¿Qué tienen en común España, Italia, Israel y el Reino Unido? La incapacidad de formar gobiernos estables y capaces de gobernar. Y no son solo estos cuatro países, los cuales, después de todo, cuentan con regímenes en los que aún se respetan la división de poderes y los límites al poder del Ejecutivo. Como sabemos, sobran los países donde la disfuncionalidad política es mucho más grave.

En todo el mundo, gobernar se está haciendo más difícil y, en muchos casos, imposible. Estamos viendo cómo las elecciones ya no actúan como ancla que estabiliza la política y hace posible que el gobierno gobierne. Más bien, elecciones y referendos ahora revelan la profunda polarización del electorado, trancan el juego político y hacen imposible la toma de decisiones. Así, los resultados electorales formalizan y cuantifican la profunda fisura de la sociedad y, en algunos casos, contribuyen a dificultar la convivencia civilizada entre las facciones. ¿Qué respuesta se le está dando a este problema? Convocar nuevas elecciones.

Esto no es normal.

Pero gobernar no solo se le está haciendo más difícil a las democracias. Tampoco parece normal que Xi Jinping y Vladimir Putin, dos de los hombres más poderosos del mundo, tengan que estarse preocupando por protestas callejeras espontáneas en las que participan principalmente jóvenes desarmados. Xi Jinping y Putin ejercen un férreo control sobre sus respectivos países y quienes protestan en las calles de Hong Kong y Moscú no son una amenaza para la sobrevivencia de estos regímenes. Pero lo que sorprende es que Xi Jinping y Putin no hayan acabado antes con las protestas. Sería lo normal. Quizás la relativa tolerancia que vienen mostrando estos dos autócratas hacia estas marchas es un síntoma de cuán seguros se sienten y de la irrelevancia de las protestas. O quizás es porque no saben cómo combatirlas.

Estas protestas no tienen líderes obvios, ni jerarquías claras, y la organización, coordinación y movilización de quienes participan en ellas dependen de las redes sociales. En Hong Kong, los líderes del gobierno pro-Beijing se quejan de que, aunque quieran buscar arreglos con quienes protestan, no saben con quién negociar. Obviamente Xi Jinping y Putin podrían acabar con las protestas usando los métodos normales de las dictaduras: a sangre y fuego. Pero el uso de la fuerza siempre implica riesgos y en vez de acabar con las protestas puede avivarlas, convirtiéndolas en amenazas políticas más graves.

Eso pasó en Siria, por ejemplo, donde las marchas en la ciudad de Daraa en reacción al encarcelamiento y tortura de 15 estudiantes que estaban pintando grafitis en contra del gobierno, escalaron hasta convertirse en una guerra civil que lleva ocho años y se ha cobrado más de medio millón de vidas.

Pero si lo que está pasando en la política mundial no es normal, lo que está pasando con el medio ambiente lo es aún menos. Los datos son conocidos, las imágenes de todas partes del planeta mostrándonos las catástrofes producidas por incendios, lluvias torrenciales, sequías prolongadas y vientos huracanados son cotidianos. La evidencia científica es abrumadora y la inacción para atender esta amenaza lo es aún más. La parálisis para enfrentar con eficacia el cambio climático sin duda constituye el mayor peligro que enfrenta nuestra civilización.

La ineptitud de los gobiernos para responder a la emergencia climática es exacerbada por la influencia de intereses económicos. ExxonMobil y los hermanos Charles y David Koch son solo dos ejemplos de empresas y acaudalados individuos que durante décadas financiaron copiosamente “centros de investigación” y “científicos” dedicados a sembrar dudas sobre la gravedad del problema climático e impedir que los gobiernos adopten las políticas necesarias.

Que las grandes empresas influyan sobre el gobierno para evitar la toma de decisiones que afecten a sus ganancias no es nada nuevo. De hecho, es lo normal.

Lo que no es normal es que líderes de algunas de las empresas más grandes del mundo repudien públicamente la idea de que su objetivo primordial deba ser maximizar ganancias. Pero fue lo que ocurrió hace unas semanas cuando los jefes de 181 de las más grandes empresas estadounidenses firmaron un comunicado que mantiene exactamente eso. Estos altos ejecutivos afirman que las empresas privadas deben reconciliar los intereses de sus accionistas con los de sus clientes, empleados, proveedores y con los de las comunidades en las que operan.

Obviamente, estos titanes del capitalismo están llegando tarde a la conversación. Para muchos ya es obvio que resulta insostenible para cualquier empresa el ignorar los intereses y necesidades de los grupos de los cuales depende, además de sus accionistas. El debate es cómo hacerlo y, sobre todo, cómo garantizar que las empresas hagan lo que prometen. Hay algunos importantes líderes empresariales que tienen ideas al respecto. Brad Smith el presidente de Microsoft, por ejemplo, ha publicado un artículo en la revista “The Atlantic” titulado “Las empresas tecnológicas necesitan más regulación”.

Esto no es normal. Sin duda, sorprende que el presidente de la decimosexta empresa más grande del mundo exhorte a los gobiernos a que regulen su industria. Pero esta, como las demás anomalías que hemos discutido aquí, sacadas de los noticieros de estos días, es tan solo un ejemplo más de cuán difícil de descifrar es el mundo en el que nos ha tocado vivir.

El Comercio

https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/cambio-climatico-putin-esto-no...

Los resultados de las elecciones austriacas del domingo 29-9 no pudieron ser mejores para las fuerzas democráticas de Europa. Es cierto que en algunos países – Holanda, Dinamarca- la derecha nacional-populista ya había obtenido derrotas, pero nunca tan dramáticas. La de Austria fue catastrófica: 16,2%, casi un 10% menos que en las elecciones del 2017.

Los partidos democráticos con excepción de los socialdemócratas (21,2% con un descenso de 5,7%) obtuvieron excelentes resultados. Los conservadores cristianos del antiguo y nuevo canciller, Sebastián Kurz, alcanzaron un 37,5% subiendo 6%. Los Verdes un 13,8% subiendo nada menos que 10% y los liberales (NEO) 8,1% subiendo un 2,8%. En síntesis, un amplio arco donde Kurz puede elegir a quienes lo acompañarán en su próximo gobierno. La primera enseñanza que dejan entonces las elecciones austriacas es que, frenar el avance del nacional-populismo, y más aún, infligirle derrotas, es posible cuando es enfrentado con fuerza y decisión.

Los medios, en su gran mayoría, han señalizado como causa de la derrota ultraderechista al escándalo de su líder Heinz Christian Strache quien fuera sorprendido vendiendo su política a una empresaria rusa. Fechorías a las que se ha sumado recientemente su esposa, receptora de lujosos regalos de dudosos grupos financieros. Curioso es que esos mismos medios habían predicho que las corrupciones del matrimonio Stracher no mermarían la votación de FPÖ, opinión apoyada en encuestas, incluso por algunas prestigiosas.

Hay dos posibilidades: o las encuestas eran falsas, o el repudio a Stracher se debe a razones que van más allá de su corrupto comportamiento. La segunda parece ser más plausible. Querría decir que el descenso de los nacional-populistas se debe más a motivos políticos que mediales. Uno de ellos es que, como todos los partidos xenófobos europeos, FPÖ es mono-temático. Su éxito solo puede ser posible si los emigrantes son percibidos como amenaza. Durante 2017, cuando los ultraderechistas batieron sus propios récords de popularidad, así sucedió.

Pero desde fines de 2018, diversos gobiernos, entre ellos el del propio Kurz, optaron por regular los problemas migratorios en la UE. Hay que agregar, además, que el avance migratorio ya no es tan imponente como en un comienzo. Mala noticia para los nacional-populistas. Sus partidos no viven de programas, ni siquiera de ideologías, sino de miedos. Para ellos rige el lema: tanto peor, tanto mejor.

Las elecciones de septiembre dejaron una segunda enseñanza: desde sus diversas tiendas los demócratas austriacos demostraron unidad en un propósito común: impedir el avance de FPÖ. En diversos foros esa unidad fue más que visible. De modo más implícito que explícito los partidos democráticos demostraron estar ligados por una suerte de pacto histórico: el de no permitir transgresiones a valores heredados de la Ilustración. Como pocas veces los ciudadanos austriacos, comúnmente muy localistas, actuaron de modo tan europeo. A su vez, con sus permanentes ataques a la Europa moderna, los extremistas de la derecha lograron una unidad en contra suya, una que no reconoce fronteras partidarias y que no cabe en el corset izquierda-derecha. No deja de llamar la atención el beneplácito con que fue recibido el triunfo de Kurz y de su ÖVP por partidos ideológicamente contrarios al que representa el joven candidato.

Una vez más ha sido demostrado que ante los peligros que asolan a Europa, elecciones apenas mencionadas en los noticieros adquieren una importancia gravitante. La conciencia de que todo lo que sucede en otro país afecta al propio, es cada vez más notoria. Europa, valga la paradoja, ha sido políticamente europeizada. La derrota de FPÖ fue también una derrota para los gobiernos que han hecho del anti-europeísmo una doctrina. Entre ellos se cuentan los vecinos italianos y húngaros. Y algo más lejos, el británico de Johnson. Pero sobre todo el de Putin para quien los partidos nacional- populistas son fichas muy importantes en el tablero del ajedrez internacional

Tan europeas han llegado a ser las elecciones nacionales que incluso de manera inequívoca se repitieron en Austria dos tendencias continentales. Una fue la caída brutal de los socialdemócratas. La “culpa” como es común en estos casos, la llevan los candidatos. Cierto es que la socialista Pamela Rendi-Wagner estuvo muy lejos de ser una candidata carismática. Pero también es cierto que los socialdemócratas se han condenado a sí mismos a la derrota. Insólito por ejemplo es que en un país donde el tema central es el migratorio, los socialdemócratas trataban de evitarlo por todos los medios. Del mismo modo evitaban referirse al cambio climático, probablemente para no asustar a trabajadores y empresarios de las empresas industriales. El hecho es que los socialistas austriacos ya no tienen política que ofrecer, ni para el futuro ni para el presente. La derrota del que fuera uno de los partidos históricos de la nación es merecida. Para no pocos entendidos anuncia, como suele ocurrir, la que sufrirán los socialistas alemanes en el futuro próximo.

De igual manera el notable apoyo que recibieron los Verdes, partido que ha sabido unir las demandas ecológicas con las sociales, corresponde a una tendencia continental. Definitivamente los Verdes europeos han dejado de ser aliados menores de los socialistas para llegar a ser lo que ya son: sus sucesores históricos. Los Verdes austriacos fueron los grandes vencedores de las elecciones de septiembre. Y si todo marcha bien, podrían - mejor dicho, deberían- ser miembros de la coalición del gobierno de Kurz.

ÖVP puede aliarse con los Verdes, con los socialistas, con los liberales, e incluso con los nacional-populistas, para formar gobierno. Matemáticamente es posible. Políticamente, no tanto. Lo ideal sería con los Verdes. Pero para que esa alianza sea viable es necesario que en ambos partidos sean vencidas fuertes resistencias.

En ÖVP existen desconfianzas frente al “anticapitalismo” de algunas fracciones verdes. Entre no pocos verdes el ÖVP sigue siendo un partido anti-ecologista. Además está el tema migratorio, y ahí las diferencias entre ambos partidos son más grandes. Pero ¿no es la política el lugar dónde no solo se dirimen sino también conviven las diferencias? Lograr una alianza entre conservadores y ecologistas sería sin duda una primicia histórica. Una que daría luz verde (valga la redundancia) a otra similar que podría tener lugar en Alemania después de las elecciones de 2021. Si se diera esa posibilidad, ya estaríamos hablando de palabras mayores. Pero para eso falta tiempo.

Polis

4 de octubre 2019

https://polisfmires.blogspot.com/2019/10/fernando-mires-la-noticia-austr...(POLIS)

A falta de una, la semana pasada se aprobaron en la ONU (Consejo de Derechos Humanos), dos resoluciones sobre Venezuela. Ambas lo fueron por mayoría simple del número total de los 47 Estados miembros del Consejo. La primera, presentada por Irán, adoptada el 26 de setiembre con 18 votos a favor, 6 en contra y 23 abstenciones; la segunda, al día siguiente, presentada por el Grupo de Lima y con 19 votos a favor, 11 en contra y 13 abstenciones. ¿Qué ocurre con dos resoluciones dictadas casi simultáneamente? Las dos están vigentes y lo que cabe preguntarse es cómo funciona eso si es que tienen entre sí aspectos contradictorios. El asunto no es académico sino de enormes repercusiones políticas en cuanto al papel futuro de la ONU en Venezuela. Hay tres aspectos a destacar en este asunto.

Primero, que siendo distinto el origen y objetivo de cada resolución, ambas hacen inevitable referencia a problemas en Venezuela y que parte de ellos son los de derechos humanos. Referencia elíptica y general en texto de Irán; pero respaldando, a fin de cuentas, el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que contiene un pormenorizado examen de muy graves violaciones.

En la resolución presentada por el Grupo de Lima, sí se incluye, en cambio, un relato descarnado y detallado, en varios párrafos resolutivos, de una amplia gama de violaciones de los derechos humanos. Asimismo, varias exigencias directas al Gobierno venezolano en ese terreno.

Segundo, la esencial diferencia: lo que se dispone como acción de seguimiento para la ONU y la Alta Comisionada. En ambos casos se plantea una presencia y acción en el terreno. Esto, de por sí, da cuenta suficiente de que aún en el examen más condescendiente (la conocida como “resolución iraní”) no se puede tapar el sol con un dedo y pretender que no hay problemas serios de derechos humanos en el país. La diferencia central está en la naturaleza de esa presencia en el terreno.

Es un tanto vago y general lo resuelto en la primera: una “presencia permanente de la Oficina del Alto Comisionado”, incluyendo “el acceso a todas las regiones y centros de detención…”. En la resolución del Grupo de Lima, aprobada al día siguiente, lo resuelto es muy específico y concreto: establecer en Venezuela “una misión internacional independiente de determinación de los hechos” para que “investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, …”; es decir, de fact-finding.

Tercero, se debe asumir que las dos presencias en el país deberían operar y hacerlo de manera convergente. De un lado, una presencia continuada de la representación de la Alta Comisionada. Por el otro, la misión de fact-finding por un año cuyos miembros deben ser designados por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Este es un paso muy importante. La clave, sin embargo, estará en que a esta misión no se le bloquee información y que a ella puedan tener acceso libre las ONG y los abogados independientes, muchos de los cuales se encuentran estigmatizados o perseguidos.

La dinámica que debería generarse con esta presencia de las Naciones Unidas debería de ser positiva, como lo ha sido en casi todos los casos. Para los derechos humanos, en lo inmediato, y para generar condiciones propicias para una esperada y cada vez más apremiante transición política.

4 de octubre 2019

El País

https://elpais.com/elpais/2019/10/04/opinion/1570141868_338233.html

Después de estos largos años de esquizofrenia ideológica de los que mal han gobernado Venezuela, mezclada con la corrupción más desenfrenada que hayamos conocido, tanto en lo material como en el desmoronamiento de los principios más elementales que sustenta a toda institución. tales como el respeto a las normas convenidas, al talento humano, a la experiencia acumulada y a la solidez académica como bastión de las organizaciones, el sistema de ciencia, tecnología e innovación desapareció como tal y lo poco que existía en cuanto a intentos de coordinación entre actores ha sido minimizado al extremo, por desestímulos, falta de presupuestos y una intencionalidad perversa no disimulada.

Si bien lo dicho es observable, sin excepciones, en todos los ámbitos nacionales, las universidades vinculadas al sector agroalimentario y las organizaciones con compromisos de investigación, fiscalización y prestación de servicios en el mismo, sin ánimo de exagerar, están atravesando su peor momento de vida institucional, mostrando carencias de todo tipo, desde humanas a materiales, y con unas posibilidades de recuperación muy comprometidas por la magnitud del daño sufrido.

La falta de personal calificado (con postgrado y actualizado periódicamente) es notoria, así como la perdida de generaciones de relevo ante los bajos salarios y la imposibilidad de trabajar adecuadamente hacia la obtención de formación de avanzada. Las instalaciones son viejas, con muchas deficiencias físicas, sin recursos para repararlas, carentes de equipos modernos y los existentes sin uso por falta de repuestos y de personas capaces de hacerlos funcionar dentro de la precariedad, mientras que el trabajo de campo es prácticamente inexistente ante la falta de vehículos para el traslado del personal profesional y de los estudiantes en formación.

Merece destacarse la situación de las bibliotecas que no pasan, en el mejor de los casos, de ser depósitos de materiales antiguos, indudablemente valiosos en su mayoría, pero completamente desactualizados en cuanto a lo que ha ocurrido en el mundo en los años recientes. Las subscripciones a revistas especializadas no se mantienen desde hace más de 20 años, y ponerlas al día en cuanto a su periodicidad demandará un esfuerzo económico de magnitud extraordinaria y presumiblemente no disponible en lo inmediato

A esto hay que añadir la constante actividad delictiva contra personas y bienes, particulares e institucionales, que cada vez más merma las posibilidades de adelantar labores productivas, sin dejar de afectar de una manera muy contundente el estado anímico de los llamados a hacer el trabajo de apoyo al sector agrícola.

En Venezuela no hay organización dependiente de fondos públicos que no esté enfrentando la situación esbozada y las adscritas a organizaciones privadas, si bien pueden contar con un poco más de apoyo financiero, dadas las condiciones económicas que se viven, no escapan al resto de limitaciones mencionadas pues ellas son derivadas del estado general del país.

Como consecuencia de lo anterior, el hasta el comienzo del régimen actual, incipiente sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación ha sido barrido de nuestra realidad y su reconstrucción será otra que habrá que emprender una vez superada esta ya muy larga etapa de oscurantismo ético, intelectual y político.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en vez de actuar como un órgano garante de la Constitución y los derechos humanos se convirtió es un ente represor. Las prácticas de persecución, instauradas especialmente desde 2014 cuando hubo masivas protestas en el ámbito nacional, se incrementaron significativamente luego de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las que la oposición al presidente Nicolás Maduro obtuvo la mayoría.

Esta situación fue denunciada por Laura Louza, directora ejecutiva de Acceso a la Justicia, durante su participación en 173° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 25 de septiembre de 2019. Allí la abogada expuso que la organización no gubernamental (ONG) contabiliza 105 sentencias contra la Asamblea Nacional (AN); por lo menos 61 contra 87 funcionarios de oposición o disidentes, entre los que figuran 18 alcaldes 1 gobernador y 5 concejales. El máximo tribunal también ha emitido decisiones contra 33 magistrados, 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), incluida la propia fiscal, y 27 diputados del Parlamento.

La persecución a la disidencia es parte de una política sistemática e intencional del máximo tribunal. De allí que en Venezuela no pueda hablarse de un verdadero Poder Judicial o sistema de justicia, sino de un brazo ejecutor del Ejecutivo y, además, de talante represor.

Acceso a la Justicia destacó que esas ejecutorias arbitrarias se basan en la ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas, juicios sin debido proceso y derecho a la defensa en particular, y la presentación de fundamentos jurídicos que suelen ser fórmulas que se repiten como un guion en todos los casos, sin basamento legal válido.

La cadena de vicios en los que ha incurrido el TSJ incluye la creación de figuras o incluso de consecuencias jurídicas inexistentes en las normas. Un ejemplo de ello es la anulación de actos jurídicos futuros o de todo un órgano como el Parlamento por el desacato a una sentencia cautelar. Al mismo tiempo, se han asimilado delitos continuados, que no son tales, a delitos flagrantes para obviar procedimientos exigidos en la norma respecto de altos funcionarios.

El TSJ, en su subordinación descarada al Gobierno, ha incurrido en la violación de la inmunidad parlamentaria y otros privilegios de los diputados o de otros altos funcionarios como el antejuicio de mérito, la ausencia de publicación de las sentencias en muchos de esos casos; y el proceder incluso de oficio, como lo ha hecho en 2019 en siete oportunidades para suspender motu propio acuerdos de la Asamblea Nacional.

Falsa renovación institucional

Otro elemento importante reportado ante la CIDH por Laura Louza es la persecución manifiesta del Poder Judicial desde enero de 2016 a los adversarios de Maduro, mediante la estrategia de anulación de los partidos políticos bajo el falso argumento de la renovación institucional. Esta medida forma parte del proyecto chavista de la toma del poder absoluto.

Acceso a la Justicia puntualizó en el 173° período de sesiones de la CIDH que en 2018 el máximo tribunal invalidó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el partido más importante de la oposición.

Esta anulación se dio al no permitirse la renovación de la organización por estar compuesta de varias organizaciones ya renovadas y atentar supuestamente contra el principio de la doble militancia, aunque no esté prohibida constitucionalmente. Pero, justamente con la tarjeta de la MUD, la oposición se hizo de la mayoría del Poder Legislativo en 2015, y por si fuera poco, se trata de tarjeta más votada en la historia electoral de Venezuela.

Además de la inhabilitación de la MUD, la ONG recordó que la represión del tribunal dio lugar a una disminución abrumadora de partidos políticos inscritos. De 67 toldas que había en diciembre de 2015, cuando se celebraron las elecciones parlamentarias, actualmente solo hay 18, 12 progobierno y 6 de oposición, que son minoritarios en la Asamblea y que de hecho fueron los contendores a los comicios presidenciales, efectuados en mayo de 2018, y no los que realmente representan a la gran mayoría de la oposición.

Ampliación de medidas cautelares

En el petitorio presentado por Acceso a la Justicia ante la CIDH se incluyó la solicitud de medidas cautelares para los diputados de oposición de la AN que aún no las tienen, así como para el diputado disidente Germán Ferrer. También se pidieron medidas institucionales de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) para documentar y denunciar las sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, la ONG solicitó medidas institucionales de cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para lograr la apertura de la fase de investigación contra quienes cometen o han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El TSJ se ha erigido como un aliado del Gobierno de Nicolás Maduro, circunstancia que lo aleja de su misión institucional para transformarlo en un órgano represor y arbitrario que no se frena a la hora de tomar decisiones. Esto lo hace siguiendo la línea del régimen sin importar la inexistencia de pruebas verdaderas y válidas de la comisión de delitos.

Dentro de los excesos legales, el máximo tribunal ha atacado a diputados y funcionarios, pero también a cualquier ciudadano que disienta del régimen. De allí que la persecución y represión sean el pan de cada día en Venezuela.

Enlace a la nota: https://www.accesoalajusticia.org/tsj-condena-sin-delitos-ni-pruebas/

Todas las personas que transitaban por La Corniche, el paseo marítimo de Doha, se preguntaban ¿Cuáles fueron las razones de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF por sus siglas en ingles) para aprobar la realización del Maratón Femenino en el mundial de atletismo en una zona como esta, con tan altas temperaturas?

Las autoridades deportivas guardaban un silencio absoluto ante este hecho. Por el contrario, sentados en sus sillones de cuero al lado de los Jeques y Reyes en palcos con aire acondicionado disfrutaban del espectáculo.

Sin embargo, las condiciones climáticas hacían presagiar que el evento iba a estar plagado de dificultades: 32º.7 grados centígrados de temperatura, con 40º grados de sensación térmica en el asfalto y más de 73% de humedad. Un maratón de 42 kilómetros y 195 metros realizado en esas condiciones era, sin lugar a dudas, un acto contrario a la salud y el deporte.

La IAAF, no le prestó la más mínima atención a las recomendaciones del American College of Sports Medicine que fija en 28 WBGT (Wet Bulb Globe Temperature, temperatura combinada con humedad) el índice límite para prohibir el ejercicio continuo, un tope que habría impedido organizar las pruebas de ruta del Mundial en Doha. Oficialmente, el maratón femenino del viernes a medianoche se disputó con un índice WBGT de 29,5 (temperatura del aire, 32,7 grados; humedad, 73,3%). …

Los negativos resultados, por muchos anunciados y denunciados, no se hicieron esperar: Comenzaron la prueba 68 atletas. La terminaron 40. Nunca había habido tantos abandonos. Dos competidoras terminaron en el hospital. Muchas otras sufrieron desfallecimientos en plena carrera. Decenas fueron asistidas en la carpa médica nada más cruzar la meta. La 40ª clasificada, la costarricense Gabriela Traña, llegó 47 minutos más tarde que la ganadora.

Frente a este anunciado desastre, el presidente de la IAAF, Sebastian Coe y sus medios de comunicación, evitaron que fuesen publicadas las imágenes de los atletas desfallecidos y solo se limitaron a presentar a aquellas atletas que hablaran en términos positivos de la prueba. Como fue el caso de Ruth Chepngetich, la keniana de 25 años que ganó la prueba, cruzando sonriente la meta, y unas frases: “Me siento muy bien. Estoy feliz y doy gracias a Dios. ¿Las condiciones de la maratón? No fueron malas para mí”. Sin embargo, evaden las razones por las que Chepngetich ganara con 2h 32m 43s, ¡¡¡un tiempo 15 minutos más lento que su mejor marca personal (2h 17m 8s)!!! la tercera de la historia, conseguida en enero en la vecina Dubái.

También, evadieron a toda costa presentar las declaraciones de la quinta clasificada, la atleta bielorrusa Volha Mazuronak, quien, de manera lapidaria, resumió las condiciones que rodearon la prueba: “La humedad mata. No hay aire para respirar. Pensé que no terminaría. Ha sido una falta de respeto para las deportistas. Un puñado de dirigentes se reunieron y decidieron traer aquí los campeonatos, pero ellos están sentados con aire acondicionado y seguro que ahora están ya dormidos”

No sería, nada extraño, que los jerarcas de la IAAF, si el negocio le resultara altamente rentable como el Mundial de Doha, que el próximo Maratón de la Muerte se haga en el Desierto de Sahara o en Maracaibo ¡¡¡en horas del mediodía!!! …Sebastian Coe, se te olvido que fuiste un atleta. Ahora no corres la milla, sino detrás de los mi…llones.

La economía alemana es la tercera más fuerte del mundo. Alemania es un gigante de la exportación. El desempleo es bajo. Los empleados germanos trabajan en promedio 400 horas menos al año que los estadounidenses, disfrutan de largas vacaciones y cuentan con una red sólida de seguridad. ¿Cómo es todo esto posible? Gracias al sistema de economía social de mercado del país.

El economista alemán Alfred Mueller-Armack usó dicho término por primera vez en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Era una época en la que los militares aliados racionaban los alimentos y bienes, aplicaban regulaciones de precios y salarios, y los cigarrillos eran los sustitutos del dinero.

Ludwig Erhard, quien fue ministro de Economía de la Alemania occidental entre 1949 y 1963, comenzó a usar la expresión de Mueller-Armack para hablar de la economía alemana de posguerra.

Entonces lo más importante era que la gente trabajara de nuevo. Que la gente tuviera trabajo, significaba que habría paz social en una época difícil. Si el país tenía éxito, podía entonces defenderse del comunismo.

Otros países como Francia, Italia y Austria experimentaron también un auge, pero no como Alemania. Erhard, por su parte, fue apodado el "padre del milagro económico alemán" y a menudo se le llama la "encarnación de la prosperidad" o simplemente el "hombre milagroso".

Erhard y los aspectos que afectan a los trabajadores

Jörg Rocholl, director de la Escuela Europea de Administración y Tecnología (ESMT) en Berlín, dijo a DW que "el sobresaliente desarrollo económico de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial se ha visto significativamente influido por la economía social de mercado. Esta brinda a las empresas la mayor libertad posible. Utiliza elementos sociales para garantizar que quienes no pueden participar con éxito en la economía, vivan socialmente seguros".

Erhard quería una economía de libre mercado mínimamente regulada y sin interferencias diarias del Gobierno, donde la oferta y la demanda determinaran los salarios y lo que se producía. Reclamó derechos de propiedad privada, leyes antimonopolio estrictas y codeterminación, un sistema que permite que los representantes de los trabajadores y los consejos de empresas lleguen a un consenso en cuanto a salarios, beneficios y condiciones laborales.

Un nuevo orden mundial

Jörg Rocholl, de ESMT, critica al gobierno alemán por intervenir cada vez más en los precios y los mecanismos del mercado. Un ejemplo perfecto es el debate actual sobre la suspensión temporal de las subidas de alquileres de viviendas en Alemania. No solo eso, sino que además las autoridades quieren establecer límites de precios en el futuro.

"Cualquier mecanismo de reducción de los precios, como vimos en el este alemán, solo conduce a que se debilite la inversión y la construcción de infraestructuras. Al final, nadie se beneficia”, explicó Rocholl.

Especialmente este año, cuando los alemanes celebran el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín y la posterior unificación de Alemania Oriental y Occidental, muchas personas del este sienten que las han dejado atrás.

"La situación en Alemania del este no se debe a que la economía de mercado sea negativa, sino más bien a que el sistema de Alemania oriental colapsó económicamente antes de 1989 ", explicó Rocholl.

"Incluso antes de la caída del Muro de Berlín en octubre de 1989, Gerhard Schurer, jefe de la Comisión de Planificación Central de la RDA, había presentado un informe secreto sobre la situación económica del país al Politburó", según Rocholl. "El informe mostró la situación catastrófica de las plantas de producción debido al deterioro de los equipos y a la enorme necesidad de reparaciones. Además, el país ya estaba tan endeudado en el extranjero que la quiebra era inminente", añadió.

Desafíos actuales

El banco de desarrollo estatal alemán KfW publicó un informe reciente sobre la economía social de mercado de la Alemania actual, que se centra en la creciente disparidad en los sueldos, la pobreza, el cambio climático, el cambio demográfico y el pésimo progreso en la digitalización.

Alemania tiene que enfrentarse a estos enormes desafíos. Para seguir en la cima de un mundo cambiante, Alemania necesita un nuevo plan de "milagro económico".

02.10.2019

DW

https://www.dw.com/es/alemania-necesita-un-nuevo-milagro-económico/a-50681626