Las organizaciones que suscriben consideramos necesario realizar el siguiente pronunciamiento para manifestar nuestra preocupación por las serias debilidades del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela publicado el pasado miércoles 14 de agosto por Naciones Unidas y elaborado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Caracas, bajo el liderazgo del Coordinador Humanitario (CH) en el Equipo Humanitario de País (EHP). De acuerdo con su formulación, este plan se hace dentro de un período de ejecución de 6 meses, de julio a diciembre 2019, con requerimientos financieros de 223 millones de dólares para atender una meta de 2,6 millones de personas con necesidades humanitarias en 10 estados del país priorizados, mediante 98 proyectos presentados por 61 socios.

En primer lugar, el plan se plantea como una continuación de la respuesta de Naciones Unidas iniciada en octubre de 2018 cuando se reaccionó tardíamente a una emergencia humanitaria que ya había sido alertada por organizaciones de sociedad civil y altos voceros de la ONU desde 2015. En esta fase se asignaron fondos de emergencia destinados en su mayoría al alivio de las necesidades de 3,4 millones de refugiados y migrantes que huyeron masivamente del país entre 2017 y 2018 (11% de la población), para 2019 esta cifra alcanza los 4 millones de personas. Varias agencias en Venezuela también ampliaron a partir de esas fechas sus acuerdos de cooperación para un plan de escalamiento con severas restricciones de operación ante la negativa del gobierno a reconocer la emergencia y dar acceso a datos oficiales. De esta fase 2018, el plan destaca como logros algunas dotaciones de las que no se ofrece evidencia para evaluar hasta qué punto pueden ser considerados como logros, ni en qué medida pudieron contribuir a reducir los impactos de la emergencia.

En segundo lugar, el plan parte de una línea base de al menos 7 millones de personas con necesidades humanitarias en el país (25% de la población), cuya estimación se realizó en marzo de 2019. Sin embargo, esta cifra presenta considerables subestimaciones debido a la falta de datos nacionales y a que los indicios de fuentes secundarias y la información de terreno indican profundos impactos a nivel estructural que dejaron a millones de personas privadas de bienes y servicios esenciales en todos los sectores (salud, alimentación, agua, educación, servicios básicos, entre otros), sin contar que la emergencia ha continuado agudizando las necesidades humanitarias y para agosto existe un mayor número de personas afectadas que las estimadas en marzo de 2019. A pesar de que esta línea base es trascendental para la elaboración de un plan, hasta la fecha el documento de evaluación de donde se extrae no se ha hecho público en Venezuela, dejando a la población nuevamente sin acceso a información de la que dependen la protección de sus derechos y el cumplimiento de los objetivos que tienen los principios y normas esenciales humanitarias.

En tercer lugar, en su texto se admite que el plan es limitado por cubrir solamente a 37% de los 7 millones de personas con necesidades humanitarias. Sobre estas limitaciones debemos agregar que: a] no se explica en qué plazo ni cómo se cubrirá a las 4,4 millones de personas postergadas para nuevos planes a partir de 2020, las cuales requieren de una respuesta urgente y eficaz, dado que tener necesidades humanitarias significa estar privadas de uno o más mínimos esenciales que ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad humana; b] el plan fue elaborado dentro de un escaso margen de tiempo para un período de apenas 6 meses y se publicó mes y medio después de haber comenzado este periodo, lo cual limita sus posibilidades reales de ejecución; y c] requiere para su implementación de 223 millones de dólares que, además de ser un monto extremadamente insuficiente para atender las necesidades humanitarias de las 2,6 millones de personas, son recursos que todavía deben obtenerse entre posibles donantes durante el corto período de ejecución, comprometiendo la viabilidad del plan.

En cuarto lugar, el plan contempla que 73% del financiamiento requerido será destinado a proyectos de las agencias de las Naciones Unidas en Venezuela y 27% a organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. De este financiamiento se desconoce cuántos son los recursos disponibles y cuál será el procedimiento para recabar lo que falta, dejando en incertidumbre a la sociedad civil que ha realizado un arduo trabajo para participar en una respuesta humanitaria coordinada a través de la formulación de proyectos.

En vista de estas debilidades, exigimos a las autoridades de las Naciones Unidas:

1. Informar acerca de los resultados de la respuesta humanitaria implementada desde octubre de 2018, más allá de las meras dotaciones, de forma que permita examinar en cuánto ha contribuido esa respuesta a cubrir las necesidades humanitarias existentes, por estados del país, recursos obtenidos y agencias responsables.
2. Publicar el Panorama de Necesidades Humanitarias de Venezuela, elaborado en marzo de 2019, a fin de que la población conozca la dimensión y el alcance necesario de la respuesta a partir de las evaluaciones realizadas en poblaciones y territorios por sectores, así como hacer públicos posteriores análisis de necesidades que impliquen ajustes al Plan de Respuesta Humanitaria para el año 2020.
3. Reconsiderar los procedimientos de planificación incluyendo a la totalidad de las personas con necesidades humanitarias y grupos vulnerables, así como el financiamiento real requerido dentro de un horizonte temporal que permita evaluar las brechas y los avances de la respuesta.
4. Incluir en todos los planes un análisis de las preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en todos los sectores afectados por la emergencia y las restricciones de contexto que impiden cumplir con mandatos de protección y principios humanitarios tradicionales.
5. Comunicar a las organizaciones de la sociedad civil de manera clara y transparente en las respectivas instancias de coordinación las condiciones para obtener los fondos requeridos para los proyectos de los cuales esperan respuesta una gran cantidad de personas en riesgo.

Ver Plan de Respuesta Humanitaria en: https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian- republic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-2019-diciembre

1. A.C. Médicos Unidos de Venezuela
2. A.C. María Estrella de la Mañana
3. Acceso a la Justicia
4. Acción Campesina
5. Acción Ciudadana Contra el SIDA - ACCSI
6. Acción Solidaria
7. ACOANA
8. Aconvida
9. Alianza Venezolana por la Salud
10. Amigos Trasplantados de Venezuela
11. Asociación Civil Impulso Vital Aragua ACIVA
12. Asociación Civil Mujeres en Línea
13. Asociación Civil Movimiento Vinotinto
14. Asociación de Derechos Humanos Amigos de Margarita - ADHAM
15. Asociación Venezolana para la Hemofilia
16. Aula Abierta
17. AVESA. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
18. Caleidoscopio Humano
19. Cátedra de DDHH de UCLA
20. Cátedra de la Paz de la Universidad de los Andes
21. CDH-UCAB
22. CECODAP
23. Cendif-Unimet
24. Centro de Acción y Defensa Por los Derechos Humanos – CADEF
25. Centro de Animación Juvenil
26. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
27. Centro de Formación Para la Democracia - CFD
28. Centro de Justicia y Paz - Cepaz
29. Ciclovías Maracaibo
30. Ciudadanía con Compromiso A.C
31. Civilis Derechos Humanos
32. Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos
33. Creemos Alianza Ciudadana Carabobo
34. Codevida
35. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia - Codhez
36. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía – Codehciu
37. Comisión Nacional de DDHH de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela del estado Lara
38. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de colegios de abogados de Venezuela del estado Táchira
39. Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
40. Comisión de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Mérida
41. Comisión de DDHH de la Federación de colegios de abogados de Venezuela del estado Monagas
42. Comité de derechos humanos de la guajira
43. Comité Popular de DDHH de Coche
44. Comunidad en Movimiento A.C
45. Conciencia Ciudadana A.C
46. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
47. Convite A.C.
48. Defensa en Acción
49. Defiende Venezuela
50. Democracia emprendedora
51. ECCOS de Paz
52. EDEPA A.C.
53. Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
54. Equipo Voluntario de Ayuda Humanitaria EVAH
55. Espacio Humanitario
56. Espacio Público
57. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
58. Federación Colegios de Bioanalistas de Venezuela
59. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -Fenasopadres-
60. Funcamama
61. FUNDACION AGROINLACA
62. fundacion Aguaclara
63. Fundación Ayudate
64. Fundación Emprendedores Solidarios
65. Fundación Incide
66. Fundación La Tortuga
67. Fundación Mavid
68. Fundación Papagayo
69. Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene
70. Fundación prodefensa del derecho a la educación y la niñez
71. Fundación Rehabilitarte
72. Fundación Red Venezolana de Hombres Positivos RVH+
73. Gran Familia de la Salud
74. Gente & Ciudad Corp
75. Gobiernatec
76. Grupo de trabajo sobre Asuntos Indígenas - GTAI
77. Instituto Mead de Venezuela A.C
78. Instituto Venezolano de Estudios Políticos y Sociales-INVESP
79. Justicia y Paz OP VENEZUELA
80. Labo Ciudadano
81. Laboratorio de Paz
82. Madres y Padres por los Niños en Venezuela - Mapani Venezuela
83. Monitor Social A.C. (Nueva Esparta)
84. Movimiento Ciudadano Dale Letra
85. Movimiento SOMOS
86. Mulier
87. MUV Capítulo LARA
88. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
89. Observatorio Global de Comunicación y Democracia - OGCD
90. Observatorio Venezolano de la Salud
91. ONG DEMOCRACIA EMPRENDEDORA
92. Organización StopVIH
93. Padres Organizados de Venezuela
94. Prepara Familia
95. Promoción Educación y Defensa en DDHH - PROMEDEHUM
96. Provea
97. Proyecta
98. Ciudadanía A.C
99. PSICODEHU
100. Red de Activistas Ciudadanos – REDAC Venezuela
101. Red de Activistas Ciudadanos – REDAC Internacional
102. Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes - REDHNNA
103. RVG+ Red Venezolana de Gente Positiva
104. Red Naranja
105. RedOrgBaruta
106. Revista SIC del Centro Gumilla
107. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
108. Sociedad Hominis Iura - SOHI
109. SOS PACIENTES RENALES
110. Superatec AC
111. Transparencia Venezuela
112. Un Mundo Sin Mordaza
113. Una Ventana a la Libertad
114. Unión Afirmativa de Venezuela
115. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
116. Venezolanos en Acción
117. Voto Joven
118. 100% Estrógeno

Con voz propia

Mucho antes que el Presidente de EEUU Donald Trump anunciara: “He determinado que es necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela en vista de la continuada usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro” (5/8/2919), los sectores económicos de acá venían luchando contra el bloqueo que hace 20 años impuso el autoritario régimen castrense y castrista.

Mandamiento para el análisis se convirtió un documento que resume brutales medidas que aplican en nombre del socialismo:

Según estadísticas de Consecomercio en el inicio del narco régimen Venezuela contabiliza 800 mil empresas, pero tras el mando del chavismo madurismo, solo 230 mil siguen en funcionamiento. Ante el alarmante nivel del éxodo empresarial se generó un impacto profundo en el grueso laboral, pues entre 2000 y 2016 se reportaron 1,27 millones de desempleados.

En materia industrial, cuando el autoritario régimen asumió el poder funcionaban 12.700 de ese factor, pero sólo quedan unas 2.500 que según Conindustria operan con menos de 20% de su capacidad y podrían cerrar en unos dos años si no hay cambios políticos y económicos. Además se han perdido 1,5 millones de puestos de trabajo.

“De producir alimentos para todos los venezolanos ahora las tierras solo producen lástima”, aseguró Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, organismo que registra caída de 30% en los rubros agropecuarios. “Tenemos un Estado que pretende ser productor, centralista y monopolio que nos ha llevado a esta crisis por esas desacertadas políticas” –afirma.

“No hay procesos de expropiación, porque los dueños de la empresas no son compensados; lo que hay es una expoliación, comenta a el Presidente de Conindustria, Adan Celis. Recientemente lo sufrió “Cartones de Venezuela”.

Venezuela fue uno de los 20 países más ricos del mundo. La pobreza aumentó a más de 70% para finales del siglo xx.

Como plaga destructora arrasaron con la producción de arroz, caña de azúcar; con la industria automotriz; con las industrias básicas de Guayana.

Por otra parte se reporta la confiscación de más de 5 millones de hectáreas en el campo.

El precepto que observamos sigue con la destrucción, entre importantes de obras como PDVSA, Cantv, Industria Eléctrica, Empresas Básicas de Ciudad Guayana y todo el aparato Productivo Nacional. A la historia pasó el jefe de Estado con su burlón pito del fiscal de tránsito, en la expulsión de 23 mil técnicos petroleros. Inició el deterioro de PDVSA.

Para 1998, se tenía al país con mayores reservas petroleras del mundo que ha visto como 21 multinacionales abandonan sus operaciones desde cuando el usurpador asumió el poder en 2013. Ahora el General Manuel Quevedo, presidente de la empresa, miente al afirmar que “capacidad de producción de crudo ha sido golpeada por las sanciones estadounidenses”.

Se destacaba en el resumen la escasez de Alimentos y Medicinas –que no incluye decreto de EEUU-; continuaba violación de DDHH con miles de presos, torturados, exilados y asesinados. Y Maduro ha ejecutado 474 medidas en contra la propiedad privada

Finaliza resumen con la Diáspora que supera los 5 millones y que Guaidos reconocido por más de 50 países como Presidente encargado, afirma que llegará a 8 millones el próximo año.

Con las medidas de EEUU el ministro de la Defensa y la vicepresidenta fueron a Rusia a recibir orientación y el usurpador que decía que la Oposición recibía órdenes de Trump, ahora confirmó que viene tratando con él. Así pretende salir de su asfixia. Mientras tanto aparece la dupleta Claudio Fermín-Juan Barreto & Oportunistas de Copei y el MAS, sin que falten ingenuos.

Al MARGEN. Controlador controlado, Elvis Amoroso, acusa diputado chavista Germán Ferrer. Hizo negocios en burocracia, como el de vehículos blindados por $ 30 mil, que traspasó a un hijo. Su prole derrocha dinero en EEUU. Celda debe tenerle ministra carcelaria, que lo deplora.

jordanalberto18@yahoo.com

Pocas zonas del mundo se libran de que sus aguas continentales estén en mal estado, indica un informe del Banco Mundial publicado hoy. La prosperidad tampoco ayuda e incluso incrementa la gama de tóxicos que soportan ríos, lagos o aguas subterráneas con microplásticos y restos de productos farmacéuticos, cuyos efectos sobre la salud todavía no se pueden cuantificar debido a la falta de estudios.

En Europa el riesgo es alto, porque, aunque se depuren las aguas residuales (las más visibles), los nitratos procedentes de los fertilizantes usados en la agricultura y de la actividad ganadera, además de la alta salinidad y el poco oxígeno, siguen sin estar controlados. En España, por ejemplo, en torno a 170 de las 700 masas subterráneas de agua existentes están afectados por nitratos, indica en otro estudio el Instituto Geológico Minero de España (IGME).

Los impactos sobre la salud, la agricultura y el medio ambiente de todos estos productos en el mundo “son mayores de lo que se pensaba hasta el momento”. El problema provoca “una crisis invisible que disminuye en un tercio el potencial de crecimiento económico en zonas muy contaminadas”, añaden los autores.

Con frecuencia, más de la mitad del fertilizante nitrogenado se filtra al agua o al aire, concreta el estudio. En el agua puede provocar falta de oxígeno y zonas muertas, que es posible que necesiten “siglos” hasta que se produzca su recuperación. Las complicaciones para la salud se multiplican en lugares que soportan grandes concentraciones. El Banco Mundial ha investigado la relación entre la alta ingestión de nitratos en bebés nacidos en 33 países de África, India y Vietnam. “La exposición temprana —durante los primeros tres años de vida— afecta al crecimiento y al desarrollo cerebral de los niños, lo que repercute en su salud y esperanza de vida”, concreta.

La salinidad, otro de los parámetros analizados, se ceba con el rendimiento agrícola, que baja a medida que esta aumenta en las aguas y los suelos debido a sequías más intensas, marejadas ciclónicas y las extracciones de agua. Como consecuencia, “en el mundo se pierde cada año una cantidad de alimentos suficiente para 170 millones de personas”.

Joan Grimalt, profesor y miembro del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, advierte de la dificultad que entraña realizar semejante informe en el que “muchos datos se extraen de modelos, no con datos concretos”. Considera que hay problemas que son evidentes como los nitratos o la salinidad. “Pero hay que tratarlos por separado, no se pueden mezclar”, advierte. Y abre una puerta a la esperanza: “En Europa existe una estrategia del agua que persigue la recuperación y en algunos lugares se ha conseguido”. El informe ha analizado 3,3 millones de datos de 72 países recogidos en la base GEMstat de Naciones Unidas, información de satélites y modelos matemáticos para las zonas donde faltaban datos.

Los autores insisten en que frente a este desafío es necesaria la implicación seria de los políticos con medidas como un seguimiento "minucioso" de la carga contaminante, infraestructuras de tratamiento de agua y difusión de la información precisa entre los ciudadanos, entre otras.

20 de agosto de 2019

El País

https://elpais.com/sociedad/2019/08/20/actualidad/1566322372_387777.html

La diáspora es la dispersión por el mundo de grupos humanos que se han visto obligados, por distintas causas, a abandonar su lugar de origen. La palabra, como tal, proviene del griego διασπορά (diasporá), que significa “dispersión”.

La diáspora, en este sentido, implica el desplazamiento masivo de grupos de personas de su lugar de origen hacia otros destinos que les ofrezcan las condiciones materiales o institucionales para hacer sus vidas y desarrollarse como individuos.

La diáspora venezolana viene ocasionada por el tridente violencia, escasez y hambre, un común denominador inconfundible en la desesperación colectiva en este tipo de tragedias. La escasez de alimentos y oportunidades, así como el colapso total del sistema sanitario, como luego veremos, aparecen entre las primeras causas del éxodo. El crimen, la violencia, la inseguridad y el miedo subyacen como ejes trasversales de la emigración. El éxodo es imparable y cada vez más notorio: no hay cifras oficiales, aunque muchos organismos y académicos han hecho aproximaciones de la expansión de los venezolanos por el mundo. Según la Asamblea Nacional, en el periodo 2000- 2019, aproximadamente el 10% de la población ha abandonado el país para establecerse en otras tierras.

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) calcula que alrededor de 3.5 millones de venezolanos han salido del país. "Es probable que la cifra sea aún mayor, ya que la mayoría de las fuentes de datos no tienen en cuenta a los venezolanos que cruzan las fronteras de manera informal y se encuentran en situación irregular", advirtió la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se trata de la diáspora sudamericana más notoria del siglo xxi, basada en la crisis que atraviesa el país.

El sector deportivo no es ajeno a este flagelo. Decenas de personas en su rol de atletas, entrenadores y periodistas forman parte hoy en día de la diáspora venezolana y se encuentran participando o prestando sus servicios en otras latitudes.

La periodista Eumar Essá. En uno de sus interesantes artículos publicado en Tal Cual digital el 17 de agosto 2019, señala que “Entrenadores de selecciones nacionales aparecieron en los Juegos Panamericanos de Lima dirigiendo equipos de otros países:

-Jorge Rivero, el gurú de las pesas femeninas en Venezuela, estaba a cargo del “Dream Team” de Ecuador.

- Ruperto Gascón, entrenador de Rubén Limardo, prepara en Polonia al 100% del equipo de espada masculino y 50% del femenino, y ha costeado de su bolsillo hasta los pasajes aéreos para que sus atletas asistan a eventos del ciclo olímpico. En Lima, después de que Limardo expresara su preocupación por la forma en que Venezuela se preparó a los Panamericanos, Mindeporte honró algo más de la mitad de los 87 mil euros que adeudaba a Gascón por boletería, pero ¡¡¡sigue sin pagar sus honorarios desde Río 2016!!!.

-Juan Liendo y César Bru estaban al servicio de la esgrima peruana.

-Al menos cinco entrenadores de voleibol de playa y cuatro de judo estaban con selecciones de otros países.

-Alfredo Borges, el gran impulsador de los clavados en Venezuela, dejó de trabajar en Colombia y ahora apoyaba a los peruanos.

-Rubén Herrada, cuyos pupilos actualizaron todos los récords de pruebas múltiples en Venezuela, vestía el uniforme de Ecuador”.

-Hombres como Francisco Seijas (que hoy está a cargo del tenis de mesa de Chile, y es el hombre de confianza de la Federación Internacional para los cursos avanzados de entrenadores) o Yeivic Jiménez (estadístico del equipo campeón del voleibol femenino, República Dominicana, y miembro de la Comisión de Estadística de la FIVB), por citar dos casos, son producto de un esfuerzo de preparación personal que nuestro país no está en capacidad de suplir en las actuales circunstancias.

A los nombres señalados por la periodista me permito agregarle los siguientes:

-Luis Perdomo entrenador de la selección nacional de Softbol trabaja en Guatemala previa pasantía por Argentina y Puerto Rico

-Luis Pires entrenador de la selección nacional juvenil masculino de Softbol, ahora está en Aruba luego de prestar servicio en Chile.

-Argenis Blanco entrenador de Béisbol y Softbol ahora esta en Italia contribuyendo al desarrollo del Softbol femenino en las categorías menores.

-Ángel Javier Valbuena entrenador de la selección nacional Juvenil Masculina de Softbol ahora está en Argentina

-Juan Carlos Tenorio entrenador de alto rendimiento en la especialidad de Aguas Abiertas está en Chile.

-Nieves Sansonetti entrenadora de Gimnasia Rítmica presta sus servicios en Guatemala.

-Juan Castillo entrenador de la selección nacional femenina de Softbol ahora en Colombia desempeñándose como Coordinador de la Liga Especial Femenina.

-Fernando Peñalver, Cándido Pérez, Andrea Herrera periodistas deportivo hoy en Chile y España.

También, cabe señalar el caso de Diego Vera, Paola Pérez (Natación), Antonio Diaz (Karateka) y Daniel Dhers (Ciclista BMX) atletas que emigraron a otras latitudes en busca de ambientes más competitivos para mantener un alto nivel de entrenamiento a expensas de su propio peculio puesto que no son atendidos por las autoridades deportivas del régimen.

El deporte no escapa a la crisis estructural que hoy vive el país. La corrupción, la no asistencia social integral de los atletas, la discriminación y los salarios de hambre de los entrenadores, el abandono de las instalaciones deportivas, la violación de la autonomía federativa, el derroche de los dineros del Fondo Nacional del Deporte, la suspensión de los Juegos Deportivos Nacionales, la contratación de 10.000 “entrenadores” cubanos, la no asignación de los recursos para los Planes Operativos Anuales del sector federado, la intervencionista Ley del Deporte, la incapacidad de las autoridades deportivas del Ministerio del Deporte, IND y el Comité Olímpico y la ilegitimidad del gobierno son factores que sumados a la inseguridad, la crisis de la salud, la escasez de alimentos, los salarios de hambre y la hiperinflación provocan inexorablemente el éxodo de los venezolanos.

Un cambio de rumbo que logre el fortalecimiento de las instituciones sociales, políticas y económicas es una exigencia democrática en los actuales momentos. Solo con un cambio de gobierno podemos avanzar en la solución de los ingentes problemas que hoy nos afectan.

Hasta ahora poco se ha mencionado sobre las tres empresas más beneficiadas en México por la venta de las despensas al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, a pesar de que estas compañías, a través de las cuales se comercian los alimentos, han estado envueltas en diversos escándalos en el pasado. Se tratan de El Sardinero, Rice&Beans y La Cosmopolitana.

La Cosmopolitana, por ejemplo, fue la responsable de la distribución de comida contaminada con salmonela en el penal de Puente Grande, en Jalisco, que derivó en la intoxicación de 450 reos.

El Sardinero fue sancionada por falsificar la dirección de la empresa en una licitación pública. Y Almacenes Vaca (Rice&Beans) tiene alrededor de 600 contratos por adjudicación directa con el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con facturas en poder de Excélsior, estas empresas constituidas en México se han dedicado a vender las despensas al Gobierno Venezolano en condiciones preferenciales, con pago por adelantado, al contado, en una sola exhibición y en dólares.

Cuando la Procuraduría General de la República (PGR) impuso la sanción de 3 millones de dólares a los involucrados en la red creada para comercializar despensas a sobreprecio y de mala calidad, el pasado 18 de octubre, se limitó a referir a los empresarios colombianos Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, intermediarios entre México y el Gobierno venezolano, y a los representantes de Group Grand Limited (compañía que factura los alimentos al gobierno de Maduro): Santiago Uzcátegui Pinto, Andrés Eduardo León Rodríguez y Emmanuel Rubio González; pero sobre las empresas mexicanas y sus dueños que cobran millones de dólares por la venta de comida a Venezuela, las autoridades callaron.

El esquema al que la PGR calificó como “fraudulento” también involucra a compañías mexicanas. Todavía queda la incógnita de si formarán parte de la sanción.

El negocio de las despensas mexicanas ha sido tan fructífero que, de enero de 2017 a agosto de 2018, sumó más de 850 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Esta cifra de 850 millones de dólares sólo representa lo que los empresarios mexicanos cobraron a las intermediarias por el envío de más de 2.000 millones de kilos de los 11 productos CLAP, porque Group Grand Limited facturó las despensas al Gobierno de Nicolás Maduro hasta 112% más caras del costo pagado en México.

Antes de que empresarios mexicanos y el Gobierno venezolano establecieran una alianza para surtir el programa estrella de las cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) del presidente de Venezuela, el intercambio comercial entre ambas naciones era bastante reducido.

Y luego de esta alianza entre México y Venezuela sucedió un salto abrupto si se toma en cuenta que meses antes de la creación del programa venezolano el intercambio comercial entre ambos países estaba en niveles mínimos y apenas se registraron exportaciones esporádicas de aceite vegetal, harina de maíz y lentejas.

La leche en polvo, por ejemplo, no había sido exportada de México hacia Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro, hasta que se instauraron las cajas CLAP. Y en 2018 fue el producto que más ganancias generó, con 75 millones de dólares por 85 millones de kilos.

Una desconocida empresa de Monterrey llamada Grupo Brandon fue la que monopolizó los envíos de leche en polvo a Venezuela.

Información de la aduana venezolana revela que en los primeros seis meses del año, Grupo Brandon exportó casi 30 mil toneladas, solo por detrás de El Sardinero y de Rice & Beans, la otra gran ganadora en México con el programa gubernamental venezolano.

Las familias beneficiadas en México

Las tres familias mexicanas más beneficiadas por la exportación de los alimentos CLAP a Venezuela son los empresarios Jorge Carlos Fernández Francés, presidente de El Sardinero Es Servicio, SA de CV; el empresario guanajuatense Aristóteles Vaca Pérez, dueño de Rice&Beans y Almacenes Vaca, y los hermanos Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn, dueños del Corporativo Kosmos y sus filiales: La Cosmopolitana, SA de CV, y Productos Serel, SA de CV.

En junio de 2014, la familia Landsmanas Dymensztejn ya había sido multada por las autoridades sanitarias del Gobierno de Jalisco por vender comida con salmonela en el penal de Puente Grande. Las autoridades de Jalisco sancionaron a La Cosmopolitana, SA de CV, con 331.217 pesos al comprobar su responsabilidad en la intoxicación que sufrieron 450 internos.

Es decir, cuatro años antes de que el portal de noticias venezolano Armando.Info y Excélsior publicaran que la leche en polvo Kosland —hecha por una de sus filiales, Productos Serel— contenían bajos niveles nutrimentales y un niño para poder lograr su requerimiento diario de calcio con ese producto debería beber 24,8 vasos, en lugar de 1,8 como lo indica la norma.

Sin embargo, ninguna de estas sanciones por la mala calidad de su comida ni la exhibición en prensa ni las observaciones hechas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han revertido esta situación.

Desde 2011, la CNDH ha recibido quejas de los familiares de los internos del penal del Altiplano “por la alimentación de mala calidad y antihigiénica” que reciben por parte de La Cosmopolitana (en el expediente CNDH/3/2009/4415/Q), pero en la actualidad esta empresa continúa recibiendo contratos millonarios para alimentar a reos en diversos estados del país como: Ciudad de México o Baja California (La Mesa, El Hongo y el centro de rehabilitación de Ensenada).

“Te dan la comida casi echada a perder”, afirmó Roberto Robles a Excélsior, quien estuvo preso en La Mesa. La Cosmopolitana acaba de obtener un contrato de más de 143 millones de pesos (con el proceso de licitación 32065001-003-18) en noviembre de 2017, para ofrecer los servicios de alimentación a los internos de los Centros de Reinserción Social y de Adolescentes del Estado de Baja California.

Pero la mala calidad en la comida que distribuye en los penales sólo es parte de la lista de escándalos de la empresa.

Entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011, se reveló un caso de corrupción en el que el director de Adquisiciones de Bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), César Mora Eguiarte, filtró información a los directivos de La Cosmopolitana y Productos Serel para ganar las licitaciones.

Para poder investigar al funcionario del IMSS, César Mora, la Secretaría de la Función Pública (organismo encargado de vigilar las actividades de los servidores públicos federales y auditar el gasto de recursos federales) abrió el expediente: DE/903/10 y lo separó de su cargo.

El propio secretario de la Función Pública de aquel entonces, Salvador Vega Casillas, declaró que César Mora enviaba el proyecto de licitación a las empresas, mientras “los proveedores a su vez le regresaban un correo, mandándole con colores distintos las cosas que debían de eliminar, las cosas que debían modificar y las que debían quedarse en la convocatoria, de tal manera que los favorecerían”.

De los 4. 623 millones de pesos que La Cosmopolitana ha recibido por contratos públicos, 2. 965 provinieron del IMSS, de acuerdo con Contratobook.

El Sardinero

El Sardinero ha sido una de las empresas más activas en el envío de las despensas mexicanas hacia los puertos de Venezuela.

Según consta en diversas tarjetas de embarque, El Sardinero se encargó de exportar al menos la mitad de las siete millones de despensas que se enviaron del 22 de febrero al 23 de agosto del 2017. Mientras que la factura SD02350, en poder de Excélsior, y emitida el 7 de julio de 2018, muestra que el negocio continúa.

Por el envío de lentejas, aceite vegetal, arroz, harina de maíz, harina de trigo, frijol negro, mayonesa y salsa de tomate, cobró en efectivo y por adelantado 14.318 dólares.

El Sardinero es encargada de conseguir a diversos proveedores en México para abastecer al Gobierno venezolano de los alimentos básicos.

Algunas de las empresas que El Sardinero ha usado para surtir las cajas CLAP, que factura, son: La Costeña, Aurrerá, Maseca, Minsa, La Merced, Abeto, La Ribereña, Clemente Jacques y Arroz Morelos.

El dueño de la compañía El Sardinero, constituida en Querétaro por Jorge Carlos Fernández Francés, tampoco se salva de tener escándalos en el pasado.

Este empresario saltó a los medios de comunicación en 2015 cuando un diario nacional revelara que, para evadir impuestos, había sobrepuesto unas placas de la Ciudad de México a un Ferrari 458 con el que llevaba paseándose por lo menos cuatro años en París, Barcelona y Roma.

La matrícula 415-SYL que usaba su auto deportivo realmente pertenecía a un Golf modelo 2003, según los registros vehiculares del Gobierno de la Ciudad de México y estaba a nombre de El Sardinero.

Mientras que el 22 de diciembre de 2014, la Función Pública sancionó a El Sardinero (oficio: PISI-A-NC-DS-0135/2014) con una prohibición de dos años cinco meses y nueve días para celebrar contratos con dependencias y entidades federales, y con una multa de 672.000 pesos por falsificar la dirección de la empresa en una licitación pública.

Rice&Beans

El guanajuatense Aristóteles Vaca Pérez, apoderado de las empresas Rice&Beans y Almacenes Vaca, es otro de los empresarios clave en la venta de despensas mexicanas al Gobierno de Nicolás Maduro.

Luego de que la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, lanzara la acusación de que Group Grand Limited pertenecía al presidente Nicolás Maduro y se denunciara ante la PGR, la compañía registrada en Ciudad de México y Hong Kong simplemente desapareció del mercado.

El 6 de abril de 2018 los representantes de Group Grand Limited enviaron una carta a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) —ente que centraliza las compras del Gobierno venezolano— pidiendo la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” a la empresa Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi.

Ese contrato implicaba el suministro de 11 millones 500 despensas CLAP para el gobierno venezolano. Así que Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, sociedad constituida en Besiktas, Estambul, en Turquía, terminó por sustituir a Group Grand Limited, aunque detrás de ésta continúan el dúo colombiano: Alex Saab y Álvaro Pulido.

Sin embargo, a Group Grand Limited no sólo la sustituyeron de los contratos con el Gobierno de Nicolás Maduro, también en las facturas emitidas en México.

A partir de ese momento la empresa mexicana Rice&Beans, de Aristóteles Vaca, comenzó a facturar directamente a Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, en lugar de a Group Grand Limited.

En el documento FXG13940, Rice&Beans le facturó —el 17 de julio de 2018— a la empresa turca 220.000 dólares por pasta, aceite, mayonesa, salsa de tomate, frijol, lentejas, arroz, harina de maíz y harina de trigo.

El pago, por supuesto, como se lee en todas las facturas en poder de este diario fue por adelantado, en efectivo, en una sola exhibición y en dólares.

Aristóteles Vaca Pérez se ha dado a conocer en México por ser uno de los empresarios consentidos del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Durante este sexenio priista, a través de la compañía Almacenes Vaca, Aristóteles recibió alrededor de 600 contratos por un monto de 567 millones de pesos, cada uno de estos por adjudicación directa y, a través de Diconsa (red de abasto social más grande en México, encargada de garantizar la distribución de alimentos a población en condiciones de marginación).

Este negocio de las despensas CLAP que representa más de 850 millones de dólares y en las que han intervenido diversas empresas nacionales y extranjeras, realmente es operado por un grupo selecto de empresarios colombianos, venezolanos y mexicanos que son: Álex Saab Morán, Álvaro Pulido Vargas, Santiago Uzcátegui Pinto, Jorge Carlos Fernández Francés, Aristóteles Vaca Pérez y los hermanos Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn.

El castigo, tres millones a la ONU

El pasado 18 de octubre la PGR desmanteló y puso fin a las operaciones del grupo de personas y empresas nacionales y extranjeras que adquirieron productos alimenticios mexicanos y los revendieron 112% por arriba de su costo en Venezuela.

Esta venta de despensas fue revelada por Excélsior el 1 de agosto de 2017, a través de una investigación conjunta con el portal venezolano Armando.info.

Desde entonces, este diario ha documentado la mala calidad de los alimentos que entregaba un programa implementado en 2016 por Nicolás Maduro.

Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), informó que tras ser investigados y descubiertos los implicados llegaron a un acuerdo reparatorio en el que se comprometieron a donar tres millones de dólares a la ONU con el objetivo de ayudar la emergencia alimentaria que enfrenta Venezuela.

Sin embargo, esta cantidad ni siquiera es el 10% de lo que los involucrados ganaron por revender despensas pues, en una factura de la que Excélsior tiene copia, Group Grand Limited cobró casi 42 millones de dólares por seis millones de kilos de leche en polvo.

Casi un año antes, el 1 de agosto de 2017, Excélsior publicó que el Gobierno de Nicolás hace negocio redondo con despensas que compra a México.

En 2016 Maduro echó a andar su programa de despensas llamado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con el fin de frenar la escasez de comida.

Esta investigación es la ganadora del Premio Voces de América Latina convocado por el Tecnológico de Monterrey y FEMSA

Este reportaje fue originalmente publicado en Excélsior el 4 de noviembre de 2018

19 de agosto 2018

El País

https://elpais.com/sociedad/2019/08/19/actualidad/1566167869_721480.html

**Claudia Solera es periodista de Excélsior y se graduó de la primera generación del Diplomado para Periodistas: El periodista de la era digital como agente y líder en la transformación social en 2010.

*** Roberto Deniz y Patricia Marcano son reporteros del portal de investigación venezolano Armando.info.

Un país requiere producir una cantidad adecuada de alimentos y generar divisas para importar bienes y servicios que no se originan localmente. En Venezuela, la marabunta roja redujo drásticamente todos los subsectores de la agricultura y retrocedió la extracción de petróleo a los niveles producidos hace unos 75 años. Se requerirá un acuerdo político de largo plazo para sacar al país de la miseria. Afortunadamente, los demócratas han logrado elaborar un Plan País, el cual contiene los lineamientos básicos que amerita algunos ajustes, pero es un buen inicio una vez que cese la usurpación.

Según Fedeagro, el sector agrícola tiene actividades en 17 estados, mueve el 80 por ciento de las economías regionales y genera el 30 por ciento de empleo. A pesar de su importancia, los gobiernos anteriores, unos más, otros menos, no le prestaron la atención debida y el régimen de Chávez- Maduro lo tienen sumido en un pozo profundo. Lograr su reactivación requerirá una atención especial, además de acuerdos ganar-ganar entre productores y agroindustria.

Según Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, “En el 2018 la producción de la mayoría de los rubros retrocedió a niveles de cuatro a cinco décadas atrás”. Directores de esa organización informan que en el 2018, se sembraron 850.000 hectáreas (ha) de maíz, mientras que hoy la cifra es de apenas 100.000; anteriormente la siembra de arroz era de unos 150. 000 ha, mientras que en este ciclo de invierno solo se sembraron 47.000 ha, la demanda de este cereal es de 1.400.000 toneladas al año, pero el año pasado solo se produjeron 445.000 toneladas y la producción de café tiene 14 años de caída progresiva. Por su parte, los productores de caña, frutales, hortalizas, café, cacao, leguminosas, oleaginosas, raíces y tubérculos, quedaron marginados de crédito e insumos

Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos, asevera que este sector se encuentra en “paro técnico y que la estructura de costos de carne y leche se está volviendo inviable; el consumo actual de carne es de 15 kilogramos por año, cuando antes era de unos 25 kilogramos”.

¿Cuales son los principales problemas comunes? Según Fedeagro: inseguridad personal y jurídica, desabastecimiento de insumos, especialmente fertilizantes, combustible y semillas certificadas, crecimiento exponencial de costos de producción, deterioro de la vialidad agrícola, fallas permanentes de electricidad, restricción crediticia; proliferación de empresas públicas ineficientes, cargadas de burocracia, dependientes del Presupuesto Nacional y actuando desde la provisión de insumos hasta la distribución de alimentos, desmantelamiento de los Centros de Investigación y Universidades.

El Plan País propone un nuevo sistema agroalimentario basado en la propiedad privada y libertades económicas, con la menor intervención del Estado. Una agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral y privilegiar la producción interna. El Estado debe ser el gestor de políticas y condiciones para apuntalar la agricultura, promotor de actividades privadas y contralor de su ejecución. Las políticas públicas serán en base a las cadenas agroalimentarias Producción de rubros con ventajas comparativas y/o competitivas, y producir para la exportación.

De emergencia propone un programa de abastecimiento para garantizar la dieta mínima y, para iniciar el aumento de la producción, apunta que se requerirá provisión de semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, sanidad animal, micronutrientes, tractores y equipos, empaques y materia prima cuando se requiera, repuestos, recuperación del sistema de distribución comercial y de propiedades confiscadas, además de cambios institucionales.

El potencial de producción agrícola vegetal es de nueve millones de hectáreas (ha), de las cuales actualmente se siembran 1,5 millones; en cinco años se aspira llegar a 3,5 millones.

Lograr autoabastecimiento de maíz y leguminosas en seis años, de arroz en cuatro, de hortalizas en cuatro, sorgo y girasol en siete, azúcar en nueve, pesca entre 2 y cinco años.

Estamos convencidos que este Plan es factible. Fue elaborado desde la base de los gremios agrícolas y se afina todos los días. Además, Venezuela cuenta con una nueva generación de líderes del sector que siguen los pasos de los maestros del pasado.

Este Plan requerirá divisas, cuya única fuente es la exportación de petróleo, hoy venida a menos. Curiosamente, todos están de acuerdo que es preferible una exitosa Agroisleña privada a una fracasada Agropatria del Estado, pero muchos se oponen a que el sector privado participe directamente en la producción de petróleo. Para contar con las divisas necesarias la opción es que el Estado invierta menos en la recuperación de la industria petrolera. Un grupo de expertos recomienda, entre otros puntos, que por medio de una Ley Habilitante el presidente(e) Guaidó permita la inversión privada y una revisión del régimen de regalías e impuestos, especialmente en las nuevas inversiones.

Como (había) en botica:

Con la desaparición física de Aníbal Martínez, Venezuela pierde un gran geólogo y excelente ciudadano.

Acertada la designación de Carlos Jordá, como CEO de Citgo.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! .

eddiearamirez@hotmail.com

Aquí está el aspecto clave. Que conduce a lo nuevo que plantea Maduro. Si Guaidó y los negociadores no pueden garantizar el levantamiento de las sanciones pues habrá que negociar de manera directa con los Estados Unidos. Y es en ese sentido por donde encarrila la propuesta madurista del cambio del mecanismo. Incorporar a los Estados Unidos sino a la mesa -lo cual luce imposible e inaceptable tanto para EEUU como para Guaidó-, al menos crear una instancia de observación, acompañamiento o garantía. Ya los noruegos lo hicieron en las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Qué es lo que busca Nicolás Maduro. Fuentes de la Cancillería señalan que al régimen le urge el tema de las sanciones. El levantamiento de las sanciones. Esa es la condición para luego avanzar sobre el punto de honor de Juan Guaidó y de los Estados Unidos: las elecciones libres sin Maduro en el poder.

Lo ocurrido al final de la quinta ronda coloca a Maduro y sus negociadores en la posición de desconfiar de la voluntad y el poder de Guaidó y su equipo de que quieran y puedan levantar las sanciones. Porque lo alcanzado en la ronda iba a consultas, dicen en la Cancillería de Maduro, y lo que vino fue el discurso desde Limadel asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, ratificando la línea de elecciones sin Maduro en el poder, y lo que vino fue la Orden Ejecutiva de Donald Trump cercando más a Maduro, estrechándole el cerco financiero y operativo, y advirtiendo a sus aliados que no deben hacer negocios con Maduro.

Por su parte, Jorge Arreaza enfatiza en “un mecanismo que garantice la paz, la convivencia, la coexistencia entre todos”. Está diciendo que el proceso no está roto, solo detenido. Eso sí, el regreso a Bardados es posible si procede un cambio en las reglas de juego. Y esto es lo que seguro estará en consultas ahora. Tal vez John Bolton esté calibrando si esta es la vía o la fórmula para que Maduro se tome en “serio” la negociación. De todos modos, cualquier medida adicional que adelante Washington, por mucho que el espíritu sea el de presionar a Maduro y ayudar a Guaidó, perturba la negociación. Por ello es que los noruegos siempre han pedido a la comunidad internacional que “se les dé a las partes el espacio necesario para poder avanzar en un ambiente constructivo”. Para Maduro, Bolton y Trump están haciendo lo contrario.

En consecuencia, Maduro ahora plantea el cambio del mecanismo de negociación. Para seguir en la negociación. Y ese fue el planteamiento que se le hizo a los noruegos que visitaron Caracas la semana pasada. Se trataba de fijar una nueva fecha para Barbados, pero la insistencia de Maduro y sus negociadores se enfocó en que primero es el mecanismo.

El régimen no quiere seguir con el mismo esquema. En el comunicado en el que se anunció que no se iba a la sexta ronda había adelantado la necesidad del cambio. Ya no es una aspiración sino una petición hecha por el canciller, Jorge Arreaza, miembro del equipo negociador de Maduro. Que hay que “repensar” el mecanismo, ha dicho. En el primer comunicado se pronunciaba por uno que sea “efectivo y armónico”. Después Arreaza dijo que “aquel mecanismo que tuvimos hasta hace una semana, el resultado fue el bloqueo, el ataque, el seguir apelando a la conspiración, al golpe de Estado”.

Curioso que el régimen pretenda otro mecanismo. Ya había aceptado las reglas de juego establecidas por los mediadores. Sobre algunas de ellas habló en días pasado el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, también miembro del equipo negociador. Héctor Rodríguez apuntó como parte del esquema que la vocería del proceso la llevaba el gobierno de Noruega con el fin de evitar el contrapunteo de declaraciones entre las partes, lo cual genera ruido y competencia en el tono y el contenido. Hasta ahora las partes han respetado las condiciones establecidas por Noruega. Inclusive en lo que atañe a la discreción y la confidencialidad y que las rondas se celebren en el exterior y que se avancen la medida en que se van firmando puntos hasta que se llegue al acuerdo final. Se ha cumplido el mecanismo, y por más que la tensión haya escalado, las partes no han suministrado detalles que pongan en riesgo lo avanzado. Sólo Maduro llegó a revelar (y en la revelación está el ataque) lo siguiente:

- Lo voy a decir. Bajito. Bajito para que nadie se entere. Un chisme. Ellos (la oposición) se comprometieron a ir a Washington para exigir que el gobierno de Trump levantara todas las sanciones contra Venezuela. Se comprometieron en la mesa. Estaban seguro de que lo iban a lograr. Pasó el miércoles, el jueves, y en la tarde del jueves les llegó la noticia de que no eran bienvenidos en Washington. Que no fueran a Washington. Que nadie se entere. Dejen el chisme. No se lo cuenten a nadie. Les dijeron que no se vistan que no van. Los dejaron con los boletos comprados. No fueron a Washington. Los tratan como a esclavos miserables. Y luego la respuesta se las dio el imperialismo el lunes y el martes pasado firmando la Orden Ejecutiva más brutal y criminal que jamás se haya firmado contra Venezuela. Así les responde el imperio a sus esclavos. A los traidores los utiliza y luego les da una patada bien fuerte por donde hay que dársela.

Maduro lo que quiere decir es que la negociación marchaba hasta que se trancó no en el punto de las elecciones sino en el de las sanciones que, para el régimen, es lo primero, y las elecciones lo segundo. De hecho, en su reaparición como vocero opositor, el secretario general de Acción Democrática y expresidente de laAsamblea Nacional, Henry Ramos Allup, soltó, “sin querer”, este dato clave: Que el gobierno se para de la mesa, no va a Barbados, y pone esta condición: “No hay elecciones hasta que no me quiten las sanciones”. Aquí el líder del partido más importante de la oposición venezolana está admitiendo lo mismo que Maduro. Pero Ramos Allup agrega: “Nosotros no las pusimos”, en referencia a las sanciones, y propone a Maduro, “háblate con los americanos. Esos fueron los que te sancionaron”.

En aquellas palabras Maduro está señalando que la oposición no tiene poder para negociar sino puede despejar el camino de las sanciones. Por el contrario, cuando iban a consultas las primeras sanciones, Estados Unidos anunció las más duras, con advertencia, además, hacia las empresas y los gobiernos que todavía hacen negocios con el régimen. La excusa de Bolton es que Maduro no negocia en serio y está ganando tiempo por recomendación del poder -“parásito”- cubano. Y Ramos Allup es directo cuando señala: Habla con los que te sancionaron.

Aquí está el aspecto clave. Que conduce a lo nuevo que plantea Maduro. Si Guaidó y los negociadores no pueden garantizar el levantamiento de las sanciones pues habrá que negociar de manera directa con los Estados Unidos. Y es en ese sentido por donde encarrila la propuesta madurista del cambio del mecanismo. Incorporar a los Estados Unidos sino a la mesa -lo cual luce imposible e inaceptable tanto para Estados Unidos como para Guaidó-, al menos crear una instancia de observación, acompañamiento o garantía. Ya los noruegos lo hicieron en las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. De hecho, Venezuela era uno de los países acompañantes del proceso, y Santos aceptó la propuesta de las FARC con el fin de neutralizar a Maduro y a los herederos de Hugo Chávez, defensores de la guerrilla. Pero Santos compensó la presencia de Maduro con Chile, con el Chile, por cierto, gobernado por Michelle Bachelet. En los diálogos que se adelantaron bajo la batuta del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que se rompieron en enero de 2018, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas, México y República Dominicana fungieron de acompañantes. Hoy Maduro dirá si él, simpatizante de las FARC, que fue acompañante en los diálogos por la paz en Colombia, cómo es que Estados Unidos, aliado principal de Guaidó e involucrado en las decisiones que más impactan al régimen, no pueda tener otro status en la negociación.

Tomando en cuenta el rol en los diálogos FARC-Gobierno de Colombia es que Maduro, cuando increpa a la oposición, dice que él sabe de eso, de diálogo y cómo negociar y cómo ceder. “Sabemos llegar a acuerdos. Sabemos cumplir acuerdos escrupulosamente. Tenemos propuestas sustanciales. En un diálogo hay que ceder siempre. Yo sé de eso bastante”. No hay que olvidar que Cuba también tuvo una participación fundamental en el proceso colombiano. Las rondas se celebraban en La Habana.

Se ha dicho que la excusa del régimen para levantarse fueron las sanciones. Y Maduro y todos los demás voceros han hecho hincapié en ello. Y para que se siga entendiendo que la causa de la ruptura temporal son las sanciones, el régimen lanza la propuesta del nuevo mecanismo. Para la oposición, la ruptura viene más por la propuesta que está sobre la mesa. Lo reveló el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, negociador del equipo de Guaidó. Dijo que hay una propuesta sobre la mesa y que ahora la pelota está del lado de Maduro. Si bien Stalin González no reveló de qué se trata, en cambio Ramos Allup hizo este adelanto: “Al gobierno no le conviene Barbados ni elecciones libres porque si las hacen las pierden…Yo sí creo en elecciones”.

Por su parte, Jorge Arreaza enfatiza en “un mecanismo que garantice la paz, la convivencia, la coexistencia entre todos”. Está diciendo que el proceso no está roto, sólo detenido. Eso sí, el regreso a Bardados es posible si procede un cambio en las reglas de juego. Y esto es lo que seguro estará en consultas ahora. Tal vez John Bolton esté calibrando si esta es la vía o la fórmula para que Maduro se tome en “serio” la negociación. De todos modos, cualquier medida adicional que adelante Washington, por mucho que el espíritu sea el de presionar a Maduro y ayudar a Guaidó, perturba la negociación. Por ello es que los noruegos siempre han pedido a la comunidad internacional que “se les dé a las partes el espacio necesario para poder avanzar en un ambiente constructivo”. Para Maduro, Bolton y Trump están haciendo lo contrario.

Un aspecto positivo es que las partes no han podido romper. Maduro no puede romper. Por los costos políticos. El costo nacional es triple. El primero es que las encuestas revelan que los venezolanos prefieren un acuerdo, y apoyan el diálogo y la negociación. El segundo es que la Fuerza Armada apoya la negociación, y no solo eso, la empuja, pues la Fuerza Armada no quiere que la crisis se prolongue. El tercero es que si Maduro se levanta de manera definitiva de la mesa, le ofrece argumentos a Juan Guaidó para pasar a la ofensiva.

También hay un costo internacional. Ya que hasta los aliados de Maduro se inclinan por una solución política a la crisis. Así lo han dicho Rusia y China. Además, las sanciones ya extienden los coletazos hacia estos y otros aliados de Maduro. Por otro lado, el Grupo de Lima advierte que, si la crisis se extiende, el éxodo subirá de 5 a 8 millones de venezolanos, y ya la primera cifra resulta inmanejable para los países de Sudamérica, los más afectados.

Una fuente opositora señala que la iniciativa noruega entrará en una especie de limbo, por ahora. La puerta no se ve a cerrar. Pero no habrá resultados en el corto plazo. A Maduro le conviene seguir pues el peso de la crisis se le hace más difícil de llevar.

Lunes, 19 de agostp de 2019

Alnavio

https://alnavio.com/noticia/19401/actualidad/por-que-maduro-plantea-a-no...