La hiperinflación está aquí. No se habla de otra cosa. El aumento de los precios adquiere características nunca padecidas por los venezolanos. La creencia o intención del gobierno de que podía hacer olvidar la situación con cualquier anuncio distractor, ya no la cree nadie. Lo cierto del caso es que las previsiones del FMI, reportadas en abril de 2016, es decir, hace 18 meses, se han concretado con toda su intensidad. Especialmente porque se inicia la hiperinflación con una contracción económica de casi cuatro años de evolución. Es decir, el país entra en una nueva fase de destrucción económica, la más grande que puede padecer una sociedad, en las peores condiciones.

De acuerdo con los investigadores de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke y Nicholas Krus, la de Venezuela es la hiperinflación número 57 documentada en el mundo. Es la segunda hiperinflación del siglo XXI, después de la Zimbabwe entre 2007 y 2008. Además, es la segunda hiperinflación de un país de la OPEP, pero es la primera en un país de esta organización sin guerra civil. Por otra parte, es la primera hiperinflación en América Latina desde la sufrida por Perú en 1990. En otras palabras, esto es un desastre descomunal. Es indudable que la hiperinflación dividirá en dos la historia reciente del país.

Ya entrando entonces en esta nueva etapa, con la hiperinflación en cada esquina donde los venezolanos vayan a comprar algo, y en la total desprotección producida por la inmensa negligencia del gobierno, quizás sea bueno preguntarse cuánto tiempo puede durar. Especialmente cuando sabemos que cada día que pase es destrucción del ingreso, de la capacidad de compra de las familias, de hambre, de pérdida de protección en los servicios públicos. La hiperinflación va a trastocar la vida cotidiana de los venezolanos, en toda su extensión.

Para conocer la posible duración de los episodios de hiperinflación, se puede examinar lo que ha sucedido con los anteriores procesos. El promedio de duración de los 56 episodios previos es 11 meses. La minoría de los episodios son de la menor duración posible, esto es, un mes. Más de la mitad de los episodios duran al menos tres meses. Casi la mitad de los episodios han durado al menos un año, teniendo casos extremos como los de Nicaragua (57 meses), y de Azerbaiyán y Ucrania, casi 36 meses en ambos países.

Todo lo anterior indica que si no existe la voluntad del gobierno para modificar esta situación, como es el caso de Venezuela, no queda duda de que la debacle hiperinflacionaria puede ser inmensa. Fundamentalmente porque la pretensión del actual gobierno no es resolver la hiperinflación, sino realizar unas elecciones que lo relegitimen. Pero eso no será necesariamente para emprender un programa de transformación económica. Nada de eso. De manera que, lamentablemente, lo que queda de 2017, y muy probablemente el año 2018, serán una etapa trágica para la vida de los venezolanos. La hiperinflación será el adversario más temible de todos los días. Sobre eso no habla el gobierno, por razones obvias. Los actores políticos y sociales apenas comienzan a apreciar la profundidad de la crisis hiperinflacionaria. Casi dos años después de que estaba en el horizonte. La historia determinará las responsabilidades de la tragedia que está destruyendo los medios de intercambios de los venezolanos. Keynes tenía mucha razón cuando dijo hace casi un siglo que la destrucción de la moneda es la mayor afectación de las sociedades.

La conciencia de que la inflación es un proceso de destrucción, es cada vez mayor en el país. El ritmo indetenible de los precios afecta cada día más el bienestar de las familias. Para la mayoría de los hogares no alcanza el ingreso para la compra de los alimentos. Lo más grave es que cada día que pasa, sin ninguna política alternativa, las condiciones se complican. Es por ello que la brecha entre los ingresos y lo que se puede comprar, crece sin control. Desde que el FMI anunció el escenario hiperinflacionario para Venezuela, ya ha transcurrido año y medio, sin ninguna política dirigida a resolver este inmenso problema.

Los ciudadanos, entonces, han quedado en total estado de desprotección. Sin la posibilidad para mantener una vida estable, la opción considerada por muchos es sencillamente escapar de Venezuela. Un grupo considerable de ellos, jóvenes, sin muchos recursos, han decidido huir en autobús. Viajan hasta la frontera con Colombia. Esperan la hora definida para cruzar. Llegan a Cúcuta para continuar el viaje en autobús, hacia la ciudad de Suramérica en la que tengan algún familiar o contacto. Entonces viajan sin cesar hasta llegar al destino. Toman la precaución de seleccionar los autobuses de manera que puedan dormir en ellos. No tienen recursos para llegar a hoteles o moteles. Preparan comida para varios días. Pueden viajar hasta una semana completa, si es que su destino es tan lejos como Buenos Aires. Cuentan que en un autobús pueden ir decenas de ellos. Estas odiseas personales o familiares ilustran el drama que hoy viven los venezolanos. Se está huyendo en autobús de la destrucción que significa la alta inflación que vive el país, aniquiladora de toda opción de futuro.

Todos estos jóvenes van a encontrar en el trayecto países que han controlado la inflación, en los cuales los aumentos de precios de un año son los que se experimentan en Venezuela en un día. Muy probablemente no encuentren inicialmente el trabajo deseado, pero tendrán la posibilidad de vivir con mayor estabilidad que la que le puede ofrecer en este momento su país de origen. Para jóvenes veinteañeros este viaje es definitivamente volver a nacer. Muchos de ellos se adaptarán, con más o menos dificultad en su nuevo entorno, y podrán construir posibilidades que no tienen en Venezuela. Muchos harán una vida diferente a la que se imaginaron, tendrán nuevos arraigos y querencias. Ese viaje en autobús les enseñará una cara de la vida que seguramente nunca anticiparon.

Que un país presencie que la generación con mayor valor acumulado, en término de capacidades, en toda su historia, tenga que salir por cualquier vía, es ya una llamada de atención terrible. Pero también es una demostración evidente de la peor combinación de políticas económicas que hemos tenido en nuestra historia, y de la peor gestión económica en el mundo. Todo esto tiene origen en las políticas diseñadas e implementadas en el país en los últimos lustros. Los jóvenes que viajan en autobús para buscar opciones fuera de Venezuela son la demostración palpable del rumbo tan equivocado que se le ha impuesto a nuestra sociedad.

El próximo 16 de julio será un día histórico. Millones de venezolanos acudirán a manifestar su opinión en la consulta popular aprobada por la Asamblea Nacional en ejercicio de la representatividad que tiene de la soberanía popular, y organizada en coordinación con amplios sectores de la sociedad civil. Se expresarán tanto los venezolanos que se encuentran en el país como los que viven en cientos de ciudades de todo el mundo. La consulta popular es una expresión del estado general de rechazo desarrollado luego de la convocatoria anti-constitucional de una Asamblea Nacional Constituyente, aunque se debe recordar que las sentencias también anti-constitucionales del TSJ fueron el inicio del clima de manifestaciones y protestas que se ha extendido ya por tres meses.

En el fondo de esta gran expresión democrática está la defensa de la República. La convicción de la gran mayoría de los venezolanos es que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente elimina todas las características fundamentales de una República. Tal como es notorio, el carácter corporativo de la convocatoria consagra la conformación de sectores, seleccionados a discreción, con la eliminación del principio de “un voto por cada persona”. En otras palabras, ya la misma convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente conlleva la anulación de derechos ciudadanos al desconocer que la convocatoria solo puede hacerse con la aprobación previa del pueblo.

No es solamente la convocatoria lo que está completamente fuera del marco constitucional. Son también todas las pretensiones ya esbozadas sobre el carácter eventual de dicha Asamblea Nacional Constituyente. Se trataría de un supra-poder, erigido sobre la completa eliminación de la actual Constitución, y con el gran riesgo de suprimir los poderes públicos que han asumido posiciones contrarias a la voluntad oficial. En tales condiciones todos los atributos republicanos prácticamente cesarían en el momento de elegirse dicha Asamblea Nacional Constituyente.

De tal manera que el riesgo es evidente, concreto. Y es por ello tan fundamental que la expresión de la consulta popular del próximo domingo sea contundente y masiva, como es en este momento la opinión de la gran mayoría de los venezolanos. En primer lugar, para rechazar la convocatoria de la Constituyente, pero también para rechazar sus fundamentos, es decir, la aspiración de consolidar la tendencia totalitaria y estatista que ha predominado en Venezuela en los últimos 18 años.

También será un manifiesto a favor de la República civil, con pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, y en la cual la Fuerza Armada Nacional cumpla cabalmente con lo establecido en la Constitución, es decir, respetuosa de los derechos humanos y en sujeción a las normas democráticas. Al mismo tiempo será una demanda nítida por el equilibrio de poderes y el cumplimiento de sus responsabilidades de acuerdo con el marco constitucional.

Finalmente, la consulta popular será una gran oportunidad para exigir el cumplimiento del cronograma de elecciones suspendido arbitrariamente desde el año pasado por el CNE y el rechazo a la violación que significó la anulación del referendo convocatorio. Tal exigencia será también expresión de la gran convicción que existe en Venezuela de que es fundamental la sustitución del actual gobierno por ser el causante de tantas penurias y sufrimientos para la abrumadora mayoría de los venezolanos. De manera directa el próximo domingo el pueblo venezolano expresará su exigencia por un Gobierno de Unidad Nacional, efectivo para resolver los problemas de los venezolanos y creador de posibilidades para prosperar y generar bienestar. Es una gran hora para manifestarse.

12-07-2017

@marinojgonzalez

http://www.talcualdigital.com/Nota/144964/manifiesto-por-la-republica

A la vista de todos, dentro y fuera del país, continúa la arremetida totalitaria del gobierno. El objetivo es elegir el próximo 30 de julio una Asamblea Constituyente que asuma todos los poderes y coloque al país bajo la tutela de un régimen asambleario, con desaparición de los fundamentos de una democracia. Es decir, la instalación de dicho régimen conllevará la anulación de la Asamblea Nacional y de toda instancia que se oponga a sus objetivos. Ese escenario está a la vuelta de la esquina, en apenas seis semanas.

Una lectura de esta situación indicaría que el gobierno, a pesar del mayoritario rechazo, tiene la suficiente capacidad para imponer su proyecto totalitario. Justamente esta es la situación que la sociedad democrática debe impedir. Desde otra perspectiva, es bastante evidente que lo que se observa es un gobierno completamente desarticulado, en fase de derrumbe, que apela a sus últimas cuotas de poder para sobrevivir.

En efecto, a lo largo de estos casi diecinueve años, se ha producido una sistemática disminución de las capacidades del gobierno para tener un desempeño democrático con impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo primero que perdió este gobierno fue el fundamento de la Constitución.

La misma que el gobierno había propuesto a principios de 1999. Apenas una semana después del referendo aprobatorio de la Constitución, fueron violadas las normas para el nombramiento de los Poderes Públicos. En la práctica, se impuso a los funcionarios que luego habrían de refrendar todas las decisiones del Poder Ejecutivo. Lo que estamos viviendo en estas semanas es el efecto de la desaparición del equilibrio de poderes consumada en diciembre de 1999.

Amparado en el control de los Poderes Públicos, el gobierno del presidente Chávez procedió a partir de 2000 a avanzar en las primeras etapas de la hegemonía política que tenía en mente. Es decir, la hegemonía necesaria para controlar al Estado, y dentro de esa estrategia, el control de la Fuerza Armada y de la economía no petrolera.

Esos fueron los acontecimientos que condujeron a la crisis política de 2002, la cual trajo a su vez como consecuencia que se resquebrajara enormemente la institucionalidad militar y de la industria petrolera. El resultado de todo ese proceso fue la pérdida por parte del gobierno de toda posibilidad de ser un actor político creíble, con capacidad de construir consensos. A partir de ese momento, quedó mucho más claro el carácter excluyente y sectario del gobierno.

La coyuntura del boom petrolero iniciado en 2004 y la ola populista respaldada por la implementación de las Misiones, colocó al gobierno en la posibilidad de literalmente apropiarse de vastos sectores productivos. Y es por ello que a partir de 2005 comienza la secuencia de estatizaciones que culminaron en la expropiación de miles de empresas, violaciones a los derechos de propiedad, invasiones, y el cese de las inversiones nacionales e internacionales. Al final de ese proceso, el gobierno había perdido la capacidad de incidir en la producción del país. La consecuencia fue obvia, el agravamiento de la escasez y el desabastecimiento, que han traído el empobrecimiento masivo de la población, con el auge de la pobreza y la desnutrición como nunca se había visto en el país.

Las consecuencias de este monumental fracaso eran evidentes en 2013. El gobierno evitó reiteradamente tomar las decisiones que colocaran al país en otra dirección. No era posible, ahora se ve más claro, porque esa no es la orientación del gobierno. Se trata de controlar a la sociedad en toda su extensión.

Lo que el gobierno no había estimado era el profundo descontento que ya avanzaba en el país, manifestado completamente en las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Esa es la razón para que el gobierno acuda a la eliminación de las elecciones, tanto las regionales y municipales, como del referendo revocatorio del año pasado. Para evitar a todo trance otra expresión de la voluntad popular. Y paralelamente, también intenta, por intermedio del TSJ, la anulación de la Asamblea Nacional, producto justamente del ejercicio de la soberanía popular.

Ante todas esas acciones, la reacción de la sociedad democrática en los últimos dos meses ha ocasionado que el gobierno opte por el único camino que le queda. Esto es, cambiar las reglas con el intento de aprobación de otra Constitución. Para lo cual requiere la desaparición de la consulta popular como medio para convocar la Asamblea. De esa manera, el gobierno ya no tiene el fundamento constitucional, ni la capacidad política y económica, y mucho menos las opciones de legitimidad electoral.

El gobierno se ha quedado solo con la fuerza. Con ella arremete contra los manifestantes, encarcela a sus adversarios sin el debido proceso, utiliza métodos de control de las protestas que han ocasionado muertes de personas solamente por expresar su opinión. El gobierno ya no tiene ningún argumento, solo la fuerza bruta. Todo indica que esa demostración de fuerza lo que hará es aumentar la lucha democrática de los venezolanos.

Tal parece que en el Alto Gobierno existen indicios de que la idea de la convocatoria de la constituyente no goza de buena salud. Solo así se pueden explicar las “aclaratorias” y tardanzas en la ejecución del plan.

Comencemos con las “aclaratorias”. De acuerdo con la propuesta del gobierno, la convocatoria de la constituyente significaría un nuevo orden político. Es decir, según el gobierno, se aprobaría una nueva constitución con nuevas reglas. En consecuencia, eso significa que todos los lapsos políticos quedan modificados. Por ello se podría inferir que el período del actual gobierno quedaría dependiendo de esa aprobación. Dicho de otra forma, en el momento que se convoque la supuesta constituyente, cesaría el actual gobierno. Una especie de “recorte presidencial” anticipado. De hecho, el coordinador de la comisión organizadora ha recordado que el propio Presidente ha colocado el cargo a la orden del pueblo.

Y resulta que ahora se ha “aclarado” que la cosa no es así. Que en realidad si habría elecciones en 2018 para la presidencia, pero sin ninguna mención de las otras elecciones pendientes (gobiernos regionales y locales). Tal parece que alguien se dio cuenta de los riesgos que se corren, y prefirió echar marcha atrás. Por aquello de que es mejor un plazo definido que quedar en el limbo. Pero la jugada es demasiado burda. Si hubiera una pizca de honor en el Alto Gobierno, el rechazo a la convocatoria de la constituyente significaría que “alguien” debería enviar su renuncia. Ya sabemos que no se debe esperar un gesto de tanta nobleza.

Sigamos con las tardanzas. Resulta que dos semanas después del anuncio de la convocatoria, el gobierno tiene menos aliados de la idea que lo que había previsto. A las reuniones convocadas no han acudido representantes de la Unidad Democrática, ni la Iglesia Católica, ni los sectores productivos, ni los sectores académicos, por mencionar algunos. Lo que se ha evidenciado es un inmenso rechazo a la convocatoria de una constituyente que acaba con la República como la hemos conocido desde 1810. Es por ello que la comisión coordinadora hace esfuerzos desesperados para sumar adeptos, pide que la reciban en algunos ámbitos, al menos para lograr algún apoyo. También en el interior del gobierno existen sectores que han manifestado sus reservas sobre el curso seleccionado.

En cualquier otra circunstancia esto sería visto como una derrota anticipada. El gobierno debería retroceder en la iniciativa o presentar una opción más viable. Pero esa no es la forma de proceder de este gobierno. Lo más probable es que se quiera seguir avanzando por dos vías. En primer lugar, por la inmensa represión que se ha desatado de parte de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana. Las muertes sucedidas en las últimas horas son demostraciones muy claras de esta tendencia. En segundo lugar, con el diseño de una propuesta de constituyente por parte del CNE en total contradicción con el sentido político y la normativa constitucional.

La posibilidad de que este escenario se pueda revertir dependerá de la reacción de la sociedad democrática. No hay duda de que la persistencia del gobierno traerá una respuesta nacional e internacional directamente proporcional a esta arremetida anti-republicana. Lo que está por verse es si un gobierno tan debilitado, tan rechazado, que inspira tanta desconfianza ante propios y extraños, pueda imponerse ante todo un país que defiende la República.

La III Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), correspondiente al año 2016, muestra un panorama de profundo deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. Por tercer año consecutivo, un equipo de investigadores de la UCV, UCAB y USB, ha coordinado la realización de una encuesta por hogares que contiene información sobre distintos aspectos de la vida de los venezolanos, tales como, el ingreso de las familias, alimentación, seguridad ciudadana, salud, educación, empleo, vivienda y servicios. Cada año que se ha realizado la encuesta (desde 2014), los resultados indican que la crisis social aumenta ante el fracaso rotundo de las políticas del actual gobierno. Debe destacarse que los últimos datos presentados corresponden al último trimestre del año 2016. De manera que se puede inferir que la actual realidad es mucho más complicada.

De acuerdo con la Encovi 2016, el 52% de los hogares del país no tiene el ingreso necesario para comprar la cesta de alimentos. Es por ello que se consideran en pobreza extrema. Más aún, un 30% adicional, aunque tiene los ingresos para comprar los alimentos, no tiene los ingresos para otros rubros de gastos básicos del hogar. En consecuencia, el 82% de los hogares del país se encuentra en situación de pobreza. No hay mucho más que agregar después de conocer este dato. El gobierno que se jactó durante buena parte de estos 18 años en tener a la pobreza como el eje de su acción, ha ocasionado la mayor reducción en las condiciones de vida en la historia del país en los últimos cien años. Por otra parte, las cifras indican que es la debacle más abrupta en las condiciones sociales en América Latina en los últimos cincuenta años.

Otros resultados expresan la variedad de manifestaciones en este contexto. Por ejemplo, el aumento de la proporción de hogares en pobreza estructural (de 16% en 2014 a 31% en 2016), es una evidencia de que ya no se trata de una condición transitoria. Es más bien un proceso que demuestra la sistemática disminución de la capacidad institucional para garantizar el bienestar de la población. Si a ello sumamos que las proteínas son accesibles para menos de la mitad de la población, que casi 10 millones de personas realizan solo dos comidas, o que el 94% de la población considera que la violencia ha aumentado en el año anterior, no queda la menor duda de la afectación en todas las esferas de la vida ciudadana.

Este deterioro era previsible. Es posible que las dimensiones no fueran completamente estimadas. Pero es muy evidente que el grado de incompetencia que el actual gobierno ha tenido en el manejo de los asuntos públicos, no podía conducir a otros resultados. La población venezolana está sufriendo sistemáticamente las consecuencias de tener un gobierno con la peor combinación de políticas en el siglo XXI en el mundo. El avance de la crisis social lo demuestra. Y también deja muy claro que el actual gobierno no tiene ni la visión ni las capacidades para enfrentar esta terrible situación.

http://www.talcualdigital.com/Nota/137746/avanza-la-crisis-social

900%

Ya está a punto de cerrar el primer mes del año 2017. Un tema bastante común, especialmente para el seguimiento de la economía, es conocer la evolución de los precios. Dependiendo de su comportamiento, los actores económicos deciden sus acciones para las siguientes etapas. Con las facilidades de internet se puede en cuestión de minutos conocer la tasa de inflación de los países.

Tomemos por ejemplo, varios países de América Latina. Lo que se requiere es tener acceso a internet, el cual no es el más rápido en Venezuela. Pero dejemos ese tema de lado por los momentos. Seleccionemos primero a Perú, y vayamos al sitio web del Banco Central de Reserva. Justamente en la parte superior derecha de la página están las cifras. La tasa de inflación en los últimos 12 meses es 3,23%. Si, leyó bien. Y si se toma la tasa de inflación sin incluir los alimentos y la energía, entonces la tasa de inflación es 2,87%. Volvió a leer bien.

Vayamos ahora a Bolivia. En la parte derecha del sitio web del Banco Central se encuentra la cifra: 4% es el valor de la tasa de inflación en los últimos 12 meses. Para un país que experimentó una hiperinflación hace 30 años, la cifra lo dice todo. Sigamos finalmente a Colombia. También en el mismo sitio que los anteriores se encuentra un gráfico con la inflación mensual. En los últimos 12 meses la tasa de inflación de Colombia es 5,75%. También se indica en el gráfico que la cifra está por encima de la meta (2% mensual).

En todos los casos anteriores la información está completamente disponible, visible, incluso se pueden obtener los archivos históricos. Ahora tratemos de conseguir la tasa de inflación de Venezuela. La última información disponible es de diciembre de 2015, un poco más de un año sin un indicador fundamental sobre la marcha de la economía. Esto es más crítico cuando sabemos, en la práctica, que la inflación ha sido la más alta en la historia del país. Pero no tenemos información oficial ni dimensiones exactas sobre la gravedad de esa situación.

En estos casos, prácticamente cada ciudadano y cada empresa debe apelar a los medios que tenga a su disposición para ponerle tamaño a esta monumental crisis. Una práctica útil es que los ciudadanos obtengamos información sobre los precios. Es relativamente sencillo, especialmente con el uso de teléfonos que pueden almacenar información en cualquier archivo de texto. Se selecciona un bien de consumo frecuente y se anota el día de la compra y el monto que se pagó. No tiene que anotarse cada vez que se hace una compra, sino cada vez que varíe el precio (en estas circunstancias solo serán aumentos).

En mi caso seleccioné el pan, el cual no puede negarse que es un producto de consumo masivo. También es verdad que no puede decirse cuál es la tasa de inflación de un país con un solo producto. Sabemos que la inflación real es un promedio de miles de productos. Pero es una mera referencia, acentuada por la total falta de transparencia de las instancias encargadas de esta responsabilidad. Pues bien, examinando los precios de la compra dominical de pan, el estimado que resulta es una tasa de inflación de 900% en los últimos 12 meses. Este estimado resulta totalmente compatible con lo que se observa en la evolución de precios en otros productos y bastante cercana con los cálculos de organismos internacionales y de especialistas nacionales. Es entonces bastante evidente que estamos en la economía con la mayor inflación del mundo y con el gobierno más incompetente en la gestión económica en el planeta en el Siglo XXI. Una sugerencia final es que usted, amigo lector, también anote los precios de las compras de su elección. Elabore sus datos, estamos viviendo en un país en el que el gobierno dejó a los ciudadanos en el mayor abandono posible.

http://www.talcualdigital.com/Nota/136718/900

Las últimas semanas han evidenciado el total desastre que significa el actual gobierno para la vida de los venezolanos. Ya no solo es la ideologización y la incompetencia que han caracterizado estos casi 18 años de gestión. Ahora es mucho más evidente la indolencia y el maltrato que infringe en la cotidianidad de la inmensa mayoría de las familias del país. El mundo ha quedado atónito con la palmaria mezcla de daño deliberado con ignorancia e incapacidad para el manejo del Estado. Con las medidas económicas de los últimos días, el actual gobierno ha dejado muy claro que es la peor gestión en la historia de la República y la peor del mundo en el Siglo XXI.

El gobierno entiende su acción con el objetivo de destruir. Así ha sido desde el primer momento. Recordemos que, en su mensaje de toma de posesión, allá en 1999, el presidente Chávez anunció la sustitución de la Constitución de 1961, la tildó de “moribunda”. No hubo en sus palabras ninguna actitud comprensiva con el marco institucional que facilitó el período más largo de estabilidad y gobierno civil que habíamos conocido. La idea era destruir, con el supuesto nunca comprobado de que se iba a construir un orden mejor. Ya estaba claro que comenzar así era justamente la demostración de que la intención no tenía nada que ver con crear y fortalecer, más bien con aniquilar, con venganzas y retaliaciones.

En su primera aparición, el gobierno estableció sus parámetros de destrucción. Y así ha continuado. Una primera fase de destrucción fue intangible. Está relacionada con la percepción del futuro. Las primeras acciones del gobierno, por allá entre 1999-2002, afectaron la visión de futuro del país. Colocaron cortapisas sobre nuestras posibilidades de desarrollo. Prueba de ello es que empezamos a dejar de ser atractivos para las inversiones internacionales y comenzó el éxodo de empresas y personas a sitios con mejores perspectivas. Mientras tanto, el gobierno se concentró en sus ansias de controlar el Petro-Estado, con la visión ideológica atrasada de que era posible una sociedad controlada por el recurso fiscal derivado del petróleo.

Con esa intención comienza en 2006 una nueva fase de destrucción. Esta vez contra toda la capacidad productiva instalada del país. Se agrede al sector privado, se estatizan empresas, se vulneran derechos de propiedad, se asaltan fincas, plantas, instalaciones. Con el soporte de la mayor entrada de recursos provenientes de la venta de petróleo, se inicia la mayor destrucción de recursos productivos que se ha visto en el mundo en el Siglo XXI. Y ese ímpetu no se detiene allí, continúa hacia toda la institucionalidad disidente de esa visión.

En la parte de este largo gobierno que se inicia en abril de 2013, se ha avanzado en una nueva fase de destrucción. Esta vez es la moneda. Tal como decía Keynes después de la I Guerra Mundial, destruir la moneda es afectar la propia esencia de las sociedades. Y esa la situación que se ha desencadenado en las últimas semanas: el extraordinario aumento de la inflación y la literal aniquilación de los billetes como medios de intercambio. La devastación causada por este gobierno no puede ser mayor. Toda esta destrucción ha dejado muy evidente que la sustitución del actual gobierno por los medios constitucionales y democráticos es la tarea más urgente que tiene la sociedad. Establecer la ruta para alcanzar ese objetivo lo más rápido y al menor costo será la tarea fundamental en 2017. Será el reto central de la Unidad de los venezolanos. Sigamos.

@marinojgonzalez

Fuente: http://www.talcualdigital.com/Nota/135787/gobernar-para-destruir