Este 18 de octubre dirigentes políticos, académicos y técnicos presentaron la primera parte del proyecto “Plan País”, un esfuerzo para mostrar a la opinión pública un conjunto de propuestas para solucionar la grave crisis socioeconómica que atraviesa el país.

Uno de los grandes riesgos de una larga etapa de desmantelamiento institucional y de crisis socioeconómica es la desesperanza alrededor de un proyecto de país distinto. La constatación de las consecuencias del modelo, que se traducen en formas tan diversas como el colapso de la infraestructura hasta la escasez de medicinas o la hiperinflación, podrían llevar a una renuncia sobre cualquier reflexión acerca de cómo reconstruir.

Afortunadamente, pareciera que ese no es el caso venezolano. Desde que se empezaron a ver los signos más palpables de la crisis, investigadores, profesores, profesionales de distinto signo, aquí y en el extranjero, han intentado reflexionar sobre qué nos pasó y cómo reconducir la sociedad venezolana. En algunas ocasiones, el esfuerzo ha sido realizado por un profesor o investigador en solitario. Pero en muchas otras oportunidades se ha tratado de esfuerzos colectivos, dirigido a interpretar el país desde las distintas aristas.

Es realmente difícil seguir el paso a la cantidad y calidad de bibliografía que se ha producido en el país sobre cómo reconstruir. Pretender realizar una lista exhaustiva, en sí mismo, ya sería una extraordinaria, pero difícil meta. Pero, para tener tan sólo una aproximación lejana de lo que se ha investigado y publicado durante estos años, sirvan estos ejemplos, entre muchos otros, de proyectos académicos que han reflexionado sobre el país:

-Patricia Márquez y Ramón Piñango (editores), En esta Venezuela. Realidades y nuevos caminos, Ediciones IESA, Caracas, 2003.

-Equipo Acuerdo Social (coordinadores), Venezuela: un acuerdo para alcanzar el desarrollo, Acuerdo Social, Caracas, 2006.

-Pedro A. Palma (coordinador), Propuestas a la Nación, Academias Nacionales de Venezuela, Caracas, 2011.

-Ronald Balza Guanipa (coordinador), Venezuela 2015. Economía, Política y Sociedad, Konrad Adenauer Stiftung-Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015.

-Benigno Alarcón Deza y Sócrates Ramírez (coordinadores), La consolidación de una transición democrática, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2018.

Como puede verse, esa pequeña muestra sirve para ilustrar el trabajo que se ha hecho para pensar sobre cómo reconstruir, desde diversos sectores, desde diversas perspectivas, a distintos alcances. Al punto, que estudios publicados en, digamos, 2016, ya necesitan de importantes actualizaciones en data y enfoque. Ni qué decir de investigaciones realizadas en los años previos a 2012. Pero, como sea, es un esfuerzo cuantitativo y cualitativo que han realizado profesores, investigadores, Universidades y otras instituciones está allí, al servicio de la reconstrucción institucional, social y económica.

Por otra parte, varias Cámaras empresariales han venido realizado diagnósticos y propuestas para algunos sectores claves de la economía. Por ejemplo, Conindustria presentó este año el libro colectivo Hacia una Venezuela industrializada: la ruta, bajo la coordinación de Juan Francisco Mejía Betancourt. Por señalar otro ejemplo, la Cámara Venezolana de la Construcción, bajo la dirección de su Presidente, Juan Andrés Sosa, ha preparado un completo informe para la reactivación del sector construcción, titulado Construyendo la Venezuela que queremos.

Aquí mismo en Prodavinci se está impulsando el proyecto Economía venezolana: una discusión pública, que está recogiendo los análisis y propuestas de una cantidad muy importante de economistas.

Por ello, los venezolanos debemos sentirnos orgullosos de no haber sido indiferentes: hay un consenso sobre lo que hay que hacer, que está sustentado en diversas reflexiones, investigaciones, análisis que vienen realizándose desde hace bastantes años. Prácticamente para cada gran tema de la crisis socioeconómica, y luego para cada sector, hay estudios que han hecho el respectivo diagnóstico, y su correspondiente propuesta.

En este contexto, cobra mucha importancia el proyecto “Plan País”, del que ya se ha anunciado la primera fase. A diferencia de otros proyectos como los que hemos reseñado, en este proyecto la Asamblea Nacional ha tomado un rol impulsor, como se vio en el acto de presentación, lo que supone la coordinación entre la dirigencia política y quienes pueden prestar el apoyo técnico para la formulación y ejecución de políticas públicas.

Según las reseñas periodísticas, el “Plan País” contiene propuestas para cada uno de los aspectos de nuestra crisis económica, desde el déficit fiscal, hasta la crisis en el sector hidrocarburos, pasando por los controles cambiario y de precios, que tanto daño han causado. Anuncia esquema de plan integral para la recuperación económica.

Sin duda, el “Plan País” es una ocasión importante para que la dirigencia opositora muestre consenso alrededor de unas ideas fundamentales, como un instrumento para el consenso no sólo económico, sino también político, y como un esfuerzo de trabajo conjunto entre la dirigencia política y los otros sectores de la sociedad.

Y eso es una excelente noticia para el país.

Prodavinci

23 de diciembre de 2018

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En enero de 2017 entra en vigencia un nuevo salario mínimo, el primero del año 2017 y el número 15 desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013.

Puede decirse que la fijación por el Presidente de la República se ha convertido en un elemento bastante común del sistema económico venezolano. Pero que se haya convertido en una política reiterada implica que deba valorarse su conveniencia, y para esto puede ser útil indagar cuándo y cómo comenzó a fijar el salario en Venezuela.

¿Cuándo el Ejecutivo Nacional de Venezuela intervino
de manera indirecta por primera vez en la fijación de salarios?

En el Artículo 21 de la Ley sobre contratos colectivos por ramas de industrias, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 25.818 de 21 de noviembre de 1958, se establecía que “el contrato colectivo en la convención obrero-patronal o el laudo arbitral podrá ser declarado por el Ejecutivo Nacional de extensión obligatoria para las demás empresas y trabajadores de la misma rama industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, a solicitud de la propia convención o de cualquiera de los sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores o de cualquier patrono, sindicato o asociación de patronos que sean partes en el contrato colectivo o laudo arbitral”.

¿Cuándo se fijó por primera vez el salario mínimo
por parte del Ejecutivo Nacional de Venezuela?

Sería a través del Decreto-Ley N° 122 de 31 de mayo de 1974, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 30.415 de 4 de junio de 1974, cuando se fijó por primera vez el salario mínimo nacional de modo directo por el Poder Ejecutivo Nacional.

Ese Decreto-Ley fue dictado en ejecución de la Ley Habilitante que el Congreso había sancionado a favor del Presidente Carlos Andrés Pérez, publicada en la Gaceta Oficial 30.412 de 31 de mayo de 1974. En el ordinal 10 del artículo 1 de esa Ley Habilitante se facultaba al Presidente de la República para “decretar salarios mínimos y los aumentos de sueldos, salarios y prestaciones requeridos para elevar el nivel de vida de la población y mejorar la distribución de los ingresos de acuerdo con la política general que defina el Ejecutivo Nacional. En ningún caso el ejercicio de esta facultad impedirá modificaciones de sueldos y salarios resultantes de los contratos de trabajo”.

Pues bien, en ese Decreto-Ley se fijaría el salario mínimo nacional para los trabajadores, salvo los del servicio doméstico, en 15 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 1). Para los trabajadores del servicio doméstico cuyos patronos tengan ingresos superiores a los 4.000 bolívares mensuales, se fijaría un salario mínimo nacional de 300 bolívares mensuales (Artículo 2).

Señalaría Héctor Valecillos Toro sobre esa primera fijación del salario mínimo:

“Considerada superficialmente, la medida parecía justificada, pudiendo verse como un arbitrio a favor de la justa participación de los trabajadores en la súbita riqueza petrolera. Sin embargo, vista menos emocionalmente, era claro que no convenía precipitarse en una medida que suele generar problemas de diferente tipo. Primero, porque ya bajo el gobierno de [Rafael] Caldera había comenzado a acelerarse el ritmo de la inflación (que, no olvidemos, había estado ausente del país entre 1950 y 1969) y no sería fácil eludir el impacto alcista sobre los precios de esa decisión. Segundo, y quizás principal, porque escogía el gobierno un mecanismo altamente inconveniente para la retribución salarial del personal, aquel que por definición desvincula remuneración y productividad del trabajo” [1].

Transcurrirían 5 años y en 1979 el Congreso de la República dictará una Ley general de aumento de sueldos, salarios, salario mínimo, jubilación y pensiones de vejez, invalidez y muerte (Gaceta Oficial N° 2.518 extraordinario de 3 de diciembre de 1979). Además de establecer un aumento general de sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones de vejez, invalidez y muerte, se fijó como salario mínimo nacional obligatorio para todos los trabajadores del país, la cantidad de 30 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 6), además de un salario mínimo nacional para los trabajadores dedicados a las actividades agrícolas y pecuarias de 25 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 7) y un salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores del servicio doméstico en 500 bolívares mensuales (Artículo 8).

A partir del año 1984, y hasta hoy, el Presidente de la República ha seguido dictando Decretos para la fijación del salario mínimo, en lo que se ha convertido en una tradición política y económica en nuestro país.

¿Cuántos aumentos de salario mínimo se han registrado en Venezuela?

Entre 1974 y 1998 se fijó el salario mínimo urbano en 13 ocasiones: menos de uno por año. En contraste, entre 1999 y enero de 2016 se han registrado 36 aumentos de salario mínimo: casi dos por año.

Resulta interesante notar que tal y como precisó Chi-Yi Chen en 1993:

“La intervención directa del Estado venezolano en la fijación de salarios refleja cierta posiciones tomadas. Estas son: a) El trabajador está siempre explotado; nunca recibe lo que le corresponde; b) El empresario se enriquece únicamente a través de la explotación del trabajo; c) Como consecuencia de las dos posiciones anteriores se concibe que el único mecanismo para repartir equitativamente el excedente de la sociedad productiva es imponer compulsivamente un determinado nivel de remuneración. La historia de la intervención estatal durante las últimas décadas refleja exactamente estas ideas, evidentemente influenciadas por la concepción marxista del capitalismo” [2]

¿Cuáles son los problemas asociados con la fijación de un salario mínimo?

Fijar un salario mínimo busca garantizar que los trabajadores formales de la economía tengan un ingreso mínimo mensual que —en teoría— cubra las necesidades básicas de su familia. Sin embargo, el mercado laboral de cada sector productivo tiene ofertas y demandas de mano de obra diferentes, por lo que el salario de equilibrio de cada mercado es, a su vez, diferente.

Si, por ejemplo, se fija un salario mínimo que se encuentre por encima del salario de mercado, aumenta la oferta de mano de obra, mientras que las empresas no tendrán incentivos para la contratación y, en consecuencia, aumentará el desempleo. En contraste, si se fija un salario mínimo que se encuentre por debajo del salario de mercado, las empresas querrán contratar más personal, pero los trabajadores no tendrán incentivos a ofrecer su mano de obra en el mercado formal.

En última instancia, fijar un salario mínimo que no corresponda con el salario de equilibrio del mercado generará distorsiones. El nivel salarial debe, por encima de todo, responder al nivel de productividad del trabajador.

Por eso, como se pregunta Chi-Yi Chen:

“El salario mínimo se ha convertido en un elemento importante de la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores menos favorecidos (…). Nos preguntamos si, ¿el salario mínimo ha jugado realmente el rol que le fue asignado, es decir, mantener un nivel de vida socialmente aceptable?”[3]

A partir de enero 2016, el salario mínimo venezolano se ubica en 40.638 bolívares fuertes y —por ahora— 63.721 bolívares fuertes en beneficios de alimentación. Mientras dicho salario no permite cubrir la canasta alimentaria familiar y mucho menos la básica, representa una carga sustancial para las empresas del mercado formal. Es irónico que el salario mínimo, que, en teoría, va dirigido a proteger la capacidad de compra del venezolano, en realidad (i) se convierte en una traba para hacer negocios formales, (ii) disminuye la oferta de empleos con calidad y (iii) genera incentivos para que trabajadores formales busquen mejores sueldos en el mercado informal.

Sin duda, el tema del salario mínimo es una de las reflexiones fundamentales que los venezolanos debemos realizar, sin prejuicios, sobre nuestro sistema económico y social.

♦

[1] Crecimiento económico, mercado de trabajo y pobreza: la experiencia venezolana del siglo XX, Caracas, 2007, p 258.

[2] “Estado y políticas de salario y empleo”, en Revista de la Facultad de Derecho Nº 46, Universidad Católica Andrés Bello, p. 50.

[3] Ibídem, p. 49.

http://prodavinci.com/blogs/cuando-y-como-se-comenzo-a-fijar-el-salario-...