Las transiciones más conocidas hacia la democracia en el mundo hispánico son la española, la portuguesa y la chilena. Las tres tienen en común haber pasado en forma pacífica de una dictadura militar a un gobierno civil.

La transformación del sistema político y nuevas reglas de juego fueron la consecuencia de una concertación unitaria de diferentes ópticas políticas y distintas perspectivas ideológicas. Se produjo un esfuerzo deliberado entre dirigentes, grupos de presión, representantes de la sociedad civil, figuras con autoridad moral, con peso académico, con liderazgo social y ciudadanos dispuestos a la lucha cívica para restaurar la democracia.

Movidos en dirección coincidente por un bien superior y un propósito común, más allá de intereses partidistas, se trataba de rescatar el estado de derecho, la independencia de los poderes públicos, las instituciones arrasadas por el personalismo, una democracia constitucional y, sobre todo, la dignidad y la decencia de la gente, pisoteadas por una opresión sanguinaria, humillante, envilecedora, que destruyó mucho. La autocracia en esos países dejó un trágico balance: inútiles y absurdas pérdidas de vidas humanas, sueños rotos, proyectos truncados, diáspora forzada.

La situación venezolana no es la de una dictadura militar pero los militares han sido especialmente beneficiados, particularmente en los rangos superiores, por la militarización del poder. La apariencia de democracia en algunos aspectos formales oculta la realidad de un régimen ilegítimo por su origen y desempeño, cuyo gobierno es, por eso, tiránico. Tenemos un poder bicéfalo. Por un lado, el gobierno interino, constitucional y legítimo, sin instituciones bajo su liderazgo ni poder sobre las fuerzas armadas. Por otro lado, un gobierno usurpador, sin fuerza moral, ni autoridad, con capacidad de reprimir y someter a la población por la extorsión, el miedo y el terrorismo de estado.

El único objetivo de los usurpadores es aferrarse al poder a cualquier precio y lucrarse del patrimonio público. No importa si para lograrlo son cometidos crímenes de lesa humanidad: torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual. No importa que hayan colapsado los hospitales, el sistema educativo, la infraestructura; que la hiperinflación haya destruido el ingreso de las familias y mueran muchos ciudadanos de desatención por falta de medicamentos y equipos médicos, por inanición, por desnutrición o de enfermedades que habían sido erradicadas, como la tuberculosis, el paludismo o la la fiebre amarilla.

Venezuela, en un complejo escenario geopolítico, es peón del ajedrez de regímenes autocráticos, en el que se juegan la guerra híbrida, la manipulación y control cibernéticos, a la vez que poderosos intereses económicos y la expoliación de recursos naturales y estratégicos venezolanos, en especial por parte de Rusia, Irán, China, Turquía y Siria, con Cuba como principal articulador y beneficiario.

El país, dominado por una camarilla militar civil mafiosa que ha usurpado las estructuras del Estado, pervertido las funciones de este y que se halla vinculada al crimen organizado transnacional, está en ruinas. Además de la crisis humanitaria compleja que padece su población, Venezuela sufre la explotación depredadora y salvaje de recursos minerales muy valiosos a favor de consorcios extranjeros, con la complicidad de grupos nacionales vinculados a la cúpula del alto mando.

Sin olvidar la cleptocracia en el sector público, el aparato productivo ha sido reducido o destruido por el despojo a empresarios privados o la intervención estatal desmedida y abusiva en contra de la producción manufacturera y agrícola. Ha florecido una economía ilícita basada en el narcotráfico y el contrabando, que ha desatado una guerra para controlar el territorio nacional entre grupos criminales colombianos, con el ELN, las FARC y sus facciones e Irán y Siria, con radicales islamistas como Hezbollah.

¿Cómo se puede entonces alcanzar una transición y hacia qué? Hay al menos cuatro transiciones, con la política y la económica. No basta nuevo gobierno, sino un cambio de modelo político. Para construir democracia, se requiere que el voto elija: elecciones de todos los poderes, no solo regionales o locales. Si no, la autocracia se consolida. No concentración y control imperativo del Estado sino economía abierta y competitiva. Economía de mercado con equidad, esto es, un Estado social de derecho y justicia, para superar el Estado fallido y criminal. Y, sobre todo, un cambio estructural de mentalidad.

La dinámica social no puede estar orientada hacia el poder exclusivamente. Aprender a hacer las cosas bien, no para salir del paso, es exigir la excelencia con integridad; impulsar a la vez el respeto a la ley y el deseo de superación es afianzar la cultura cívica. En tal sentido, la educación es clave para construir nuevos acuerdos sociales.

Los que nos llevaron hasta aquí, desde la restauración de la democracia después de 1958, no funcionaron para lograr cambios estructurales y cualitativos, ni en el plano económico y político ni en el cultural; deben ser revisados y transformados. Que la transgresión no sea la norma significa ética del respeto y cuidado por el otro, honradez, probidad y aspiración al logro. Que no triunfe el más pícaro, sino el más meritorio, significa edificar confianza y consolidar el tejido social: capital social. Todo lo demás viene por añadidura…

@martadelavegav

El RP2, el 187n° 11, el TIAR o los Cascos Azules de la ONU no son factibles si los gobiernos aliados de los países democráticos del mundo en contra de la tiranía usurpadora de Maduro y la camarilla militar civil que lo sostiene y protege, dirigidos en primer plano por la dictadura cubana, con Rusia, China e Irán en el trasfondo, han afirmado varias veces que no están de acuerdo con el uso de la fuerza ni pueden respaldar una incursión militar. Una intervención armada constitucional o un desembarco por razones humanitarias en costas venezolanas tampoco están en la agenda ni de la Unión Europea, ni del grupo de Lima, ni del gobierno actual de los Estados Uni

Todos los que impulsamos la lucha por la democracia, la decencia, el respeto a los otros y el cumplimiento estricto de las normas que garanticen la civilidad y la convivencia pacífica en Venezuela, nos preguntamos hoy cómo es posible que el sátrapa enquistado en Miraflores o en Fuerte Tiuna, Nicolás Maduro, se mantenga aún en el poder. La cúpula de las fuerzas armadas es la que tiene el dominio del país.

En todos los niveles, sea por miedo, sea por horror a la delación de sus propios compañeros, o por las torturas indescriptibles de las que han sido víctimas los sospechosos de disidencia o de insubordinación, sea por la relajación de sus conductas institucionales, sea por degradación de sus principios y valores, en los que ya el honor no se divisa, las fuerzas militares o policíacas sustentan la dictadura madurista. O callan de manera cómplice ante los desafueros y abusos atroces cometidos por los integrantes de los organismos de seguridad y contrainteligencia del Estado, la Guardia Nacional Bolivariana o las Fuerzas de Acciones Especiales, que son escuadrones de exterminio para aterrorizar y asesinar a ciudadanos inermes.

Sus motivaciones no provienen de razones ideológicas ni es por respeto a la Constitución venezolana vigente, pisoteada despiadadamente desde hace muchos años para aferrarse al poder a cualquier costo. Se ha construido un entramado denso y oscuro de corrupción generalizada que se extiende desde el general de más alto rango hasta el soldado raso y contamina todas las estructuras del Estado, hoy refugio de una banda de hampones que controlan las instituciones de la república, la explotación criminal del Arco Minero, el narcotráfico con pingües ganancias, el contrabando de gasolina y ahora la “custodia” de las bombas surtidoras de combustible.

En este sentido, la posibilidad de un “quiebre” militar ha resultado ser una táctica fallida en la visión estratégica por parte de la dirigencia democrática. Causas muy poderosas como las que acabamos de enumerar frenan una acción de las fuerzas armadas, pese a conatos de rebelión, para acatar la Constitución siguiendo su artículo 328 y contribuir a restaurar el Estado de Derecho.

En Venezuela ha habido históricamente una mentalidad de privilegio y supremacía militaristas a pesar de que la Constitución subordina el poder militar al poder civil. También cierto menosprecio de aquellos hacia estos últimos. Los códigos de los militares resultan enigmáticos para el mundo civil. No han podido ser descifrados por la dirigencia democrática para trazar un camino efectivo de acercamiento hacia el cuerpo armado. Estos sienten desconfianza hacia los civiles como alternativa real de poder. ¿Qué hacer entonces?

El engranaje entre los problemas de la gente y sus protestas y un gobierno de emergencia nacional es indispensable para impulsar el cambio político. Su antecedente más importante fue el pliego de conflictos elaborado por múltiples organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, entregado en la concentración del 10 de marzo pasado al presidente interino de la república, Juan Guaidó. El Plan País marca una dirección experta y seria para resolver la multicrisis nacional.

Otro hecho clave es la firma que acaba de ocurrir para asegurar sin obstáculos el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela entre la OPS (Organización Panamericana de la Salud) con un representante del gobierno interino y el ministro de salud del régimen de Maduro. No es un acuerdo político como se pretende hacer ver sino, por un lado, un reconocimiento al gobierno legítimo de Juan Guaidó y por el otro, un esfuerzo técnico multinacional para evitar de nuevo la tragedia del 23 de febrero pasado al impedir brutalmente la entrega en territorio venezolano de la ayuda humanitaria.

Es decisivo comunicar ya a la ciudadanía todos los aspectos del contenido de la propuesta de los negociadores democráticos en Oslo y Barbados, que muchísima gente no conoce. La importancia mayor del gobierno de emergencia nacional es que facilita un “puente de plata” a los chavistas, militares y civiles, sin excluir a los distintos actores de la oposición.

Las modificaciones presentadas por el gobierno estadounidense agregan una serie de garantías para los militares, la permanencia del alto mando actual hasta las elecciones presidenciales, la suspensión de las sanciones y la escogencia de Maduro y sus acompañantes de quedarse en el país o salir al que ellos deseen sin que se les persiga o extradite. Esta condición es necesaria pero no suficiente para que cese la usurpación y comience una transición incluyente de todos los sectores políticos y sociales del país a fin de emprender su reconstrucción.

@martadelavegav

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