La ROAE, organización que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos políticos de los venezolanos, desea hacer del conocimiento público su opinión sobre la situación por la que atraviesa el país y las oportunidades que se abren a la restitución de la democracia.

A partir de los acontecimientos del pasado 3 de enero, reina la expectativa de que hemos entrado en un proceso que tiende al restablecimiento de la convivencia y la paz entre los venezolanos, poniendo fin a la exacerbada confrontación política que durante un largo período hemos sufrido.

Entre los actos de mayor significación, recibidos por la población con manifiesta satisfacción, figuran la liberación de un número apreciable de presos políticos y la introducción de una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, aprobada recientemente. Existe, sin embargo, una creciente preocupación por no haberse logrado la excarcelación total de los presos políticos, con goce de plena libertad, condición necesaria para el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y civiles.

En particular, inquieta el mantenimiento en prisión de un considerable número demiembros de la fuerza armada, que se intenta justificar, según declaraciones de altos funcionarios militares, con el carácter especial de la justicia militar.

La iniciativa de la presidente encargada de designar una comisión cuyo fin sería la promoción de la convivencia y la paz, ha abierto también esperanzas, aun cuando sus objetivos y alcances no están hasta ahora claramente definidos. Cabe señalar, no obstante, que a dicha comisión no fueron incorporados suficientes representantes reconocidos de los sectores no oficialistas, como sería deseable, dado su propósito.

Si el curso de las medidas en pro de la convivencia se mantiene, es de esperar que, en un futuro próximo, el país converja en elecciones para la escogencia de las legítimas autoridades que han de gobernarnos. En ese caso, se debe crear, a la brevedad posible, el marco necesario para que el libre ejercicio de los derechos políticos sea real para todos los ciudadanos. Es necesario, por lo tanto, atender lo concerniente a la seguridad de las personas y el respeto de sus derechos, tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por las instancias judiciales que puedan intervenir en relación con el ejercicio de acciones de carácter político, talescomo actos de promoción electoral, cumplir funciones electorales o participar en una votación nacional.

En este sentido, exigimos que se den plenas garantías también a los observadores, veedores y acompañantes electorales nacionales e internacionales cuando las elecciones se materialicen, de manera que dichos eventos cuenten con las mayores garantías de transparencia y verificación ciudadana.

Otro elemento fundamental es el cese de la judicialización de partidos políticos y la restitución de sus legítimas autoridades, permitiendo su autonomía y el ejercicio del derecho a la libre asociación.

Así mismo, es imprescindible restablecer la libertad de expresión plena, poniendo fin a la censura que sufren tanto los medios de comunicación social, como la libertad de opinión de la ciudadanía en general. Sin libertad de expresión no es posible que los ciudadanos se informen debidamente de las propuestas de los candidatos participantes en una elección o de las objeciones o críticas que se leshagan, con lo cual se vulneran sus derechos de electores.

El pleno ejercicio de los derechos políticos requiere, también, contar con autoridades electorales que gocen de la aceptación y reconocimiento de todos los actores (electores y candidatos) de los procesos electorales. No siendo este el caso de las actuales autoridades, habría que proceder, lo antes posible, a su sustitución. Solo así podría ofrecerse a los ciudadanos la posibilidad de elegir autoridades legítimas, mediante procesos electorales justos, aceptados por todos.

La ROAE, en su condición de organización de la sociedad civil que aboga por el respeto de los derechos políticos de los venezolanos, hace un llamado a las autoridades en ejercicio del país, a prestar atención a los señalamientos arriba formulados, que buscan contribuir con el establecimiento de una ruta pacífica a la reinstauración de un sistema democrático en Venezuela.

En Caracas a los veinte días del mes de febrero de 2026