Para los votantes y políticos en Estados Unidos, es enorme lo que se juega con el reemplazo de la magistrada Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema antes de la elección de noviembre: un posible viraje hacia la derecha en la jurisprudencia estadounidense que podría afectar el sistema de salud, la inmigración, los derechos electorales y otros temas para toda una generación.
Pero para los principales académicos de la democracia y su longevidad, el asunto es aún más grave.
La lucha desatada por el fallecimiento de Ginsburg evidencia lo que definen como una crisis del sistema político estadounidense que va en aumento, una situación que refleja algunas de las peores rupturas democráticas de la era moderna y que no tiene solución fácil ni obvia.
“El sistema es totalmente vulnerable”, dijo Daniel Ziblatt, académico de Harvard y coautor del innovador trabajo académico titulado Cómo mueren las democracias.
La promesa de los líderes republicanos de llenar la vacante en la corte cuando ya empezaron a emitirse los votos en una elección que, por ahora, pareciera que va a sacar del poder al presidente Trump y posiblemente también al Partido Republicano de la mayoría del Senado pondría en entredicho el grado en el que dicho nombramiento refleja la voluntad popular. Más que ello, le daría a los conservadores una mayoría dominante 6 a 3 a pesar de que los republicanos solo han conseguido ganar el voto popular en una de las últimas siete elecciones presidenciales. (El Senado, controlado por los republicanos, también representa a una minoría de votantes gracias a la concentración de demócratas en estados muy poblados, como California).
También, parece que recompensa la decisión de los republicanos del Senado de bloquear indefinidamente la última nominación del presidente Barack Obama a la corte bajo un estándar que no aplicaría para Trump y le daría al partido —en realidad a ambos partidos— incentivos para violar más y más las normas tácitas de la gobernanza democrática.
Académicos y activistas han propuesto varias soluciones tanto para la creciente inclinación de la corte hacia la derecha como para el profundo daño de las normas democráticas. Pero ninguna de estas soluciones ofrece un camino claro ni certero para superar la crisis.
Son tres de los más graves problemas de la democracia estadounidense los que convergen en este asunto. El sistema presidencial bipartidista del país ha enfocado la gobernanza básica como una competencia de suma cero en pos de la supremacía. Los desbalances estructurales han otorgado al Partido Republicano más poder con menos votos. Y un aumento en la polarización política ha creado una sensación de urgencia que justifica medidas drásticas para debilitar a los oponentes.
Algunos de los colapsos democráticos más graves, descubrieron Ziblatt y su coautor, Steven Levitsky, ocurrieron en el siglo XX en Sudamérica, en países donde los sistemas presidenciales bipartidistas se parecen mucho al de Estados Unidos. Y la espiral descendente inició, una vez más, cuando el partido en el poder empezó a torcer una serie de normas importantes —pero tácitas— para ir tomando el control de la corte más alta.
En Argentina, el partido del presidente abusó del poder para reemplazar a los magistrados de la Corte Suprema e instaló a jueces leales en tres de los cinco lugares. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez llenó el tribunal y agregó unos doce nuevos jueces. Chile tal vez sea el ejemplo más preocupante: aunque la forma de romper las normas fue distinta, llevó a un ciclo de escalada entre los partidos hasta que el país —durante largo tiempo visto como similar a Estados Unidos en longevidad y estabilidad democrática— cayó en la violencia y la dictadura.
El destino sangriento de Chile también fue producto de la intervención de la Guerra Fría y de una polarización que hoy no existe en Estados Unidos. Pero el patrón es inquietantemente similar. Un partido viola dichas normas para ganar una ventaja estructural más allá de la proporción del voto que posee. El otro lado responde del mismo modo. Al final, las normas desaparecen y con ellas la democracia tal como la comprendemos.
Los académicos tienen un término, en inglés, para este tipo de distorsión de las reglas que explota las normas tácitas con un fin político de corto plazo: constitutional hardball, que en español algunos llaman constitucionalismo agresivo.
Cualquier político enfrenta la tentación de romper las reglas no escritas para obtener una ventaja de corto plazo. Se espera que se regulen debido a la creencia de que preservar el sistema es más beneficioso en el largo plazo y que los votantes o sus pares podrían castigarlos por las transgresiones drásticas.
Pero cuando esa lógica falla y las partes piensan que el juego agresivo vale la pena el riesgo, en casos extremos, puede dar inicio a una espiral de la que puede ser difícil recuperarse.
Imagina un partido de béisbol donde un equipo empieza por romper reglas y casi no enfrenta consecuencias. Esto obliga al otro equipo a tomar una decisión difícil. Puede seguir cumpliendo con las reglas con la esperanza de que los oponentes voluntariamente renuncien a romper las reglas. O puede quedar a mano y torcer algunas reglas a sabiendas de que esto podría desencadenar un toma y daca que escalará hasta el punto en que ya no estén jugando béisbol en realidad sino más bien en un pleito en el campo.
Hay un motivo por el cual las batallas por la corte superior de un país son a menudo lo que empujan a las democracias tambaleantes hacia el colapso: es una oportunidad para que un equipo elija a los árbitros que supervisan el juego.
Esto ha ocasionado que un creciente número de demócratas y activistas liberales estadounidenses hagan un llamado a que sea el próximo gobierno demócrata el que equipe las cortes, tanto para deshacer lo que perciben como una ventaja mal habida de los republicanos como para desalentar las futuras violaciones a las normas. Otros advierten que esto podría provocar que un gobierno republicano subsecuente haga lo mismo y al final conduzca a una Corte Suprema politizada a tal grado que ya no sea capaz de proveer vigilancia democrática útil.
Según Ziblatt, otra solución es que los legisladores reemplacen las reglas tácitas por las que sí están escritas. Cuando Franklin Delano Roosevelt violó la expectativa de que los presidentes se limitaran a dos mandatos, el Congreso respondió consagrando esa norma como enmienda constitucional. En el caso de la Corte Suprema, esto podría significar imponer límites de mandato y jubilaciones preprogramadas, lo que obligaría a los legisladores a adherirse a prácticas más transparentes en torno a los nombramientos judiciales.
Sin embargo, los académicos dicen que la batalla por las cortes, aunque es en sí misma de crucial importancia, de muchas maneras es un síntoma de un colapso más profundo de la democracia estadounidense. Incluso la juerga rompe normas del presidente Trump, más grave que cualquier precedente moderno, forma parte de una tendencia mayor.
“Desde al menos mitad de los noventa, los funcionarios republicanos han sido más propensos que sus contrapartes demócratas a desafiar el límite constitucional, tensando las normas no escritas de la gobernanza o desestabilizando los entendidos constitucionales establecidos”, dice un estudio de 2018 publicado en Columbia Law Review.
Los partidos que anticipan que su poder va a declinar son inusualmente propensos a percibir que se requiere tomar medidas extremas para posponer la derrota. Los líderes republicanos, que dependen de los votantes blancos cuya proporción en la población está disminuyendo, han advertido desde hace años que los días de su partido en el poder están contados.
Aunque Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado es famoso por su despiadada disposición a presionar para conseguir cualquier ventaja, también la estructura de la política estadounidense podría ser igualmente responsable. Los sistemas bipartidistas son vulnerables al juego agresivo constitucional, especialmente en momentos de gran polarización.
“Cuando a un sistema dividido se le impone esta polarización es más probable que haya una guerra institucional”, dijo Ziblatt. “Todo es suma-cero”.
Inicialmente, él y Levitsky instaron a lo que ellos llaman tolerancia: que cualquier político que esté dispuesto a renunciar a las ventajas de infringir las reglas lo haga y espere a que los votantes presionen a los infractores para que hagan lo mismo. Ahora dicen que pueden haber sido poco realistas. A medida que los estadounidenses conciben cada vez más la política como una lucha de vida o muerte por el control, los partidarios de línea dura se sienten envalentonados por los seguidores que temen que la otra parte tome el poder más de lo que temen la erosión progresiva de las normas democráticas. “Eso te muestra en qué situación tan difícil estamos”, dijo.
Henry Farrell, politólogo de la Universidad Johns Hopkins argumentó esta semana que el vasallaje a las normas democráticas compartidas podría restaurarse de mejor manera si los demócratas muestran que están dispuestos a castigar ellos mismos a los republicanos que transgredan las normas.
“Si un lado amenaza con una violación, el otro lado tiene que responder con una amenaza, para dejar claro que desviarse de la norma podría resultar costoso, escribió Farrell en un blog.
Sin embargo, esto muy bien puede resultar contraproducente, al convencer a los republicanos de que el peligro de perder el poder es aún más grave de lo que habían pensado al justificar pasos incluso más extremos para aferrarse a él.
“Si uno de los dos partidos en un sistema bipartidista no está comprometido con las reglas, tu sistema realmente está en problemas. Simplemente no hay salida de ahí”, dijo Ziblatt. Al preguntársele si conocía democracias donde esto hubiera pasado y el sistema se hubiera recuperado, guardó silencio durante unos momentos y respondió: “No. Simplemente no”.
24 de septiembre 2020
The Interpreter
The New York Times