Una reconocida firma encuestadora indagó recientemente (septiembre) la opinión de sus encuestados sobre las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos a Venezuela. La respuesta abrumadora fue la de no estar de acuerdo, incluso de aquellos que se identificaron como opositores. Ello pudiese obedecer a dos razones diferentes. La primera, sería la expectativa de que la situación económica mejoraría para los venezolanos, si se levantan estas sanciones. La segunda, independiente de la anterior, sería que las sanciones no han logrado su cometido, es decir, forzar la salida de Maduro, por lo que no tiene sentido mantenerlas. Examinemos cada una.
El ingreso petrolero ha tenido un impacto decisivo en el nivel de vida de la población venezolana durante los últimos 100 años. Nuestra cultura política está acostumbrada a asociar el bienestar de la población con las exportaciones petroleras. Antes que la competitividad de las actividades económicas, nuestros niveles de consumo han estado sellados por la renta captada en los mercados internacionales. Si las exportaciones sufren por las sanciones, estaría en el interés de los venezolanos que fuesen levantadas.
Una primera indagación es precisar si las sanciones, efectivamente, han reducido las exportaciones de crudo. Previo a 2017, las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos estaban dirigidas en contra de personeros del régimen chavista acusadas de violar derechos humanos y/o socavar la democracia. Es sólo en marzo de 2017 cuando se empieza a afectar a PdVSA prohibiéndole, como al gobierno venezolano, realizar operaciones a través del sistema financiero de EE.UU. Para entonces, la producción petrolera del país había disminuido en una quinta parte desde 2012, según fuentes oficiales. Y no es sino en enero de 2019 cuando se les prohíbe a ciudadanos estadounidenses o empresas localizadas ahí, transar con petróleo venezolano. Para el primer trimestre de ese año, la producción ya había caído a menos de la mitad: un millón 293 mil barriles diarios en promedio, según la misma fuente. Todo indica, por tanto, que el deterioro principal de la producción de PdVSA es previa a la imposición de las sanciones comerciales y que se debe a razones distintas a éstas.
¿Y las sanciones financieras de 2017? Cabe recordar que, en ese año, la República y PdVSA entraron, de hecho, en una situación de default, al no poder honrar sus compromisos de deuda externa. Quedaron excluidas, por tanto, de los principales mercados financieros internacionales. A ello se añade que PdVSA enfrenta litigios internacionales con empresas foráneas que suman miles de millones de dólares, por expropiaciones y/o por incumplimiento de contrato. Luego está el hecho de que sus ventas a China, su principal mercado de exportación en estos últimos años, son utilizadas en gran parte para amortizar la deuda que se arrastra con ese país. Finalmente, están las deudas que mantiene PdVSA con ENI, Repsol y Chevron. En previsión de una posible escasez mundial de crudo derivada de las sanciones impuestas a Rusia por su agresión a Ucrania, el gobierno de los EE.UU. recientemente dispensó de sanciones a las dos primeras para permitirles exportar su producción en Venezuela a Europa y, de paso, se cobrasen sus acreencias. Una autorización similar a Chevron está sujeta a que se reanuden las conversaciones entre el régimen de Maduro y la oposición para restablecer la democracia en el país.
Tales apuros financieros indicarían que la producción de PdVSA poco se beneficiaría de levantarse el veto al uso de la banca estadounidense de 2017. Con el tiempo podría refinanciar en términos más favorables sus deudas, pero sujeto a medidas que restablecieran la confianza entre sus acreedores.
Es una triste verdad, entonces, que la drástica merma de la producción petrolera venezolana --de más del 70% durante la gestión de Maduro--, obedece sobre todo a factores internos. Éstos se resumen en prácticas depredadoras --contratos ficticios, manejos contables fraudulentos, sobreprecios, comisiones en compras y en contrataciones, robos, etc-- que esquilmaron los recursos que deberían haberse dedicado a la inversión, al desarrollo tecnológico, al mantenimiento adecuado y a la remuneración con base en el mérito. La consecuente destrucción de la capacidad productiva de la industria, incluyendo la refinación, ha obligado a importar crudos livianos para mezclarlos con el petróleo pesado de la faja, así como gasolina y otros productos refinados. El saldo neto del ingreso petrolero es, por tanto, aún menor. Cualquier incremento provendrá, necesariamente, del aporte de la inversión extranjera. ¿Están dadas las condiciones para que ocurra? Para abril de este año se señalaba la paralización de taladros activos de perforación en el país[1], lo cual comprometía la producción nacional, incluyendo las empresas mixtas.
Aún con todos estos “peros”, levantar las sanciones petroleras debería mejorar algo el ingreso nacional. Pero, sería más por sus probables efectos sobre el precio del crudo venezolano, que ha ido vendiéndose con descuentos de más del 20% para sortear las trabas comerciales. Lamentablemente, la competencia ahora en el mercado chino del crudo ruso, también sancionado, hará que este descuento sea aún mayor.
Debe ser examinado de cerca la aplicación o el uso de este posible mayor ingreso petrolero. Tampoco aquí los indicios son alentadores. La ausencia de información oficial sobre la gestión pública, la inversión, el consumo y el desempeño de otras variables reales impide calcular el efecto multiplicador de incrementos en el gasto atribuibles a un mayor ingreso petrolero. No obstante, a juzgar por el valor de las exportaciones en los primeros nueve meses de 2022, en torno a los 11,7 millardos de dólares y más del doble de las registradas en igual período de 2021, este efecto es casi nulo. ¿Ha mejorado la provisión de servicios públicos: luz, gas, agua, salud, educación, seguridad o la inversión? Lamentablemente, el Estado venezolano fue colonizado por “revolucionarios” que se dedicaron a extraer rentas, debilitando su capacidad de atender los problemas del país. Salvo un ajuste salarial a comienzos de año, ya disminuido por la inflación, la gestión pública continúa su proceso de deterioro.
Por último, si las sanciones no han logrado su cometido de sacar a Maduro, ¿por qué mantenerlas? Creo que aquí hay un error de óptica. Efectivamente, el fascismo continúa en el poder, para desdicha de los venezolanos, pero no hay ocasión en que no plantee como demanda central, que le sean levantadas las sanciones. Es obvio que sí le afecta, aunque fuese sólo porque le limita los recursos a expoliar. Ello indicaría que son un poderoso instrumento, no para “tumbar” al régimen, sino para presionar para que acceda a negociar la realización de elecciones creíbles, con garantías, que ofrezcan una vía para una transición rápida a la democracia que supere, cuanto antes, la terrible tragedia de Venezuela. A Maduro y a sus militares traidores en absoluto les interesa mejorar la situación de los venezolanos y es iluso pensar que, con base sólo en ello, permitirían condiciones que favorecieran la democratización.
Conforme a esta perspectiva, toca al liderazgo opositor, en estrecho contacto con las demandas y requerimientos de la gente, confeccionar una especie de programa de condiciones cuyo cumplimiento –verificable—sumaría puntos a favor de levantar las sanciones. Obviamente, tendría que consensuarse con quienes tienen la sartén agarrada por el mango, es decir, el Ejecutivo estadounidense. Podría pensarse, asimismo, en amarrar un incremento de exportaciones, resultado de tal levantamiento, para atender exclusivamente a la emergencia humanitaria provocada por el desastre chavo-madurismo, y/o para rescatar y poner en función servicios públicos vitales. Es decir, propiciar que una decisión de esta naturaleza tuviese el aval de la oposición, si sus frutos fuesen dedicados claramente a mejorar la situación de las mayorías y no a enriquecer a quienes secuestraron al Estado para beneficio propio.
El liderazgo opositor tiene la palabra.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela