Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias –PASO como se las conoce coloquialmente– no sirven para elegir a ningún cargo ni autoridad, sino solo para seleccionar a los candidatos de las fuerzas políticas en liza que participarán en los siguientes comicios. Más allá de su papel ordenador de las diferencias internas de los partidos y coaliciones, que generalmente suelen ser dirimidas antes de confeccionar las listas electorales, lo cierto es que las PASO funcionan como un gran test, a escala 1:1, que permite medir eficazmente la temperatura política y social de la sociedad argentina.

Desde su implantación en 2009 siempre han sido un indicador avanzado de lo que sucedería un par de meses después. De ahí su importancia y de ahí la seriedad con la que deberían analizar sus resultados tanto las fuerzas políticas como los medios de comunicación y la opinión pública en general. En esta ocasión, los resultados fueron claramente adversos para los intereses del peronismo/kirchnerismo gobernante. Si bien el promedio de las encuestas conocidas permitía albergar la esperanza de un triunfo oficialista, aunque más ajustado de lo que se especulaba cuatro o cinco meses atrás, el desastre electoral fue de tal magnitud que “terremoto” o “tsunami” fueron de las palabras más repetidas para calificarlo.

En esta oportunidad se seleccionaban los candidatos para las elecciones parlamentarias de medio término, que deben celebrarse el próximo 14 de noviembre, y en las que se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Actualmente el oficialismo cuenta con mayoría propia en el Senado y es la primera minoría en Diputados. Con estos guarismos no tiene garantizada la gobernabilidad, aunque cuenta con un margen de maniobra bastante amplio. Sin embargo, aquellas normas que requieren de mayorías cualificadas son más difíciles de aprobar, al necesitar complejas negociaciones con la oposición, lo que no siempre es posible.

Después de estos resultados y ante la posibilidad de que se repitan (o agraven) en noviembre, una cuestión importante es ver la reacción de los distintos actores políticos y también de los principales agentes económicos. Entre los primeros hay que tener en cuenta lo que ocurre dentro del oficialismo y de la principal coalición opositora, aunque sin perder de vista a la izquierda y los nuevos liberales, así como a los partidos provinciales, que en ciertas circunscripciones (como Neuquén) siguen teniendo una implantación importante.

En el oficialismo tenemos en primer lugar el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. El matrimonio de conveniencia tejido hace más de dos años atrás, y que permitió recuperar la Casa Rosada, no pasa por su mejor momento. Es más, lo que ha demostrado el fracaso de su gestión de la crisis económica y la mala administración de la pandemia es la disfuncionalidad del sistema de doble comando puesto en marcha, y la incapacidad de la vicepresidenta de aceptar un rol secundario en la administración del país.

Si antes de las PASO la presión del kirchnerismo para torcer el rumbo del gobierno ya era intensa, tras estos resultados está siendo aún mayor. Los trofeos mayores a cobrar son las cabezas de Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, y de Martín Guzmán, el ministro de Economía y responsable de la negociación con el FMI. Según los seguidores de Cristina Fernández y de su heredero Máximo Kirchner, ellos son dos de los principales responsables, aunque no los únicos, del rumbo errado que ha tomado Alberto Fernández y que, según su particular perspectiva, es lo que les ha arrebatado el triunfo.

En realidad, el problema de los desaguisados gubernamentales, que va más allá del aumento de la inflación, del mayor número de pobres, de la corrupción, de los escándalos vinculados a la vacunación VIP y a las fallidas estrategias de producción y adquisición de vacunas y, sobre todo del Olivosgate (la difusión de fotos de celebración del cumpleaños de la Primera Dama en pleno confinamiento en lo más duro de la primera ola de la pandemia) no es pura responsabilidad de Alberto Fernández, sino también de Cristina Fernández. Buena parte de las políticas implementadas, y de los responsables designados para gestionarlas responden a los lineamientos del kirchnerismo más duro.

Con todo, el problema va más allá y está afectando el proyecto unitario que creyó ser el Frente de Todos, donde convergieron kirchneristas y peronistas tras el proyecto invencible de “Cristina Vicepresidenta”. Al peronismo y, sobre todo a sus dirigentes provinciales y locales (gobernadores e intendentes –alcaldes–) la derrota les resulta muy difícil de digerir. De ahí que, si en noviembre el resultado de las PASO se repite, se profundizarán los ajustes de cuentas y el “justicialismo tradicional” comenzará a tomar distancia de los responsables del fracaso. Y uno de ellos, sin lugar a duda, es Cristina Fernández.

Es más, si la coalición Juntos por el Cambio (radicales y macristas) avanza tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la vicepresidenta no solo perderá su principal bastión de poder (es la presidenta del Senado), sino que la misma gobernabilidad del país se verá afectada. Y en ese caso, especialmente en aquellos proyectos legislativos más controvertidos, habrá que negociar, algo difícil y complicado para quien, como el kirchnerismo, es poco propenso a hacerlo de forma sistemática. Simultáneamente se verán comprometidos los intentos del oficialismo de avanzar sobre la justicia, no solo para frenar los juicios contra Cristina Kirchner, sino también para reformar el gobierno de los jueces, bien a través de la composición del Consejo de la Magistratura, bien a través de la Corte Suprema y del funcionamiento de ambas instituciones.

Junto por el Cambio ha hecho lo más difícil hasta ahora, pero tiene grandes desafíos por delante. Lo primero fue revertir el recuerdo de la gestión de Mauricio Macri y su imagen muy deteriorada. Lo segundo, mantener la unidad de las distintas fuerzas opositoras y de las contradicciones surgidas entre algunos de sus dirigentes. La recompensa salta a la vista, aunque no basta con ganar las PASO. Tienen que repetir la jugada en noviembre, y sobre todo apuntar al premio gordo, la presidencia del país, en octubre de 2023.

Desde la perspectiva de los mercados, la reacción inicial fue la esperada. Alivio frente a la derrota del kirchnerismo, que se tradujo en el alza de las acciones argentinas en Wall Street, baja del dólar y del riesgo país. Son todas reacciones pensando en el medio plazo, pero la gran duda es lo que ocurrirá en las próximas semanas, especialmente con la intención del gobierno de revertir el resultado y ganar en noviembre. Lo más probable es que se mantenga el rumbo ya iniciado y que el endeudamiento, la emisión monetaria y el gasto público continúen su senda ascendente, complicando no solo el equilibrio macroeconómico, sino también un probable y más que necesario acuerdo con el FMI.

El resultado del domingo 12 es una clara expresión del “voto bronca”, o voto del cabreo o del enojo, contra los oficialismos latinoamericanos. Este fenómeno, si bien se venía manifestando desde algunos años atrás, ha cobrado renovadas fuerzas tras la irrupción de la pandemia. Por eso, los tres grandes retos frente a las elecciones de noviembre son: 1) ¿se mantendrá, y cuánto, el “voto bronca” ?; 2) ¿funcionará el voto útil?; ¿qué harán los votantes de las fuerzas menores y a quién apoyarán en noviembre?; y 3) ante la baja participación, ¿cómo votarán aquellos que no acudieron a las urnas en esta oportunidad? De la combinación de estos factores dependerá el resultado de unas elecciones cruciales para el futuro de Argentina.

15 de septiembre 2021

elcano

https://blog.realinstitutoelcano.org/argentina-un-paso-en-falso/

En toda América crece la preocupación por Venezuela. El abultado resultado de las elecciones regionales, a lo que se suman las repercusiones continentales provocadas por el agravamiento de la crisis económica y el desborde de la violencia, ha incrementado la atención de los gobiernos latinoamericanos. Algunos países limítrofes, como Colombia y Brasil, ven como miles de venezolanos cruzan constantemente sus porosas fronteras, una cifra que crece a diario. Esta corriente migratoria también se aceleró en otros países de la región, como Argentina y Chile. De ocurrir un desborde violento o agravarse la crisis humanitaria las repercusiones en el conjunto de América Latina serían considerables.

Hasta hace un par de años la mayoría de los gobiernos de la región despachaban como “asuntos internos” cuanto ocurría en Venezuela y aplicaban la doctrina de la no injerencia. Las cosas empezaron a cambiar con la muerte de Hugo Chávez, pero la elección de Mauricio Macri y la intensificación de la represión bolivariana aceleraron el proceso. El recorte de poderes de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, el rechazo del referéndum revocatorio, la postergación de las elecciones (las regionales recién celebradas deberían haberse convocado en diciembre de 2016) fueron restando apoyos. Sin embargo, aún permanecen firmes las amistades tejidas en torno al ALBA (Alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América) y a Petrocaribe.

La elección de la Asamblea Constituyente, un autogolpe de los sectores más duros del régimen, terminó de inclinar la balanza y llevó a buena parte de los líderes latinoamericanos a denunciar los actos dictatoriales de Nicolás Maduro. También fue importante la actuación de Luis Almagro, el secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos) que intentó aplicar infructuosamente la “carta democrática” al gobierno de Caracas. Las sospechas de fraude en las elecciones del 15 de octubre han agravado las percepciones y han aumentado las presiones para que los gobiernos de la región “hagan algo”.

En los últimos meses buena parte de los presidentes latinoamericanos optó por adoptar una postura de mayor firmeza. Enrique Peña Nieto asumió un papel más activo, e incluso Juan Manuel Santos, que durante tiempo guardó un prudente silencio por la influencia negativa que podía tener Maduro en las negociaciones de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reconvertida en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), cambió de postura. Pedro Pablo Kuczynski convocó en agosto una reunión de cancilleres americanos para abordar una situación cada vez más grave. El resultado fue la Declaración de Lima, respaldada por 17 países, que condenaba la ruptura del orden democrático en Venezuela, no reconocía a la Asamblea Constituyente y otorgaba su pleno respaldo al Parlamento “democráticamente electo”. De allí surgió el llamado Grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Después del fracaso de la negociación impulsada por Ernesto Samper, secretario general de Unasur, debido a su claro apoyo a Maduro, el presidente Danilo Medina intentó retomar el diálogo en República Dominicana, contando incluso con el ex presidente de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el respaldo de Bolivia, Nicaragua, Chile y Paraguay, que teóricamente debían facilitar y garantizar un diálogo que finalmente no cuajó.

Tras las recientes elecciones regionales el Grupo de Lima emitió un comunicado señalando que es urgente impulsar “una auditoría independiente de todo el proceso electoral [venezolano], con el acompañamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos”, con el objetivo de “aclarar la controversia generada sobre los resultados de dicho comicio y conocer el verdadero pronunciamiento del pueblo venezolano”.

Solo la convergencia de la presión internacional, especialmente la latinoamericana, y la movilización de la oposición pueden desbloquear una situación que se degrada cada día. Pero para ello es necesario mejorar la coordinación tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea (UE). Sin embargo, la capacidad de presión de la comunidad internacional seguirá siendo limitada mientras Rusia y China sigan sosteniendo al régimen venezolano de una u otra manera. De momento, solo Cuba puede reencauzar y solucionar tamaña crisis. Y si bien Raúl Castro tiene la llave para desactivar el conflicto, es de temer que de momento opte por no hacer nada, dado todo lo que perdería si cambian las cosas en Venezuela, incluyendo la por ahora impensable convocatoria de elecciones presidenciales en el corto o medio plazo.

19/10/2017

https://blog.realinstitutoelcano.org/america-latina-y-la-crisis-venezolana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlogElcano+%28Blog+Elcano%29