Editorial
A los venezolanos se nos está pidiendo participar en dos eventos electorales que tendrán lugar en la primera quincena del mes de diciembre. La primera convocatoria, cargada de ventajismo, la hace el régimen para unas elecciones Parlamentarias el día 6 de diciembre. La segunda convocatoria la hace la Asamblea Nacional con el objeto de consultar al soberano sus verdaderos deseos ante la grave situación que confronta Venezuela. Esta Consulta Popular tendrá lugar entre el 6 y el 12 de diciembre.
La deslegitimación del régimen es hoy en día claramente percibida por la comunidad internacional. Por eso están desesperados por elegir una nueva Asamblea Nacional y a la vez terminar con la presidencia interina de Guaidó reconocida por unos 60 países. El problema es que, como se saben minoría, no quieren correr riesgos. Por ello en lugar de permitir que la Asamblea Nacional designe a los rectores del CNE, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros como lo exige la Constitución en su Art. 296, optaron por poner en manos de un TSJ teñido de ilegitimidad, la elección de los rectores del CNE.
El CNE es el árbitro en los procesos electorales y, para garantizar su imparcialidad, la Constitución establece una serie de complejos mecanismos de selección que se saltaron a la torera. En el argot deportivo se diría que el “árbitro” está comprado.
Con ese as bajo la manga, el régimen pretendió lavarse la cara invitando a la Unión Europea a enviar observadores.
Como era de esperar, la Unión Europea rechazó la invitación al no estar dadas las condiciones para garantizar un proceso electoral limpio y transparente. No participa la Unión Europea, a menos que haya podido estar presente con 6 meses de anticipación para verificar la organización del proceso en todas sus etapas.
Al no haber un árbitro electoral independiente y no contar con una observación internacional imparcial, si de algo podemos estar seguros es de que en esas elecciones del 6 de diciembre el régimen decidirá por nosotros quienes serán los integrantes de esa Asamblea Nacional que nacerá de un fangal de ilegitimidades.
Ya 27 partidos venezolanos han manifestado su rechazo; y, a nivel internacional, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto encabezado por Uruguay, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH a cargo de Michelle Bachelet, los EEUU, España y muchas otras naciones a título individual han expresado rechazo a la convocatoria de unas elecciones parlamentarias sin condiciones libres ni justas.
A la vez, entre el 6 y el 12 de diciembre tendrá lugar la Consulta Popular organizada por la oposición. Tal Consulta es perfectamente Constitucional porque como lo establece el Art. 5 de nuestra Carta Magna: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley”.
Se trata pues de consultar al pueblo, ajustándose a los mecanismos previstos en el Art 70 de la misma Constitución que estipula que la Consulta Popular es un mecanismos de “participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.
Existen sólidos argumentos, muchas veces expuestos, de por qué debemos participar en la Consulta. Queremos en esta oportunidad insistir en uno solo. Como todos sabemos, EEUU está saliendo de una disputada elección presidencial. Se han presentado objeciones a los resultados, pero pareciera mantenerse la diferencia de 306 votos contra 230 electorales. Por ahora los tribunales y el recuento favorecen a Biden.
En todo caso con respecto a Venezuela existe un sólida posición bipartidista en favor del restablecimiento de la democracia. Ahora bien, a no dudarlo puede haber una diferencia de tácticas y de acento con respecto a la forma de abordar el problema.
El apoyo de los EEUU, al igual que el del resto de la comunidad internacional es vital para el logro de una salida en Venezuela. Ese apoyo será entre otras cosas determinante para enviar una señal a los propios partidarios del régimen. Un apoyo decidido a una salida, sin duda creará fracturas internas que facilitarán el objetivo.
Nuevos elementos pueden contribuir a esa fractura. La declaración de la saliente fiscal de la Corte Penal Internacional de que las acusaciones presentadas contra las autoridades venezolanas por parte de seis presidentes latinoanericanos caen dentro de la jurisdicción de la Corte de la Haya, representa una espada de Damocles a la que muchos no querrán exponer su cuello.
En todo caso y, a no dudarlo, el régimen recurrirá a resultados abultados para construir una imagen ficticia de un supuesto apoyo popular. Eso es lo que Maduro quiere presentarle tanto a quien resulte ganador en los EEUU como a la Unión Europea. Con eso aspira lograr un segundo aire que le permita mantenerse.
La Consulta Popular es el antídoto contra ese veneno. Una consulta que será verificada por la OEA y por muchos otros países con representación diplomática en Venezuela, servirá no sólo para que el soberano manifieste su opinión con respecto a las preguntas, sino también para contraponer sus verdaderos resultados frente a las cifras trucadas que el régimen ofrecerá.
Se percibe en sectores de la población venezolana una suerte de desesperanza hábilmente alimentada por el régimen. Por el contrario, las circunstancias planteadas pudieran más bien constituir un punto de quiebre al régimen para que se produzca un cambio.
José Toro Hardy, director adjunto de Analítica