A casi dos semanas de la toma de posesión del presidente Donald Trump en los Estados Unidos el pasado 20 de enero, la incertidumbre se mantiene sobre la postura sobre Venezuela que tomará la nueva administración estadounidense. 

Mientras, por un lado, revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los migrantes venezolanos, por otro, algunos representantes de su gobierno han manifestado públicamente su respaldo a la oposición venezolana y el intento por favorecer una transición democrática en el país.

Entre ellos está Marco Rubio, antiguo senador por el estado de Florida y ahora Secretario de Estado de los EE UU. A comienzos de enero, durante una audiencia en el Senado, afirmó que Venezuela “está gobernada por una organización de narcotráfico” que se hizo con el poder del Estado.

Sin embargo, a juicio de analistas consultados por El Nacional, la posición estadounidense frente al gobierno de Nicolás Maduro sigue sin estar clara a pesar del reconocimiento hecho por sus representantes a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

Una de esas dudas, por ejemplo, la genera que las licencias que permiten a compañías petroleras como Chevron operar en Venezuela continúen activas, permitiendo al Estado venezolano recibir nuevos ingresos. Éstas habían sido implementadas por la Administración de Joe Biden a cambio de que el gobierno de Maduro permitiera mejores condiciones a la oposición frente a las elecciones presidenciales del 28 de julio y, por ende, reconociera los resultados que mostraron a González Urrutia como ganador. Pero eso no ocurrió.

A ello se suma la visita que Richard Grenell, enviado especial de la administración Trump para Venezuela, realizó a Caracas este viernes, 31 de enero. Fue recibido por Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en un encuentro donde se discutió sobre la migración venezolana, la liberación de estadounidenses presos y las sanciones internacionales, según comunicaron voceros de ambos gobiernos.

Sobre la reunión, Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, afirmó en una conferencia telefónica con periodistas que Grenell no fue a Venezuela para negociar con Maduro, sino a entregar dos mensajes: primero, que deben recibir a todos los “criminales pandilleros venezolanos” deportados desde Estados Unidos; y segundo, la liberación inmediata de todos los ciudadanos estadounidenses presos en las cárceles venezolanas.

Al final del día, Grenell informó sobre el cumplimiento de una de esas misiones. Publicó en sus redes sociales haber conseguido la liberación de seis estadounidenses presos en su viaje de regreso a EE UU.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens. They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025

Seguidamente, al ser preguntado por periodistas, el presidente Trump afirmó que se mantiene apoyando a los venezolanos en su intención de lograr la libertad y la democracia.

En medio de esta situación, González Urrutia pidió al presidente Trump “no negociar” temas migratorios con Nicolás Maduro, puesto que le permitiría “utilizar a los venezolanos retornados en su beneficio político”, declaró a The Washington Post.

¿Qué esperar del gobierno de Trump frente a Venezuela?

Lo primero es entender las prioridades que el presidente Trump ha anunciado que atenderá, explicó Antonio De La Cruz, analista político, a El Nacional. Entre ellos destacan la seguridad nacional (de EE UU), la crisis migratoria y el fortalecimiento de la economía.

“Abarca el factor de fuerza y el poderío de Estados Unidos, que constituye la parte de la frontera sur del país”, sostiene el también presidente de la organización Inter American Trends. Sólo en el año fiscal 2024 (de octubre de 2023 a septiembre de 2024), 2.13 millones de migrantes fueron detenidos por funcionarios policiales tras cruzar la frontera entre EE UU y México, de acuerdo con los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

A juicio de la administración Trump, la llegada de millones de personas por esa vía ha favorecido que muchos criminales, infiltrándose entre los migrantes, también hayan ingresado al país. Es por esa razón que el gobierno estadounidense ha declarado al Tren de Aragua como una “organización terrorista” y ahora busca deportar a sus presuntos integrantes, según la narrativa que han manifestado diversos funcionarios norteamericanos.

En ese sentido, este escenario ha llevado al presidente Trump a tener que buscar maneras de resolver la situación que él mismo ha denunciado, según De La Cruz. Y en este caso, al ser los venezolanos una de las nacionalidades de migrantes que más se ha ampliado en el país en los últimos años, se han visto perjudicados.

“Bajo ese concepto, se puede entender que revisará (el presidente Trump) los casos de las personas que ingresaron al país y se beneficiaron del TPS con el gobierno anterior (el de Biden). Por esa razón se puede decir que se tomó la decisión de suspender la extensión de los TPS, que había extendido la Administración Biden el pasado 10 de enero sobre la comunidad venezolana”, sostiene el analista.

Licencias petroleras

Durante el gobierno de Biden, cuando se otorgaron licencias que permitieron a las petroleras Chevron, Eni, Maurel & Prom y Repsol restablecer actividades comerciales en Venezuela, las autoridades estadounidenses argumentaron que los permisos permitirían aumentar la transparencia en el sector petrolero venezolano, contribuirían a la seguridad energética global y reduciría la migración de venezolanos.

Pero la realidad resultó distinta, según Ryan Berg, director del Programa de las Américas y responsable de la Iniciativa sobre el Futuro de Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

Si bien el gobierno de Biden insistió que la presencia de empresas petroleras occidentales devolverían cierto nivel de transparencia a la industria venezolana (con exportaciones a través de canales regulares y no el mercado negro, por ejemplo), Berg argumenta que las licencias petroleras no han aportado los datos esperados sobre dónde y cómo gasta el Gobierno venezolano el dinero del petróleo.

“Estas empresas firmaron contratos regidos por la llamada Ley Antibloqueo de 2020, que abarca las actividades de producción y comercialización, suprime los controles y equilibrios, e impone condiciones confidenciales. Por lo tanto, los nuevos contratos petroleros, incluidos los acuerdos para distribuir las rentas petroleras entre los inversores privados y Pdvsa, son confidenciales. Las licencias no han restablecido la transparencia en la industria petrolera venezolana debido a la Ley Antibloqueo”, expuso Berg en un artículo publicado el pasado 23 de enero.

Desde entonces, de hecho, pocas cosas han cambiado. No sólo que ni el gobierno ni ninguna de las empresas que operan en Venezuela han publicado los términos de los acuerdos que les permiten operar, sino que también se han mantenido las actividades petroleras opacas con alianzas con China, Rusia y empresas pantalla, advierte el analista.

De hecho, a pesar de que la Licencia General 41 prohíbe el pago de impuestos al gobierno de Maduro por parte de Chevron, Maurel & Prom, Eni y Repsol,  la agencia de noticias Bloomberg informó recientemente de que Chevron había declarado millones de dólares en impuestos en Venezuela.

Presión de distintos bandos

Dentro de la Administración Trump convergen diversos bandos, según De La Cruz. 

El primero de ellos está conformado por los funcionarios que enfocan sus acciones en resolver la crisis migratoria que, dicen, afronta el país. Entre ellos también se encuentran algunos representantes del grupo petrolero que intenta que se mantengan las licencias en Venezuela, como el empresario Harry Sargeant, que actualmente goza de una licencia que le permite comercializar asfalto venezolano.

“Ellos le dicen (al presidente Trump) que Venezuela es un problema de los venezolanos que ellos deben buscar cómo resolver. Además, que la mejor respuesta es enviarle de regreso a los migrantes irregulares y mantener negocios con el país, puesto que consideran que es un excelente negocio en términos de utilidades y descuentos. La prueba de ello es que hasta ahora no ha salido la revocación de la licencia petrolera a Chevron”, dice De La Cruz.

El otro grupo, encabezado por Marco Rubio (y respaldado por otros funcionarios como Mike Waltz, Mauricio Claver-Carone y congresistas de la Florida), tienen otras ideas. Abogan directamente por tomar acciones que depongan al gobierno de Nicolás Maduro, a quien responsabilizan de ser causante de la migración venezolana y el desplazamiento de grupos criminales por toda la región.

Y es este último grupo el que, a juicio del experto, enfrenta la mayor presión. “Si ellos no levantan la voz y convencen a Trump de que la mejor decisión para buscar una solución en el caso de los migrantes venezolanos es salir de Maduro, pues la situación es cuesta arriba”, agrega el experto.

“Trump es un hombre de negocios y, por lo tanto, cuando toma decisiones, se centra en el rendimiento sobre el esfuerzo. Es decir, los beneficios”, concluye De La Cruz.

https://www.elnacional.com/venezuela/que-esperar-de-la-postura-del-gobierno-de-trump-frente-a-venezuela/