Los venezolanos estábamos preparados para cualquier “celebración” de la derrota de un cuartelazo, que sigue tratándose de instituir como el inicio de una rebelión popular, habiéndose demostrado que ni entonces, ni durante estos ya muy largos “gobiernos revolucionarios”, hubo la menor intención de cambiar lo criticable de aquel entonces que, ¡de que lo había, lo había!. Sin embargo, lo ocurrido en esta oportunidad en la cuna de la robolución fue toda una sorpresa.

El día anterior a tan infausta fecha y en la madrugada de la misma, mediante comunicación anónima, se hizo del conocimiento de los maracayeros, sobre todo de los comerciantes y otros prestadores de servicios al público del norte de la ciudad, la “conveniencia” de no abrir sus establecimientos so pena de afrontar riesgos, no especificados, pero no por eso menos intimidatorios.

Los que creyeron que el anuncio era una “bola” más, inclusive achacable a la “derecha desestabilizadora” o que en todo caso, que no habría quién, ni como obligar a su cumplimiento, recibieron visitas de hombres de a caballo (mecánico) que insistieron en la conveniencia de acatar el cierre.

No está de más decir que la argumentación surtió efecto en el norte de Maracay, particularmente en los sectores más populares, y que aquellos que abrieron, por “convicción” o por contagio bajaron las santamarías temprano . Los colegios de la zona vieron la asistencia mermada y los estudiantes que concurrieron a clase, fueron retirados apresuradamente por sus representantes a partir de las 10 a.m.

Ante la circulación de la mencionada comunicación anónima, reproducida en las redes sociales, ninguna autoridad procedió a declarar públicamente al respecto (como ha debido), induciendo en la población la sensación de que estábamos ante un anuncio falso (como ha debido ser) y que todo sería normal, por supuesto, en el sentido laxo que ha tomado el término en nuestro país.

Esa sensación se disipó en la medida de que se observó un notable despliegue policial en la zona, lo que alertó y alarmó a la gente, que empezó a sentir lo peor…¡algo va a pasar!, reforzado por la evidente no apertura de los establecimientos comerciales. Todo lo anterior se tradujo en un abandono de la calle y el establecimiento de la percepción (¿?) de que el control de la ciudad estaba en manos distintas a las que legalmente corresponde.

Para explorar el origen de la situación, solo contamos con el contenido de la comunicación de marras y los hechos cumplidos. Según ellos, en el sector de La Pedrera (¿o fue realmente en La Candelaria?) resultó muerto un joven como producto de una actuación policial, sin que se conozcan públicamente detalles específicos.

Del joven y del incidente, identificados en el escrito anónimo, se desconocen detalles oficiales que permitan entender lo que pasó. La familiaridad y el tono aplicado al gobernador y a otro funcionario, hacen sentir el reclamo de compromisos incumplidos, máxime cuando se critica a autoridades policiales nacionales no dependientes de ellos.

Una muerte siempre tendrá dolientes y ninguna sociedad puede estar contenta cuándo la resolución de sus conflictos se intenta exterminando a los supuestos responsables. El respaldo comunitario, evidente en el sepelio, tiene que tratar de entenderse para beneficio de todos. Alguien es bueno o malo según la opinión de otros, y que la polarización se esté manifestando adicionalmente en aspectos distintos a los político partidistas tiene que llamar a preocupación.

Invocar la existencia de vínculos con sectores irregulares similares en estados vecinos ratifica la dimensión del problema y al compararse en virtudes con los cuerpos policiales, estos grupos están abonando el terreno para la coexistencia de ambos mundos sobre un mismo espacio geográfico, la que parece haber sido la orientación de la política oficial hasta ahora.

Nuestras autoridades no son dadas a la discusión pública y han cedido, con una intencionalidad política malévola, espacios que habrá que recuperar para bien y disfrute de todos. ¿Cómo terminó el día y que consecuencias traerá lo ocurrido en el futuro inmediato?, ¿Hubo detenidos en el entierro?, ¿Cuántos?, ¿Se decomisaron armas a los detenidos?, ¿El robo de armamento a la Guardia de Honor, en La Victoria, es una respuesta en demostración de fuerza?, son preguntas que, entre muchas otras, tendrán que esperar por el tiempo y la realidad para aclararse.

Al final volvemos a encontrarnos ante hechos que nos afectan a todos, que unidos a la falta de información sobre ellos y la opacidad de la poca que circula, aumenta la desconfianza ciudadana en el gobierno, abonando la necesidad de un pronto cambio democrático.

Sin ninguna duda, es obligatorio para nuestra dirigencia estar preparada con propuestas para enfrentar el temible problema de una delincuencia que fue aupada y a la que habrá que someter, aplicándole los correctivos necesarios, respetando derechos, pero cumpliendo la ley con todo el rigor que merezca cada caso.

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