La reciente aprobación de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social en Venezuela ha generado un debate candente en el ámbito empresarial del país.

Esta legislación, según los defensores del chavismo, tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de los trabajadores jubilados en un escenario de crisis económica y devaluación constante de la moneda nacional. Sin embargo, ¿cuál será su verdadero impacto en las empresas venezolanas, especialmente en términos de estructura de costos?

Para arrojar luz sobre este tema, nuestro equipo de Corresponsalía en La Guaira conversó con los representantes de la Cámara de Comercio de La Guaira y de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros del estado Vargas, quienes compartieron su perspectiva sobre los desafíos y las implicaciones de esta nueva legislación.

Incremento en los costos laborales

Cipriana Ramos, primera vicepresidenta de la Cámara de Comercio de La Guaira, señaló que la implementación de esta ley conllevará un inevitable aumento en la estructura de costos de las empresas, lo que repercutirá en el precio final de los productos o servicios ofrecidos. Este incremento, derivado del impuesto y su recaudación, plantea preocupaciones sobre la viabilidad económica de las empresas, especialmente en un contexto de crisis prolongada.

Una de las críticas principales hacia la ley es la falta de claridad en las medidas específicas para garantizar la protección de las pensiones de los trabajadores. Según Ramos, la ley no define claramente cómo será la distribución de los fondos recaudados ni cómo se administrarán, lo que genera incertidumbre sobre su eficacia y transparencia.

Desafíos

La implementación de la Ley de Protección de las Pensiones presenta desafíos adicionales para las empresas venezolanas, incluida la necesidad de aumentar la producción para hacer frente a los nuevos impuestos, según expresó Ramos. Esto podría afectar la competitividad de las empresas tanto en el mercado nacional como en el internacional, donde los precios de exportación podrían verse afectados negativamente.

A juicio de la primera vicepresidenta de la Cámara de Comercio de La Guaira, una crítica importante es la falta de participación del sector empresarial en la discusión y elaboración de esta ley. Según Ramos, el sector tuvo un papel prácticamente nulo en este proceso, lo que plantea interrogantes sobre la representatividad y pertinencia de la normativa.

Ante las incertidumbres y los desafíos planteados por la nueva ley, es fundamental realizar proyecciones sobre su impacto económico global en el país. Sin embargo, la vicepresidenta destaca que cualquier evaluación está sujeta a especulación hasta que se definan aspectos clave como el porcentaje del impuesto. Además, señala la necesidad de revisar la Ley del Trabajo y los fondos de pensiones como medidas complementarias para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Por su parte, el presidente del mismo organismo, Eduardo Quintana, manifestó que esta Ley de Pensiones incidirá directamente en la nómina de las empresas, lo que dificultará la contratación de nuevos trabajadores y generará resultados negativos para la economía en general.

Quintana destacó que la implementación de esta ley podría generar cambios significativos en la estructura de costos a corto plazo, debido a un nuevo impuesto del 15 % sobre el salario integral que se suma a otros gravámenes existentes como el Seguro Social Obligatorio, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, entre otros.

Competitividad empresarial

En cuanto a la competitividad empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio señala que si las empresas privadas continúan siendo afectadas por múltiples impuestos y competencia desleal, la Ley de Pensiones podría debilitar aún más su posición en el mercado nacional e internacional.

Quintana mencionó que se han realizado proyecciones sobre el impacto económico global de la implementación de esta ley, anticipando una desaceleración en el desempeño productivo, reducción de la nómina, aumento del buhonerismo y cierre de negocios.

Ante este escenario, Quintana sugirió establecer una alícuota con porcentajes permisibles, como el 6 %, propuesta por los entes gremiales, para garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones a largo plazo.

En cuanto a los posibles efectos positivos en la estabilidad laboral y social del país a largo plazo, Quintana expresa dudas, basadas en experiencias previas con leyes similares.

Ambigüedad

Nuestro equipo también conversó con el abogado Rusvel Gutiérrez, quien funge como presidente de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros del estado Vargas (Caduainco), quien ofreció su perspectiva sobre los posibles efectos de esta nueva normativa en el tejido empresarial del país.

En relación con los costos laborales, Gutiérrez señala que la ley debe ser reglamentada y regularizada por el Ejecutivo, lo que implica una discrecionalidad por parte del organismo encargado de administrar los recursos. Esta ambigüedad podría representar un desafío para las empresas, ya que tendrían que adaptarse a las posibles fluctuaciones en los costos laborales impuestas por la normativa.

Según Gutiérrez, este instrumento legal busca normalizar la situación de los pensionados frente a la pérdida de valor de la moneda nacional y garantizar un salario justo para los trabajadores. Sin embargo, no ofrece detalles específicos sobre las medidas concretas que la ley implementará para lograr este objetivo.

Gutiérrez destaca que la Ley de Pensiones se suma a la cadena de tributos que el Gobierno recibe, lo que representa una carga adicional para los empresarios y podría afectar hasta un 68 % de las ganancias reportadas por estos.

Sostenibilidad financiera

El presidente de Caduainco sugiere que la administración de las pensiones no debería estar en manos del sector público para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Gutiérrez resaltó que el sector privado no participó en la discusión y elaboración de la ley, lo que refleja una falta de consulta con los actores afectados por la normativa y detalló que el sector que representa tiene reservas sobre su ejecución.

“Esperamos que se traduzca en beneficios para el sector laboral venezolano”, dijo. Al mismo tiempo afirmó que Ley de Pensiones y otras regulaciones gubernamentales representan un obstáculo para el desarrollo positivo del sector privado y, por ende, para la estabilidad laboral y social a largo plazo en el país.

La implementación de la Ley de Pensiones en Venezuela plantea grandes desafíos para las empresas, las cuales deberán adaptar su estructura de costos a este nuevo tributo. Desempleo, cierre de negocios e incremento en los precios de productos y servicios, son algunas de las previsibles consecuencias de esta medida efectista del régimen que, una vez más, toma decisiones sin consultar con los gremios empresariales y laborales.