Delcy Rodríguez, presentó este lunes 11 de mayo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) los argumentos que sustentan los derechos históricos del país sobre la Guayana Esequiba. La funcionaria destacó que Venezuela posee la titularidad legítima sobre el territorio y ratificó que la nación está preparada para avanzar en una solución práctica a través del diálogo bilateral.

Durante su intervención en La Haya, Rodríguez sostuvo que la vía judicial no brindará una resolución definitiva aceptable para ambas partes, argumentando que solo el Acuerdo de Ginebra de 1966 ofrece el marco para un arreglo mutuamente satisfactorio. La vocera oficial señaló que Guyana abandonó la buena fe en las negociaciones tras el hallazgo de yacimientos petroleros de magnitud mundial, lo que —a su juicio— motivó el cambio de postura del país vecino.

De acuerdo con la versión oficial, ninguna sentencia emitida por el tribunal de Naciones Unidas logrará resolver la controversia de forma efectiva. Rodríguez insistió en que un fallo de la Corte podría alejar a las partes de un arreglo práctico y llevarlas a «atrincherarse» en sus posiciones actuales. Por ello, instó a retomar los mecanismos de negociación directa para transformar la disputa en una oportunidad de cooperación y desarrollo conjunto.

«Venezuela está lista y preparada para alcanzar el noble y pacífico propósito del Acuerdo de Ginebra para alcanzar por todos los medios una solución práctica, satisfactoria y mutuamente aceptable», puntualizó la funcionaria durante su comparecencia.

La delegación venezolana calificó el proceso ante la CIJ como un «absurdo antijurídico», manteniendo la postura de que el Laudo Arbitral de 1899 es nulo debido a las irregularidades que rodearon su firma.

La controversia abarca una extensión de 160.000 kilómetros cuadrados, territorio que Caracas reclama como propio basándose en documentos históricos de la época colonial. El litigio se intensificó en 2018 cuando Georgetown presentó la demanda ante la CIJ para validar la frontera establecida hace más de un siglo. Pese a que Venezuela no reconoció inicialmente la jurisdicción del tribunal, ha acudido a las audiencias para defender lo que considera sus derechos irrenunciables sobre el área.

La versión del Ejecutivo concluye que la resolución del conflicto debe honrar la historia de convivencia de la región. En este sentido, la representación de Caracas abogó por buscar «fórmulas creativas» que permitan el bienestar de ambos pueblos en un entorno libre de las herencias del colonialismo británico.

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