La Amazonia es un territorio de más de siete millones de kilómetros cuadrados y una de las áreas de mayor biodiversidad en el mundo. Ha contribuido por siglos en la conservación natural del planeta gracias a las toneladas de dióxido de carbono que absorbe, uno de los gases que contribuye a incrementar el efecto invernadero, acelerando el cambio climático.

Estamos ante una región por demás compleja, ya que su cuenca abarca ocho países distintos, con diferentes proporciones de territorio selvático, entre los que se encuentran: Brasil, con 61,8%, Perú con 11,3%, Bolivia un 8,1%, Colombia con 6%, así como Venezuela con 5,6%, Guyana un 2,6%, Ecuador con 1,7%, Surinam 1,7% y el departamento de ultramar de la Guayana Francesa con 1,1%. Es un área vasta donde habitan más 40 millones de personas, entre ellas unos 410 grupos indígenas con diversas lenguas y culturas. En esta historia, unificar los esfuerzos en pro de la conservación de la zona es una tarea difícil, pero de vital importancia para la humanidad.

Existen varias amenazas sobre el bosque amazónico, pero sin duda la más preocupante es la deforestación. En 2021 un grupo de científicos se manifestó en el Informe de Evaluación de la Amazonia, donde recomendaron una prohibición inmediata de la tala de bosques en un área de dos millones de kilómetros cuadrados en el todo el sur de esta selva.

“Entre el 18% y el 20% de la selva tropical ya ha sido deforestada y otro 38% se está degradando. Los científicos aseguran que si alcanzamos el 25% de deforestación llegaremos a lo que llaman un punto de inflexión con cambios que resultarán en el colapso del ecosistema amazónico”, explica Genevieve Connors, gerente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Economía Azul para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

La Amazonia es parte de un círculo virtuoso, considerado un bien público global, por lo que su colapso o degradación extrema puede desestabilizar el sistema climático mundial.

“Se ha llegado a muchas prácticas insostenibles. Una de las causas es la actividad ilegal, que puede ir desde la tala de madera, acaparamiento de tierras, la pesca y la minería, pero también hay impulsores macroeconómicos, por supuesto. Si hay cambios en los precios de la materia prima, como la madera o la soja, o variación en los tipos de cambio, todos tienen impactos indirectos en la deforestación. Solemos pensar solo en actividades ilegales, pero realmente la deforestación es causada por la actividad de un sistema económico completo”, asegura Connors.

La infraestructura no planificada también es un impulsor de la deforestación. En 2020, la revista Nature Communications contabilizó 158 represas operando en diferentes países amazónicos y revela la intención de construir más del doble. Si bien la energía hidroeléctrica es una fuente limpia de energía renovable, algunos proyectos generan altas emisiones de gases de efecto invernadero.

Apoyos que trascienden

En la región se han implementado varias iniciativas, tales como el programa Paisajes Sostenibles de la Amazonia (ASL, por sus siglas en inglés), el cual es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y liderado por el Banco Mundial, para desarrollar proyectos de conservación en la zona con diferentes gobiernos y socios. Este programa, que consta de tres fases, estando ésta última en preparación, ha tenido financiamiento por 300 millones de dólares y busca restaurar miles de hectáreas, así como promover prácticas sustentables en la tierra.

“El Banco Mundial lidera el programa, pero la mayor parte del dinero va a los gobiernos nacionales de los países para que implementen sus propios programas amazónicos, contribuyendo a una visión regional. Lo que la organización realmente está tratando de hacer es apoyar la colaboración regional, creando intercambio de conocimientos a través de capacitación, seminarios, conferencias, eventos para científicos, ONG, pueblos indígenas y miembros del gobierno que puedan reunirse y compartir su experiencia en torno a la protección del medio ambiente en la Amazonia”, asegura Connors.

Trabajar con al menos ocho países de la región no es una tarea fácil en una región tan compleja y diferente en sus políticas, necesidades y comunidades indígenas que habitan la Amazonia. La cooperación entre gobiernos es necesaria para la conservación de la región y ya ha habido avances en ese sentido.

Los países de la Amazonia han realizado esfuerzos para conservarla. En 1978 se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica y en 2019 el Pacto de Leticia por la Amazonia.

“Yo diría que estos son excelentes intentos. Todavía son pequeños en relación con las necesidades de la región y los nuevos gobiernos. Por ejemplo, en Colombia y Brasil ya están pensando mucho en ese sentido: ¿Qué pueden hacer para agregar más? ¿qué pueden hacer para unir a estos países de una manera más fuerte, para conservar y evitar el punto de inflexión? Otro ejemplo es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o la COP28, que este año será en Dubái. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha recibido confirmación para albergar la COP30 en dos años [además de reducir a cero la deforestación en 2030]. Para 2025, en la ciudad de Belém, en el estado de Pará, hay una serie de cumbres en preparación. Traer más liderazgo regional para resolver el problema de la Amazonía es una de las prioridades de su gestión”, explica Connors.

De acuerdo con el informe Clima y Desarrollo en Brasil del Banco Mundial, es necesario implementar estrategias de resguardo y conservación de la selva, cultivando más alimentos en menos cantidad de tierra. En este sentido, recientemente se publicó un informe que insta a poner más foco en la productividad para promover el desarrollo económico y reducir la presión sobre los bosques en los estados amazónicos brasileños.

Mercados de carbono, una solución para sus habitantes

La conservación de la Amazonia debe ir de la mano del desarrollo de su población y es necesario generar un equilibrio entre el valor que se le da al bosque y la práctica de actividades como la agricultura y la ganadería. En este sentido, la población indígena tiene un papel fundamental, pues son más de 2 millones de personas que habitan y viven en estas tierras desde hace miles de años.

“Es posible tener crecimiento económico mientras se protegen los derechos de los pueblos indígenas, tanto su derecho a la tierra como su derecho a los recursos. Por ejemplo, el derecho a los ingresos de los mercados de carbono, no hay razón para que algunos de esos ingresos no se compartan. Los beneficios deben compartirse con los pueblos indígenas en cuya tierra se encuentran. Por supuesto, siempre existe una tensión entre la conservación y el desarrollo, ya sea para los pueblos indígenas o para otras personas. Y creo que esto es algo que los países amazónicos realmente han tratado de pensar en sus constituciones, en sus políticas”, comenta Connors.

De igual manera, la especialista explica que el sector privado debe impulsar inversiones con un sentido de sustentabilidad, con conocimientos de la región y un sentido ecológico: “Financiar la naturaleza nunca es fácil porque es difícil generar ingresos, y eso es lo que busca el sector privado, flujos de ingresos de la operación de un puerto o la construcción de una represa o el funcionamiento de una planta de energía renovable. Es muy difícil llevarlos a un sector donde, ¿quién paga por los árboles? Esta es exactamente la razón por la que los mercados de carbono son absolutamente esenciales para generar el tipo de ingresos que interesan al sector privado”.

La tarea es compleja y necesita la colaboración de diferentes sectores, pero los gobiernos deben ser protagonistas en las acciones para resguardar la selva amazónica, generando políticas efectivas basadas en investigaciones científicas, así como campañas de concientización y prácticas sustentables.

“Estamos viendo más y más liderazgo de los países de la Amazonia. Espero que sean esos países los que tomen la iniciativa y nosotros podamos aprender de ellos”, finaliza Genevieve Connors.

5 de julio 2023

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2023/07/05/ocho-paises-de-l...

Resumen ejecutivo

Consolidando la recuperación

La región de América Latina y el Caribe (ALC) va camino a consolidar su recuperación de la crisis de COVID-19. La vacunación está muy avanzada en la mayor parte de la región, fortaleciendo la resiliencia ante nuevas variantes. La región está en vías de recuperar los niveles previos de PIB y empleo. Las escuelas están abriendo y las empresas contratando. Las secuelas a largo plazo de la pandemia persisten y aún necesitan atención. Desde el comienzo de esta pandemia, la tasa de pobreza en la región, excluido Brasil (medida en función del umbral de pobreza de US$5,50/día), aumentó a 27,5 por ciento en 2021 y permanece por encima de su nivel previo a la COVID-19 de 25,6 por ciento. Los estudiantes de la región perdieron entre uno y un año y medio de escolaridad, abriendo la posibilidad de una pérdida de 10 por ciento en los ingresos que percibirán durante toda la vida. Además, muchos de los nuevos puestos de trabajo creados, particularmente entre las mujeres, son en pequeñas empresas que suelen ser informales. Asimismo, la región enfrenta un mayor nivel de incertidumbre a medida que sortea la recuperación. Podrían surgir nuevas variantes; la creciente inflación mundial supone nuevas disyuntivas en términos de políticas; la tragedia que transcurre en Ucrania amenaza la economía mundial de manera profunda e impredecible; y el creciente sentido de urgencia en torno al calentamiento mundial genera demandas de acciones preventivas de gran alcance a nivel nacional y transnacional.

Más allá de esta incertidumbre, la necesidad de seguir sentando las bases para un crecimiento dinámico, inclusivo y sostenible sigue siendo primordial, volviéndose incluso más urgente que antes. El anterior Informe Semestral de octubre de 2021 (Banco Mundial, 2021) resaltó desafíos de larga data en términos de infraestructura, educación e innovación tecnológica y administrativa, examinando las formas en que la región podría financiar las inversiones necesarias a través de un Estado más eficiente, movilización eficiente de recursos y una redefinición de las prioridades de gasto. Estas reformas tendrán lugar, y deberán reflejar, un entorno mundial en rápida evolución.

El Capítulo 1 describe la reciente evolución social y macroeconómica de la región en los seis meses posteriores al último Informe Semestral, así como los desafíos de corto plazo que surgen de la pandemia, y, en particular, aquellos derivados de los cambios en el panorama de crecimiento internacional. La invasión rusa de Ucrania introdujo un nivel de incertidumbre importante en las previsiones, aunque queda claro que moderará la recuperación de la región y exacerbará las presiones inflacionarias. Más a largo plazo, la creciente alarma por la rapidez del cambio climático sitúa a esta problemática de lleno en la agenda política de la región. El Capítulo 2 examina algunos de los grandes desafíos que el cambio climático plantea a la región en términos de mitigación y adaptación y, lo que es igual de importante, las oportunidades de crecimiento que ofrece un contexto internacional cada vez más verde. Los dos de hecho están relacionados: a corto plazo, los aumentos generados por la guerra en los precios de la energía y en los déficits de oferta, particularmente en Europa, trasladaron el foco de atención de la descarbonización a un aumento en el suministro inmediato de petróleo y gas natural, de la forma que sea, subrayando simultáneamente la necesidad de desarrollar las energías renovables para reducir la dependencia del petróleo a mediano plazo.

ALC en buena medida logró superar la inesperada variante ómicron; para fines de febrero de 2022, las tasas de letalidad de la COVID-19 se habían reducido abruptamente. No obstante, no puede decirse que la pandemia haya terminado del todo. Nuevas variantes como la ómicron BA.2 se propagan por Europa, mientras que en China hay grandes ciudades nuevamente bajo confinamiento. De todas formas, los sistemas de salud de todo el mundo han elaborado herramientas y protocolos que parecen estar reduciendo el virus a un problema endémico y posiblemente manejable. Aun así, los costos sociales acumulados de olas anteriores siguen siendo un desafío a remediar, a la vez que son muchos los países que no han logrado fortalecer al máximo posible su resiliencia ante olas futuras. Siguen existiendo deficiencias importantes. Si bien algunos países de la región, como Chile y Uruguay, ostentan algunas de las tasas de vacunación completa más elevadas del mundo, muchos países del Caribe y América Central apenas comenzaron a vacunar a sus poblaciones y presentan pocos avances.

La solidez de la recuperación económica en ALC también varía significativamente según el país, y sigue siendo susceptible al debilitamiento de vientos favorables anteriormente más intensos. Si bien los precios de los productos primarios se mantienen firmes, el crecimiento en China y en las economías avanzadas es más lento que antes de la pandemia, frenando la demanda de exportaciones de la región, mientras que las tasas de interés a nivel mundial aumentan hacia sus niveles de largo plazo. Las previsiones de crecimiento para 2022 y 2023 siguen siendo modestas, 2,3 por ciento y 2,2 por ciento, respectivamente. Las monedas de los países exportadores de productos primarios parecen haberse desvinculado del alza en los precios de los productos primarios. Su debilidad posiblemente sea un reflejo de la incertidumbre política, de la preocupación en torno a los perjuicios generados por la COVID-19, o del creciente nivel de endeudamiento.

Avances y complicaciones de cara a la recuperación

La recurrencia del virus. Cualquier reaparición del virus provocaría nuevas caídas en el nivel de actividad económica, no solo por las medidas estatales destinadas a hacer cumplir el distanciamiento físico, sino también porque la mitad de la reducción en la actividad económica se debe al distanciamiento voluntario por miedo a la enfermedad. Este es sin dudas el caso en el Caribe, donde los países con un nivel alto de vacunación, como República Dominicana, vieron un rebote en su industria turística, mientras que aquellos con niveles bajos continúan con un crecimiento lento.

Inflación creciente a nivel mundial y local. La inflación en la región oscila en torno a 7 por ciento, suscitando el temor de que los contratos salariales incluyan cláusulas inflacionarias que deriven en una espiral de precios de difícil contención. Tanto la inflación general como la inflación núcleo exceden las metas de los bancos centrales de toda la región, tensando los presupuestos familiares y elevando la pobreza.^[1] Las autoridades se han vuelto más agresivas en términos de subas de las tasas de interés, con efectos concomitantes debilitantes sobre la recuperación.

Esta situación se ve agravada por una inflación mayor a la prevista en las economías avanzadas, ahora exacerbada por la presión de los productos primarios y la menor actividad económica mundial surgida de la agresión rusa. Las previsiones de crecimiento en Estados Unidos, la zona euro y Japón cayeron en 0,4, 1,0 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente, desde los cálculos de enero de 2022. Las subas en el precio del gas y petróleo, metales y granos podrían tener un incipiente impacto positivo en aquellas economías de ALC que tradicionalmente exportan estos productos, si bien el efecto general dependerá de las expectativas sobre la naturaleza transitoria de la suba de los precios de los productos primarios, así como de su volatilidad. En el caso de los importadores netos, una suba en el precio de los alimentos agravará la pobreza, mientras que una suba en el precio de los combustibles y los insumos significará un shock estanflacionario que acelerará la inflación y reducirá la producción.

El efecto neto es, probablemente, que frene aún más la recuperación de ALC en alrededor de 0,4 puntos porcentuales, de 2,7 por ciento en enero de 2022.

Los mercados parecen creer que tanto la inflación en las economías avanzadas como la suba en los precios del petróleo serán transitorias. Al momento de preparar este informe, las tasas de interés de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años permanecen por debajo de 3 por ciento, mientras que los mercados de futuros de los productos primarios prevén que el alza en los precios alcance su pico en abril, para posteriormente retroceder. Asimismo, los diferenciales del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) —luego de un breve aumento tras la invasión rusa— se mantienen estables en un nivel moderado, indicando que no se prevé que las repercusiones de la crisis en Ucrania afecten la capacidad de pago de la región. Cualquiera sea el caso, la Reserva Federal de EE. UU. subirá las tasas de interés en los próximos trimestres, agudizando el dilema monetario que enfrentan las autoridades monetarias de ALC entre elevar los tasas de interés (buscando reducir la inflación y la presión devaluatoria) o reducirlas (para estimular el crédito y la actividad económica). La presión resultante sobre los tipos de cambio y el nivel de inflación en la región de ALC requerirá de nuevas subas en las tasas de interés, tanto para frenar la transmisión de precios impulsada por la devaluación que alimenta la inflación, como para defender el valor en moneda local de los pagos de deuda internacional. La historia apunta a un “ciclo dentro de un ciclo”, donde los bancos centrales primero suben las tasas de interés para alcanzar estos objetivos, para luego —cuando la inflación está medianamente bajo control— bajarlas con el fin de moderar los efectos contractivos sobre la recuperación.

Optimismo cauteloso en torno a la solidez del sector financiero. Las encuestas de seguimiento del Banco Mundial de julio de 2021 indicaron que, en varios países, entre el 40 por ciento y el 60 por ciento de las empresas han incurrido en mora a causa de la caída en los ingresos provocadas por la pandemia (Banco Mundial, 2021). Además de frenar la inversión, este sobreendeudamiento tenía el potencial de perjudicar al sector bancario a medida que los pagos atrasados se convertían en préstamos morosos o improductivos. En la mayoría de los países, sin embargo, las políticas de tolerancia que permitieron la refinanciación de préstamos bancarios finalizaron en el verano de 2021, sin un aumento en el número de préstamos morosos. Los bancos han estado incrementando activamente sus provisiones para pérdidas. Dicho esto, en muchos países una parte significativa de los préstamos fueron reprogramados, de los cuales algunos se volverán préstamos morosos y deberán ser provisionados, o se harán “perennes”, situación que reduciría el financiamiento para actividades más productivas. Los gobiernos también deberán simplificar los mecanismos de resolución de deudas, que en la actualidad son engorrosos, y monitorear la solidez sistémica.

Cambio de estímulo fiscal a consolidación fiscal. La disminución de los ingresos públicos y los extraordinarios esfuerzos para proteger a las familias y a las empresas durante la pandemia de COVID-19 derivó en déficits elevados y en un aumento de la deuda pública. El ratio promedio de deuda pública/producto interno bruto (PIB) en ALC creció abruptamente durante la pandemia —en 15 puntos porcentuales— hasta alcanzar 75,4 por ciento del PIB a finales de septiembre de 2021. Si bien este porcentaje disminuyó a 73 por ciento del PIB durante la recuperación, seguirá actuando como un freno a grandes inversiones de capital o inversiones que aumenten la productividad. Teniendo en cuenta la doble necesidad de que la trayectoria de las deudas públicas se vuelva más sostenible y también la de impulsar el crecimiento económico y la productividad, la realización de ajustes presupuestarios “inteligentes” es una tarea crucial. Esto supone una reducción del malgasto público (estimado en alrededor de 4,4 por ciento del PIB) y tomar conciencia del costo social y macroeconómico de subir impuestos, particularmente en aquellos países donde la carga tributaria ya es elevada.

Cambios en el contexto de crecimiento internacional

La crisis de COVID-19 se sumó a otra “década perdida” de bajo crecimiento en ALC. Desde 2010 y hasta que se desató la pandemia a principios de 2020, ALC creció al 2,2 por ciento anual, al tiempo que el resto del mundo lo hizo al 3,1 por ciento. Como ya se mencionó, las previsiones para 2022 y 2023 son igual de mediocres e insuficientes para aliviar la pobreza o disipar las tensiones sociales. El anterior Informe Semestral destacó una lista de déficits internos de larga data en infraestructura, educación, política energética, capacidades empresariales e innovación que han frenado el crecimiento de la región. Durante el período de la pandemia surgieron brotes verdes, especialmente en el ámbito digital; hoy en día la región es la mayor receptora de fondos de capital de riesgo en el mundo en desarrollo. Sin embargo, de no abordarse estos factores estructurales más profundos, es probable que el crecimiento anémico se mantenga y sea insuficiente para avanzar en la lucha contra la pobreza y aliviar las tensiones sociales.

También es cierto que el contexto de crecimiento internacional está mutando. En un mediano plazo de duración incierta, la agresión rusa a Ucrania y sus secuelas tendrán efectos contradictorios, con un impacto neto probablemente negativo. Ucrania es un gran exportador de granos, mientras que las restricciones que enfrentan el petróleo y los metales rusos probablemente resulten en aumentos de los precios de los productos primarios en los próximos años. Las sanciones y los trastornos a nivel mundial ya están impactando sobre el comercio y las cadenas de valor. Rusia en un gran exportador de fertilizantes a varios países de la región, y también un importante mercado para las exportaciones de otros. El fabricante brasileño de aviones Embraer interrumpió la entrega de repuestos y asistencia técnica al sector aéreo ruso; y Rusia es el cuarto destino de las exportaciones ecuatorianas. En general, la guerra presionará sobre una amplia gama de precios, tanto en las economías avanzadas como en ALC, exacerbando el dilema que enfrentan las autoridades monetarias.

Desafíos y oportunidades que brinda el crecimiento verde

Los impactos derivados del evento de fuerza mayor que representa el cambio climático, y los llamados insistentes a la acción en todos los niveles de gobierno, pueden en teoría ser aún más significativos y duraderos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de noviembre de 2021, así como informes recientes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), hacen sonar las alarmas respecto a la aceleración del calentamiento mundial y la ventana de oportunidad cada vez más pequeña para evitar daños irreversibles. El Capítulo 2 explora la posición de ALC dentro de este entorno mundial cambiante: cómo contribuye la región al calentamiento global y su agenda para avanzar hacia un crecimiento más sostenible; cómo adaptarse a los cambios de política internacional que afectan tanto positiva como negativamente a las empresas, dependiendo de sus procesos productivos, tipo de producción y sector, y cómo aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecen sus atributos únicos.

ALC contribuye poco a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI); los principales vectores son la agricultura y el cambio de uso de la tierra y silvicultura. De esta manera, la receta regional para la mitigación es única. La región contribuye aproximadamente el 8 por ciento de las emisiones a nivel mundial. A diferencia de la mayoría de las regiones, estas emisiones provienen en gran medida de la producción agropecuaria —particularmente la ganadería— y del cambio de uso de la tierra y silvicultura.

De todas formas, el cambio climático supone desafíos importantes para las economías de la región. Para empezar, es probable que las múltiples consecuencias del cambio climático empujen a entre 2,4 y 5,8 millones de personas a la pobreza extrema para el año 2030, principalmente a través de sus efectos sobre la salud, incluyendo aumentos en la prevalencia de retraso en el crecimiento infantil, enfermedades transmitidas por vectores y diarrea, causados por la falta de acceso al agua potable y saneamiento, calor excesivo e inundaciones más frecuentes. Los eventos climáticos extremos, como ciclones e inundaciones, afectarán las redes de transporte: 60 por ciento de la red en Jamaica, 50 por ciento en Haití, 35 por ciento en la República Dominicana y 25 por ciento en Bolivia son vulnerables. El costo total de todas estas perturbaciones en la infraestructura —energía, transporte y agua— como porcentaje del PIB es de casi 1 por ciento al año en la mayoría de los países, aunque podría llegar a 2 por ciento en la República Dominicana y 3 por ciento en Panamá. Estas cifras son importantes si se las compara con la inversión anual promedio en infraestructura, que es de aproximadamente 1,5 por ciento del PIB. De manera importante, sin acciones preventivas la agricultura probablemente se vea duramente afectada, con una reducción en los rendimientos de los cultivos en casi todos los países a excepción de Uruguay y en menor medida Chile. Asimismo, la red eléctrica de la región depende fuertemente de la energía hidroeléctrica. El cambio climático está modificando los ciclos hidrológicos, haciendo que la precipitación sea más variable y menos predecible, afectando la estabilidad general del sistema de generación de energía. Por último, la adopción paulatina por parte de la UE de los Mecanismos de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), que impondrían un arancel sobre los bienes intensivos en carbono o que tengan otros efectos perjudiciales para el medio ambiente, podría frenar las exportaciones de la región.

Reducir las emisiones impondrá costos importantes en algunos sectores. Durante la Conferencia sobre el Cambio Climático, muchos gobiernos de ALC se comprometieron a reducir sus emisiones de carbono, prometiendo eliminar el uso de carbón y reducir la deforestación para el año 2030. Queda claro que alcanzar estos objetivos requerirá de cambios significativos en la manera en que la región hace negocios, algunos de los cuales limitarán forzosamente el crecimiento de ciertos sectores. A largo plazo, la producción de petróleo disminuirá y el sector probablemente se convierta en un “activo varado”. Reducir la deforestación implica inevitablemente un freno a la expansión de la frontera agrícola (aunque no necesariamente de la producción) y a la silvicultura y minería no sostenibles. Bajo las actuales técnicas de producción, una reducción de las emisiones de metano derivadas de la ganadería pareciera requerir de una reducción en la cantidad de ganado. Si bien las industrias del acero, cemento y demás industrias manufactureras de la región contribuyen relativamente menos al cambio climático, estas disponen de pocos métodos sencillos para reducir las emisiones de carbono; esto supone que, en el corto plazo, los impuestos sobre el carbono reducirán la producción y elevarán los precios. Visto a través del lente de las tecnologías vigentes, dichas políticas restrictivas supondrán costos y probablemente enfrenten resistencia política.

Estos costos, sin embargo, pueden ser mitigados mejorando la capacidad de la región de identificar y adoptar tecnologías nuevas y más verdes. Un mensaje central de este informe es que la mitigación y la adaptación al clima deben ser vistas como asuntos de adopción e innovación tecnológica que colocan a esta agenda precisamente en el nexo con el crecimiento en general. Las nuevas tecnologías de gestión de ganado derivan en una ganadería con menos emisiones y las nuevas tecnologías agropecuarias mejoran los rendimientos y la productividad de las unidades productivas, aunque para ello la región debe adoptar estas tecnologías. Desafortunadamente, detrás del bajo crecimiento documentado en el Capítulo 1 subyace precisamente el bajo desempeño regional en términos de adopción e innovación tecnológica. Esta “agenda del conocimiento” o de la “innovación” debe ser el foco de los debates en torno al crecimiento y las prácticas verdes; mientras tanto, las posibles sinergias en términos de políticas de estas dos agendas son enormes.

Aun así, ALC posee una tremenda “ventaja comparativa verde” que le brinda la oportunidad de generar nuevas industrias y exportaciones. La región ostenta una de las redes eléctricas más verdes y una de las economías menos intensivas en carbono del mundo. Esto significa que en muchos casos sus productos podrían cumplir los requisitos CBAM con más facilidad e incluso obtener un valor adicional “verde” o de “calidad ambiental” en los mercados internacionales.

ALC tiene un gran potencial para generar energía renovable. Argentina, Chile y México albergan grandes desiertos con la capacidad de instalar parques solares muy productivos, mientras que la subregión patagónica tiene un enorme potencial para la generación de energía eólica terrestre; la región además cuenta con una línea costera interminable apta para parques eólicos marinos. América Central, el Caribe y partes de América del Sur también tienen potencial para la generación de energía geotérmica. La región ha sido capaz de innovar en la incorporación de energía renovable a su matriz energética y cuenta con un mercado floreciente que facilitará su categorización como productor verde.

Su enorme potencial para la generación de energía renovable podría ser un catalizador importante para el desarrollo de hidrógeno verde como fuente de energía alternativa y de potenciales exportaciones.^[2] El hidrógeno verde puede entenderse como una forma de “almacenar” la energía renovable intermitente. Eventualmente, este podría ser usado para impulsar barcos, aviones y otros medios de transporte que no pueden ser electrificados fácilmente, así como combustible para industrias como el acero y el cemento, que exhiben el mismo problema. También puede ser un insumo para “fertilizantes verdes”. Varias empresas extranjeras ya están trabajando junto a autoridades chilenas y existe un creciente interés por producir hidrógeno verde en Argentina, Brasil y México. La industria se caracteriza por sus grandes economías de escala, dándole una ventaja a los primeros en promover su producción. Por lo tanto, es probable que su adopción deba ser coordinada junto a otros sectores, especialmente los sistemas de transporte público, que podrían garantizar un mercado en las etapas iniciales.

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú y Trinidad y Tobago también cuentan con grandes reservas de gas natural, considerado una fuente de energía de “transición” más limpia que sirve para reemplazar fuentes más contaminantes, como carbón y petróleo, y que también facilita la integración con las energías renovables. Un factor de complicación es que el gas natural a menudo se produce junto con la extracción de petróleo y la viabilidad a largo plazo de la producción de petróleo está en duda. Asimismo, la naturaleza duradera de la nueva infraestructura gasífera significa que no siempre esta es consistente con la necesidad de descarbonizar las economías para el año 2050, y podría resultar en una dependencia del carbono a largo plazo.

La región también está altamente urbanizada, y su densidad posibilita el surgimiento de economías de escala en conservación, descarbonización del transporte urbano, eficiencia energética, gestión de residuos, iniciativas de la economía circular^[3] y, de forma más general, genera menores requisitos de infraestructura per cápita.

ALC posiblemente posea una de las mayores reservas del mundo de dos ingredientes clave para las tecnologías verdes: litio, fundamental en la producción de baterías, y cobre. Sesenta por ciento de las reservas mundiales de litio se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile. El reto para la región es el de transformar la extracción de estos recursos en clústeres de conocimiento con mayor valor agregado que puedan generar la capacidad doméstica de mantener al sector extractivo en la frontera tecnológica y de sostenibilidad y evolucionar a lo largo de la cadena de suministro hacia industrias subsidiarias como las baterías.

Por último, ALC está dotada de un enorme capital natural —agua dulce, árboles, biodiversidad— que ofrece la posibilidad de nuevas industrias basadas en la ventaja que tiene la región de albergar la mitad de la biodiversidad del mundo, así como extensos bosques que pueden ser la base de una cadena de valor de silvicultura sostenible y de iniciativas de ecoturismo, además de servir como importantes sumideros de carbono. De hecho, la región es tan importante para la trayectoria climática que existe una fuerte presión a nivel mundial para un desarrollo más limitado y sostenible de la cuenca amazónica, el mayor sumidero de carbono del mundo. En principio, los beneficios climáticos de los proyectos de forestación y reforestación pueden ser “exportados” como servicios ambientales mediante la venta de créditos en los mercados voluntarios de carbono.

Políticas complementarias

Aprovechar estas oportunidades verdes requerirá de una combinación de incentivos, instituciones, coordinación e inversiones públicas clave. Una política crucial es dar con los precios adecuados, cerciorándose de que incluyan los costos ambientales: reformar los subsidios a los combustibles fósiles y establecer impuestos sobre el carbono y esquemas de comercialización de emisiones. Estos pasos permitirán y promoverán la adopción de muchas de las actuales tecnologías bajas en carbono. También es fundamental establecer mecanismos independientes de verificación y trazabilidad creíbles que posibiliten el acceso a ‘primas verdes’ (y eviten los impuestos futuros) para los productos, permitan la exportación de créditos/compensaciones de carbono, y saquen provecho de los crecientes mercados de financiamiento verde.

Es importante reconocer que muchas de las tecnologías de adaptación y mitigación también elevan la productividad. La agricultura climáticamente inteligente, por ejemplo, ayudará a los países a adaptarse a los cambios en los patrones de lluvia a través de un uso más eficiente del agua y un menor uso de fertilizantes (evitando las emisiones), mejorando de esta manera la productividad de los productores. Los gobiernos pueden acelerar la adopción de tecnologías que promuevan el crecimiento mientras se adaptan y mitigan el cambio climático, atenuando la incertidumbre a través de compromisos en términos de política, diseñando planes a largo plazo creíbles, realizando inversiones complementarias y utilizando mecanismos de reducción del riesgo para disminuir los riesgos percibidos y los costos de financiamiento.

En última instancia, existe una complementariedad básica entre la agenda de la innovación y la agenda del crecimiento verde. Los requisitos para la adopción de tecnologías bajas en carbono son similares a la adopción de cualquier otra tecnología. Adaptarlas al contexto local requiere de talento en ingeniería, investigación y desarrollo (I+D) y capacidad inventiva. Al no invertir en estas capacidades en el pasado, ALC no fue capaz de explotar las oportunidades para crecer y diversificarse. Por lo tanto, desarrollar la capacidad de innovar —invirtiendo en el capital humano, físico e institucional necesario— es crucial para aprovechar las oportunidades de crecimiento verde y asegurar una transición fluida hacia una economía baja en carbono.

Perspectivas de crecimiento para la región

Referencias

Banco Mundial (2021). Recobrar el crecimiento: Reconstruyendo economías dinámicas pos-COVID-19 con restricciones presupuestarias. Informe semestral de ALC (octubre). Washington, DC: Banco Mundial.

Los precios de los productos básicos continuaron su recuperación en el primer trimestre de 2021, y se prevé que se mantendrán cercanos a los niveles actuales a lo largo del año, gracias al repunte de la economía mundial y a las mejoras en las perspectivas de crecimiento, según la publicación semestral Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos) del Banco Mundial.

Sin embargo, el panorama futuro depende en gran medida de los avances en la contención de la pandemia de la COVID-19, así como de las medidas normativas de apoyo que adopten las economías avanzadas y las decisiones de producción de los principales generadores de productos básicos.

Se estima que este año los precios de la energía aumentarán, en promedio, más de un tercio respecto de los valores de 2020, y que el petróleo se ubicará en un valor medio de USD 56 por barril. Se prevé que los precios de los metales aumentarán un 30 %, en tanto que los precios de los productos agrícolas se incrementarán casi un 14 %. Gracias al repunte de la actividad económica, así como a algunos factores específicos de la oferta, en particular en los sectores del petróleo, el cobre y algunos alimentos básicos, casi todos los precios de los productos básicos han superado los niveles previos a la pandemia.

“Hasta el momento, el crecimiento mundial ha sido superior a lo previsto, y las campañas de vacunación ya están en curso; estas tendencias han impulsado el alza de los precios de los productos básicos. Sin embargo, es imposible predecir cuánto durará la reactivación”, señaló Ayhan Kose, vicepresidente interino de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones, y director del Grupo de Perspectivas del Grupo Banco Mundial. “Los mercados emergentes y las economías en desarrollo, sean importadoras o exportadoras de productos básicos, deben fortalecer su resiliencia a corto plazo y prepararse para la posibilidad de que el crecimiento pierda impulso”.

Tras los mínimos históricos alcanzados durante la pandemia, se observa una recuperación de los precios del petróleo crudo, respaldada por el acelerado repunte de la economía mundial y los continuos recortes a la producción promovidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios. Se espera que la demanda se fortalezca durante 2021, a medida que aumente la disponibilidad de vacunas —en particular en las economías avanzadas—, se flexibilicen las restricciones impuestas durante la pandemia y se consolide la reactivación mundial. Se prevé que los precios se ubicarán en un promedio de USD 60 por barril en 2022. Sin embargo, si las medidas de contención de la pandemia no prosperan, una nueva disminución de la demanda podría ejercer presión sobre los precios.

Se estima que los precios de los metales retrocederán parcialmente respecto de los aumentos de este año, a medida que el crecimiento generado por los estímulos pierda su fuerza en 2022. Si algunas de las principales economías emergentes retiran los estímulos antes de lo previsto, los precios podrían inclinarse a la baja; sin embargo, la implementación de un importante programa de infraestructura en Estados Unidos podría ayudar a sostener los precios de los metales, entre ellos los del aluminio, el cobre y el mineral de hierro. Por otra parte, intensificar el avance de la matriz energética mundial hacia la descarbonización también podría fortalecer la demanda de metales.

Los precios agrícolas han aumentado sustancialmente este año, en particular los de los productos alimentarios básicos, a raíz de la disminución de la oferta en América del Sur y la fuerte demanda de China. No obstante, la mayor parte de los mercados mundiales de alimentos básicos siguen estando adecuadamente abastecidos en comparación con los niveles históricos, y se prevé que los precios se estabilizarán en 2022.

Si bien los precios mundiales de los alimentos básicos han permanecido sin cambios en el último tiempo, siguen surgiendo pruebas que confirman la relación entre la COVID-19 y el aumento de la inseguridad alimentaria, y se prevé que dichas repercusiones se extenderán durante 2021 y 2022. Cada vez más países se enfrentan a crecientes niveles de inseguridad alimentaria grave, y esto echa por tierra años de progresos en materia de desarrollo.

“A pesar de que los mercados de los productos alimentarios básicos están bien abastecidos a nivel mundial, la COVID-19 ha tenido profundas repercusiones sobre los mercados alimentarios y laborales locales en todo el mundo y ha reducido los ingresos; esto ha alterado el normal funcionamiento de las cadenas de suministro y ha agravado la crisis de seguridad alimentaria y nutricional que ya venía desarrollándose aun antes de la llegada de la pandemia”, añadió Kose. “Es momento de que los responsables de la formulación de políticas adopten medidas para atacar las causas básicas de la inseguridad alimentaria”.

En una de las secciones destacadas de la publicación se investigan las repercusiones de los drásticos cambios en los precios de los metales sobre los países exportadores. Los metales, en particular el cobre y el aluminio, son una de las principales fuentes de ingresos por exportaciones para un 35 % de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, y revisten una gran importancia en lo referido al crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica y, por ende, la reducción de la pobreza. Dado que los precios de los metales responden principalmente a la demanda internacional, estos países pueden verse sumamente afectados por las recesiones mundiales, que pueden generar caídas tanto en los precios de los metales como en los ingresos por exportaciones. Las ganancias extraordinarias derivadas de los altos precios de los metales, que en general se extienden poco en el tiempo, deberían reservarse para enfrentar los efectos negativos y a más largo plazo de las disminuciones de los precios, que justificarían la adopción de políticas de apoyo.

“Las fluctuaciones en los precios de los metales responden principalmente a factores de la demanda externa, como los ciclos de recesión y recuperación de la economía mundial”, dijo John Baffes, economista superior del Banco Mundial. “Durante una recesión, los exportadores de metales podrían verse perjudicados tanto por la situación de crisis general como por el desplome de los precios. Las pérdidas de producción asociadas con la caída de los precios son superiores a las ganancias derivadas de los aumentos de los precios, y los responsables de la adopción de políticas deben estar preparados para enfrentar estas situaciones”.

El Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a fin de ayudar a dichos países a enfrentarse a los efectos sanitarios, sociales y económicos de la COVID-19. Esto incluye USD 12 000 millones para ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a adquirir y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19, y a reforzar los sistemas de vacunación. Este financiamiento se basa en la respuesta más amplia del Grupo Banco Mundial frente a la COVID-19, que está ayudando a más de 100 países a reforzar los sistemas de salud, apoyar a los hogares más pobres y crear condiciones de respaldo para mantener los medios de subsistencia y los empleos de las personas más afectadas.

COMUNICADO DE PRENSA N.º 2021/136/EFI

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/04/20/commodity-...

Los avances contra la corrupción pueden lograrse incluso en las condiciones más adversas, de acuerdo con lo que indica un nuevo informe del Banco Mundial. En un momento en que se han movilizado niveles sin precedentes de fondos de emergencia para responder a la pandemia de COVID-19, el informe ofrece una mirada renovada a algunos de los enfoques y herramientas más eficaces para mejorar la rendición de cuentas de los Gobiernos.

En Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption (Mejorar la eficacia y la transparencia de los Gobiernos: La lucha contra la corrupción) se hace hincapié en distintas maneras de ampliar la eficacia de las estrategias anticorrupción en los sectores más afectados. Este informe actúa como una guía de referencia para los encargados de la formulación de políticas y los promotores de la lucha contra la corrupción, ya que se necesita continuar trabajando para ajustar la aplicación de las herramientas tradicionales.

“La pandemia de COVID-19 ha provocado que los gobiernos usen sus gastos de emergencia a gran escala y velocidad con la intención de reactivar la economía y proteger a la población más vulnerable y pobre que sufre de manera desproporcionada. Al tiempo que los países emprenden el camino hacia una recuperación más resiliente e inclusiva, el uso prudente de los recursos escasos de manera transparente es fundamental ", dijo la directora gerente del Banco Mundial, Mari Pangestu,"el progreso es posible en todos los entornos y estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado y abordar su impacto corrosivo”.

La pandemia de COVID-19 ha traído aparejados enormes gastos de emergencia para los Gobiernos, que a veces no se han sometido a los sistemas de control habituales. Si bien la celeridad es comprensible, la falta de una supervisión adecuada expone a los Gobiernos a una serie de riesgos de corrupción que pueden poner en peligro la eficacia de sus respuestas. Para fomentar una mayor rendición de cuentas, en el informe se insta a los Gobiernos a explicitar las medidas que adoptan, hacer cumplir las reglas, abordar los incumplimientos y solucionar problemas lo más rápido posible y con transparencia.

El informe abarca cinco áreas temáticas clave: adquisiciones públicas, infraestructura, empresas estatales, administración de aduanas y prestación de servicios, y temas intersectoriales tales como las iniciativas de gobierno abierto y GovTech, con ejemplos de estudios de casos de diferentes partes del mundo. El informe ayudará a equipar a los empleados del sector público y a la sociedad civil con un conjunto modular de enfoques y herramientas que pueden utilizarse y adaptarse a los contextos nacionales específicos.

Los estudios de casos del informe muestran que las medidas para frenar la corrupción a menudo son oportunas y abordan esferas de vulnerabilidad específicas, cuando así lo permite el espacio político. Pero incluso cuando las medidas parecen tener un impacto aparentemente limitado, pueden constituir una base importante para avances futuros.

En Bangladesh, la implementación de adquisiciones mediante gobierno electrónico, combinada con un aumento de la transparencia y la participación ciudadana, redujeron a la mitad la cantidad de licitaciones con un solo oferente, lo que mejoró la competencia significativamente, incrementó la cantidad de contratos adjudicados a empresas no pertenecientes al ámbito local y condujo a la obtención de mejores precios de los licitantes seleccionados.

Colombia actualizó su sistema de adquisiciones electrónicas a fin de publicar datos de libre acceso, siguiendo los estándares internacionales. En consecuencia, la cantidad de licitaciones con un solo oferente del organismo de caminos públicos, INVIAS, bajó del 30 % al 22 %, mientras que ciudades como Cali vieron un aumento de los procesos competitivos del 31 % al 56 % en aproximadamente dos años.

En Ucrania, los ciudadanos y la comunidad internacional reconocieron la importancia de que las autoridades públicas den a conocer sus declaraciones de bienes como herramienta clave en la lucha contra la corrupción. Los últimos datos muestran que cerca de 5,3 millones de documentos del sistema de declaraciones electrónicas están disponibles para el público. Hasta mediados de 2020, el Alto Tribunal de Lucha contra la Corrupción de Ucrania manejaba 19 casos contra autoridades acusadas de presentar información falsa en el sistema de declaraciones electrónicas o de no presentar una declaración intencionalmente.

En Afganistán, el departamento de aduanas ha implementado progresivamente la informatización a nivel nacional en las operaciones de despacho. Si bien aún existen vulnerabilidades considerables y las pérdidas de ingresos en las fronteras continúan siendo un desafío considerable, los ingresos recaudados por la aduana se han multiplicado por siete entre 2004 y 2019, y el tiempo de despacho y la transparencia de las operaciones comerciales han mejorado notablemente.

El programa de reforma de la tierra de Rwanda contribuyó a manejar los conflictos en torno a este tema y condujo a un aumento de la eficiencia, la transparencia, la participación ciudadana y la creación de instituciones viables de gestión de la tierra. La automatización de los registros de tierras redujo los sobornos que se pagaban a los empleados de la oficina de registro, ya que la información pasó a ser de dominio público.

“Las instituciones son increíblemente importantes a la hora de aplicar las políticas públicas, hacer participar a la sociedad civil y garantizar una mayor transparencia en las operaciones del Gobierno”, dijo Ed Olowo-Okere, director de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno del Banco Mundial. “En el informe se destaca la importancia de complementar los métodos tradicionales de lucha contra la corrupción con mecanismos avanzados, como GovTech y las adquisiciones electrónicas, incluso en los entornos más adversos y frágiles”.

23 de septiembre 2020

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/23/curbing-co...

De acuerdo con un nuevo análisis realizado por el Grupo Banco Mundial, la pandemia de COVID-19 (coronavirus) representa una amenaza para los logros que tanto costó conseguir durante la última década en las áreas de salud y educación, en especial en los países más pobres. Las inversiones en capital humano —conocimientos, habilidades y salud que las personas acumulan durante el transcurso de su vida— son fundamentales para que los niños puedan desplegar su potencial y para incrementar el crecimiento económico de los países.

En el documento 2020 Human Capital Index (Índice de Capital Humano 2020) del Grupo Banco Mundial se incluyen datos sobre salud y educación correspondientes a 174 países (que representan el 98 % de la población mundial) hasta marzo de 2020, con lo que se ofrece un parámetro previo a la pandemia de la salud y la educación de los niños. En el análisis se muestra que, antes de la pandemia, la mayoría de los países habían realizado avances constantes en la creación de capital humano en los niños, y que los mayores logros se habían producido en los países de ingreso bajo. A pesar de este avance, e incluso antes de que se sintieran los efectos de la pandemia, un niño nacido en un país promedio podía esperar alcanzar solo el 56 % de su capital humano potencial, teniendo como punto de referencia una educación completa y plena salud.

“La pandemia pone en peligro los avances en la creación de capital humano logrados a lo largo de una década, incluidas las mejoras en salud, tasas de supervivencia y matriculación escolar y la reducción del retraso del crecimiento. El impacto que la pandemia ha tenido sobre la economía ha sido especialmente fuerte para las mujeres y las familias más desfavorecidas, muchas de las cuales han quedado en situación de vulnerabilidad frente a la inseguridad alimentaria y a la pobreza”, afirmó David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. “Es fundamental que los países protejan a las personas e inviertan en ellas como parte de sus esfuerzos por sentar las bases para una recuperación sostenible e inclusiva y para el crecimiento futuro”.

Debido al impacto de la pandemia, la mayoría de los niños —más de 1000 millones— no han ido a la escuela y podrían perder, en promedio, medio año escolar, ajustado en función del aprendizaje, lo que representa pérdidas económicas considerables. Los datos también muestran importantes alteraciones en servicios de salud esenciales para las mujeres y los niños, muchos de los cuales no se han dado vacunas que son fundamentales.

En el Índice de Capital Humano 2020 también se presenta un panorama de la evolución de los resultados obtenidos en materia de capital humano durante una década, desde 2010 hasta 2020, que permite observar mejoras en todas las regiones (en los casos en que se dispone de datos) y en todos los niveles de ingreso. Estos resultados positivos se debieron, en gran medida, a mejoras en la salud y se tradujeron en tasas más altas de supervivencia de niños y adultos y menores índices de retraso del crecimiento, así como en un aumento de la matriculación escolar. Hoy estos avances están en peligro debido a la pandemia mundial.

En el análisis se llega a la conclusión de que los resultados en materia de capital humano en las niñas son, en promedio, más altos que en los niños. Sin embargo, esto no se ha reflejado en oportunidades similares para el uso del capital humano en el mercado laboral: en promedio, las tasas de empleo son 20 puntos porcentuales más bajas en las mujeres que en los hombres, y en muchos países y regiones la diferencia es mayor. Además, la pandemia agrava los riesgos de violencia de género, matrimonio infantil y embarazo adolescente, situaciones todas que reducen las oportunidades de aprendizaje y empoderamiento de mujeres y niñas.

Hoy los logros tan arduamente obtenidos en el área de capital humano están en peligro en muchos países. Pero los países pueden hacer algo más que solo trabajar para recuperar los avances perdidos. A fin de proteger y acrecentar los logros en el capital humano previamente conseguidos, es necesario que amplíen la cobertura y la calidad de los servicios de salud en las comunidades marginadas, promuevan resultados de aprendizaje y la matriculación escolar, y apoyen a las familias vulnerables con medidas de protección social adaptadas a la magnitud de la crisis que ha representado el coronavirus.

El Grupo Banco Mundial trabaja en estrecha colaboración con los Gobiernos para elaborar soluciones a largo plazo a fin de proteger a las personas e invertir en ellas durante la pandemia y posteriormente:

En Etiopía, Haití y Mongolia, el Banco ha colaborado en la adquisición de equipos médicos vitales.

En Bangladesh, Burkina Faso y Nepal, el Banco colabora en la preparación de protocolos de seguridad e higiene escolar y al mismo tiempo trabaja con los equipos de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene para proporcionar insumos básicos de higiene y desinfección.

En Jordania y Turquía, a través de nuevas operaciones recientemente aprobadas, el Banco ayuda a desarrollar contenido digital y de televisión para que durante el nuevo año académico pueda ofrecerse un método combinado de enseñanza y aprendizaje, así como asesoramiento psicosocial y clases de recuperación.

En la región del Sahel, el Banco respalda el Proyecto de Empoderamiento Económico de las Mujeres del Sahel y Dividendos Demográficos (SWEDD), que tiene por objeto crear un entorno favorable para el empoderamiento de mujeres y niñas a través de programas destinados a evitar que estas abandonen la escuela y a aumentar sus oportunidades económicas y el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad.

El Banco también está ayudando a la India a aumentar de inmediato las transferencias de efectivo y los beneficios alimentarios a través de un conjunto de plataformas y programas nacionales que ya existían, a fin de brindar protección social a los trabajadores esenciales que participan de los esfuerzos por aliviar los efectos de la COVID-19, y a fin de beneficiar a los grupos vulnerables, en especial los migrantes y trabajadores informales, que enfrentan altos riesgos de exclusión.

La aplicación de medidas normativas ambiciosas y basadas en datos empíricos en las áreas de salud, educación y protección social puede permitir recuperar el terreno perdido y allanar el camino para que los niños de hoy superen los logros en capital humano y los niveles de calidad de vida de las generaciones que los precedieron. Nunca ha sido más importante que hoy cumplir plenamente la promesa creativa que representa cada niño.

El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance con el propósito de ayudar a esos países a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. Con tal objetivo, respalda intervenciones de salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos esenciales, y ayuda al sector privado a continuar sus operaciones y mantener el empleo. Destinará hasta USD 160 000 millones en asistencia financiera durante un período de 15 meses para ayudar a más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, respaldar a las empresas e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye USD 50 000 millones correspondientes a nuevos recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que se asignarán en forma de donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias.

16 de septiembre 2020

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/16/pandemic-t...