La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU afirmó este jueves 11 de diciembre que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han cometido violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante más de una década. Las conclusiones forman parte de su informe más reciente, elaborado por los expertos Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Patrícia Tappatá Valdez.
Según el documento, la GNB perpetró ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual y de género, tanto en operativos de control de protestas como en acciones de persecución política. La Misión sostiene que la persistencia de estos abusos ha sido facilitada por un entorno estructural de impunidad.
El informe señala que la doctrina venezolana de “seguridad nacional” ha permitido la militarización de la seguridad ciudadana, ampliando el rol de la GNB en tareas de control social. Durante los picos de protesta de 2014, 2017, 2019 y 2024, el organismo registró uso excesivo de la fuerza, disparos directos hacia zonas vitales y la modificación de proyectiles para causar más daño. También se documentaron detenciones masivas, agresiones durante los arrestos, siembra de evidencia y torturas dentro de instalaciones de la GNB usadas como centros de detención transitoria.
La Misión destacó que la GNB fue un actor clave en el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos y recordó su participación en la “Operación Tun Tun” tras las elecciones de 2024, dirigida a detener y criminalizar a opositores mediante acusaciones sin fundamento.
El informe identifica, además, fallas graves en el sistema judicial venezolano: investigaciones paralizadas, manipulación de evidencia, ausencia de sanciones a mandos altos y obstrucciones por parte de la propia GNB. Esto, según la ONU, demuestra incapacidad o falta de voluntad estatal para procesar a los responsables.
La Misión concluye que hay motivos razonables para considerar penalmente responsables tanto a funcionarios de la GNB como a altos mandos militares y políticos bajo el Estatuto de Roma. El organismo pidió una respuesta firme de los mecanismos nacionales e internacionales para garantizar justicia y rendición de cuentas frente a estos abusos.
Lea el informe de la ONU aquí.