La gravedad de la situación venezolana, que se incrementa progresivamente, con profundas consecuencias sociales, económicas y políticas, incluso para los países de la región, sigue representando un reto para la institucionalidad internacional, para sus normativas, particularmente en lo relativo a derechos humanos y defensa de la democracia; para el sistema multilateral y para las tendencias que promueven la democratización y humanización de la dinámica global. Lo novedoso de la situación nos está permitiendo observar debilidades y limitaciones, pero también ideas e iniciativas que pueden contribuir a perfeccionar el ordenamiento vigente.

Uno de los primeros retos tiene que ver con la institucionalidad hemisférica, en particular la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Cartas Democráticas vigentes tanto en la OEA, como en el Mercosur. En el caso de la OEA, si bien contamos con la valentía del Secretario General el Sr. Luis Almagro, que pese a los obstáculos, decidió utilizar las prerrogativas que le ofrece la Carta en su Artículo 20 y activar su aplicación; luego, nos encontramos con los rigores de la realidad. Por una parte, un sistema de votación que confiere un peso determinante a los gobiernos de las islas del Caribe anglosajón que, actuando en grupo, se constituye en la práctica en un veto.

La actuación en bloque del Caribe en la OEA tiene historia y el gobierno bolivariano la ha sabido capitalizar con una política asistencialista efectiva, que tiene como programa estrella a Petrocaribe. Frente a la poderosa chequera petrolera bolivariana, no siempre transparentes, no resulta fácil para la oposición democrática venezolana lograr apoyos; empero, debemos reconocer que con el tiempo la unidad caribeña se ha debilitado.

Otra limitación que se ha apreciado en la aplicación de las Cartas Democráticas en el hemisferio, es la nula participación de los afectados por la violación de los derechos humanos, quienes deberían tener espacios definidos y protegidos para la denuncia y su defensa. En el caso venezolano, el Secretario Almagro ha promovido la formación de paneles que recibieron a los denunciantes, empero, son un mecanismo sin efectividad jurídica, que debería ser incorporado en los cambios futuros a promover.

En el caso del Mercosur, los gobiernos no han logrado la disposición para profundizar en la diversidad de sanciones previstas en el segundo Protocolo de Ushuaia, seguramente por las contradicciones que sobre el tema venezolano caracterizan al gobierno uruguayo. Ahora bien, ante la agudización de la situación venezolana, seguramente los países del Grupo de Lima se puedan ver obligados a recurrir a mecanismos de sanción como los previstos en la Carta Democrática del Mercosur.

Otro de los retos que plantea el caso venezolano lo representa la Corte Penal Internacional (CPI). La presentación de varias demandas, fundamentalmente por delitos de lesa humanidad, contra el gobierno bolivariano, que no se procesan está desvelando las debilidades y contradicciones de la Corte, incluso, algunos manejos oscuros.

En este contexto, uno de los problemas son las complicaciones burocráticas, el poder del Fiscal de la Corte y de la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar cualquier investigación. Se sabe que fueron varias las demandas que desestimó el exfiscal Luis Moreno Ocampo, sobre quien circula información de manejos oscuros de recursos y, actualmente, la Fiscal Sra. Fatou Bensouda, parece que ha engavetado otras.

Adicionalmente, crecen los rumores sobre presuntas contribuciones financieras especiales, de gobiernos denunciados, al presupuesto de la Corte. También se aprecia la nula capacidad de acción de los afectados ante la institución, para presentar sus denuncias y defensa.

Otro reto latente tiene que ver con la aspiración del gobierno bolivariano de lograr una mayor internacionalización geopolítica del problema, buscando un apoyo más contundente de China y Rusia, incluso la utilización de sus vetos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Pero también encontramos hechos estimulantes como la creación del Grupo de Lima y la extraordinaria labor de coordinación de la comunidad internacional ante la crisis venezolana, como se puede apreciar, entre otros, por las sanciones adoptadas por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En este momento, luego que el gobierno bolivariano está “pateando” la mesa de negociación en República Dominicana, todo parece indicar que las sanciones se incrementaran.

La decidida y coherente actuación de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en Venezuela, representa una oportunidad para avanzar, con iniciativas organizadas desde la sociedad civil, en una mayor democratización y humanización de las relaciones internacionales.

felixarellano50@gmail.com

Entre las diversas lecciones que podemos ir extrayendo de la evolución del caso Venezuela, una importante y en pleno desarrollo tiene que ver con la identificación de fortalezas y debilidades de las organizaciones internacionales, particularmente en lo relativo a la defensa de los derechos humanos y la democracia. En este contexto, la Organización de Estados Americanos (OEA) juega un papel privilegiado, pues estos temas representan parte fundamental de su agenda, por ello conviene evaluar brevemente su actuación y perspectivas frente al caso Venezuela que, como podemos observar, se agudiza progresivamente.

Un hecho evidente y paradójico tiene que ver con el fortalecimiento de la OEA. Conviene recordar que el discurso radical del proceso bolivariano, apoyado por los miembros de la ALBA, destacaba el rechazo y eventual eliminación de la organización. En esa línea, el proceso avanzó más que sus aliados al denunciar el Tratado de San José, que crea el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos, limitando las oportunidades jurídicas de los venezolanos.

Luego, en la medida que la crisis venezolana se incrementaba por la violación de los derechos humanos y el deterioro de la institucionalidad democrática, la OEA se ha constituido en el epicentro de la consideración del caso, particularmente por el coraje del Sr. Luis Almagro, Secretario General, quien decidió utilizar el Articulo 20 de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y solicitar su activación. El caso venezolano se inscribe en el marco del deterioro de la legitimidad en el ejercicio, que si bien está incluido en la CDI (no es el caso en otras Cláusulas Democráticas), requiere de un mayor desarrollo jurídico.

Debemos reconocer que el caso Venezuela se ha mantenido en la agenda de la OEA, prueba de ello son las Declaraciones adoptadas por el Consejo Permanente: la Nro. 51 adoptada en el año 2014 y las Nros. 63 y 66 adoptadas en el año 2016. Para el 2017 ya tenemos la Resolución 1078, adoptada el pasado lunes 03 de este mes, que cuenta con el rotundo rechazo del gobierno bolivariano.

Con la Resolución 1078 nos encontramos en la primera fase de la Carta Democrática que se concentra en el diálogo y la negociación. Adicionalmente, conviene destacar que el contenido de la Resolución coincide, tanto con la Declaración que adoptaron los Cancilleres del Mercosur en Buenos Aires el sábado 01 de este mes, como con la Carta que el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, remitió al gobierno bolivariano en diciembre del 2016, resaltando los compromisos que estaba incumpliendo en el marco del proceso del diálogo.

Con la carta del Cardenal Parolin se hizo evidente el fracaso del equipo Zapatero. Ahora bien, fracaso para quienes actuaban de buena fe, para el proceso bolivariano, solo interesado en perpetuarse en el poder, el equipo de Zapatero y la Unasur de Samper jugaban como “tontos útiles”, para quemar tiempo en una falsa negociación, afortunadamente el Vaticano no se prestó a la farsa y la denunció responsablemente.

Naufragó la Unasur, pero la OEA está activada y activa, tratando de construir espacios para una negociación seria y responsable, dispuesta a explorar iniciativas como un “grupo de amigos”. Pero el proceso bolivariano rechaza su actuación, pues eso implicaría aceptar cambios tales como: definir el calendario electoral, liberar presos políticos, reconocer la Asamblea Nacional y transformar el modelo para superar efectivamente la crisis humanitaria.

La Resolución 1078 ha activado la Carta Democrática en su primera fase y pareciera que hasta ese punto se podría llegar en la OEA. Para ir a la segunda fase se requiere de 24 votos, que no existen en este momento. Por otra parte, un importante número de países críticos al proceso bolivariano, que han apoyado la activación de la primera fase, no quieren caer en la trampa de la suspensión venezolana de la OEA, que podría resultar en un premio para el gobierno bolivariano, como lo ha manejado por muchos años la dictadura cubana.

Los gobiernos democráticos de la OEA están tratando de establecer puentes con el gobierno bolivariano, que en el fondo los necesita desesperadamente, pero la soberbia del poder y la irracional influencia de la dictadura cubana, no le permiten comprender la conveniencia de avanzar por el camino que plantea la OEA. Los gobiernos democráticos de la región insisten en explorar opciones pacificas frente a la crisis venezolana y han abordado de nuevo el tema en la reciente cumbre de los ocho Cancilleres del Mercosur y la Alianza del Pacifico, efectuada el pasado viernes 07, en el marco del Foro Económico Mundial sobre América Latina que se realizó en Buenos Aires.

Como parte de los beneficios que la OEA podría ofrecer destacan: el mantenimiento de la paz, evitar los escenarios de sangre que tanto pregona el discurso oficial; la construcción de garantías y equilibrios para todas las partes y la posible apertura financiera de la comunidad internacional, que se está cerrando ante un país inestable, con un gobierno irresponsable que no respeta su propia constitución.

http://www.talcualdigital.com/Nota/141410/venezuela-y-la-oea