezuela, al menos en las universidades públicas, se están atendiendo estas necesidades de una manera medianamente satisfactoria? Se desconoce la realización de algún estudio enfocado a evaluar la situación señalada en escala nacional.

Sin embargo, se han efectuado indagaciones parciales sobre sistemas de previsión social del alumnado que han tratado de establecerse en las nuevas universidades públicas (García Martínez, 2010, pp. 81-82). Los resultados obtenidos muestran que los sistemas ensayados son muy deficientes, lo que debe servir para motivar una acción más ordenada y sistemática, de abordar este aspecto tan vinculado con la calidad de la educación universitaria.

Estrictos sistemas de evaluación académica y establecimiento de códigos de ética estudiantil

Los avances pedagógicos han permitido diseñar diferentes maneras y técnicas para evaluar de la forma más objetiva y eficaz posible el rendimiento académico de los candidatos a ser profesionales. La universidad de calidad debe prestarle atención muy seria al cumplimiento de los sistemas de evaluación del rendimiento estudiantil que se consideren apropiados, porque ellos permiten medir la asimilación de los conocimientos enseñados e inducen a la constante superación de los alumnos.

No se concibe una educación universitaria sin evaluación continua y justa. Dentro de la Unión Europea se ha establecido como pauta que los estudiantes universitarios deben ser evaluados empleando criterios que se hayan hecho previamente públicos y mediante regulaciones y procedimientos que se apliquen consistentemente (ENQA, 2009, p. 17).

Por supuesto, ello conlleva al establecimiento de códigos de comportamiento estudiantil durante las evaluaciones que deben ser acatados con rigurosidad, so pena de las sanciones previstas.

La infraestructura educativa: edificios de aulas, laboratorios, hardware y software, bibliotecas y residencias

La educación universitaria de calidad resulta costosa, entre otras razones, porque demanda una infraestructura física que, sin ser ostentosa, pueda cumplir con los estándares de funcionalidad y confort apropiados.

Desde esta perspectiva, aunque constituye un elemento puramente instrumental para la educación universitaria, no deja de tener alta importancia desde la perspectiva de la calidad de la educación.

Asimismo, son importantes las características y tipo del entorno ambiental en que estén localizadas las infraestructuras universitarias. De las numerosas nuevas universidades que se han decretado recientemente en Venezuela, algunas han ocupado instalaciones antes construidas para otros propósitos, y que han tenido por lo tanto que ser refaccionadas para adaptarse a su nueva función.

¿Pero cuántas nuevas y modernas edificaciones se han levantado para las instituciones creadas? ¿Cuántos edificios adaptados a las exigencias de las bibliotecas modernas, llamadas a constituirse en los centros del acontecer universitario han sido construidos durante la última década? ¿Cuántas residencias estudiantiles se han erigido, siendo este déficit de equipamiento una muestra de la escasa atención que tan importante aspecto del bienestar estudiantil significa?

Muchas de nuestras universidades carecen de instalaciones adecuadas para laboratorios; y es muy frecuente que estos, cuando existen, no estén dotados de los equipos y materiales indispensables.

De igual modo, cuando se vocea que se ha entrado en la sociedad del conocimiento hay que preguntarse si se mantiene actualizada la dotación de hardware y software a nuestras universidades, indispensable para poder asegurar un flujo de conocimientos apropiado y oportuno, así como la realización de la investigación con el instrumental más avanzado.

Las llamadas Aldeas Universitarias de la Venezuela contemporánea, son conceptos puramente virtuales que generan justificadas críticas. Y entre sus fallas está el hecho de que no cuentan con sus propias edificaciones.

La gobernanza de las instituciones de educación superior y la libertad de cátedra

La experiencia acumulada a través del estudio comparado de los sistemas de gobierno universitario a nivel mundial indica que este factor, dependiendo de lo acertado de los arreglos que se adopten para designar las autoridades y otras instancias de dirección y asesoría, además de su integración con los sistemas de aseguramiento de la calidad, constituye un elemento clave para el mejoramiento de la educación del tercer nivel (Henard y Mitterle, 2010, p. 15).

En la gobernanza exitosa participan integrantes de diversas colectividades, los miembros del cuerpo docente y de investigación y, con diferente peso, la representación estudiantil. Los empleados administrativos suelen tener una participación limitada en dichos procesos; pero es inconcebible que, en nombre de una mayor democratización del proceso educativo, el personal obrero tenga influencia en la integración del gobierno universitario y mucho menos que puedan tener calidad paritaria a las del cuerpo académico, como se pretende en Venezuela.

Tampoco, en las instituciones de gran prestigio académico está presente el factor político partidista en la selección de las autoridades universitarias. Una tendencia que se aprecia cada vez con mayor intensidad a nivel internacional es la incorporación a los organismos de asesoría del gobierno universitario de representantes de la sociedad civil y de distintos sectores interesados en la suerte de la educación superior.

Se persigue una relación cada vez mas cercana y fluida con el entorno público y privado, quienes son a la postre los beneficiarios de recursos humanos mejor formados.

Con la llamada reforma universitaria de Córdoba, a principios del siglo XX, surgió la propuesta de la autonomía de las instituciones de educación superior para administrarse y establecer sus carreras y programas de estudios; y, por ende, la libertad de cátedra. Ambas conquistas están asociadas al concepto de calidad de la educación de tercer nivel y quedaron por lo tanto reflejadas en la Ley de Universidades de Venezuela de 1958, modificada en 1970.

No obstante, esta Ley, al establecer un régimen uniforme para todas las universidades, dio paso a un sistema de gobierno inflexible que en muchos casos no se adecua a las exigencias y características de cada una de las nuevas instituciones creadas en el país.

Por lo tanto, es hora de que dicha Ley sea reformada para actualizarla, dando paso a la posibilidad de establecer diversos esquemas de gobernanza, según sea más conveniente en cada caso.

Por supuesto, ningún actor social se atreve a poner en discusión la libertad de cátedra, que significa libertad de enseñanza, de investigación y de aprender, aunque se tenga conciencia de las limitaciones derivadas del entorno social e institucional prevaleciente.

Resulta paradójico, sin embargo, que mientras el Gobierno venezolano propicia reformas para modificar el régimen de integración de las autoridades en las universidades autónomas, a ninguna de las nuevas instituciones creadas después de 1999 por el Gobierno Nacional se les haya otorgado autonomía, de manera que éste continúa designando sus autoridades, manteniéndose de esa forma el control político-ideológico sobre dichos establecimientos.

Garantía de un financiamiento seguro y apropiado

En la actualidad, posiblemente no exista un problema más serio en Venezuela, con relación a la calidad de la educación universitaria, que la política de limitación del financiamiento a la cual están sometidas desde hace varios años las universidades públicas autónomas por parte del Gobierno Nacional.

Ello está generando consecuencias devastadoras en las principales casas de estudio del país. Hay coincidencias en que la mejor calidad de la educación universitaria está asociada a un financiamiento apropiado.

Por supuesto, una educación de calidad es más costosa. Lo cual no significa que un presupuesto mayor asegure una buena calidad del desempeño académico de las instituciones.

De lo que sí se tiene certeza, sin embargo, es de que con un financiamiento escaso e injustamente distribuido, difícilmente puede haber mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte.

Por lo tanto, en una sociedad moderna, el financiamiento de la educación superior suele ser un tema que demanda atención preferente en la agenda socio-política y por eso ha de estar sometido al debate público.

Se debe tener conciencia de que las decisiones que se tomen al respecto comprometen el desarrollo futuro de todo el país, ya que si los recursos son inadecuados, puede estarse comprometiendo la capacidad de los profesionales y dirigentes que harán que el país funcione de manera apropiada en el mediano y largo plazo, al no estar a la altura de los retos que plantea el progreso del país.

Por el contrario, si los recursos asignados son abundantes, pero no son administrados con eficiencia, estamos mermando las capacidades de inversión en otras áreas que también pueden ser importantes para el desarrollo.

Para tratar el tema del financiamiento de la educación superior, hay que tomar conciencia de que el país está obligado a alejarse cada vez más de la cultura rentista-petrolera.

En Venezuela la responsabilidad de financiar a la educación universitaria corresponde tanto al estado como al sector privado. En cuanto el aporte público, es deseable que se asigne una cuota presupuestaria predecible y cónsona con la prioridad del sector; pero, asimismo, es importante que se establezcan los sistemas adecuados para medir la eficacia y efectividad con que se aplican dichos recursos y se les exija rendición de cuentas a los gerentes que administran las universidades.

De igual modo, es indispensable que dichos montos, en lo posible, estén protegidos de las oscilaciones de los ingresos fiscales y del factor inflacionario.

Por supuesto, debe constituir también un objetivo de las universidades públicas, la generación y venta cada vez mayor de servicios que, a la vez de satisfacer la demanda social o del sector productivo, contribuyan a fortalecer la hacienda universitaria.

En cuanto a las aportaciones del sector privado a la educación superior, que es deseable sean cada vez mayores, se aprecian dos vertientes. En primer lugar, contribuciones del sector privado al financiamiento de la educación superior pública a través de donaciones y compra de servicios. Y segundo, el financiamiento de instituciones universitarias privadas, a través del pago de matrículas que cancelan los estudiantes, donaciones y compra de servicios.

En este último caso, es conveniente que el mercado determine la cuantía de dichas aportaciones.

En tal sentido, resulta contraproducente cualquier intento del Gobierno por imponerle regulaciones a las tarifas que se cobren en estas instituciones.

Acreditaciones y bench marking entre las instituciones de educación superior

En la medida en que nuestras instituciones universitarias sean evaluadas, se asegurará su mejoramiento.

Existen para estos menesteres los procesos de acreditación o certificación, que constituyen evaluaciones por grupos colegiados externos conformados por pares, con base a criterios preestablecidos, conducentes a establecer si un determinado programa académico satisface y en qué grado, los objetivos que se ha planteado.

Los procesos de acreditación pueden utilizarse como requisito para la obtención de subvenciones financieras provenientes de diferentes fondos a los cuales se accede de manera competitiva.

No obstante, se tienen noticias de que, como política oficial, tales procesos se están empleando cada vez menos en Venezuela, cuando debería ser todo lo contrario.

Otra forma de lograr la evaluación es sometiendo a las instituciones a procesos de comparación reglada, con otras similares, nacionales o foráneas, de reconocido prestigio, por los logros alcanzados.

Esto último es lo que se denomina estudios de bench marking, a los cuales cada vez se recurre más en la escena internacional, pues permiten identificar los aspectos débiles que deben ser reforzados o modificados para elevar la calidad de los estudios.

Reflexiones finales

A lo largo del presente trabajo, se han hecho una serie de afirmaciones sobre aspectos que se consideran claves, para aproximarse al complejo y escabroso tema de la calidad de la educación del tercer y cuarto nivel en Venezuela.

Dentro de esta problemática, se ha identificado como asunto crítico en Venezuela la conformación durante los últimos años de dos subsistemas de educación pública superior, claramente diferenciados.

Uno, tradicional, integrado en su mayor parte por universidades públicas autónomas que abogan con variada intensidad por el mejoramiento de la calidad de la educación y que están sometidas a fuertes limitaciones en su financiamiento.

Y otro, segundo, conformado por anteriores y nuevas universidades experimentales y la Misión Rivas, dirigida a atender la población que no había logrado culminar la educación secundaria.

Este segundo subsistema, en el cual por encima de los conceptos tradicionales de calidad de la educación, prevalece el factor político-ideológico, goza del favoritismo del Gobierno Nacional, a través de las asignaciones presupuestarias y otras ventajas que reciben de manera exclusiva.

Una situación tan anómala tendrá que abordarla el país serenamente cuando sea oportuno, a fin de encontrar una solución que sea conveniente de cara al funcionamiento y producción óptima del sistema de educación universitaria.

Es importante que se reconozca, en este sentido, que son las instituciones universitarias de más alta calidad las que mayores beneficios económicos y sociales generan a sus países.

Hay que tomar en consideración, asimismo, que la población estudiantil universitaria será cada vez más numerosa y los egresados están expuestos a la competencia profesional a nivel nacional o a escala internacional, dentro del proceso de mundialización en marcha.

Ante esta situación, la profesora García Guadilla ha expuesto: Frente a la alta concentración de conocimiento en universidades de clase mundial existe preocupación porque se observan asimetrías que muestran tendencia a profundizarse en un contexto de alta competitividad como está sucediendo con los flujos globales de conocimiento.

Cada vez existe más distancia entre países con mayor concentración de conocimientos y países que tienen menos; entre países que son capaces de utilizar al máximo sus propios talentos, y además absorber los talentos de afuera; y los países, que ni siquiera son capaces de retener sus propios talentos, ni tienen políticas a través de las cuales participar en el conocimiento global.

Se estima que un tercio de los científicos e ingenieros formados en los países menos avanzados económicamente, dejan sus países para trabajar en países avanzados (2012a, p. 27).

Las anteriores opiniones han sido expuestas con el propósito de contribuir a un debate nacional pendiente. Es deseable que en tal oportunidad, ideas de este tenor sean sometidas al análisis de los actores públicos y privados correspondientes, con el propósito de verificar su validez y relevancia, para pasar luego a construir consensos sobre las políticas públicas o diversos tipos de iniciativas, que conviene promover en la prosecución de una mejora de la calidad de la educación universitaria.

En otras palabras, se aprecia la urgencia de construir una agenda nacional sobre la calidad de la educación universitaria, que marque de manera irrebatible la hoja de ruta que el país debe seguir durante los próximos lustros, para subsanar una situación donde hay sólidos indicios de que nos estamos quedando atrasados.

Toda sociedad debe estar intelectual y espiritualmente preparada para hacer los cambios de rumbo apropiados; y, en esa circunstancia, mientras haya mayor claridad de ideas y mejor sepamos lo que debe hacerse, es más probable que se tenga éxito en la empresa propuesta.

Ese es el mejor camino para poder alcanzar una sociedad más democrática, justa, permeable, inclusiva y con mayor equidad.

Notas

1. La profesora Carmen García-Guadilla (2012b, p. 3) ha caracterizado el nuevo subsistema de educación superior de esta manera: “En el año 2000, Venezuela tenía una matrícula de pregrado alrededor de ochocientos mil estudiantes; para el 2010 tiene más de dos millones. Las nuevas universidades y programas que fueron consolidando una “nueva institucionalidad”, están conformadas por la gigantesca expansión de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), la Universidad Bolivariana, la Misión Sucre, y expresiones de esta última como los Fundos Zamoranos Universitarios y las Aldeas Universitarias”.

Durante la primera década de los 2000, la UNEFA emprendió un gigantesco proceso de expansión matricular sin precedentes, pues de 2.800 inscritos en octubre de 2003, pasó a 235.000 en 2009, contando con 61 sedes en casi todos los estados del país.

Según cifras oficiales en 2008 se contaba con educación superior en 335 municipios del país, a través de 1915 Aldeas Universitarias (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 2008).

2. Una definición de gobernanza: “La gobernanza encuadra las estructuras, relaciones y procesos a través de los cuales a nivel nacional o institucional se desarrollan, instrumentan y revisan, políticas para la educación del tercer nivel. La gobernanza comprende una compleja red que incluye el marco legal, las características de las instituciones y cómo ellas se relacionan con el sistema en su totalidad; cómo se asigna el dinero a las instituciones y cómo ellas se hacen responsables por la forma en que se gaste, así como estructuras y relaciones menos formales que guían e influencian el comportamiento” (OECD, 2008, p. 68).

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Universidad Simón Bolívar

Artículo publicado en Argos Vol. 34 Nº 66-67. 2017 / pp. 133-152