Apreciación de la situación política número 145

Finaliza el presente año 2018 como el peor de lo que va del siglo XXI y quizás del pasado siglo XX, no me atrevo a señalar el XIX porque existen suficientes evidencias históricas que indican que durante ese siglo nuestro país sufrió bastantes penalidades que bien podrían superar la situación presente. Pero, a diferencia de otras épocas, los venezolanos cerraban el año con la esperanza de que el próximo sería mejor, no es el caso de este que está por concluir.

El éxodo de más de tres millones de venezolanos y la perspectiva de que el próximo sume, al menos, un millón más, constituye la mejor evidencia de la pérdida de esperanza que afecta a buena parte de la nación que sale del país para buscar, precisamente, la esperanza de un futuro mejor que no lo aprecia actualmente en el corto y mediano plazo a menos que se produzca un cambio de gobierno que inicie la recuperación de lo que aún queda de país.

Pero esta desesperanza no es infundada. La revolución bolivariana quedará para la historia como lo peor que ha ocurrido a nuestro país y, últimamente, a cualquier país del mundo. El portento de sumir a una nación con todo tipos de recursos para estar dentro de los países más desarrollados del planeta en un territorio abatido por la miseria, la tristeza y la desesperanza, comienza a ser estudiados por las facultades de economía más prestigiosas del mundo como un fenómeno de lo que se debe hacer para destruir un país sin necesidad de ir a una guerra o que lo arrase una catástrofe natural de gigantescas proporciones.

La destrucción suicida de la gallina de los huevos de oro, como lo es la estatal petrolera, prácticamente nuestra única fuente de ingresos de divisas, sólo puede ser obra del resentimiento social, la ignorancia y la mediocridad de la clase gobernante devenida en mafias económicas con vinculaciones al narco tráfico internacional y un completo desamor por el país que le dio la oportunidad de gobernar. El resultado no puede ser peor: una hiperinflación galopante con una depresión económica que ha acabado con el poder adquisitivo de cualquier ingreso o salario mensual que se cobre en bolívares, por lo que más del 80% de la población técnicamente está por debajo de la línea de la pobreza o está en vía de ella si no se aplican los ajustes inmediatos que se requieren.

La magnitud del desastre se puede apreciar con la siguiente comparación: en el 2002 el ingreso promedio mensual de cualquier profesional y empleado del gobierno se situaba en los 1.600,00 US$, unos 53 US$ diario, actualmente, con suerte para algunos, podrían ser 10,00 US$ al mes o sea 0,33 US$ diarios, muy lejos de los 1,25 US$ diarios que estipulan los organismos internacionales para estar por encima de la línea de la pobreza. Claramente se hace obvio que le problema no es de precios altos sino de la falta de capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.

Esta tragedia se complementa con una clase política opositora que, hasta ahora, se ha mostrado dispersa e incapaz de entender el momento político que le ha tocado vivir. Después de 20 años de revolución está comenzando a entender que para poder gobernar deben desalojar al régimen y para eso deben unirse en una estrategia común apartándose de sus diferencias ideológicas y ganarse el favor de las masas, favor que ganaron en diciembre del 2015 y luego hicieron todo lo posible para perderlo. Sin embargo, hay que darle el crédito que se han mantenido bajo el manto constitucional y esto ha servido para lograr el apoyo y reconocimiento internacional, reconocimiento que perdió el régimen al violar, sistemáticamente, preceptos constitucionales fundamentales, especialmente, los referidos a los derechos humanos y la inobservancia de los lapsos y garantías electorales previstos para los últimos dos años, situación que condujo al régimen y, especialmente, a la presidencia de la República a un estatus de ilegitimidad de origen que se acentuará el próximo 10 de enero cuando finaliza constitucionalmente el periodo presidencial vigente.

Pero si hay algo positivo este año por finalizar, fue la decidida participación política de la sociedad civil organizada la cual, aún también, con sus propias divergencias y visiones de país confluyeron en el aspecto medular de que sin unidad de propósito – cambiar al gobierno – difícilmente se podrá comenzar a superar la crisis de gobernanza que nos agobia. La estructuración del denominado Frente Amplio Venezuela Libre aglutinando dentro de su seno la mayoría de los partidos político (o los que tienen mayor representación en la Asamblea Nacional) con los sectores más representativos de la sociedad civil organizada (Academias, Iglesias, Empresariados, Sindicatos, etc.) y grupos importantes del chavismo disidente, es el evento más importante en busca de lo que se ha denominado “unidad superior”, que puede cumplir con tres aspectos fundamentales para lograr el cambio político el próximo año:

1. Un mensaje claro y esperanzador de cómo se puede comenzar a salir de la crisis una vez logrado el cambio de gobierno, este plan ya se expuso el pasado 19D en Caracas y existe un gran consenso en torno a la propuesta;
2. Un líder comprometido en cumplir el plan de recuperación y los parámetros que se acordaron con el actual régimen para la transición democrática - condición que no se ha oficializado pero existen indicios de estas negociaciones con representantes de la comunidad internacional, el régimen y la oposición trabajando en este sentido- La escogencia de este líder no se ha definido, y mejor es así, pero dependerá del tipo de negociación que se acuerde entre las partes;
3. Organización electoral de la oposición. Este aspecto debe ser retomado a la brevedad del tiempo, la negociación en alguna etapa exigirá una medición electoral y el régimen tiene su maquinaria electoral, no así la oposición cuyo padrón electoral ha sido diezmado por la diáspora de los dos últimos años:

Con esto en mente, llegará el 10 de enero del 2019, cuando el gobierno quedará ilegitima e ilegalmente en funciones y será entonces cuando la Asamblea Nacional deberá tomar la decisión política que obligue a la transición siempre en el marco de la Constitución, para esto el artículo 71 constitucional tiene particular relevancia, el mismo establece: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral“.

Otros artículos constitucionales se refieren a la falta absoluta del presidente y a los mecanismos para su reemplazo, sin embargo, no prevé nada para la situación particular de un presidente electo de manera inconstitucional y que pretende continuar un nuevo periodo, por lo que aquellos que plantean que sea el presidente de la AN quien asuma la presidencia y convoque nuevas elecciones en un periodo de 30 días pueden estar incurriendo en errores de interpretación de la Constitución.

Siendo que el artículo 5 constitucional también establece: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.”, la AN, en función de lo que establece ambos artículos citados y la situación de ilegitimidad del gobierno debería ordenar y organizar un referendo consultivo con el propósito de preguntar al soberano: a) Si rechaza la pretensión del presidente y su gobierno de continuar un nuevo periodo presidencial por 6 años y b) si acepta que se convoquen elecciones para elegir un nuevo presidente para el presente periodo constitucional.

Con esta ruta electoral, pacífica, democrática y constitucional se evitaría: 1) Nombrar al presidente de la AN como presidente interino, situación que aprovecharía el régimen de facto y la ilegitima ANC para acusarlo de usurpación de poder; 2) nombrar a un presidente sin ninguna posibilidad de que pueda efectivamente asumir sus funciones transitorias (a menos que la FAN lo reconozca) y 3) que el régimen disuelva a la AN. La comunidad internacional, sin dudas, rechazaría las acciones del régimen ante cualquiera de estas eventualidades o sus variantes, pero también consideraría si efectivamente el procedimiento es constitucional.

La ruta consultiva que aquí se propone, dejaría en manos del poder ciudadano y soberano tal decisión y el régimen de facto, aunque ciertamente por su naturaleza lo rechazaría, le sería más difícil la argumentación en contra y más difícil aun, disolver la AN.

Finalmente, si se toma esta decisión, la oposición democrática podría tener la posibilidad, especialmente si se realiza el referendo consultivo, de obligar al régimen a sentarse en una mesa de negociación que conduzca a un gobierno de transición democrática.

En la posibilidad de este escenario queda una incógnita: ¿Están los factores democráticos en condiciones de conducir este proceso?

@lesterllopezo 24/12/18