Un 19 de febrero de 1998, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), presentó un documento llamado Bases para el fortalecimiento democrático del sistema político venezolano, cuyo contenido pretendió, en el marco de las elecciones presidenciales, hacer públicos unos planteamientos que se consideraron oportunos y urgentes de ser abordados en la tarea de promover la transformación legal e institucional que reclamaba el país.

Esos temas retoman espacio en la agenda política venezolana y a casi 20 años de aquel documento público, hoy el mismo permite tener un referente para abordar el deterioro institucional y político de estos años de revolución bolivariana. A diferencia de 1998, esas propuestas se encuentran ahora con un Estado que no reconoce otro modelo político, social y económico que no sea el Plan de la Patria 2013-2019 que, independientemente de su viabilidad, se convierte en una hoja de ruta política.

Las propuestas presentadas en 1998 fueron las siguientes:

1.-Continuar, fortalecer, ampliar y profundizar el proceso de descentralización en Venezuela. La COPRE proponía un pacto político en el cual se lograra concretar un programa de transferencias de servicios, acompañadas de un compromiso de financiamiento y con el señalamiento preciso sobre las áreas a ser transferidas.

También se exhortó a incluir a los Municipios como actores políticos necesarios para avanzar y profundizar en la descentralización; esto suponía la necesidad de buscar mecanismos de coordinación necesarios para que fueran reconocidos como actores del desarrollo nacional, atendiendo claramente a su realidad local, lo que planteaba la necesidad de categorizarlos según criterios objetivos.

En ese Pacto que propuso la COPRE la participación ciudadana debería ser reconocida y garantizada. Por último, allí se propuso la necesidad de crear una autoridad única al más alto nivel gubernamental, de dirección y coordinación del proceso de descentralización.

Hoy existe un Consejo Federal de Gobierno, definido como la instancia para planificar y coordinar las políticas y acciones en el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias. Irónicamente, luego de tanto tiempo, esa instancia a la que se refería la COPRE existe, pero no cumple su finalidad. Aun cuando nos reconocemos como Estado Federal y Descentralizado, el centralismo se va imponiendo con mayor fuerza a través de un modelo de Estado paralelo que por tal es inconstitucional e ilegitimo.

2.- La ampliación de los espacios de participación ciudadana. Con ello se buscaba una mayor inclusión ciudadana en los procesos de decisión sobre asuntos públicos. La COPRE exhortó a la diversificación de los canales de participación y a un reconocimiento expreso por parte del Estado a la participación como un derecho que debía ser garantizado, estimulado y fortalecido.

Años después, si bien la Constitución reconoce el derecho a la libre participación y a libre asociación para fines lícitos, y además menciona una serie de mecanismos de participación, irónicamente estamos muy lejos de acercarnos a una participación amplia y diversificada. La sociedad experimenta una confiscación de esas libertades mencionadas a través de mecanismos creados en el modelo del Poder Popular que toma una dirección opuesta a la aspiración de desarrollar la ciudadanía a través de la libertad de participación y asociación.

3.- La modernización y adaptación de la Administración Pública a los nuevos desafíos. Se planteaba la urgencia de reorganizar la Administración Pública a los fines de asegurar los derechos sociales y mejorar la calidad de vida.

Los componentes que se mencionaban entonces como parte de esa modernización eran cuatro, a saber: el estatuto de la función pública; la estructura institucional; su fundamentación ética y las relaciones con el ciudadano, todo ello valorado como esencial para la gobernabilidad del sistema político venezolano.

Hoy, la administración pública está condicionada a la visión socialista del Estado, abandonando así el principio constitucional que su funcionamiento debe asumir como premisa que está al servicio del ciudadano. La Administración Pública hoy es un sujeto imposible de dibujar su silueta, pesado e inútil que prácticamente la hace inexistente.

4.- La lucha contra la corrupción. La deslegitimación e ingobernabilidad del sistema democrático tenía como una de sus causas más importantes la corrupción, por lo tanto era necesario abordar sus causas, motivaciones y soportes. Hoy, la corrupción puede decirse se convirtió en principio rector del gobierno y se convirtió en metástasis que corroe el sistema institucional que se intenta imponer.

5.- La reforma judicial. El propósito de esta reforma era hacer del Estado de Derecho un verdadero Estado de Justicia. Se planteó la revisión de las atribuciones asignadas a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Judicatura, a los fines de buscar unificar las políticas judiciales en el país.

Se propuso asumir con relevancia el tema de la carrera judicial, profundizar los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos con el fin de descargar las estructuras formales de administración de justicia y brindar a los ciudadanos otras instancias para obtener justicia. Casi 20 años después, la revolución acabó con la Justicia de Paz como venía operando y nuestro Poder Judicial está muy lejos de parecerse a un verdadero Estado de Justicia.

6.- Dos propuestas de aquel documento de la COPRE estaban relacionadas con el fortalecimiento de los partidos políticos, una de ellas era la reforma de los partidos políticos buscando el rescate de las agrupaciones partidistas y la otra tenía que ver con la necesidad de regular el financiamiento de campañas electorales en Venezuela.

7.- Por último se planteó la necesidad de asumir reformas constitucionales, que estaban pendientes y que no lograron captar la atención del entonces Congreso de la República. Entre esas reformas estaban:

El referendo popular, la incorporación a la Constitución de la Asamblea Constituyente; la necesidad de darle rango constitucional a los pactos internacionales sobre los derechos humanos; la revisión del sistema federativo de distribución de poderes; la introducción de la figura del primer ministro y crear la Sala Constitucional en el máximo tribunal de la República, entre otras. Resulta irónico que aquello que se consideraba necesario en ese momento, como fue la Sala Constitucional, hoy se convierta en un obstáculo para la democracia.

Qué oportuno resulta Giovanni Sartori, cuando advierte que la democracia es como una máquina, la mejor que se ha inventado y que aún no logra ser sustituida. Claramente requiere mejoras, pero el problema no es la máquina, el problema son los maquinistas.

Entre 1989 y 1992 el Congreso designó una Comisión Bicameral para analizar una posible enmienda a la Constitución de 1961, que luego se transformó en una propuesta de reforma general, la cual no logró captar la mayor voluntad política de los parlamentarios de aquél Congreso de la República y terminó siendo asumida por un militar, quien además, promovió un fallido golpe de estado en el año 1992.

¿Cuál es la lección que podemos sacar de estos últimos 18 años?

Artículo escrito para POLITIKA UCAB. 11 de marzo, 2016