El canciller Yván Gil insistió en que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos «se ha desviado de su mandato». Afirmó que el trabajo que debería hacer esta instancia independiente de la ONU es «combatir los efectos» de las sanciones y denunciar las conspiraciones contra las autoridades venezolanas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó este jueves 15 sobre la decisión de la administración de Nicolás Maduro de expulsar del país a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), por su supuestos «ataques exacerbados» contra Venezuela.

El Gobierno venezolano da 72 horas a los 13 funcionarios de la Oacnudh para que se retiren del país. El canciller anunció además que se suspenden las actividades de esta Oficina y se revisarán los acuerdos firmados con ella en los próximos 30 días.

«Buscan crear una especie de tutela a nuestros poderes públicos (…) Esto en ningún Estado es tolerable. Esta oficina sigue un mandato de los Estados que forman parte de Naciones Unidas. Mal bien puede la Oficina osar responder por las informaciones (…) máxime cuando no ha ocurrido ninguna violación a los derechos humanos», aseguró el canciller en unas declaraciones desde la sede de la Cancillería.

Calificó la decisión como «administrativa» e insistió en que la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela «se ha desviado de su mandato». Afirmó que el trabajo que debería hacer esta instancia independiente de la ONU es «combatir los efectos» de las sanciones y denunciar las conspiraciones contra las autoridades venezolanas.

La Oficina de Cooperación Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instalada –a través de la firma de un memorando de cooperación– en el año 2019, tras una visita de la entonces comisionada Michelle Bachelet, con el objetivo de revisar en el terreno las denuncias sobre violaciones a DDHH, así como brindar asistencia técnica al Estado para mejorar la situación en este sentido.

La cooperación entre esta instancia de la ONU y el gobierno venezolano se reafirmó el año pasado, tras la visita del Alto Comisionado Volker Türk, que denunció entonces la ocurrencia de nuevas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad, así como la necesidad de que se liberen a todos los presos políticos y se realicen investigaciones reales sobre torturas.

Tras la detención de la activista y abogada Rocío San Miguel, la Oacnudh indicó que podría tratarse de una desaparición forzada. Sin embargo, la mañana de este jueves se tomó nota de su lugar de detención y se solicitó que se respeten «las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa» de la presidenta de Control Ciudadano.

El canciller Gil también acusó a la Oacnudh de «mantener una postura claramente sesgada» desde la firma del memorando, de «convertirse en el bufete particular de grupos golpistas» y «falsear hechos y precalificar situaciones» sobre el país. También los señaló de incumplir con el mandato de la Carta de Naciones Unidas.

«No pueden ampararse en opiniones personales y subjetivas sobre cualquier hecho que pongan en tela de juicio el correcto accionar de nuestras instituciones (…) Nos preguntamos si este afán de la Oficina técnica también es aplicado para defender los derechos del pueblo venezolano que son violados a través de las medidas coercitivas unilaterales, de conspiraciones», señaló.

Además, el canciller venezolano hizo un llamado «a retomar el respeto por la legalidad internacional», y dijo que existe «voluntad» de la administración Maduro «de seguir cooperando con los mecanismos de protección de derechos humanos, siempre con respeto genuino».

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