Chile es un ejemplo del camino lleno de vaivenes, contrastes y matices en los que se mueve el proceso político en Latinoamérica. El actual presidente de la República, Gabriel Boric, es expresión de ese movimiento insurreccional, incendiario, que se desató en el país del Cono Sur durante 2019. Como se recordará, las protestas callejeras destruyeron estaciones del metro, farmacias, clínicas, automóviles particulares. Una parte del patrimonio urbano construido con el aporte financiero y el trabajo de los ciudadanos, fue demolido debido a que los manifestantes estaban indignados porque el crecimiento económico de décadas se había traducido en un incremento de las desigualdades sociales, no en su reducción.

Durante meses vimos un Chile desconocido para sus vecinos del continente. Observamos a una sociedad dominada por la ira y los deseos de revancha contra los ricos que –según la versión de los insurgentes- se habían apropiado de gran parte del producto nacional. Los jóvenes que se enfrentaban a la policía en las barricadas exigían una educación universitaria y una salud pública gratuita y una seguridad social que les costara muy poco a los contribuyentes. El ideario izquierdista fue enarbolado como estandarte. El espíritu de la época catapultó a Boric hasta la jefatura del Estado.

Una vez instalado en La Moneda, el joven mandatario trató de cumplir con una de sus promesas: modificar la Constitución de 1980, aprobada durante la era de Augusto Pinochet. Era una aspiración plausible: luego de tres décadas de haberse instalado el sistema democrático, había llegado el momento que la democracia tuviese sus propia Carta Magna. Una que subrayase la naturaleza civil, republicana, plural, inclusiva e igualitaria del Estado y la sociedad. Sin embargo, el tono mesurado que debía contener la nueva Constitución no fue comprendido por algunos de los factores que integraban la mayoría parlamentaria, vinculada fundamentalmente con los partidos y grupos izquierdistas que habían motorizado las protestas, a pesar de las sabias advertencia de Boric, quien al ver disminuir su popularidad producto de los excesos radicales, entendió que pueden ganarse elecciones con un lenguaje vehemente, pero hay que gobernar con el sentido común que recomienda el pragmatismo cauteloso. El proyecto de reforma constitucional elaborado por los extremistas de izquierda asustó tanto al pueblo, desde los colocados en el polo de la derecha hasta los más moderados, que fue rechazado de forma categórica en septiembre de 2022, al ser votado en un referendo popular. El miedo frente a la desmesura fanática fue tan grande, que el país se movilizó hasta las urnas electorales para decirles No a los extremistas.

El naufragio de ese nuevo proyecto constitucional obligó a la élite política a buscar una salida negociada. Se entendía que los chilenos querían otra Constitución, pero no la diseñada por la izquierda arrogante y miope. Colocados ante la disyuntiva, los ciudadanos preferían la Carta pinochetista. En esa pugna salió ganando José Antonio Katz, rival de Gabriel Boric en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2021. Katz se había opuesto frontalmente al cambio de la Constitución.

La búsqueda concertada que se produjo luego del fracaso llevó a concebir el Consejo Constitucional, conformado por cincuenta miembros, instancia que se elegiría en una consulta popular. Esta fue la votación llevada a cabo el pasado domingo 7 de mayo. Allí el péndulo electoral se movió claramente hacia la dirección opuesta de donde se había desplazado cuando Boric obtuvo la victoria. El bloque de la derecha –conformado por el ultraderechista Partido Republicano, dirigido por Katz, y la alianza más convencional Chile Seguro- se quedó con la mayoría de los representantes: en total 33 representantes. Mientras la izquierda –Unidad para Chile, de Boric, la centroizquierda de Todo por Chile y el populista Partido de la Gente- pasó a ser una minoría bastante reducida, con apenas 17 representantes. La derecha cuenta con más de las tres quintas partes exigidas para las decisiones que requieran mayoría absoluta.

El Consejo Constitucional redactará la futura Constitución en consulta con el equipo de expertos designado por el Congreso Nacional. Esa Carta Fundamental tendrá que ser sometida al juicio de los votantes en un referendo popular en diciembre próximo. Será el pueblo el que decida cuál es la Carta Magna que servirá de marco general durante las próximas décadas. Cuál será el Estado constitucional y de derecho que regulará la vida de esa nación. Las organizaciones triunfantes, ya lo dijo Boric, deberían aprender de la experiencia reciente: los chilenos no quieren que impere una supremacía sectaria. Ninguna visión ultraconservadora o ultraliberal va a prevalecer de forma avasallante. La hegemonía supremacista parece estar condenada a fracasar.

Los chilenos, al moverse de un extremo a otro, les dijeron a los partidos y a la dirigencia que quieren sensatez, sindéresis e inclusión, aunque el triunfo de la derecha haya sido categórico. Se trata de vivir en un país en el quepan todos, no únicamente quienes militan en el campo de las ideas de una determinada concepción del Estado y la sociedad. Chile podría representar el camino que Venezuela debería seguir cuando salgamos del disparate en el que vivimos.

@trinomarquezc

En el complot que un sector de la oposición urdió contra el llamado ‘gobierno interino’ presidido por Juan Guaidó, se cometieron excesos de distinto tipo. Solo voy a referirme a los que me parecen más importantes por las consecuencias tan negativas que están produciendo y que, seguramente, se ahondarán en el futuro inmediato.

Guaidó era el presidente de la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2019, cuando a Nicolás Maduro le colocaron de nuevo –esta vez Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente- la banda presidencial para asumir el período constitucional 2019-2025. Maduro había salido electo en un proceso comicial fraudulento en mayo de 2018. En vista de la usurpación perpetrada por el mandatario y sus camaradas, la oposición parlamentaria –en la cual se encontraban representados todos los partidos importantes de la oposición- decidió designar a Guaidó como Presidente de la República interino, con el fin de cubrir el vacío legal que se había creado. Todo en el marco de la Constitución de 1999. Lo demás es historia conocida.

Los defenestradores de Juan Guaidó dicen que el interinato no cumplió con los objetivos fijados: salir de Maduro y convocar elecciones libres. Este argumento es muy débil pues ninguno de los planes y políticas aplicadas por la oposición a lo largo de un cuarto de siglo han logrado esa meta.

Una rápida lista de los acontecimientos muestra que tras el propósito de recuperar la democracia fallaron los promotores de los sucesos del 11 de abril de 2002; los organizadores del paro cívico de 2002-2003; quienes impulsaron la abstención de 2005; y quienes obtuvieron el glamoroso triunfo en las elecciones legislativas de 2015. Todo el mundo recuerda la promesa de Henry Ramos Allup en enero de 2016 de sustituir a Nicolás Maduro, por la vía constitucional, en un período no mayor a seis meses. Fracasaron también las vías insurreccionales de 2014 y 2017, incluido el intento de golpe del 30 de abril de 2019. En la lucha contra el régimen no hay ningún dirigente, partido o sector que pueda decir que no se ha equivocado tanto en el diagnóstico como en los logros. Por lo tanto, señalar que había que acabar con el interinato porque no había cumplido con las metas propuestas me parece un exabrupto. Por cierto, al frente de Acción Democrática, Primero Justicia y un Nuevo Tiempo están los mismos dirigentes de hace veinticinco años. Nadie dentro de sus agrupaciones les ha dicho que deben retirarse porque fracasaron. Los militantes que se han atrevido a formular algún planteamiento crítico han salido eyectados como corcho de limonada.

El fariseísmo de quienes dinamitaron el interinato lo hicieron a la sombra. Tramaron una emboscada sin dar la cara ni formular la menor autocrítica. No fueron capaces de convocar una rueda de prensa para explicarles a Venezuela y a las naciones que apoyaron esa iniciativa, cómo y por cuál motivo habían tomado esa drástica decisión; y cuáles las política y planes que sustituirían a lo representado por Juan Guaidó. Ignoraron las opiniones de los juristas más destacados del país, inclinados a continuar con el interinato ya que ninguna de las condiciones institucionales que lo habían justificado habían cambiado. No les importó para nada la opinión pública. Se sacaron de la manga unas cuantas cifras aisladas y descontextualizadas para decir que el interinato carecía de apoyo popular. Se buscaron a tres diputadas muy valiosas, pero totalmente desconocidas, residentes en el exterior y carentes de peso específico, para integrar la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de 2015, sin que se sepan las razones de ese nombramiento.

La conjura la tramaron a cambio de nada. Al menos de nada positivo que el análisis desde la perspectiva democrática pueda destacar. Ahora la oposición se encuentra más dividida, más debilitada y le corresponderá luchar en peores condiciones que antes contra el Gobierno. La decisión no fortaleció las posibilidades de reanudar las conversaciones en México. La soberbia y desplantes de Maduro, Jorge Rodríguez y compañía son ahora más agresivos. Esos señores no muestran ni el menor interés en volver a reunirse con la Plataforma Unitaria. ¿Para qué? Han amenazado con cambiar la composición del CNE, seguramente porque desean colocar allí a los ‘alacranes’, que obedecerán las órdenes de Miraflores sin chistar. Enrarecieron aún más el ambiente de las primarias, a las que les colocaron algunos tacos de dinamita alrededor. Esperemos que no terminen por hacerlas estallar. La condición de los presos políticos y de los derechos humanos será aun más precaria, pues la oposición perdió un factor de presión internacional muy poderoso. El nexo con la Unión Europea y, probablemente, con Estados Unidos será más frágil, luego del espectáculo protagonizado por los detractores de Guaidó. Pronto veremos qué va a ocurrir con los activos internacionales de Venezuela a los cuales Maduro quiere ponerles la mano antes de 2024.

La Plataforma Unitaria se alineó con los intereses del régimen, que aspira a tener una oposición domesticada, raquítica y sin capacidad de organización y respuesta. Todo muy deplorable. Así comenzamos 2023. De todos modos, como este es mi primer artículo de la temporada, Feliz Año.

@trinomarquezc

La Comisión Nacional de Primarias acaba de instalarse luego de un arduo proceso de consultas que permitió conformar un grupo equilibrado, imparcial y con notable peso específico, que le dará legitimidad a un proceso tan complejo como ese. Al final, se constituyó un equipo presidido por el respetado jurista Jesús María Casal e integrado por compatriotas que gozan del aprecio de los distintos sectores de la oposición, que han manifestado interés en participar en la consulta de la cual saldrá el candidato unitario para las elecciones presidenciales que deberán efectuarse en 2024.

Las labores de ese equipo son en extremo exigentes y delicadas. Tendrán que determinar el cronograma electoral, que corona con la fecha de la convocatoria a las votaciones; lograr que los aspirantes sientan que el organismo actúa con firmeza y ecuanimidad ante cualquier abuso o exceso por parte de alguno de los participantes; depurar el Registro Electoral Permanente con el aval de los aspirantes y organizaciones que los respaldan; acreditar los representantes de los distintos aspirantes y comprometerlos con las tareas que deben cumplirse antes, durante y después de la cita; garantizar que el candidato surgido de la consulta no pueda ser impugnado por algún grado de parcialización del organismo conductor.

Las labores que debe llevar a cabo la CNP, de las cuales solo he hecho una rápida e incompleta lista, combinan aspectos técnicos, operativos, jurídicos y políticos de alta complejidad. Lo más conveniente sería que los partidos y candidatos la dejen trabajar sin presiones indebidas ni amenazas o chantajes. La CNP deberá resolver si busca el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo la consulta comicial. Si es factible que los venezolanos que se encuentran en el exterior voten. Hasta dónde, con los recursos y las condiciones existentes, resulta factible garantizar una votación confiable más allá de nuestras fronteras, sin levantar suspicacias o evidenciar cierto ventajismo de tal o cual aspirante u organización.

Estos temas, y otros similares, por su complejidad, deberían ser materia exclusiva de la CNP, sin la interferencia de los actores del proceso. Por supuesto que la CNP deberá contar con canales de consulta con las organizaciones políticas y los candidatos, para resolver asuntos tan espinosos como el del respaldo técnico del CNE o el voto en el exterior. Sin embargo, lo que no me parece conveniente es que los dirigentes sigan ocupándose públicamente de esas cuestiones una vez que la CNP ya se ha constituido y está comenzando a trabajar y a formar los equipos específicos que se colocarán frente a cada uno de los nudos que debe desatar. Si una de las metas del proyecto de recuperación democrática reside en rescatar la independencia del CNE, la realización de las primarias constituye una excelente oportunidad para demostrar, a través de la CNP, que la oposición sí sabe resguardar esa autonomía.

A partir de ahora, quien pretenda convertirse en candidato de la oposición debe dar a conocer sus ideas, sus propuestas fundamentales de gobierno, las razones por las cuales considera que es él, o ella, quien debe salir favorecido por el voto de los electores. Debe señalar cuáles son los proyectos que ha diseñado para reconstruir el Estado y la sociedad, y rescatarlos del nivel de ruina en el que los ha hundido el régimen durante el cuarto de siglo que ha controlado el poder.

La oposición, mediante las primarias, tiene la extraordinaria oportunidad de demostrar que puede preservarse compacta en medio de las diferencias y el contraste de opiniones. Que puede mantenerse unida a pesar de la diversidad. Que no le teme a ventilar en público sus diferentes concepciones porque la democracia consiste en confrontar puntos de vista dentro de una atmósfera de respeto por el contrincante.

En la actualidad, el porcentaje de venezolanos opositores o, en todo caso, desencantados del régimen, dispuestos a participar en las elecciones primarias ronda el 40%. Esta significativa cifra podría elevarse de forma sensible si la CNP realiza el trabajo transparente y eficaz que se espera de ella; y los candidatos se dedican a animar a los electores recorriendo el país con proposiciones sensatas y atractivas.

Cada quien debe dedicarse a hacer lo que le corresponde, sin obstrucción ni injerencia.

A la CNP hay que apoyarla y fortalecerla. El entusiasmo que despierten las primarias podría ser un anticipo de lo que ocurriría en 2024, si vamos con un líder escogido por el pueblo que busca un cambio democrático.

@trinomarquezc

Ya estamos viendo cómo a medida que se acerca el 5 de enero, fecha en la cual la Asamblea Nacional electa el 2015 debe comenzar un nuevo año legislativo, arrecian los ataques al ‘Gobierno interino’ encabezado por Juan Guaidó, por parte del régimen y de algunos adversarios del dirigente dentro de la oposición.

El Gobierno de Nicolás Maduro se burla sin compasión y seguirá calificándolo de farsa ridícula. Se valdrá incluso de personajes oscuros como el embajador de Colombia en Venezuela. Al régimen le duele demasiado que Guaidó, una figura poco conocida surgida de repente, le haya asestado golpes nobles de los que nunca ha podido recuperarse. Los competidores de Guaidó en el campo opositor, en medio de su extravío, tratan de descalificarlo y minimizar su relevancia.

Guaidó es de los pocos líderes opositores que se tomó en serio que su designación fue producto de un acuerdo colectivo ampliamente consultado, analizado y discutido dentro de la oposición y con aliados internacionales. Ese arreglo se adoptó cuando Maduro y Diosdado Cabello –en ese momento presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada de forma ilegítima en 2016- llamaron a elecciones presidenciales en mayo de 2018, adelantando de forma unilateral e inconsulta el calendario comicial y pasando por encima del Consejo Nacional Electoral, único organismo facultado por la Constitución para convocar procesos electorales. Los comicios en los que Maduro se reeligió fueron desconocidos por la gran mayoría de los países democráticos del planeta, que a su vez apoyaron el acuerdo de los opositores, quienes establecieron que la Asamblea Nacional electa en 2015, ganada ampliamente por las fuerzas opositoras, se mantendría activa luego de enero de 2019, cuando Maduro asumiría de nuevo el cargo de jefe de Estado; y que Juan Guaidó, presidente de la AN en ese momento, cubriría el vacío legal dejado por Maduro, quien haciendo un uso abusivo del poder, había alterado el hilo constitucional con el fin de empotrarse en Miraflores. Esos fueron los hechos que precipitaron el surgimiento de Guaidó y su ‘Gobierno interino’.

Ahora, a pesar de que nada ha cambiado en el panorama jurídico, esa historia es ignorada por muchos de los detractores de Guaidó. De esos detalles se olvidan hasta algunos de los defensores más apasionados de la Constitución de 1999, que en su momento señalaron la conveniencia de desconocer a Maduro por ilegítimo, promover la continuidad de la AN de 2015 y designar a Guaidó como presidente interino, debido a su condición de presidente de la AN.

Juan Guaidó y el equipo que fielmente lo ha acompañado a lo largo de este proceso tan complicado, se han anotado algunos triunfos importantes que han provocado la ira del régimen. Gracias a ese grupo, Citgo no ha caído en las garras de Maduro. Este no ha podido hacer con esa empresa lo mismo que con Pdvsa, con la CVG y con las numerosas firmas estatizadas. Por las acciones de ese equipo, las reservas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra tampoco han ido a parar a las arcas del régimen. Producto de las actividades de Guaidó y su gente, los venezolanos en el exterior –especialmente en Estados Unidos, Colombia y España, para citar solo tres países- han recibido un trato especial; a los compatriotas se les reconocen los pasaportes vencidos, lo que les permite entrar y circular libremente por esas naciones. Los derechos humanos en Venezuela han recibido especial atención de los organismos internacionales durante los años recientes, también debido a las labores de ese grupo. Además, el régimen no ha sido aún más feroz con la oposición durante los últimos años porque se levantó el muro de protección construido por Guaidó y compañía, junto con los factores de la comunidad internacional que lo respaldan.

Una revisión rápida y desapasionada de la gestión de Guaidó y su pequeño dispositivo indica que, a pesar de no haberse cumplido las metas de sustituir a Maduro y convocar elecciones libres, existen otros logros significativos que sí se alcanzaron.

En el marco del diálogo planteado entre el Gobierno y la oposición –entre cuyos promotores se encuentran Emmanuel Macron, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Alberto Fernández- conviene considerar esas conquistas.

El régimen y algunos sectores de la oposición pretenden que cesen las labores de Guaidó sin que Maduro ceda nada concreto a cambio. El régimen, al menos, tendría que comprometerse con los actores nacionales e internacionales de ese diálogo a garantizar el llamado a elecciones libres, equilibradas y transparentes con supervisión de organismos internacionales; reconocer que el CNE es la única instancia con atribuciones para convocar elecciones y fijar el calendario; y conceder una amnistía que levante las inhabilitaciones que pesan sobre los dirigentes más destacados de la oposición incluyendo, desde luego, a Juan Guaidó y a los dirigentes que se encuentran en el exterior, debido a que fueron perseguidos y expulsados por el Gobierno.

Desactivar a Juan Guaidó y desmontar su grupo sin lograr esos compromisos me parecería un error garrafal.

@trinomarquezc

La invasión a Ucrania cambió el cuadro internacional de forma radical modificando de manera sustantiva las relaciones de Occidente con la Rusia de Putin (y con su aliado incondicional: la Bielorrusia de Lukashensko).

Después de la implosión de la Unisón Soviética, las relaciones de Europa con Rusia, aunque complicadas, se mantuvieron en un marco basado en el reconocimiento mutuo de los límites de cada centro de poder. A pesar de que Putin era un jugador rudo, respetaba las reglas establecidas. Se mantenía dentro de la cancha. Con el asalto a su modesto vecino del sur, violó todas las normas de la convivencia pacífica y civilizada. Mostró sin rubor el proyecto imperial que lo inspira. A partir de ahora sus relaciones con Europa serán tensas. Si termina por someter a Ucrania, esos nexos serán de una fricción aún mayor. No le perdonarán haberse ensañado contra esa pequeña nación. Nadie querrá asociarse con ese tirano. En poco tiempo no existirá más esa dependencia energética desmedida que ata a Alemania y otros países con Rusia. Se diversificarán las fuentes de suministro energético. En ese programa de independencia, Europa contará con el respaldo de Estados Unidos.

A Nicolás Maduro antes le resultaba relativamente sencillo aparecer aliado con Putin. El multilateralismo que, junto a la China de Xi Jin-ping, planteaba el líder ruso, les abría a los gobiernos de países pequeños la posibilidad de participar en un teatro con múltiples actores demandando un nuevo orden mundial, menos centrado en Estados Unidos y sus aliados europeos. Este panorama se modificó con la aventura de Putin en Ucrania. Rusia está convirtiéndose en un paria. Las medidas de aislamiento y las sanciones en su contra arreciarán a medida que aumente la crueldad contra Ucrania y se eleve la heroica resistencia de ese pueblo y su líder, el presidente Volodímir Zelenski.

Las afinidades ideológicas de Maduro con Putin son muy tenues. Podría decirse que inexistentes, salvo porque ambos son esencialmente antidemocráticos. Putin es un conservador en el más estricto sentido de la expresión. Mantiene una firme coalición con los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa. Siembre ha sentido desprecio por el comunismo como sistema económico. En cambio, Maduro coquetea con el marxismo, aunque a partir de un tiempo para acá lo utiliza para sonreírles a los ingenuos comunistas de su partido. Los vínculos con la Iglesia Católica son distantes. Los nexos entre Putin y Maduro solo se tejen en el plano económico y militar. La compra de armas, la asistencia a los órganos de seguridad y la mediación para evadir las sanciones norteamericanas han sido la argamasa que ha pegado a esos dos regímenes ideológicamente tan dispares. Con la batería de sanciones mundiales en todos los planos contra Putin, el escenario cambió.

Este nuevo escenario quiere aprovecharlo la administración de Joe Biden para alejar a Maduro de Putin. Por esta razón envió a Venezuela la delegación que se reunió con Maduro y con la oposición el pasado fin de semana. En el encuentro se discutieron diferentes temas, entre ellos el levantamiento progresivo de las sanciones, el reinicio de las conversaciones en México y la liberación de varios presos políticos, incluidos los de origen norteamericano. Biden está evidenciándole a Maduro que el costo de mantenerse cerca del dictador ruso es mucho más alto que los beneficios que puede obtener de esa relación. Maduro debe de sentirse alagado de pasar a ser una ficha importante en el tablero donde están interviniendo las grandes potencias mundiales.

La jugada de Biden me parece oportuna y conveniente. Entre sus intereses se encuentra alejar a Maduro cuanto antes de la esfera de influencia de Rusia. Quitarle una pieza que podría ser importante en América Latina. Un país que cuenta con reservas petroleras y gasíferas significativas y que en el mediano plazo podría convertirse de nuevo en un agente fundamental en el mercado petrolero planetario. Biden está pensando en términos estratégicos. Hay que aislar a Putin donde sea posible.

Esta estrategia confronta varias limitaciones. Unas se encuentran en Estados Unidos. Varios de los líderes más agresivos del Partido Republicano han cuestionado con severidad el acercamiento de Biden con Maduro. Probablemente entienden la importancia de esa oportunidad, pero no quieren entregarle los laureles a Biden. Dentro de su propio Partido Demócrata también han aparecido algunas reservas. No le será fácil al mandatario norteamericano sortear esos obstáculos para sacarle el máximo provecho a los eventuales acuerdos que se alcancen.

Las otras dificultades se relacionan con la ambivalencia y volatilidad del gobierno de Maduro, que es capaz de contradecirse de un día para otro sin inmutarse. De las hipotéticas negociaciones entre el Gobierno y la oposición tendría que salir un acuerdo para realizar unas elecciones transparentes en 2024. En este punto ha insistido Juan Guaidó, quien se muestra de acuerdo con comenzar un nuevo ciclo de conversaciones. Este debería ser el aspecto crucial del acercamiento, pero es al que Maduro le tiene mayores temores. Queda suficiente tiempo para presionarlo. Si Putin sale derrotado de su incursión en Ucrania, el proyecto continuista de Maduro puede sufrir un duro revés.

Biden aspira a utilizar a Maduro para cortar los tentáculos de Putin en América Latina. Maduro, a su vez, necesita un respiro adicional. Veremos.

@trinomarquezc

11 de marzo de 2022

Analítica

https://www.analitica.com/opinion/venezuela-negociar-para-aislar-a-putin/

Después de más de dos décadas de confrontación entre el proyecto hegemónico chavista y las fuerzas democráticas, hay cansancio y hastío en la población. La gente siente la necesidad de que se produzca un encuentro transparente entre el gobierno y la oposición. Son muchos y graves los problemas causados por el afán continuista del régimen. Venezuela ha sido arrastrada por procesos desconocidos desde que se estabilizó como nación a comienzos del siglo XX. La caída del producto interno bruto, el cierre de empresas, el aumento del desempleo, la informalidad y la pobreza, el colapso de los servicios públicos y el éxodo masivo y constante hacia los países vecinos y más allá, no tiene antecedentes en América Latina y el mundo en períodos del paz. Es comprensible que los ciudadanos quieran que se logre una tregua permanente que permita enderezar los planos y darle al país la oportunidad de crecer de forma continua por un largo período.

Las cifras de los estudios que conozco muestran ese deseo. Destaco los datos de Consultores 21, de las empresas que mejor recogen esa aspiración. Su más reciente estudio, que abarca el segundo trimestre de este año, señala que 49% de los venezolanos está de acuerdo con una negociación en torno de los temas más acuciantes de la realidad nacional. Los puntos de la negociación deberían ser: un nuevo CNE, liberar los presos políticos, elecciones libres en todos los niveles, aprobación de una ley de amnistía que traiga sosiego y levantar las sanciones para que Venezuela sea parte armónica de la comunidad internacional.

En el sector chavista, 64% piensa que el gobierno debe negociar para buscarle salidas a la situación nacional. Esta cifra disminuye entre los opositores: 51% indica que debe negociarse con el gobierno. Entre los adversarios del régimen, 23% sostiene que debe discutirse y presionar al mismo tiempo al gobierno en la calle. 57% del país está de comparte el Acuerdo de Salvación Nacional. Entre los opositores, este respaldo aumenta a 87%. En los chavista se reduce a 16%.

Ese deseo de la mayoría de los venezolanos fue recogido por la oposición que decidió sentarse con los representantes de Nicolás Maduro en México, con el fin de firmar el Memorando de Entendimiento, documento que en siete puntos reúne algunos de los aspectos cruciales de la situación nacional.

Frente al acercamiento entre el gobierno y la oposición existe un optimismo razonable y lógico porque a ningún pueblo le gusta vivir bajo el asedio de la crisis permanente. Ninguna comunidad opta de manera consciente por el martirio. Los pueblos que han vivido en democracia y conocen la prosperidad, como fue Venezuela en el pasado reciente, aspiran a recuperar el bienestar del cual una vez disfrutaron.

Junto a esa esperanza convive el escepticismo de una sólida franja de compatriotas descreídos porque el régimen que se instaló hace veinte años en Miraflores ha pulverizado en varias oportunidades las posibilidades de llegar a acuerdos estables. Conviene recordar lo ocurrido en Oslo, en República Dominicana y en Barbados para no perder el realismo en las discusiones. Pero también hay que conocer lo sucedido en Polonia y Checoslovaquia cuando dominaban los comunistas, o en Chile cuando gobernaba Augusto Pinochet, para estar conscientes de que los regímenes autoritarios, por infranqueables que parezcan, siempre poseen fisuras que pueden ahondarse. Rupturas abruptas de las conversaciones, como las provocadas por el gobierno de Maduro, suelen producirse cuando el bloque dominante no siente amenazada su existencia debido a que el adversario aún se muestra demasiado débil.

Esta vez la oposición fue a México en un cuadro internacional más favorable que en oportunidades anteriores. Estados Unidos recuperó la iniciativa diplomática. La amarga experiencia con los talibanes debe de haberle mostrado a Biden que los aliados débiles no deben ser abandonados a su propia suerte, menos cuando se encuentran en sus propios predios. La situación de Cuba es desesperada. Su papel como soporte de Venezuela resulta cada vez más frágil. La isla requiere con urgencia que los norteamericanos al menos le atenúen el embargo. El coronavirus y las sanciones han develado la miseria en la que ha vivido desde hace sesenta y dos años, sólo que estuvo encubierta por las naciones que le brindaban apoyo incondicional. El comportamiento despótico de Daniel Ortega ha alertado al continente. No es saludable otro sujeto como ese en el continente. Resulta muy mal ejemplo. La otra figura negativa es el señor Pedro Castillo. La región mide sus pasos. Los primeros no han sido alentadores.

En el plano interno, las sanciones del gobierno norteamericano han erosionado a Maduro. Los chinos y los rusos preferirían asociarse con gobiernos que mantengan relaciones cordiales con la primera potencia del mundo. Ya Venezuela no posee el atractivo que antes tuvo. Ni siquiera puede considerarse una potencia petrolera. No es imprescindible ni dentro de la OPEP.

El nuevo marco global puede ser aprovechado para discutir los temas de la agenda, definir un calendario electoral razonable y, por qué no, establecer el referendo revocatorio para 2022. Ya veremos la talla de nuestros negociadores.

@trinomarquezc

Durante la era madurista se han dado fenómenos extraños, pero ninguno como el que rodea la consulta del 6-D: la oposición no puede desarrollar la campaña electoral por las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19; y el gobierno no necesita adelantar ninguna campaña, porque posee el control de todos los mecanismos de chantaje, coacción e intimidación que le permitirán obtener una cómoda victoria con el reducido universo de electores dispuestos a sufragar. Tan insólito como ese factor es que un presidente y un gobierno que concitan 80% de rechazo nacional, están convocando los comicios como si flotaran en una atmósfera de gigantesca popularidad.

La oposición no puede llevar a cabo la labor proselitista porque carece de los medios para desplazar sus candidatos por los circuitos electorales; unos locales, y otros nacionales. No se consigue gasolina para la movilización terrestre y los vuelos comerciales dentro del país se encuentran suspendidos. No es posible convocar reuniones en espacios públicos, ni visitar las casas de los votantes, ni convencer cara a cara a los electores de la importancia de acudir a los centros de votación. Ni siquiera se puede divulgar el programa legislativo de los candidatos y enriquecerlos con las opiniones de los ciudadanos. ¿Qué clase de comicios son esos donde todo lo vinculado con la oposición transcurre en medio del desconocimiento casi total por parte de los votantes, acerca de la oferta de sus futuros representantes en el Parlamento?

Al régimen de Maduro este ambiente tan limitado no le importa. Todo lo contrario: lo favorece muchísimo. Al gobierno le interesa que el universo electoral sea muy pequeño. Que se reduzca a ese sector al cual le llega con cierta regularidad a través de las cajas Clap, del Sistema Patria y de los demás subsidios monetarios miserables que reparte a través de la banca pública. Si esto no fuera suficiente para chantajear a los grupos más pobres y obligarlos a votar, todavía cuenta con los colectivos armados. Con los motorizados del terror, quienes amenazarán a quienes no se desplacen hacia los centros de votación el día de las elecciones.

Las encuestadoras más importantes del país señalan de forma consistente que más de 60% de los venezolanos no quieren sufragar. Para revertir esa matriz de opinión tan extendida y consolidada, habría que introducir cambios institucionales que remuevan las sospechas y fortalezcan las convicciones de la gente. Sin embargo, admitamos que hay que acudir a la cita con el CNE de Maduro y Maikel Moreno, y que sólo se logra que el acompañamiento internacional sea parcial, y no integral como exige la oposición y lo establece la Ley del Sufragio. En ese marco tan favorable al régimen, también la oposición debería instrumentar una campaña proselitista tenaz y convincente, capaz de quebrar las resistencias lógicas de la gente y propiciar la concurrencia masiva a los centros de votación. Este cambio de actitud no es posible en el lapso tan corto que resta hasta diciembre y en el marco de la Covid1-19.

El voluntarismo, aliñado como mucha prepotencia, de quienes piensan que resulta posible lograr ese giro, va a provocar una derrota fenomenal. Nicolás Maduro, aún representando una minoría en declive, se quedará con la mayoría de la Asamblea Nacional, principal órgano de representación de la soberanía popular, con la particularidad de que contará con la colaboración de la franja opositora que acuda a esa consulta. Se trata de un voluntarismo irresponsable, que colocaría el órgano legislativo bajo el control de un mandatario que sólo trata de anular el liderazgo de Juan Guaidó, quitarle la base de apoyo internacional que posee y, a partir de la Asamblea, intentar recuperar Citgo, el oro colocado en Londres y otros activos de la República con los cuales no ha podido acabar.

La Unión Europea, a través de Josep Borrell y otros voceros, junto a otros factores internacionales de poder interesados en encontrar una salida negociada, pacífica y electoral a la pavorosa crisis que azota a Venezuela, han propuesto postergar los comicios para una fecha en la cual el país haya recuperado la normalidad mínima, que permita realizar una campaña al menos relativamente equilibrada. Juan Guaidó y Henrique Capriles –aunque con posturas discrepantes- han señalado que buscan lograr elecciones justas y transparentes. En este punto, ambos coinciden. A partir de ese acuerdo básico, deberían explorar la posibilidad de llegar a un compromiso para, de forma conjunta, exigir la postergación de los comicios y la definición de condiciones que equilibren la competencia entre el gobierno y la oposición.

Maduro dijo que se había dirigido la UE para que enviase testigos a la cita del 6-D. Bueno, hay que complacerlo, pero no para que estén presentes en la consulta que él quiere realizar ‘llueve, truene o relampagueé’, sino para que asistan a una convocatoria más equilibrada, cónsona con la fortaleza que aún posee la oposición y las aspiraciones populares. Maduro necesita legitimar la farsa electoral, empoderarse todavía más con el asalto pacífico de la Asamblea y aparecer ante el planeta como el mandatario que derrotó a sus opositores a través del voto popular. No hay que ponérsela tan fácil. El acuerdo unitario aún es posible.

@trinomarquezc

Pareciera existir una relación directamente proporcional entre la lejanía y el grado de extremismo de las posiciones. Mientras más alejadas de Venezuela se encuentran algunas personas, más extremistas se muestran. Da la impresión de que se desayunan con alacranes y almuerzan con una mapanare. Lo peor es que entre algunos profesionales de la política ocurre igual. No son capaces de colarse por los intersticios dejados por el gobierno en su afán de sobrevivir en el cuadro tan adverso que enfrenta.

El G-4, en vez de poner ciertas condiciones razonables para conversar y negociar tal cual sugiere la delegación de Noruega, país que no descansa en su afán de lograr un acuerdo inteligente entre el gobierno y la oposición, inmediatamente descarta cualquier posibilidad, señalando que el diálogo quedó cancelado una vez Nicolás Maduro, en agosto de 2019, decidió levantarse de la mesa de conversaciones, cuando acusó a Juan Guaidó y al resto de la oposición de apoyar las duras sanciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump. Maduro adoptó esa postura radical porque sabía que el proceso de diálogo marchaba hacia un acuerdo inevitable: la convocatoria a elecciones libres con supervisión internacional. Este evento marcaría el fin de su mandato y el de la era chavista-madurista. Sería suicidarse en primavera. No quiso asumir ese costo.

Ahora también aspira a seguir engrapado al poder, pero la situación de su gobierno es peor que hace un año.El punto fundamental donde se apoya Maduro es la fuerza represiva y coercitiva de su régimen. El consenso que todo sistema, por más autoritario que sea, trata de construir, se ha reducido a su mínima expresión. Las sanciones económicas, el derrumbe de la producción y los ingresos petroleros, el retroceso de la actividad económica en medio de la pandemia de la Covid-19 y la imposibilidad de recibir un auxilio sustantivo de sus aliados políticos en el plano internacional, lo han llevado a buscar reducir las aristas más filosas de su nefasto gobierno.Por eso invita a los noruegos. El único ente autorizado a permitir la entrada al espacio aéreo nacional es el Gobierno. Resulta obvio que sin el beneplácito de Maduro, el avión que trajo a esa delegación no habría podido ingresar a Venezuela.

La reacción tan desafortunada del G-4 la explico por dos razones. La primera es la precariedad, casi inexistencia, de partidos políticos; estos carecen de direcciones nacionales en las cuales se evalúen con serenidad y profundidad los distintos aspectos de un proceso. En segundo lugar, la excesiva dependencia de las organizaciones políticas internas con respecto de los líderes que se encuentran en el exilio o alojados en embajadas. Tal parece ser el caso de Primero Justicia y Voluntad Popular, cuyas direcciones domésticas no parecen tener el nivel de autonomía y poder que les permitan tomar decisiones importantes de forma autónoma. Las directrices son trazadas por figuras demasiado alejadas del acontecer diarioe influidas por factores externos que distorsionan la realidad interna.

El diálogo y la negociación sólo pueden rechazarse cuando uno de los factores en conflicto –sea ejército nacional, partido o grupo- posee tal fortaleza, que el acercamiento al adversario puede interpretarse como un signo inconveniente de debilidad. Ese no es el caso de Venezuela. La oposición se encuentra en extremo disminuida: con partidos raquíticos y organizaciones civiles –sindicatos, gremios, asociaciones y federaciones estudiantiles- menguadas. Por el lado del gobiernoocurre otro tanto: el PSUV se transformó en una maquinaria burocrática alejada de la gente. El baluarte del régimen reside en la creciente capacidad represiva que ha levantado. La maquinaria represiva constituida por fuerzas formales -FANB, FAES, Dgcim, PNB- e informales –los colectivos y grupos irregularescomo las FARC y el ELN, especialmente al sur del país-, representan su mayor fortaleza.

Sin embargo, Maduro y su círculo íntimo saben que, como le gustaba decir a Napoleón, los fusiles sirven para todo, menos para sentarse en ellos. La capacidad de coerción es útil para mantener sometida a una sociedad y sembrar terror, pero no para consolidar el liderazgo, ni disfrutar indefinidamente del poder. Por esa razón tratar de negociar. Allí existe una debilidad que la oposición debería cultivar aprovechando al máximo las pocas fortalezas que posee. La más importante: el apoyo internacional, donde Noruega es una pieza importante.

@trinomarquezc

La severa decisión del Tribunal Supremo español contra los dirigentes separatistas catalanes, ha venido a poner las cosas en su lugar, luego de décadas de desmanes, provocaciones y agravios de un grupo fanatizado contra la Nación y el Estado de España.

En esos excesos tiene mucha complicidad un amplio sector de la élite política que ha conducido el Estado central durante las últimas cuatro décadas. Este grupo, para deslindarse del régimen franquista y mostrarse amplio y democrático, les dio numerosas concesiones indebidas a los separatistas catalanes.

Luego de que el Caudillo por la Gracia de Dios acorralara a los rupturistas y les prohibiera hasta hablar catalán a través de los medios de comunicación, estos cobraron venganza contra la democracia que comienza a establecerse a partir de la muerte de Francisco Franco en 1975. Potenciaron la leyenda según la cual toda España, especialmente los madrileños, viven a expensas del trabajo y el esfuerzo sostenido de los martirizados catalanes, los únicos “fajados” de esa holgazana nación. España esquilma a Cataluña, era la acusación. Puro invento: estudios económicos serios demuestran que el empuje catalán se debe, en gran medida, al crecimiento sostenido del resto del país. Si España no se hubiese modernizado y transformado a lo largo de estas décadas para acoplarse a las demandas de la globalización, Cataluña no habría progresado al ritmo que lo ha hecho. La relación entre España y Cataluña ha sido de enriquecimiento mutuo.

La Constitución de 1978 les otorgó amplias competencias a los municipios, provincias y comunidades autónomas. Sin embargo, para los extremistas catalanes nunca ha sido suficiente. Su objetivo consiste en quebrar la unidad de la sociedad y el Estado español. Exigieron e impusieron condiciones que en cualquier otra nación, por democrática que sea, resultarían inaceptables. Cambiaron la historia que aprenden los niños y los jóvenes en los centros de enseñanza. Difundieron el mito según el cual en el pasado Cataluña formaba un territorio independiente de España. Mentira. Se sabe que Cataluña durante la Edad Media era un condado del Reino de Aragón, y que al este fusionarse con el de Castilla, con la unión entre Isabel y Fernando, se constituyó el núcleo inicial de lo que luego sería España, donde se creó, al decir de Pérez-Reverte, el primer Estado moderno de Europa. Por lo tanto, Cataluña siempre ha formado parte de España. Jamás ha sido independiente. No se le arrebató ninguna autonomía originaria.

En las universidades públicas se habla y escribe en catalán, una lengua que únicamente se utiliza en esa región. Esta obligación incluye a los estudiantes extranjeros en pregrado y postgrado. Los documentos en las notarías deben registrarse el catalán. Los desmanes promovidos por el extremismo son numerosos. En los días recientes esos excesos han estado acompañados por la furia de los grupos violentos. Los disturbios no han sido condenados por la Generalitat. A esos sectores no les importa perder referendos y ser minoría en las encuestas que miden las aspiraciones del pueblo catalán. La animosidad contra España es la fuerza que los anima.

En la coyuntura actual, al parecer, el grupo que aprovecha más la irracionalidad de los separatistas es Vox, ubicado claramente en el campo de la ultraderecha nacionalista prounidad de España. El fantasma de Franco ha reaparecido y Vox lo toma de la mano para deslindarse sin ambigüedades de las posturas rupturistas. El Psoe, el PP y Ciudadanos, las opciones de centro, aunque desmarcados del separatismo, deben acentuar el alejamiento y la condena. La ambivalencia no les conviene. El ejercicio de la democracia no puede colocar en riesgo la cohesión del Estado. Con la sedición no se puede ser complaciente. El primer deber de unos dirigentes consiste en garantizar la supervivencia de la Nación y del Estado que la soporta. La democracia no puede transformarse en burladero por quienes buscan quebrar la unidad nacional. El provincialismo de los separatistas tiene que ser enfrentado con las herramientas proporcionadas por el Estado de Derecho. La inmensa mayoría de los españoles, y desde luego de los catalanes, desea una nación compacta.

La decisión del Tribunal Supremo representa un claro mensaje a los grupos rupturistas activos en Galicia, el País Vasco y otras provincias y comunidades autónomas. Sobre ese dictamen debe cabalgar la dirigencia política democrática para blindar la unidad de España contra todas las modalidades del parroquialismo separatista.

El mundo necesita una Europa unida y democrática. Las amenazas contra la libertad son numerosas y poderosas. Europa debe ser un muro de contención contra esos peligros. Una España y una Europa fragmentadas en micro estados resulta demasiado peligroso frente a los Putin, Erdogán y compañía, que surgen a cada rato.

@trinomarquezc

https://www.analitica.com/opinion/cataluna-miseria-del-parroquialismo/

El Banco Central de Venezuela dejó de ser un banco central desde hace bastante tiempo. Así como el chavismo destruyó a Pdvsa, la CVG, la Petroquímica, la Cantv, el Metro de Caracas, la Electricidad de Caracas, las Fuerzas Armadas y todos los demás símbolos de la modernidad y el tránsito de la Venezuela rural y atrasada a la Venezuela urbana y moderna, también acabó con el BCV, institución que concretó la unidad del Tesoro Nacional y acabó con la dispersión y el desorden en las finanzas públicas existentes antes de su creación.

A pesar de que la Constitución de 1999 –Art. 318- establece la autonomía del BCV, fueron Hugo Chávez y Nicolás Maduro quienes eliminaron su independencia, convirtiéndolo en un organismo subordinado a los caprichos de Miraflores.

El BCV dejó de cumplir las funciones básicas para las que fue creado:no se ocupa de lograr la estabilidad de precios, ni preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria, a pesar de que las dos reconversiones -2008 y 2018- le tumbaron ocho ceros a nuestra moneda, en un período de crecimiento de los ingresos petroleros;es uno de responsables fundamentales de la hiperinflación porque no detiene la emisión inorgánica de dinero; no controla el gasto excesivo del Gobierno,quien ha contado con la aprobación de la directiva del BC para perpetrar toda clase de desmanes; no propicia los equilibrios macroeconómicos, uno de los cuales es mantener la relación adecuada entre la masa monetaria y la generación de bienes y servicios; no ejerce funciones de coordinación de la política económica para “alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación”, Art. 318; no participa activamente en el diseño y ejecución de la política cambiaria, crediticia y fijación de las tasas de interés;permitió el saqueo del Fondo de Estabilización Macroeconómico; ha autorizado el endeudamiento del régimen en el plano nacional e internacional de forma escandalosa, en una etapas en las que han abundado los recursos fiscales provenientes del crudo; no ha salvaguardado las reservas internacionales del país, patrimonio que se ha reducido en más de dos tercios durante la última década.

El BCV, quien junto al Instituto Nacional de Estadísticas, es el responsable de informar acerca del comportamiento de los principales indicadores económicos, sociales y financieros del país, desde hace varios años no suministra esos datos. Esta tarea la cumplía con eficacia porque contaba con un grupo de profesionales y técnicos de alto nivel, muchos de ellos de izquierda, por cierto. Ese cuerpo fue desarticulado. El clientelismo dinamitó a la meritocracia.

El Presidente de la institución tiene que ser designado por la Asamblea Nacional, sin embargo, Maduro y el TSJ le arrebataron esa competencia al Parlamento. Ahora, ese funcionario, por órdenes de Maduro, ni siquiera acude a las comparecencias a las que los diputados de la Asamblea Nacional le convocan. Desconoce la autoridad de la mayoría de los parlamentarios de la Asamblea. Viola, en consecuencia, “el principio de responsabilidad pública” señalado en el artículo 319 de la Constitución.

Nicolás Maduro convirtió al Banco Central en una sucursal de Miraflores. La transformó en una factoría para cometer actos ilícitos: traficar clandestinamente con el oro y otros minerales preciosos, ocultar o maquillar las cifras del comportamiento económico, eludir los controles institucionales, destruir la meritocracia, manipular los bonos públicos. Hasta la sede del Banco, edificio que debería ser patrimonio nacional, se ha deteriorado.

Ninguno de los factores asociados con el Banco Central se ha salvado de la razzia: ni el bolívar, ni el capital humano, ni las reservas internacionales, ni las variables macroeconómicas, ni las instalaciones.

Ahora que los Estados Unidos sanciona al Banco, que le prohíbe transar con dólares norteamericanos, Nicolás Maduro sale a quejarse. Dice que en todos los países el banco central “es sagrado”. ¡Ah, sí! Pues quienes comenzaron a derrumbar esa institución, ciertamente sagrada, fueron Hugo Chávez y Nicolás Maduro. De qué se queja, si lo que restan son despojos de un banco centralque fue modelo de independencia, autoridad, firmeza y seriedad.

Las sanciones no resolverán nuestro drama, pero van a impedir que el régimen siga beneficiándose del asalto a la nación.

@trinomarquezc