Sería ingenuidad o miopía ver una acción meramente jurídica en el recurso contra la constituyente de Maduro presentado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. En un país donde no hay Estado de Derecho, el recurso de la fiscal tiene un efecto absolutamente inocuo. Es en el escabroso ámbito de la lucha por el poder donde la iniciativa de la fiscal adquiere todo su significado. Por eso, más que una simbólica acción legal dentro del podrido sistema judicial venezolano, lo que acaba de hacer la fiscal hay que verlo como una impecable jugada política, cuyo alcance aún es muy temprano determinar.

Todo comenzó en diciembre de 2015 con el derrumbe electoral del chavismo. Frente a esa derrota, el PSUV y el alto mando civil y militar del régimen optaron por meter la cabeza en la tierra y desconocer la realidad. La dirigencia oficialista nunca quiso debatir las causas de la derrota y los signos evidentes del derrumbe del movimiento chavista. La mayoría de los operadores oficialistas se refugiaron en la retórica defensiva para atribuir su fracaso a la guerra económica y negarse a cambiar sus políticas.

Desde ese momento era evidente que la estrategia del gobierno sería usar la Sala Constitucional del TSJ –la cual fue plagada con militantes del PSUV– para bloquear a la nueva Asamblea Nacional y darle un barniz legal a las decisiones ilegales e inconstitucionales que emanaran del gobierno.

Por el contrario, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, intachable representante del chavismo originario, iniciaría uno de los ejercicios políticos más brillantes en la historia política venezolana. En su posición de representante del Ministerio Público y sin necesidad de renegar de su pública filiación chavista, la fiscal Ortega Díaz desarrolló una política de reconocer a la AN como poder público constituido. La presentación de su informe anual ante la Asamblea Nacional en enero de 2016 y sus reiterados contactos institucionales, evidenciaban un viraje del funcionario que meses antes había convalidado el cuestionable papel instrumental de fiscales del Ministerio Público en la condena de cientos de presos políticos, siendo algunos de los más emblemáticos Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.

Luego vendrían las acciones que marcarían el deslinde definitivo entre el madurismo y el chavismo originario. Dos sentencias apuradas y mal redactadas del TSJ desconociendo a la Asamblea Nacional, le permitieron a la fiscal Ortega Díaz declarar que el hilo constitucional se había roto en Venezuela. Semanas más tarde, la fiscal se encargaría de demoler los argumentos del presidente de la República y su CNE para convocar una asamblea nacional constituyente en fraude a la Constitución.

¿Por qué la fiscal convalida con esta acción de nulidad un TSJ ilegítimo e ilegal? ¿Por qué intenta este recurso a sabiendas de que será negado por el TSJ? Seguramente porque la fiscal entiende, más que nadie, que el grave conflicto interno que vive Venezuela solo se podrá resolver por vías políticas, no jurídicas. Por eso la fiscal, aun sabiendo que su petición será negada, oculta la verdadera potencia de su arma, cuando en la misma acción de nulidad llama a los venezolanos a invocar el ejercicio de los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente.

A diferencia de las juntas directivas de la AN en 2016 y 2017, la fiscal Luisa Ortega Díaz no se detuvo a preguntarse cómo hacer valer el ejercicio de sus atribuciones. Tampoco la fiscal se puso a averiguar cuántos generales chavistas la acompañarían en esta jugada. Simplemente evaluó sus atribuciones legales y constitucionales y las ejerció, sin pedirle permiso y sin negociar con nadie.

La Asamblea Nacional también tuvo no una, sino mil oportunidades de ejercer a plenitud sus atribuciones legales y constitucionales desde enero de 2016 y hasta la fecha para destituir al TSJ, renovar el CNE e invocar el 333 y el 350. Con diferentes excusas nunca lo hicieron. Luisa Ortega Díaz solo tuvo una oportunidad, y la aprovechó.

La falta de una visión estratégica de la lucha política por parte de la MUD los ha llevado a ver en la jugada de la fiscal el recurso final para enfrentar al régimen de Maduro. De la noche a la mañana toda la organización y logística de los partidos de la MUD están al servicio de pedir firmas para adherirse al recurso de la fiscal. En forma irreflexiva e irresponsable, la MUD está poniendo todo un capital político de luchas y sacrificio en manos de un representante del chavismo, si admitimos que la naturaleza real de su acción es política, no jurídica.

Esto nos lleva a la parte más perversa y perniciosa de la jugada de la fiscal. Su misión es proteger el legado de Chávez, promover una transición política que signifique un cambio de gobierno, pero que deje intacto el modelo de Estado chavista, y que eventualmente permita el regreso al poder de un chavismo más atemperado, pero chavismo, al fin y al cabo. Luisa Ortega Díaz jamás ha ocultado sus intenciones. Independientemente de lo que pase de aquí al 30 de julio, no hay duda de que la salvación del chavismo como movimiento político está hoy en las manos de Luisa Ortega Díaz.

Si la jugada política de la fiscal logra sumar decisivos apoyos del chavismo en el seno de las FANB, se darían las condiciones para hacer retroceder a Nicolás Maduro con su constituyente. Este evento podría provocar el inicio de una transición de gobierno, del madurismo hacia uno de “salvación nacional”, con el apoyo de la MUD y el chavismo originario, aislando a factores “radicales” de ambos polos. Luisa Ortega Díaz estaría en la posición única de recibir el respaldo y la confianza de ambos bloques para asegurar que los acuerdos de convivencia sean respetados, incluyendo el modelo perverso de Estado chavista que hoy nos ha traído al borde de la disolución de la república.

Una de las deformaciones del llamado proceso bolivariano en Venezuela ha sido el surgimiento de los colectivos armados. Desde comienzos del gobierno de Hugo Chávez, el Estado no sólo toleró su existencia, sino que el propio Chávez —en sus arengas— alentó su proliferación. Estas bandas armadas que surgieron con el pretexto de defender la revolución, operan como verdaderos grupos paramilitares urbanos con acceso a armas, equipos de comunicaciones y dinero para actuar.

Estos colectivos han reclutado cualquier variedad de criminales y hampones que hacen de la permisividad vergonzosamente cedida por la revolución bolivariana, su aliviadero para continuar impunemente con sus actividades criminales.

La relación entre las FANB y sus componentes con estos grupos paramilitares es una relación de hecho que se asemeja a la de un concubinato forzado por las circunstancias políticas. Las fuerzas armadas se han visto obligadas por el gobierno, no sólo a tolerar a estos grupos criminales, sino, en muchos casos, incluso a convivir y compartir conjuntamente actividades en misiones como Barrio Adentro.

El concubinato entre las fuerzas militares y policiales y los colectivos no ha estado libre de contradicciones. En varios casos estas contradicciones no han podido ser superadas y han terminado en enfrentamientos mortales, tal como ocurrió con la muerte de José Miguel Odreman a manos de una comisión del CICPC en octubre de 2014. Odreman era el líder del colectivo 5 de Marzo, y como muchos de esos jefes paramilitares, estaba conectado públicamente con reconocidas figuras del chavismo y hasta con generales de la GNB. Su muerte provocó la salida de Miguel Rodríguez Torres del Ministerio de Interior y Justicia ante la presión que los colectivos hicieron al presidente Nicolás Maduro.

También se han reportado incidentes en varias ciudades del país donde estos colectivos armados se han alejado de su presunta misión revolucionaria, para robar dinero de los CLAP y bolsas de comida. Estas acciones siguen provocando tensión entre paramilitares urbanos y las fuerzas del orden del propio Estado chavista.

Oficiales militares —activos y retirados— han confirmado que existen órdenes superiores para no enfrentar a los colectivos y respetar sus “zonas liberadas”. En algunos casos la comisión de delitos flagrantes tales como robo, tráfico de droga y extorsión han sido tan evidentes que oficiales subalternos se han visto obligados a actuar en desacato a la orden de cordializar con estos grupos criminales.

Esta relación extramarital y semilegal entre las FANB y los colectivos les ha entregado el control de amplios territorios del país a grupos criminales que antes coordinaban con el gobierno, pero que ahora parecen fuera de control y actúan por su propia cuenta. El costo ha sido muy alto, no solo para la sociedad en general sino también para oficiales y soldados de las fuerzas armadas, cuyos efectivos han sido asesinados en operaciones criminales que nadie investiga, ni quiere investigar.

En un detallado trabajo de investigación para El Estímulo, la periodista Sebastiana Barráez publicó la semana pasada una lista de los asesinatos de oficiales militares en el 2016 y lo que va de 2017. Más de 30 oficiales han sido ajusticiados en diferentes acciones criminales. Aunque la periodista no insinúa una posible relación entre estos incidentes y la actuación de grupos oficialistas armados, deja planteado el problema medular que enfrenta las FANB: ¿Por qué no se han investigado estos ajusticiamientos?

La falta de interés de los mandos superiores de las FANB para esclarecer los asesinatos de militares en Venezuela sugiere que no quieren iniciar una investigación cuyos resultados confirmen que podría tratarse de acciones coordinadas por grupos chavistas armados que operan al amparo de la semilegalidad otorgada por el gobierno. O simplemente, que estos asesinatos son el resultado de una política laxa con el crimen y la inseguridad de la cual las FANB se han hecho cómplices.

La situación en el seno de las FANB no es fácil. Los oficiales superiores tienen que ceder a la presión política del gobierno para convivir en la misma cama con grupos criminales, y a su vez transmitir esa política a sus subalternos, sin que al mismo tiempo se vea como una forma de ser permisivos con el crimen —aunque en efecto lo sean. Ese malabarismo de difícil ejecución ha fomentado enfrentamientos y resentimientos en el seno de unas FANB que —aunque se proclamen chavistas y socialistas— se sienten obligadas a defender el orden y la legalidad.

El concubinato forzado entre las FANB y los colectivos chavistas tendrá irremediablemente un final violento y explosivo cuando ambas fuerzas, obligadas por la coyuntura política, se enfrenten en defensa de intereses totalmente opuestos. La inminencia de un cambio político en Venezuela, cualquiera sea su forma, provocará un realineamiento de las lealtades de las FANB y dejará a los colectivos chavistas armados como el único grupo de defensa del régimen que fenece.

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