Se entiende por Capitalismo de Estado a un modelo económico en el que el Estado tiene un papel predominante en la economía de una nación, bajo un sistema de base capitalista; pero con tendencia a la administración centralizada. Existen variantes, de acuerdo a distintas corrientes ideológicas y situaciones específicas. El Estado posee y administra las riquezas de la nación, las materias primas de gran valor, las industrias básicas y los principales medios de producción de bienes y servicios, particularmente los considerados de alta utilidad pública, como la electricidad, agua, gas, etc.

Con el fin de tener elementos para una evaluación comparativa, se caracteriza, brevemente, el modelo chino de Capitalismo de Estado. En China tuvo lugar un proceso de cambio relativamente rápido, pero convenido y de forma planificada, del modelo socialista-comunista de economía centralizada a un capitalismo de libre mercado, con connotaciones socialistas. La idea era utilizar la capacidad del sistema capitalista para promover el desarrollo; para lo cual fueron liberando actividades de producción, permitiendo a particulares obtener ganancias económicas; posteriormente fueron favoreciendo la expansión del sector privado y la inversión de capitales; pero el gobierno afirma que siguen siendo comunistas. El Estado se reservó las actividades económicas consideradas estratégicas. Esta transición ha logrado notables éxitos económicos y sociales. La apertura económica de China la ha llevado de ser un país bastante atrasado y con altos niveles de pobreza a convertirse en la segunda más grandes economía del mundo, Desde la apertura económica, hace más de 40 años, ha sacado de la pobreza a varios cientos de millones de personas; pero los derechos ciudadanos continúan limitados y persisten importantes problemas sociales.

En el caso de Venezuela, se cumplen las características que definen un Capitalismo de Estado; pero los resultados son muy diferentes a los obtenidos por China. Las riquezas, entre las que destacan el petróleo, gas y minerales valiosos pertenecen al Estado, pero las maneja el gobierno como si fueran de su propiedad. Los servicios básicos y los sistemas de salud, y gran parte de la educación, así como la seguridad pública también están en manos del Estado, pero en están pésimas condiciones. Los índices económicos y de nivel de vida de la población nos indican que estamos en presencia de una economía en profunda crisis.

En cuanto a la propiedad privada, hubo una arremetida de expropiaciones, y nacionalizaciones concentradas en los años 2005 a 2017, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se apoderaron de más de 1.350 empresas, en ese mismo período ya habían quebrado más de mil de ellas; lo cual no es de extrañar, ya que estas empresas terminaron por fracasar o están en condiciones deplorables y trabajando con escasa eficiencia. Entre las propiedades afectadas se encuentran importantes empresas relacionadas con servicios y actividad petrolera, explotación minera, metalurgia, electricidad, telefonía, industrias alimenticias y cadenas de supermercados y de los hoteles Hilton; así como grandes comercios de diferentes tipos. Se intervinieron 22 bancos y se expropiación cinco de ellos. Es necesario recordar que un número considerable de empresas estratégicas ya pertenecían al Estado. En el campo, el gobierno expropió más de cinco millones de hectáreas, no pocas de ellas en plena producción, el efecto generalizado fue el de una muy importante disminución de la producción agrícola.

Como consecuencia de las políticas económicas y sociales implementadas, el país entró en un proceso de hiperinflación y una terrible escasez de alimentos, medicinas, repuestos, etc.; así como de deterioro de bienes y servicios indispensables para un aceptable nivel de calidad de vida; todo esto conforma las características propias de un Estado fallido. La reacción a esta situación ha producido miles de protestas populares que, en general, han sido fuertemente reprimidas. Por otra parte, la renta petrolera fue desaprovechada; se destinó en gran parte a financiar una economía poco eficiente y de baja productividad, a incentivos clientelares y la ayuda a países con gobiernos políticamente afines al de Venezuela; la corrupción también ha estado presente.

Todos estos son efectos directos de la aplicación de un paradigma político que ha tenido grandes fracasos a escala mundial, aplicado por un gobierno con un gran sesgo populista, con fuerte influencia del comunismo a la cubana y un liderazgo mesiánico que con una pésima gestión de gobierno, definen, sin lugar a dudas, el modelo económico aplicado en Venezuela como un Capitalismo de Estado fracasado, que se hace más evidente al compararlo con experiencias como la de China.

Profesor, Facultad de Agronomía, UCV
felipeedmundo@gmail.com

Reunir el porfiado fracaso izquierdoso alrededor de una fogata para apoyar distopías. Convocar en Caracas el malhadado Foro de Sao Paulo para apoyar lo que siempre han apoyado, es un indicativo de que ese fracaso forma parte de las neuronas de muchos que han creído que el mundo sigue siendo plano.

En efecto, algunos siguen creyendo que otros creen que la tierra es una lámina sobre la cual se mueven vacunos y ovejas. Cuestión que se afinca en la afirmación de que sí hay algunos que aún no han curado del sarampión y concitan reuniones para quitarse las costras, sobarse los golpes y sacarse los piojos.

La convocatoria del ya pavoso Foro de Sao Paulo en Caracas da pie para que en su seno se celebre también el hambre y la miseria que ambula por las calles de Venezuela. Sirve para que la pareja miraflorina siga danzando torpemente su salsa sobre la sangre de jóvenes que han caído producto de las balas rusas, chinas y hasta cubanas que lanzan como si fueran flores sobre la tumba de una Nación.

Este foro viene a darse el gustazo para festejar la carestía de la vida, la muerte innúmera de niños y ancianos en los destrozados hospitales del país. Para pasearse feliz por las vacías escuelas y universidades. Para danzar con las decisiones extrajudiciales de tribunales y sus zonas de tolerancia. Sirve para gritar consignas a favor de las enfermedades que una vez fueron superadas y ahora forman parte del reinado insano de un régimen que sonríe frente a la tortura. Que sazona sus platos con el pellejo de quienes dejan la vida en calles, avenidas, cárceles, ergástulas, mazmorras, tumbas y bosques donde se tortura, desuella, despelleja, electrifica, ahoga, envenena a la disidencia, pero también persigue, allana y encarcela a los familiares y amigos de las víctimas.

Este foro servirá para eso y más. Servirá para coronar a Maduro y para que los venezolanos nos sintamos felices de la llegada de los chulos y malvivientes que representan a los alienados que se dicen no alineados y forman parte de esa fotografía inventada por Fidel Castro en Brasil, y para que los ladrones y asesinos sigan siendo personajes de portadas de diarios y revistas.

Los bufones vendrán a celebrar la muerte. Los cortesanos vendrán a tomarse su guarapita escocesa con papelón y chicha andina. Vendrán a sembrar el conuco. Vendrán a intercambiar espejitos a través de ese muy contemporáneo y maravilloso invento llamado trueque. Y seremos felices con ellos porque ellos son justicieros y amantes de la paz. Los cementerios estarán muy agradecidos por la gesta bíblica de quienes aplauden la mirada perdida de nuestros jóvenes en las calles y poblados del país. Mirada de muerte porque el Foro de Sao Paulo es, precisamente, un estero de dinosaurios que viene a fundar su parque jurásico en Venezuela. O al menos a confirmar que existe y vienen a ver el zoológico en que Chávez, Maduro y sus sátrapas han convertido a Venezuela.

El Fororo de Caracas será con maíz fermentado. Será un encuentro donde ellos, los prehistóricos, volverán a invocar los nombres que tanto invocan para seguir destruyendo todo a su paso mientras ellos se enriquecen.

Por todo lo arriba dicho, en ácida broma porque arde y hasta en serio porque duele, se agrega a la opuesta realidad la celebración de un Contraforo en Maracay, donde no habrá libaciones ni manuales cubanos, rusos, iraníes ni chinos. Sino ciudadanos. La carpeta será la crítica. La agenda será la resistencia contra esa cosa criminal que reúne el despotismo, el latrocinio y la amargura de quienes siguen siendo los resentidos de la historia global.

La Asamblea Nacional aprobó en febrero de este año un “Estatuto que Rige la Transición para la Democracia”, en el cual se establecen los tres pasos (cese a la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres) de la famosa “ruta” popularizada por el presidente Juan Guaidó. Algunos aseguran que dicha “ruta”, convertida en mantra, fue un verdadero éxito —y sin duda lo fue— para movilizar a la oposición del país, adormecida por el desánimo y los fracasos políticos en 2017 y 2018. La “ruta” de Guaidó insufló nuevamente de esperanza el decaído ánimo de la gente, pero hoy en día, probablemente debido a los “fracaso” de 23F y 30A, es criticada y algunos ya ven esos tres puntos, más como un karma, que como un proyecto o una “ruta”.

Tan temprano como en enero de este año, en varios artículos, fijé mi posición con respecto a lo que se venía discutiendo sobre la posibilidad de que Juan Guaidó, basado en ese Estatuto y en las interpretaciones del artículo 233 de la Constitución, se juramentara como presidente (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/category/articulos-blog/). Lo consideraba un error, pero se hizo, lo respete y lo apoye. En mi descargo diré que consideraba en ese momento que no estábamos frente a una mera discusión jurídica, sino frente a una complicada decisión y discusión política. Hoy pienso igual, pues creo que hay que discutir y replantearse la “Ruta Guaidó”, aunque debo decir que para algunos/as la discusión no es de estrategia política –¿Cuál es la estrategia más adecuada en este momento? –, sino una mera táctica para desprestigiar el actual liderazgo opositor y asumir ellos/as ese papel.

Paradójicamente, a pesar del cuestionamiento que acepto que se debe hacer, creo que, a pesar de todo, la “ruta” es lógica y correcta, describe adecuadamente los “pasos” a seguir, por más que algunos discutan el orden de los mismos y otros hablen de la necesidad de abandonarlos. Creo que el problema es el contenido que se le quiere dar a cada uno de ello. Veamos.

El cese a la usurpación no es, para algunos, lo que dice el Estatuto de Transición (Artículo 7.1: “La liberación del régimen dictatorial, que ocurrirá con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moros”, copia textual); para algunos “cese a la usurpación” significa que deben abandonar el cargo el presidente usurpador y hasta el último vigilante o bedel del más pequeño de los ministerios u oficina pública. Ya sabemos lo dado que son algunos/as a reinterpretar las cosas; lo vivimos con el “mandato” del 16J de 2017, que lo que aprobamos en esa consulta popular con la 3ra pregunta (“la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución”...en “elecciones libres y transparentes” y que se conforme “un Gobierno de Unidad Nacional para restituir el orden constitucional”.. ) lo interpretaron como que debería ser “ya”, en ese mismo instante, no como una estrategia que había que construir, sino como una acción a cumplir de inmediato, y no hacerlo de esa manera era “traicionar al pueblo” y traicionar el “mandato” del 16J.

En mi opinión el problema es la discusión jurídica de quién debe remplazar al presidente usurpador. Algunos, interpretando el artículo 233, aseguran que debe ser el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, quien asuma la presidencia; otros señalan que debido a la “continuidad administrativa” debe ser algún vicepresidente designado por el presidente usurpador, cuyo mandato anterior tenía supuestamente una legitimidad de origen (que algunos también dudan). Y hay más posiciones. Pero si bien esa discusión jurídica no deja de ser llamativa e interesante, insisto en que esto no es un problema jurídico, es un problema político que se debe resolver con un “acuerdo” en la mesa de negociación, donde quiera que se vaya a realizar (Noruega, Suecia, Barbados, donde sea) y quien debe asumir la presidencia de la República, a la salida del presidente usurpador, es alguien que debe tener algún mínimo consenso, para que pueda continuar el gobierno durante el proceso de transición que nos lleve a unas elecciones libres.

El gobierno de transición, segundo punto de la discusión: ¿Cómo interpretamos lo del gobierno de transición? Más concretamente, ¿Cómo se constituye ese gobierno? ¿Qué va a hacer durante el periodo de transición? y ¿Cuánto va a durar el mismo?; quizás cuánto va a durar es más fácil de responder: hasta que se realice un proceso de elecciones libres; lo complicado y complejo es cómo constituirlo, cómo integrarlo y sus funciones. En lo personal yo creo que el régimen debe asumir solo, hasta el final, su responsabilidad en la desastrosa gestión de estos 20 años. No veo porque la oposición debe formar parte de un gobierno de “coalición”, de ningún tipo, y hacerse “coparticipe” de esta crisis humanitaria, de esta desgracia en la que nos ha sumido la desastrosa gestión de esta dictadura. Como dice el refrán castellano, ¿Por qué la oposición le va a sacar las castañas del fuego a la dictadura?

El único problema del que se debe ocupar la oposición es seguir haciendo oposición, denunciando las arbitrariedades de la dictadura y sus violaciones a la Constitución y los derechos humanos; mostrar al pueblo venezolano el Plan País, cuáles son sus proyectos para salir de este oprobio y regresarnos a la ruta del progreso y el bienestar; prepararse para ganar contundentemente las elecciones libres que se deben realizar y esperar pacientemente a que se realicen las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de poderes regionales y municipales, para terminar de barrer la escoria de la dictadura. Una vez ganadas las elecciones, ya la oposición tendrá la ocasión y se encargará de formar su propio gobierno, sin el lastre del régimen.

Las elecciones libres, tercer punto de la ruta. Sabemos bien que para realizar unas elecciones libres se deben acordar algunas condiciones mínimas en la mesa de negociación. Lo primero, por supuesto, es que serán elecciones presidenciales pues allí está la clave de la usurpación y de la ilegitimidad del actual gobierno; sí van a ser acompañadas o no de elecciones parlamentarias, adelantando unos meses las elecciones que se deben realizar a finales del 2020, es un punto que se puede negociar; personalmente creo que se debería hacer para de una vez salir del ejecutivo y ganar nuevamente la Asamblea, con una mayoría que permita renovar los demás poderes (TSJ, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría, etc.) y para poder hacer todas las modificaciones legales que se necesitarán en el nuevo gobierno democrático.

Entre las condiciones mínimas que tienen que conseguirse están, por supuesto, un nuevo CNE, renovando completamente los cinco ilegítimos rectores, con sus respectivos suplentes y buena parte del estamento de funcionarios. Las elecciones deben ser supervisadas por la comunidad internacional, para evitar los abusos de poder y que se respeten los resultados; y deben estar precedidas de una revisión del “registro electoral”, sobre todo para permitir que se escriban el millón y medio de rezagados que no lo han podido hacer desde hace varios años y que puedan hacerse las modificaciones necesarias para que voten los venezolanos que están en el exterior. Previo al proceso electoral obviamente se deben legalizar todos los partidos políticos, liberar a todos los presos políticos y permitir el regreso de los exilados; habilitar a todos los candidatos y líderes opositores que han sido ilegalmente inhabilitados por el régimen y sus cómplices de la Contraloría y tribunales no autorizados para ello. Los anteriores, como mínimo, deben ser los puntos a lograr, además de algunos otros de carácter más específico y técnico que he mencionado otras veces.

Desde luego algunos de estos puntos serán más fáciles de negociar, otros no tanto; pero ahí debe estar concentrada la discusión y no en cosas accesorias como quien puede o no ser el candidato del régimen; que sea el régimen el que escoja la magnitud y alcance de su derrota. La negociación es un camino a recorrer, que esperamos sea exitosa y despeje el trayecto a la paz, la democracia, el bienestar y el progreso, que se hacen cada día más apremiantes.

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Ya se materializó esta semana lo que era un secreto a voces y que habíamos analizado varias veces antes: las negociaciones que se habían desarrollado en Oslo nunca han parado, aunque aún estén lejos de un acuerdo racional. Comiencen, terminen, exploten, no importa, ellas seguirán.

Ocurre este anuncio formal de negociaciones luego de los dos eventos que complicaron el proceso comunicacional o facilitaron las cesiones posteriores que ha hecho el gobierno para calmar las aguas: la muerte del capitán Acosta y el informe oficial de Michelle Bachelet, sobre las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela. La verdad es que a pesar de que el discurso público de la oposición fue negar su próxima participación en negociaciones e incluso advertir que no harían de tontos útiles para oxigenar al gobierno, el proceso seguía inevitablemente. Mientras tanto, Maduro hablaba también de que el proceso estaba listo y no había duda que se llegaría a un acuerdo definitivo, que resolvería la crisis política venezolana, lo cual tampoco es verdad, pues el proceso sigue siendo complejo y difícil y requerirá de mucho más tiempo para consolidarse… si es que se consolida.

Lo que está claro es que ambos necesitan un acuerdo antes de destruirse mutuamente y acabar también con el país. La oposición se desdibuja con el tiempo, sin poder cumplir su objetivo de sacar a Maduro del poder y sin nada más que ofrecer, mientras el gobierno se enfrenta a un empeoramiento dramático de la situación económica y social del país, con una caída de importaciones que amenaza el colapso del sistema de producción, de transporte y alimentario, lo cual lo pondrá en riesgos internos de desmarque militar más tarde o más temprano.

Quizás hablar del TIAR en la AN era la forma que tenía Guaidó para darle un huesito al perrito propio, antes de anunciar que seguiría negociando (por lo que sin duda le atacan los extremos). Por su parte Maduro ha estado más interesado en posicionar la negociación y mostrar avances (que evidentemente exagera) para calmar sus monstruos internos.

La liberación de algunos presos políticos y la propuesta de relanzar la Asamblea Nacional con participación de los diputados chavistas camina en la dirección de abrir espacios a la negociación, aunque en paralelo mantienen la radicalización frente a sus enemigos para no bajar la guardia, ni mostrar debilidad. La oposición también se sienta a negociar, pero sigue buscando en paralelo cualquier forma de sacar a Maduro del poder, como sea. Es una negociación de guerra, que no tiene tregua en ninguna de las partes. El resultado es que el país sigue su proceso exponencial de deterioro. La presión de negociación está viva y sin duda dará mucho que hablar, incluyendo los ataques furibundos que vendrán en breve, mientras la brecha entre gobierno y oposición para lograr un acuerdo, sigue siendo gigante. Lo que sabemos hasta ahora es que siguen avanzando en la idea de una elección competitiva (que el gobierno podría aceptar para el próximo año), con una transición encabezada por Maduro, aunque se abra la posibilidad de integración opositora en ese gobierno, para buscar la flexibilización de sanciones. Y el escollo más grande para resolver, que es conseguir una vía para llevar a cabo una elección realmente competitiva, con una institucionalidad distinta a la captada por la revolución, pues resulta imposible imaginar que la oposición acepte una elección con un CNE como el actual, incluso reformado con algunos miembros opositores en su seno, pues sabe perfectamente que la desconfianza mataría su capacidad de triunfo debido a la abstención. Un veneno que ya ha probado en el pasado.

luisvleon@gmail.com

¿Es la cultura o la economía? Esa pregunta enmarca gran parte del debate sobre el populismo contemporáneo. ¿Son la presidencia de Donald Trump, Brexit, y el auge de los partidos políticos nativistas de derecha en la Europa continental, la consecuencia de una división cada vez más profunda en cuanto a valores sociales entre los conservadores y los liberales, y los primeros han dado su apoyo a los xenófobos, etno nacionalistas políticos autoritarios? o ¿reflejan la ansiedad y la inseguridad económica de muchos votantes, alimentadas por crisis financieras, austeridad y globalización?

Mucho depende de la respuesta. Si el populismo autoritario está arraigado en la economía, entonces el remedio apropiado es un populismo de otro tipo, dirigido a reducir la injusticia económica y mejorar la inclusión, pero pluralista en su política y no necesariamente perjudicial para la democracia. Si está enraizado en la cultura y los valores, sin embargo, hay menos opciones. La democracia liberal puede estar condenada por sus propias dinámicas internas y contradicciones.

Algunas versiones del argumento cultural pueden ser descartada. Por ejemplo, muchos comentaristas en los Estados Unidos se han centrado en las apelaciones de Trump al racismo. Pero el racismo de una forma u otra ha sido un rasgo duradero de la sociedad estadounidense y no puede decirnos, por sí solo, por qué la manipulación de Trump ha demostrado ser tan popular. Una constante no puede explicar un cambio.

Otras explicaciones son más sofisticadas. La versión más completa y ambiciosa del argumento de reacción cultural ha sido presentada por mi colega de la Escuela Kennedy de Harvard, Pippa Norris y Ronald Inglehart de la Universidad de Michigan. En un libro reciente, argumentan que el populismo autoritario es la consecuencia de un cambio generacional, a largo plazo, en los valores.

A medida que las generaciones más jóvenes se han hecho más ricas, más educadas y más seguras, han adoptado valores 'post-materialistas' que enfatizan el secularismo, la autonomía personal y la diversidad a expensas de la religiosidad, las estructuras familiares tradicionales y la conformidad. Las generaciones mayores se han alienado, convirtiéndose efectivamente en 'extraños en su propia tierra'. Mientras que los tradicionalistas ahora son numéricamente el grupo más pequeño, votan en mayor número y son más activos políticamente.

Will Wilkinson, del Niskanen Center, hizo recientemente un argumento similar, centrándose en el papel de la urbanización en particular. Wilkinson sostiene que la urbanización es un proceso de clasificación espacial que divide a la sociedad en términos no solo de fortunas económicas, sino también de valores culturales. Crea áreas prósperas, multiculturales y de alta densidad donde predominan los valores socialmente liberales. Y deja atrás las áreas rurales y los centros urbanos más pequeños que son cada vez más uniformes en términos de conservadurismo social y aversión a la diversidad.

Además, este proceso se refuerza a sí mismo: el éxito económico en las grandes ciudades valida los valores urbanos, mientras que la autoselección en la migración fuera de las regiones retrasadas aumenta aún más la polarización. En Europa y en los Estados Unidos, las áreas homogéneas y socialmente conservadoras constituyen la base del apoyo a los populistas nativistas.

En contra de este argumento, los economistas han producido una serie de estudios que vinculan el apoyo político de los populistas a las crisis económicas. En lo que quizás sea el más famoso de estos, David Autor, David Dorn, Gordon Hanson y Kaveh Majlesi, del MIT, la Universidad de Zurich, la Universidad de California en San Diego y la Universidad de Lund, respectivamente, han demostrado que los votos para Trump en las elecciones presidenciales de 2016 en todas las comunidades de EE. UU. tuvo una fuerte correlación con la magnitud de los efectos negativos del comercio con China. En igualdad de condiciones, cuanto mayor es la pérdida de puestos de trabajo debido al aumento de las importaciones provenientes de China, mayor es el apoyo a Trump.

De hecho, según Autor, Dorn, Hanson y Majlesi, el impacto negativo del comercio con China puede haber sido directamente responsable de la victoria electoral de Trump en 2016. Sus estimaciones implican que si la penetración de las importaciones hubiesen sido 50% más baja que la tasa real durante el período 2002-2014, un candidato presidencial demócrata habría ganado los estados críticos de Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, haciendo de Hillary Clinton la ganadora de la elección.

Otros estudios empíricos han producido resultados similares para Europa Occidental. Se ha encontrado que una mayor penetración de las importaciones chinas está implicada en el apoyo al Brexit en Gran Bretaña y en el auge de los partidos nacionalistas de extrema derecha en Europa continental. Se ha demostrado que la austeridad y medidas más amplias de inseguridad económica también han jugado un papel estadísticamente significativo. Y en Suecia, el aumento de la inseguridad en el mercado laboral se ha relacionado empíricamente con el auge de los Sweden Democrats de extrema derecha.

Los argumentos culturales y económicos pueden parecer estar en tensión, si no totalmente inconsistentes, entre sí. Pero, leyendo entre líneas, uno puede discernir un tipo de convergencia. Debido a que las tendencias culturales, como el post-materialismo y los valores promovidos por la urbanización, son de naturaleza a largo plazo, no coinciden en el tiempo con la reacción populista. (Norris e Inglehart plantean un punto de inflexión en el que los grupos socialmente conservadores se han convertido en una minoría, pero aún tienen un poder político desproporcionado). Y los que abogan por la primacía de las explicaciones culturales, de hecho, no descartan el papel de las crisis económicas. Estas conmociones mantienen, agravan y exacerban las divisiones culturales, dando a los populistas autoritarios el impulso adicional que necesitan.

Norris e Inglehart, por ejemplo, sostienen que “las condiciones económicas a mediano plazo y el crecimiento en la diversidad social” aceleraron la reacción cultural, y muestran en su trabajo empírico que los factores económicos desempeñaron un papel en el apoyo a los partidos populistas. De manera similar, Wilkinson enfatiza que la “ansiedad racial” y la “ansiedad económica” no son hipótesis alternativas, porque los choques económicos han intensificado enormemente la clasificación cultural dirigida por la urbanización. Por su parte, los deterministas económicos deberían reconocer que factores como el impacto del comercio con China no ocurren en un vacío, sino en el contexto de divisiones sociales preexistentes a lo largo de líneas socioculturales.

En última instancia, el análisis preciso de las causas del aumento del populismo autoritario puede ser menos importante que las lecciones de política que se pueden extraer de él. Hay poco debate aquí. Los remedios económicos a la desigualdad y la inseguridad son primordiales.

Julio 9, 2019

Traducción propia

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-and-cultural-explanations-of-right-wing-populism-by-dani-rodrik-2019-07?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=c160ba5549-sunday_newsletter_14_7_2019&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-c160ba5549-105991035&mc_cid=c160ba5549&mc_eid=05f36f6726

Durante años el régimen de Maduro se llenó la boca con una supuesta “guerra económica” contra la “revolución” desatada por especuladores voraces y por el “imperio”. Justificó así los controles y las regulaciones, creando oportunidades para la extorsión y confiscación de productores y comerciantes privados. Sirvió también de excusa para monopolizar la importación de alimentos, medicamentos y otros bienes con sobreprecios, y embolsillarse la consecuente “tajada”. Validó, asimismo, la opacidad y la no rendición de cuentas de su manejo de la cosa pública –¡son asuntos de “seguridad de estado”!--, amparando corruptelas multimillonarias. En la medida en que destruía la economía privada, expoliaba a la industria petrolera, dejándola exangüe con negociados hechos a la sombra. Según cifras de fuentes independientes publicadas por la OPEP, la producción petrolera habría disminuido en casi un 70% desde que Maduro tomó el poder, 58% desde que puso al frente a un militar –Manuel Quevedo-- sin experiencia previa en el negocio.

Como consecuencia de lo anterior, los ingresos del estado colapsaron. Y como se le cerró el acceso al financiamiento internacional, el régimen ordenó al BCV emitir dinero sin respaldo para cubrir sus cuentas, disparando la hiperinflación que se comió los ingresos de la gente. Tratándose de un gobierno que se autocalificaba de “revolucionario”, Maduro decretó sucesivos aumentos del salario mínimo y dádivas diversas, financiados igualmente por la “maquinita” del BCV. Alegando defender al “pueblo”, echaba más gasolina a la candela inflacionaria. El caso más notorio fue el incremento salarial decretado el pasado agosto, 2018, que multiplicó el salario mínimo por 33, que tuvo que acompañarse de un incremento en el dinero inorgánico suministrado por el BCV en más de 23 veces. Al cuadruplicarse de nuevo esta remuneración en enero, 2019, el BCV aumentó en más de cinco veces el dinero sin respaldo que inyecta a la economía. No en balde, el incremento del 1° de mayo de este año resultó en un salario mínimo con un poder de compra de apenas el 1% del que tenía en 2013, si nos atenemos a las cifras de inflación suministradas para los años 2016-19 por la Asamblea Nacional. Y si nos atenemos al BCV, ente que al fin se dignó cumplir con su deber publicando cifras para ese lapso, el poder adquisitivo del salario mínimo habría caído “apenas” en dos tercios desde que Maduro ocupó la presidencia.

Pero ahora vemos como tan grave estropicio de los medios de vida del venezolano causado por estas políticas intervencionistas se corona con la más absoluta irresponsabilidad. Venido en cuenta de que los controles de precio y del tipo de cambio, y los aumentos de salario por decreto empobrecían aceleradamente a los venezolanos, no se le ocurrió mejor cosa que dejar los precios a la libre. Pero tan tímida dosis de mercado, con empresas acosadas por todo tipo de regulaciones, sujetas constantemente a la extorsión y confiscación de Guardias Nacionales, con una infraestructura pública y de servicios venida a menos, y ante una inseguridad jurídica, laboral y personal extendida, está lejos de ser la respuesta adecuada a la miseria “madurada” en los venezolanos. Menos aun con un sector financiero discapacitado por un encaje que constriñe su cartera de créditos y cuyos activos (en dólares) se han reducido en casi un 90% desde que Maduro llegó a la presidencia.

Si bien la hiperinflación parece estar cediendo –desde febrero no ha superado el 50% mensual--, seguimos siendo (por mucho) el campeón mundial en lo que a alza de precios se refiere. La inflación anualizada, aunque descendiendo, fue mayor al 440.000 % en junio, según cifras de la Asamblea Nacional. Pero, además, tan anémico avance sobre la inflación se ha obtenido a un costo terrible: la asfixia total de la demanda. Representa un ajuste contractivo que deja morir al paciente (de hambre) para “curar” la enfermedad de la inflación.

Durante todos estos años la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), junto a otros economistas, ha insistido hasta la saciedad en la imperiosa necesidad de un programa de estabilización que aplaque la inflación, estabilice el precio del dólar y libere las fuerzas productivas, desmantelando la panoplia de controles y regulaciones que sofocan la actividad económica. Crucial en este programa es la concertación de un generoso financiamiento internacional acompañado de la reestructuración de la deuda pública y la instrumentación de un conjunto de reformas para reactivar de inmediato la oferta.

Las reformas deben contemplar el saneamiento de las cuentas públicas, acabando con las corruptelas y el despilfarro y aumentando la eficiencia del gasto, incluyendo transferencias compensatorias a los sectores de menores recursos. Deben redundar en un ambiente de seguridad jurídica a la propiedad y del debido proceso, y facilitar la recuperación de los servicios públicos y de la infraestructura. Mientras subsista la brecha entre ingresos y gastos, ésta será cerrada con financiamiento internacional, no con la emisión monetaria (inflacionaria) a que recurre Maduro.

Actualmente, lo que queda del aparato productivo trabaja a menos del 30% de su capacidad. La puesta en funcionamiento de este programa, recogido en el Plan País presentado por las fuerzas democráticas, desataría, por tanto, una respuesta inmediata de la economía, proveyendo bienes y servicios al país y generando empleo productivo cada vez mejor remunerado. Y, por efecto “bola de nieve”, estimularía inversiones nacionales y extranjeras que potenciarían este efecto. Como dicen los gringos, “nothing succeeds like success”. Será un ajuste expansivo, generador de mayor bienestar.

Se contraponen claramente dos formas de enfrentar la terrible situación de la economía. La del usurpador: asfixiar la demanda matando de hambre a la población, y la de las fuerzas democráticas, creando condiciones para reanimar la oferta, respaldadas por un generoso financiamiento externo. Lamentablemente para el país, controlar la oferta –los activos y fuente de ingresos que todavía existen—es vital para el usurpador y su mafia, pues es la fuente de sus inmensas fortunas. Es la base del régimen de expoliación del que se lucran. Pero como esta acción parasitaria va destruyendo las fuentes de ingreso, apelan a la “maquinita” del BCV para continuar lubricando el sistema. El dinero inorgánico inyectado por la subcuenta “crédito a las empresas (públicas) no financieras” se multiplicó por doce en los primeros seis meses del año. Para contrarrestar este combustible de precios, “redúzcase la capacidad de compra de la familia venezolana al mínimo, ¡pero ni de vainas se renuncia a lo nuestro!”

Tanta crueldad y malignidad puesta de manifiesto por Maduro y su mafia militar – civil tiene, en el informe sobre Venezuela que acaba de presentar la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michele Bachelet, una terrible confirmación. No les queda más, por ende, que refugiarse en la realidad alterna que han construido para sí, repitiendo ad nauseam sus estúpidas consignas. Acusan a la Alta Comisionada de agente del imperio y de mentirosa. Hasta inventan que “el pueblo” venezolano repudia su informe (¡¡!!) y convocan a una famélica marcha para caerse a embustes al respecto. Esta insania les libera de toda consideración ética, moral, legal o humanitaria para atender las penurias de la gente.

Que no quepa la menor duda de la imperiosa necesidad de sacar cuánto antes a estos monstruos del poder. No hay otro camino para ello que cerrar filas en torno al valiente y decidido esfuerzo liderado por Juán Guaidó y la Asamblea Nacional, para galvanizar a los venezolanos a favor del cambio y concertar el apoyo activo y decisivo de la comunidad democrática internacional a favor de este esfuerzo.

Mientras, Maduro, Cabello, Padrino y demás enfermos seguirán batiéndose el pecho en nombre del socialismo para continuar negándole el derecho más crucial a los venezolanos: el de la vida. Ya lo demostraron al impedir por la fuerza la entrada de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

Para quienes rondamos la quinta o mas década de edad y recordamos los años ochenta y noventa del siglo XX es fácil comprender que las verdaderas causas de la caída del sistema político instaurado entre 1958 y 1998 arrancan con un problema permanente en la historia política del país desde 1830, como es la incapacidad de crear instituciones políticas permanentes que funcionen de manera estable y que en dicha época se manifestó concretamente en el rechazo a las recomendaciones de la Copre (Comisión para la Reforma del Estado) y que halló su máxima expresión en el sabotaje institucional contra el proceso de descentralización de 1989, en el que la elección popular de alcaldes y gobernadores no fue correspondida con la transferencia de competencias legales, administrativas y muy especialmente con los recursos financieros para cumplir sus funciones específicas.

La misma situación ha ocurrido con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que a pesar de diseñar una Constitución a su medida y crear una arquitectura de Estado muy original, que pasó de los 3 poderes de Montesquieu (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a 5 con el Poder Electoral para establecer la filosofía política de la democracia participativa y protagónica y el Poder Ciudadano para insertar un planteamiento del Libertador Simón Bolívar sobre un Poder Moral, los resultados han sido absolutamente desastrosos a todos los niveles si se estudian los recursos financieros invertidos entre los años 2000 y 2019, como puede notar cualquier persona que viva en Venezuela y no sea del grupo de disociados que dice que todo está mejorando mes a mes.

Para propósito de este artículo, que requeriría varios volúmenes de críticas y cientos de páginas de anexos de soporte documental, me limitaré a apartados simples que escribo a continuación:

Poder Ejecutivo: con 33 competencias exclusivas y 35 ministerios, abarcan todos los problemas imaginables a nivel nacional y tiene la absoluta responsabilidad en el funcionamiento de todos los demás poderes por su costumbre de influenciar y en muchos casos dirigir directamente algunos de esos poderes con la excusa de la coordinación y corresponsabilidad entre los poderes públicos. Se puede apreciar lo siguiente:

Desarrollo Social: comprende los ministerios de Salud, Proceso Social del Trabajo, Alimentación, Mujeres e Igualdad de Género, Juventud y Deporte y Pueblos Indígenas. Su saldo institucional se puede apreciar en la crisis estructural del sector salud con la caída de todos los indicadores sanitarios y la aparición de epidemias desaparecidas hace décadas, el aumento exorbitante de la desnutrición y la pérdida de peso de gran parte de la población, la migración de 4-5 millones de personas en forma desesperada, especialmente jóvenes, y el virtual exterminio de la etnia warao por enfermedades, lo cual indica que la construcción de los miles de CDI, la creación de los programas asistenciales como Mercal en el pasado y Chamba Juvenil, Hogares de la Patria o la ampliación de la población pensionada a 4 millones de personas actualmente, alivian en gran medida, pero no solucionan la problemática social cada vez más grave, a pesar los recursos invertidos.

Desarrollo Cultural: comprende los ministerios de Educación, Educación Universitaria, Cultura y Ciencia y Tecnología. Su saldo institucional se resume en la reducción de la población escolarizada, en todos los niveles educativos, en los últimos 5 años, el deterioro evidente de las instalaciones educativas, la fuga de cerebros de profesores universitarios e investigadores, el cierre de numerosos teatros comerciales y numerosas instituciones educativas privadas, así como academias y clubes deportivos y culturales que existían desde hace décadas en muchos lugares de la geografía nacional.

Desarrollo Económico: comprende los ministerios de Economía y Finanzas, Turismo, Industria y Producción Nacional, Comercio Interior, Agricultura Productiva y Tierra, Pesca y Acuacultura, Agricultura Urbana, Petróleo, Desarrollo Minero-Ecológico, Comercio Exterior e Inversión Internacional y Planificación. Su saldo institucional se resume en la caída de la economía venezolana a décadas de atraso el cierre de centenares de miles de unidades de producción privada, incluyendo casi 10.000 instalaciones manufactureras, la reducción casi total del turismo foráneo, la ruina casi total del sector agrícola y pecuario, la destrucción de buena parte de la industria petrolera y petroquímica y la incapacidad evidente de todos los organismos de planificación nacional, estadal y local para crear planes de desarrollo conocidos y en aplicación como políticas de Estado, creando un colapso económico que está difícil de prever cuándo terminará.

Infraestructura: comprende los ministerios de Hábitat y Vivienda, Ecosocialismo, Atención de las Aguas, Obras Públicas, Transporte y Energía Eléctrica. Su saldo institucional se puede apreciar en la crisis del sector eléctrico, la deteriorada calidad de las aguas potables, los graves problemas ambientales vigentes desde el crecimiento del lago de Valencia hasta el Arco Minero, la obras abandonadas a medio construir a nivel nacional como el sistema de ferrocarriles, la caída sustancial de los servicios de transporte terrestre y aéreos a todas las escalas y solamente se puede destacar los logros en materia de vivienda, que a pesar de las críticas y ambigüedades sobre la cifras reales, es evidente el número de urbanismos nuevos construidos en los últimos años.

Desarrollo político-institucional: comprende los ministerios del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno, Relaciones Exteriores, Comunicación e Información y Comunas y Movimientos Sociales. Su saldo desastroso se puede ver en la incapacidad para detectar y corregir la corrupción administrativa y la burocratización que el mismo Nicolás Maduro manifestó que le tiene obstinado, la creación de un conflicto total con las clases dominantes de los países capitalistas más importantes, la creación de un sistema de hegemonía comunicacional que no convence a la opinión pública y la implementación de un sistema del poder popular donde en casi 3 lustros han intentado crear una red funcional de comunas y consejos comunales que reducen a la única participación de los militantes del PSUV para su funcionamiento y aceptación en el ministerio del ramo.

Seguridad nacional: comprende los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nueva Frontera de Paz, Defensa y Servicios Penitenciarios. Su saldo institucional es la anarquía casi total en las fronteras venezolanas, donde nunca se logró controlar el contrabando de gasolina, alimentos y medicinas subsidiados y hasta dinero en efectivo, hasta que la escasez ha ido acabando con estos negocios ilícitos, mientras que una evaluación de los cuerpos de bomberos, de protección civil y policiales se hace imposible por la falta de datos publicados a nivel nacional, estadal y municipal. Lo mismo ocurre con análisis del sector militar a nivel académico que eviten los vicios de la propaganda gubernamental y los ataques de sus adversarios ideológicos, siendo el caso del sector penitenciario, tal vez donde se han logrado muchos mayores progresos que muy pocos quieren admitir por ignorar a la controversial figura política para muchos en el gobierno y la oposición de la ministra fundadora de este despacho.

Seguimos con el análisis de los cinco poderes en los que se asienta la institucionalidad política en Venezuela y que requieren una urgente transformación para la búsqueda de políticas públicas exitosas, que permitan construir una sociedad estable desde todos los indicadores sociales y económicos.

El Poder Ciudadano: creado a partir de las ideas de Simón Bolívar sobre un Poder Moral que ejerciera funciones de rectoría y guía de la conducta republicana, ha sido con pocas dudas la mayor decepción para aquellos que soñaban con un nuevo país y una justicia imparcial, accesible a los ciudadanos, defensora de sus derechos humanos y celosa guardiana de los recursos públicos, azotados por siglos de corrupción administrativa, que empieza desde el inicio de la República en 1830. Veamos en concreto dichos casos:

Contraloría General de la República: sin duda alguna, el primer organismo que debe cambiar en Venezuela, si se pretende salvar a la república, dado que desde su fundación ha fracasado en el control de los fondos públicos, tal como lo demostró el actual fiscal Tarek William Saab al detener a más de 70 altos gerentes de Pdvsa y hacer pública la destrucción de la empresa, por lo que Nicolás Maduro puso el nombre de Mafia Italiana, esta situación se agrava si atendemos las denuncias de ex ministros como Jorge Giordani, quienes hablan de hechos de corrupción por decenas o centenas de miles de millones de dólares. Esto se ha denunciado muchas veces en los medios de comunicación social desde el caso Micabú, de impresión de millones de copias de proyectos de la Constitución de 1999, hasta los más escandalosos casos de Odebrecht y otros del presente.

Es mi opinión que la solución a este problema es una enmienda constitucional que permita la elección por votación popular de todos los contralores y elimine el control partidista de la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo y el Concejo Municipal en sus niveles nacional, estadal y local. Igualmente, el Sistema Nacional de Control Fiscal jamás va a poder funcionar si no se aplican los estándares internacionales de transparencia administrativa, cuya difusión en Venezuela ha sido masiva, gracias al brillante trabajo de la doctora Mercedes de Freitas y la organización Transparencia Venezuela. Con esto se haría sumamente complicada la práctica de la corrupción administrativa en el país, debido a la multiplicidad de controles ciudadanos, a los que unos llamaron contraloría social y que quedó en promesas huecas, por lo que se cerró el círculo de la lucha contra la corrupción administrativa. Ello también después de que se dispuso la obligación anual de hacer la declaración del impuesto sobre la renta y declaración jurada de patrimonio a todas las personas naturales (mayores de 18 años), jurídicas (tengan o no ejercicio económico), y con esto que se acabe para siempre con los testaferros que pululan en la historia nacional.

El Ministerio Público (Fiscalía General de la República): es sin duda alguna la parte más controversial de este poder, ya que si atendemos lo que dice la oposición, jamás ha funcionado desde Isaías Rodríguez hasta el presente, y si atendemos lo que dice el gobierno, durante muchos años este organismo fue secuestrado por la corrupción, la extorsión y el chantaje hasta la llegada del actual fiscal Saab.

Lo que es indudable es que los escándalos han sido abundantes desde el asesinato de Danilo Anderson hasta el presente, y como no se puede generalizar y enlodar a todos los fiscales, es menester irse directamente a la solución, como es la elección directa del fiscal general de la República por votación popular (vía enmienda constitucional), que, a su vez, permita darle independencia política y hacer mucho más estricto el ejercicio de esta función pública, con mayores requisitos académicos y profesionales, que sean un filtro ético y profesional que conlleve la depuración y el escalar en un sentido piramidal dicha actividad fundamental para la aplicación de la justicia.

La Defensoría del Pueblo: siendo el sueño de los defensores de los derechos humanos que lograron insertar esta institución en la Constitución de 1999, se ha convertido en la burla, pesadilla y decepción de muchos de sus antiguos defensores, que hacen un esfuerzo por entender la utilidad de dicho organismo en un país donde ocurren fenómenos sociales de vastas violaciones de los derechos humanos de todos los tipos, sin que este se pronuncie.

Desde aquellas épocas nada gratas en las que los medios señalaban satíricamente el cargo como el de “defensor del puesto”, pasando por las admisiones públicas de la anterior defensora del Pueblo, de que debió ser más “enérgica”, hasta el mutismo mediático de la actual gestión, es un hecho indudable que la eliminación de esta institución sería posible por la deficiente gestión que no ha logrado ningún tipo de apoyo o reconocimiento popular a su labor. Opino que la institución debe ser reestructurada y asignarle directamente poderes de fiscalización de protección al consumidor y atención al ciudadano en los organismos públicos, a la vez que crear mecanismos digitales para su auditoría.

El Poder Electoral: la mayor novedad y esperanza política de la Constitución de 1999, debido al ofrecimiento de la democracia participativa y protagónica, como fórmula para cambiar la cultura política de los venezolanos y crear una especie de “Suiza criolla”, donde las elecciones y referendos fueran normales y comunes, y sin ningún tipo de alteración de la vida cotidiana.

Lo cierto es que desde las denominadas firmas planas, pasando por la lista Tascón, la suspensión de elecciones sindicales, gremiales y universitarias; las graves denuncias de violación de resultados electorales contra los partidos políticos LCR y PCV en comicios regionales y locales; la desaparición legal de los principales partidos políticos de oposición por trámites e interpretaciones para su legalización, incluyendo en este aparte la traumática renovación de las autoridades nacionales del histórico partido Copei; el desconocimiento de los resultados de comicios presidenciales por Capriles Radonski y Henri Falcón en 2013 y 2018, y muy especialmente la paralización de las elecciones más simples de los consejos comunales son la demostración más evidente de que no se han logrado los cambios políticos y electorales que se prometían con la sustitución de la democracia representativa.

Es absolutamente necesario reestructurar este poder de arriba abajo, creando un nuevo Registro Electoral Permanente que sea automático en su funcionamiento y evitando el que se necesite la inscripción tan problemática de los jóvenes y abstencionistas natos; que sea ágil para adaptarse a la movilidad de la población fuera y dentro del país, y auditable desde cualquier PC por parte de los ciudadanos comunes y corrientes. Igualmente, es menester reglamentar las elecciones gremiales, sindicales, universitaria y de consejos comunales para poner fin a todas las denuncias y recursos electorales sobre irregularidades ciertas o supuestas en todos los procesos.

La tragedia vivida con la supuesta imparcialidad política de los miembros del Consejo Nacional Electoral deberá ser resuelta, a mi criterio, con la profesionalización definitiva de todos los funcionarios de este nivel nacional hasta los miembros de juntas estadales y municipales, quedando así el sorteo restringido a la selección de miembros de mesa con mucha mayor preparación y rigor en su funcionamiento. Es una burla sortear miles de miembros de mesa que no se presentan nunca a sus funciones. Se debe abordar esta situación y resolverse con efectividad en el futuro.

De lo contrario, de no aplicar estas medidas u otras de corte similar será inevitable el cumplimiento de la Constitución de 1999 en todos sus sentidos y se habrán abortado las esperanzas de cambio del pueblo venezolano de los últimos veinte años.

Es importante terminar específicamente con los poderes Legislativo y Judicial, por ser los encargados de desarrollar y corregir los actos administrativos que el Estado acomete para lograr sus fines establecidos en la misma carta magna. Esto, con la enorme ventaja de haber sido testigo de muchos acontecimientos históricos en la atrofia y desmesura del funcionamiento del Poder Legislativo y, en cómo todos los demás venezolanos, testigo de los conflictos del Poder Judicial.

El Poder Legislativo: es justo decir que todo comenzó muy mal desde el principio por ser un órgano que funcionó durante 2000-2015 como un vulgar apéndice del Poder Ejecutivo y, en nombre de la cooperación entre poderes o institucional, los proyectos de ley se hacían o corregían en la Vicepresidencia de la República. En este sentido, los diputados eran meras máquinas de decir “sí” (yes/man), lo cual se reflejó en la poderosa personalidad del presidente Hugo Chávez, quien convirtió a esta institución en una de apoyo, la cual fracasó en cumplir las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 que no le interesaban a él. Por ejemplo:

Desarrollo de la Ley de Hacienda Pública Estadal (disposición cuarta, ordinal sexto): dentro de la desafortunada historia del federalismo que empezó en Venezuela en 1864 y la descentralización en 1989, que murió parcialmente en lo político con la desaparición del Senado en la actual Constitución, y la discusión jamás planteada de la creación de recursos fiscales propios e indispensables para el funcionamiento adecuado de las gobernaciones, libre de las arbitrariedades del poder central si el gobernador fuera de un partido político opositor.

Reforma del Código Orgánico Tributario (disposición quinta, ordinales 1.°-11.°): sin duda, una de las reformas más temidas por todos los vagabundos de este país, sobre todo por tres planteamientos específicos que hubiesen hecho muy difícil el disfrute de los recursos de la corrupción administrativa. Estos son:

Aplicación del principio de la renta presunta: es el arma que usaron los inspectores estadounidenses de Hacienda contra Al Capone y que se ha implementado en todos los países serios para evitar la utilización de recursos que no pueden ser justificados en forma lícita y transparente. Se aplica a todo tipo de bienes muebles e inmuebles, desde celulares, joyas y vehículos hasta haciendas y mansiones, e incluye consumos en restaurantes, hoteles y pasajes de avión y barco. Es indudable que esta herramienta hubiese dificultado muchísimo el uso de bienes provenientes del hurto/robo, hubiera complicado bastante los regalos a las amantes y favoritos, y habría sido un insalvable obstáculo para muchos testaferros.

Extensión del principio de solidaridad: medida que hubiera acabado con la tradicional cultura de “empresas quebradas y empresarios prósperos”, ya que los bienes propios de los accionistas hubiesen tenido que cubrir las obligaciones de las empresas mal administradas, que, en nuestro país, se abren y cierran múltiples veces en los mismos locales, con los mismos dueños, para evadir responsabilidades laborales y fiscales.

Aplicación de la inhabilitación profesional: medida que hubiese devastado moral y económicamente a los profesionales universitarios que violaran las disposiciones tributarias en aquellos gremios dedicados a la asesoría administrativa y legal de empresas que han sido condenadas firmemente.

Desde el punto de vista orgánico, se ve una gravísima debilidad en los reglamentos de organización y funcionamiento cuando se estudian las quince comisiones permanentes y se descubre que, por ejemplo, no existe una comisión permanente de Salud, de Trabajo o de Educación, sino que se juntaron todas en una Comisión única de Desarrollo Social, pero sí hay otras que, sin querer menospreciarlas, no manejan los centenares de miles de empleados públicos ni la esencia misma de los recursos fiscales destinados a las políticas sociales. Si tomamos en cuenta la existencia de más de 30 ministerios, es absurdo que existan solo 15 comisiones, de las cuales la de Defensa es la única que durante muchos años tenía una oficina directa de relaciones directa con el Ministerio de la Defensa, en el mismo piso de funcionamiento de la comisión, en el edificio Pajaritos.

Nunca se ha podido corregir este verdadero menosprecio hacia muchos campos y sectores específicos de la vida nacional, sobre todo desde 2016 con la llegada de la mayoría opositora a la Asamblea Nacional, cuando se inició un conflicto con el Tribunal Supremo de Justicia que castró las funciones del Parlamento, mucho más allá de lo que se conoce comúnmente como el desacato de los tres diputados electos del estado Amazonas. En concreto, el TSJ estableció que los informes de impacto económico/financiero que acompañan a las leyes en su primera discusión deben ser elaborados o aprobados por la Vicepresidencia de la República, y con esto le dio un poder de veto a cualquier instrumento legislativo desde el principio.

Igualmente, mucha gente parece haber olvidado que existe un recurso jurídico contra el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que dio al TSJ la facultad de reescribirlo, y que no se ha aplicado por la dinámica política, por lo que es problemático hacer dichas actividades legislativas, como lo presagiaba la pérdida de la ANTV en el mismo año 2015, después de la pérdida de las elecciones parlamentarias. Con esto se dio por primera vez en la historia un ejercicio legislativo nacional que no ha logrado aprobar un presupuesto anual ni ha podido revisar un informe de gestión ni aplicar su derecho al voto de censura, e incluso para los anales históricos, sacar una ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, debido a la actitud del Poder Ejecutivo y a la interpretación de la Ley del Poder Judicial.

Debo finalizar este apartado con el imperioso deber moral de soñar en un futuro con un nuevo reglamento interno que resuelva todas estas contradicciones internas y externas, reformando las comisiones permanentes, reestructurando las unidades especiales de tareas específicas, para exigir resultados acordes con estándares internacionales del primer mundo; resolviendo el siempre asunto político de la inclusión de los diputados suplentes en las responsabilidades determinadas y que se pongan a los mejores profesionales de cada campo para asesorar a los diputados en la búsqueda de un mejor destino para Venezuela y su vida cotidiana.

El Poder Judicial: como testigo político de la lucha interminable de bandos políticos, que tratan sus diferencias en el campo judicial y no en el político, como se ha denunciado muchas veces a escala internacional y muchísimas otras en el país, es importante concretar las críticas, sin caer en personalizaciones ni coyunturas, pero puntualizando lo siguiente:

Se hace indispensable acabar con el interinato en el Poder Judicial, lo que implica que se trabaje desde la base con una carrera judicial que convierta a los jueces en los funcionarios mejor pagados de la Administración Pública y con los mayores beneficios sociales contractuales. El propósito consiste en eliminar la corrupción y crear mecanismos tanto transparentes como públicos de acceso a los cargos en los tribunales de primera instancia en todos los niveles.

Se hace indispensable despartidizar el Poder Judicial y para ello, que se creen mecanismos electorales a fin de que los jueces de segunda instancia sean elegidos por los ciudadanos. Por ende, el requisito indispensable para ser candidato sería el de ejercer como juez fijo de primera instancia, y la elección posterior de los jueces del TSJ pasaría a ser un asunto de la AN, organismo que debe exigir que los candidatos sean funcionarios electos de segunda instancia. Esto, a fin de que se garantice que no se vuelva a producir la conversión “mágica” de diputados y operadores políticos en jueces independientes de un día para otro, con el simple mecanismo burlón de firmar un documento de renuncia a la militancia partidista.

Se hace indispensable la digitalización de todos los tribunales para que sean transparentes y auditables por parte del ciudadano común, y que sea verdaderamente pública, gratuita y accesible a todas las personas.

Se requiere, en mi opinión, traspasar los servicios penitenciarios, registros y notarías al Poder Judicial, aunque amerite una reforma constitucional. Igualmente, considero que el Cicpc y la Medicatura Forense no pueden estar bajo el control del Ejecutivo nacional (Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz), sino que deberían depender del Ministerio Público.

Conclusiones

Los cinco poderes requieren profundos cambios estructurales en materia organizacional, si se desea que funcionen adecuadamente para atender los preceptos constitucionales.

Los cinco poderes requieren un cambio total de su funcionamiento a través de la aplicación masiva de las tecnologías de la información y los estándares de transparencia internacionalmente aceptados.

Es fundamental que se privaticen muchísimas empresas y servicios públicos, así como la transferencia de muchas competencias a estados y municipios, de acuerdo con la Constitución de 1999.

Se requiere una enmienda constitucional que vuelva a repartir las competencias exclusivas de algunos poderes a escalas estatal y local y, si de verdad creen en la democracia participativa y protagónica, adapten los mecanismos legales a los mecanismos políticos creados.

@danielarias2

Publicados originalmente como tres artículos en El Nacional

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/fracaso-evidente-los-poderes-legislativo-judicial-iii_288147

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/transformacion-institucional-muerte-como-estado-fallido_286490

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/revolucion-abortada-del-poder-ciudadano-electoral_287395