Después de años al margen de la estrategia de la oposición, la política del ala más radical de la derecha encabeza los primeros sondeos de las primarias

María Corina Machado llevaba un tiempo al margen de la estrategia de la oposición venezolana. La política del ala más radical de la derecha se había convertido en una de las voces más críticas contra los movimientos de las fuerzas democráticas en los últimos años. Esa posición a la contra podría beneficiarle ahora. La crisis en la que se encuentra la oposición, aún más desnortada tras el fin del llamado gobierno interino en diciembre, ha colocado a Machado en cabeza de las encuestas para las primarias que se celebrarán en octubre. Una cita clave de la que saldrá el candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

La fundadora del partido Vente Venezuela ha sido en estos años la cabeza más visible del sector más intransigente del antichavismo. Se ha negado a entablar negociaciones políticas con la plana dirigente bolivariana; no ha querido formalizar alianzas con sectores específicos de la oposición argumentando reservas éticas; y ha mantenido un irreductible discurso en defensa de la propiedad privada. Suele llamar “delincuentes” a los miembros de la clase política oficialista y parece convencida de que será imposible concretar un regreso a la legalidad democrática sin que en algún momento haya que recurrir a la fuerza.

El chavismo, como es de suponer, la detesta con especial encono (le ha levantado varios expedientes legales y le impuso la prohibición de salir del país), si bien Nicolás Maduro ha decidido ignorarla en los últimos años. Para el militante chavista de base, Machado es la embajadora de los intereses estadounidenses y las clases altas. También colecciona antagonismos en los sectores más blandos de la oposición, en su mayoría proclives a negociar algunas demandas con Maduro a cambio de ciertas mejoras y estabilidad. Sin embargo, un discurso coherente en el tiempo se ha ganado ahora la simpatía de muchas personas.

María Corina Machado (Caracas, 1967) es ingeniero industrial y tiene una especialización en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, la escuela de negocios más importante del país. La mayor de cuatro hermanas, está divorciada y tiene tres hijos, que viven en el exterior. Mantiene una relación sentimental con el abogado Gerardo Fernández. Pertenece a una familia de mucho abolengo local. Su padre, Henrique Machado Zuloaga, que acaba de fallecer, fue un importante empresario del sector metalúrgico, y su familia fue fundadora de la antigua Electricidad de Caracas, una de las grandes corporaciones de capital nacional del siglo XX. Las empresas de la familia Machado, particularmente las siderúrgicas Sivensa y Sidetur, han sido expropiadas y destruidas por la administración chavista. Su madre, Corina Parisca, conocida y apreciada en la sociedad civil, es psicóloga.

Machado ha sido una de las políticas venezolanas que ha cultivado con mayor método un discurso abiertamente anticomunista. Eso le ha permitido captar muchos seguidores de la diáspora venezolana. En las redes sociales, sus posturas son defendidas por las expresiones asilvestradas de la derecha nacional, los llamados “Magazolanos”. En 2012 fundó un partido, Vente Venezuela, e intentó darle fundamentos programáticos: economía de mercado, Estado mínimo, garantías sociales, privatización, protagonismo empresarial, con un discurso nacionalista que está muy arraigado en las clases altas de tradición en el país.

Caracterizada en ocasiones como la expresión de “la ultraderecha venezolana”, el discurso de Machado no tiene sesgo religioso, ni fomenta prejuicios, ni estigmatiza minorías o levanta argumentos conservadores en el terreno social. Aunque sea verdad que algunos de sus seguidores sí lo hacen. “No le gusta mucho que le lleven la contraria”, afirma una fuente que la trató de cerca. “Tiene mucho magnetismo y encantos personales en la conversación. Es muy disciplinada, exigente, pero respetuosa. Está rodeada de un grupo de activistas que la admira mucho. Dirigentes jóvenes que han consumido íntegros sus postulados.”

En los últimos tiempos ha ido desprendiéndose de su elegante vestir para andar casi permanentemente en vaqueros y tenis, con una camiseta con el logotipo de su partido, visitando pueblos y barriadas populares. Tiene una sonrisa muy amplia, habitual en sus conversaciones privadas. Detrás de sus modales educados hay un epicentro férreo, una especie de licuado de acero: una persona con un carácter muy fuerte, rígida en sus interpretaciones, con una visión predestinada de sí misma, que privilegia el valor personal como un atributo. Una persona a la que le cuesta mucho ceder en sus posiciones y negociar.

Machado tiene unas relaciones deterioradas con la mayoría de los dirigentes importantes de la oposición venezolana actual. Sus críticos la acusan de enredar los acuerdos unitarios haciendo planteamientos imposibles de ejecutar y de minar la confianza popular en el voto en provecho propio. En 2010, fue electa diputada con una alta votación.

En 2004, fundó Súmate, una instancia que significó su ingreso a la vida pública y que se convirtió en una conocida ONG vinculada a la oposición, famosa por su posición contralora en los primeros años de Hugo Chávez. Durante mucho tiempo, ha tenido cerca a Germán Carrera Damas, historiador y prominente intelectual, como uno de sus mentores. Atiende también los consejos de Carlos Blanco, economista y político opositor, exministro en los años 90.

“Tuvo claro desde muy temprano cuál es la verdadera cara del régimen chavista, como se evidenció después, en la crisis de 2017, eso hay que reconocérselo”, afirma un conocido analista financiero que ahora simpatiza con sus postulados. “Tendíamos a verla como una persona que saboteaba la unidad de la oposición. Y no, ella sabía en qué andaban algunos políticos opositores, las componendas con el chavismo, la corrupción. No lo aprobaba. Ahí tiene todo un punto a favor”.

26 de febrero 2023

El País

https://elpais.com/internacional/2023-02-26/la-oportunidad-de-maria-cori...

La hiperinflación ha llegado a su fin en Venezuela. El país ha vivido una de las tormentas de precios más descontroladas y agresivas de la historia moderna. La tendencia se está revirtiendo por la dolarización de la economía y la apertura al mercado. El índice inflacionario de Venezuela en el pasado mes de febrero fue de 2,9%, el promedio más bajo registrado en la economía local en varios años, y el comportamiento de los precios rondará 36% en 2022. Este es el cuarto mes consecutivo en el cual el aumento de los precios registra promedios de un solo dígito.

El descenso se ha concretado de un mes a otro. En los últimos 12 meses, el índice de precios al consumidor ha estado por debajo de 50% intermensual. Y desde septiembre, por debajo de 10. El precio del dólar lleva varios meses estabilizado en torno a los 4,5 bolívares, luego de la tercera reconversión monetaria adelantada en Venezuela en poco más de diez años. El año pasado, el Índice de Precios al Consumidor llegó al 686%. En 2020, fue de 2.900%. En 2019, de 7.300%.

El fin de la hiperinflación en Venezuela parece dispuesto a consolidarse. Los estragos de la tormenta económica que fue tomando vuelo desde 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República, y que estalló con furia en 2017. Sus consecuencias han sido devastadoras en el terreno social y económico.

Consumada la catástrofe, pulverizados los sueldos, destruido el aparato productivo, calcinado el empleo, consolidado el volumen de la diáspora, muchas personas se preguntan cómo ha logrado el Gobierno de Maduro detener esta endiablada tendencia, a la cual rara vez se refiere en público.

Maduro ha decidido dejar de hacer aquello que llevaba años haciendo: “El Gobierno finalmente ha renunciado al financiamiento del déficit de las empresas públicas a través de la emisión de dinero sin respaldo”, afirma el economista Víctor Alvarez, exministro de industria. “Se ha producido un ajuste de tarifas de empresas estatales y servicios que se incrementan de forma subrepticia y paulatina; se ha reducido el nivel del gasto público, por primera vez en todos estos años. El Gobierno ha adelantado una política comercial de apertura de mercado interno, permitiendo toda clase de importaciones sin aranceles y sin pago de IVA. Eso abarata los costos. Hay una nueva política cambiaria, se renunció a la estrategia de controles. Se ha colocado un encaje legal elevado para secar la liquidez de la banca.”

Durante casi todo el siglo XX, Venezuela disfrutó de inflaciones anualizadas de un solo dígito. Esta tendencia comenzó a agrietarse a fines de los años 80, cuando trepó a promedios de 30 y 35% anual. Con todos los sobresaltos que vinieron más adelante, parecía consolidada la sensación de que el ingreso petrolero protegía a la economía nacional de un fenómeno que llegó a ser común en América Latina, pero que Venezuela no había vivido jamás.

Sin anunciarlo, el Gobierno de Maduro ha decidido cambiar las reglas del juego del chavismo en estos años, tendentes a regular en exceso la economía, fiscalizar al empresariado y problematizar la propiedad privada. Los proyectos productivos colectivistas y estatales de Chávez y Maduro fracasaron rotundamente.

Henkel García, analista financiero y socio directivo de la firma Econométrica, sostiene que el crecimiento descontrolado de los precios que vivió el país encuentra una de sus razones “en el desplome de la producción nacional”, en crisis después de la ola de expropiaciones adelantada por Hugo Chávez.

Además, afirma, en el desarrollo de una política monetaria y fiscal equivocada, empeñada en forzar aumentos de precios divorciados del contexto económico y en regular el margen de ganancias de las empresas. “En 2018, Maduro decide aumentar el salario en una cifra astronómica, inconcebible, cercana al 18.000 %. Para pagar ese aumento había que emitir dinero inorgánico. La emisión monetaria de entonces fue inmensa. El Gobierno financiaba la nómina de las empresas estatales, todas quebradas. El Banco Central no tenía ninguna autonomía. El venezolano le perdió toda la confianza al bolívar. En el sector económico y empresarial había mucho nerviosismo. Eso fue abriendo las compuertas de la dolarización”.

Desde hace varios meses, técnicos ecuatorianos cercanos a Rafael Correa asesoran a la vicepresidencia de la República para diseñar una nueva estrategia económica, mucho más parecida a la que proponían los críticos del chavismo que a la que fundamentan los postulados chavistas.

Los 37 meses que comprendió la hiperinflación venezolana conocen su fin, como apunta Francisco Rodríguez, académico y socio directivo de la firma Torino Capital, como consecuencia de un proceso que tiene algo de inercia. “No hay hiperinflación que dure 10 años. El promedio de duración de procesos como estos es de 20 meses. No se trata de una experiencia exitosa la que adelanta Maduro. Es un ajuste que se ha retrasado.”

“La hiperinflación se consume como los incendios, llega un momento en el cual no hay nada más que quemarse” continúa Rodríguez. “Lo que hizo Maduro es financiar sus operaciones quitando el valor al dinero que la gente tiene en sus manos. La hiperinflación te obliga al final a hacer el ajuste que no querías hacer. Se concreta a través del deterioro del salario real del trabajador público. El gasto público ahora es más bajo porque lo que estás pagando es muy poco.”

25 de marzo 2022

El País

https://elpais.com/internacional/2022-03-26/venezuela-llega-al-fin-de-la...

La noticia del acuerdo opositor esta semana para prorrogar por un año más la presidencia interina a Juan Guaidó durante 2022 ha pasado desapercibida en la sociedad venezolana. El labrado consenso logrado entre los partidos democráticos, la decisión de reducir su aparato burocrático y el empeño por hacer una interpretación constitucional de sus confines, no han mitigado la sensación de intrascendencia.

Para parte importante de la opinión pública nacional, la presidencia interina es una abstracción sin contenido que ya no va a poder impulsar ninguna transición a la democracia: una entelequia que sólo se justifica para mantener los empleos y garantizar los salarios del personal que la ocupa, salpicado de acusaciones de irregularidades administrativas. Pero, a pesar del pesimismo, el desinterés y el distanciamiento emocional que se vive también en parte de los partidos opositores, el acuerdo anunciado parece indicar que, de momento, no existe un planteamiento estratégico con el cual sustituirla. Todos, incluyendo sus críticos, terminaron aprobando esta prórroga el lunes.

Pero pese a renovar su mandato un año más como presidente interino, Juan Guaidó afronta hoy su momento político más comprometido. Se ha enfriado el entusiasmo de la ciudadanía; aumentan los críticos dentro de sus propias filas; carece de instrumentos para hacerle frente al chavismo y enfrenta acusaciones por malos manejos de los recursos que administra el gobierno interino. Luce, además, particularmente expuesto frente al aparato judicial oficialista.

La extensión del mandato a Juan Guaidó, expresado en la reforma del Estatuto de Transición aprobado en 2019, fue posible gracias a que Voluntad Popular (el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó) y Primero Justicia (el de Julio Borges y Henrique Capriles) se vieron forzados por las circunstancias a buscar un acuerdo para llegar a un punto de equilibrio que los obligara a deponer en sus aspiraciones mutuamente excluyentes.

El acercamiento es producto, entre otras cosas, de la presión ejercida por los aliados internacionales de la oposición, en particular por Estados Unidos, con la activa intermediación del resto de los partidos aliados del G-4, como se conoce a los principales grupos opositores presentes en la anterior legislatura: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.

Luego de agotar varias rondas de consultas a juristas y especialistas en derecho constitucional, Primero Justicia desistió de su intención de subordinar la gestión de Guaidó al Parlamento, controlado por la oposición en las elecciones de 2015, que hoy funciona en condiciones de semiclandestinidad.

Voluntad Popular tuvo que transigir en que la presidencia interina siga regulada por los lapsos que contempla el Estatuto, abandonando la aspiración de mantener el cargo indefinidamente. Las delegaciones diplomáticas del Gobierno interino quedaron reducidas, de las 60 iniciales, a 10, que son las naciones actuales que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El diagrama construido dejó satisfechos a los diputados opositores. Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, quien manifestó su inconformidad con los primeros borradores, después pasó al beneplácito y declaró: “La Asamblea Nacional electa en 2015 es la única institución legítima que le queda al país, reconocida por el mundo democrático. No podemos dejar a Venezuela sin instituciones. Venezuela no puede desaparecer, no podemos entregar la República. Sabemos que esto es muy arriesgado y nada sencillo, pero primero son los intereses del país”, dijo.

Pero pese a los esfuerzos en la búsqueda de consensos, que contaron con la asesoría de varios abogados reconocidos, no impidieron que le lluevan las críticas. Eglée Gonzalez Lobato, politóloga y doctora en derecho de la Universidad Central de Venezuela, considera que la reforma del estatuto “amalgama escandalosamente funciones ejecutivas y legislativas en una sola persona”. “Se ha tomado una medida extrema para garantizar la continuidad de Guaidó, que está plagada de irregularidades. Con el argumento de que están defendiendo la democracia, han confiscado el Estatuto para garantizarse su permanencia en el poder, bajo el argumento de que este es un problema más político que legal. Cuando se desprecian los mecanismos legales y se pervierten los procedimientos, corremos el peligro de que los partidos democráticos asuman que están en una zona supraconstitucional”, opina.

González Lobato prevé que este paso “va a aumentar la hostilidad de Maduro. Es una circunstancia que dificultará el entendimiento. Minará las vías pacíficas que debemos buscar para salir sin traumas adicionales de esta tragedia nacional”.

El laberinto opositor

La extensión de un nuevo mandato a Guaidó no puede ocultar las claras grietas anímicas e interpretativas que en este momento surcan el panorama de la oposición venezolana, inmersa hoy en un nuevo extravío. En particular, en sectores de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática crecen las voces disidentes que cuestionan la obsolescencia del interinato y el agotamiento de la ruta trazada en 2019 para hacer posible el regreso de la democracia plena a Venezuela.

Argelia Ríos, analista política, considera que “el gobierno interino como proyecto ha colapsado. El único objetivo que lo fundamenta es la protección de los activos venezolanos en el exterior, salvarlos de las manos de Maduro, protegerlos para fundamentar una eventual transición a la democracia en el país”.

Ríos, que también es periodista y escritora, considera que el esfuerzo hecho por Guaidó ha sido titánico y debe ser reconocido: “El debilitamiento de Guaidó tiene mucho que ver con la falta de apoyos internos. Ha sido difícil concretar en torno a él un movimiento de unidad nacional. Mucha gente lo ve con recelo, como un enemigo que se transforma en un obstáculo para el sueño de llegar a la Presidencia en unas elecciones en 2024. Hay muchas personas con aspiraciones presidenciales que están decididas a sacárselo de encima”.

6 de enero 2022

El País

https://elpais.com/internacional/2022-01-06/guaido-afronta-su-peor-momen...

El caos económico y la hiperinflación están produciendo la brusca aceleración de la dolarización en Venezuela. La circunstancia ya no es circunstancial y ha penetrado los filamentos de la economía. En el país sudamericano ya se cobran habitualmente en divisa estadounidense las consultas médicas y odontológicas privadas, los seguros, los servicios turísticos, los electrodomésticos y las cocinas, los inmuebles, las cuentas del restaurante, la educación privada. Incluso las actividades comerciales menores, como las visitas a la peluquería, las compras en el mercado y los traslados en trasporte. En muchos casos, las ventas se ofrecen en dólares “o en bolívares, de acuerdo a la tasa oficial del día”.

La dolarización de la economía venezolana divide al país en dos tipos de ciudadanos: los que tienen dólares y los que no los tienen. Los primeros sobreviven, los segundos malviven. El salario mínimo en la Venezuela de Nicolás Maduro es uno de los más bajos de América: 7,5 dólares al mes. La tasa anual de inflación hasta lo que va de 2019, es, según los cálculos más conservadores, de 1.500%. Las personas que cobran remuneraciones únicamente en bolívares tienen que depender de los subsidios oficiales.

La expansión del dólar como segunda moneda es tolerada por el Gobierno de Nicolás Maduro, pero se encuentra en un limbo. La administración, quebrada y sancionada internacionalmente, al estar sedienta de divisas y de recursos, y sin política antinflacionaria, ha desregulado al máximo las transacciones cambiarias y reducido los aranceles para poder respirar. Muchas empresas grandes y medianas ya ofrecen remuneraciones totales, o bonos complementarios, en dólares, y los empresarios ya pueden importar productos sujetos al dólar.

Esta circunstancia ha aliviado en mucho la escasez de bienes en el país y ha hecho emerger los llamados “bodegones”, que en Cuba se llamaron diplotiendas, expendios de productos importados vendidos a un alto valor en moneda estadounidense, que son usados por los sectores acomodados de la población. Hace poco, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una resolución en la cual se autoriza el pago de alquileres en dólares para residencias y locales comerciales, una práctica que ya estaba muy extendida. Casi inmediatamente, el Banco Central de Venezuela oficializó la dolarización de la cartera de créditos de la banca comercial.

“En promedio, de acuerdo a los estudios, las familias venezolanas perciben, por concepto de remesas o pagos complementarios, unos 90 dólares al mes”, afirma Leonardo Vera, economista y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. “Son 3,4 millones de familias; en total más de 13 millones de personas”. Según los estudios de la firma Consultores 21, el 40% de la población ha manifestado tener ingresos en dólares. La firma Ecoanalítica tiene un estudio con datos muy similares. En la zona occidental del país, la más maltratada por el colapso chavista, o en ciudades turísticas como Puerto la Cruz y las islas de Los Roques y Margarita, el promedio de la dolarización pasa del 50%.

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, afirma que el tránsito al uso del dólar constituye un recurso natural de la población para defenderse de la hiperinflación, proteger patrimonio y simplificar las operaciones económicas, en un contexto en el cual “por defecto”, el Gobierno de Maduro estimula su presencia para lograr algo de estabilidad. “El bolívar pierde valor todos los días y como unidad de cuenta no sirve. El dólar tiene muchos años funcionando como una referencia de protección de patrimonio en Venezuela”.

Los ingresos en dólares no salvan a nadie de los estragos de la hiperinflación, que devoran los ingresos del venezolano, incluso si ganan en dólares. José Manuel Puente, profesor de la Universidad de Oxford, explica que el dólar “se aprecia” todos los días, puesto que “el punto de equilibrio real” es de 35.000 bolívares por unidad y en los mercados se ubica en 20.000. “Lo que ha ocurrido es que Maduro renunció a tener soberanía monetaria y la ha delegado a Estados Unidos”, afirma. En enero de 2019, 100 dólares era una cantidad de dinero suficiente en Venezuela para los gastos de un mes. Hoy, 100 dólares apenas duran de cinco o seis días

“En Venezuela hay un rezago cambiario notorio, una brecha entre la velocidad con la que suben los precios en el mercado interno respecto a la velocidad con la cual se deprecia el dólar”, afirma Oliveros. “Eso ocurre en una economía dual como esta, con el aparato productivo destruido, problemas graves de corrupción y colapso de servicios. Es lo que coloquialmente la gente está llamando “inflación de dólar” ”.

“El Gobierno de Maduro no tiene como parar esta migración al dólar para protegerse”, afirma el economista Leonardo Vera. “De hecho, va a costar mucho que el país pueda regresar a la normalidad monetaria y librarse de la influencia del dólar una vez que se concrete la transición a la democracia”.

29 de octubre de 2019

El País

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