En mi casa desarrollamos un respeto especial por la fecha 19 de abril, no solo porque fuera la fecha patria que en realidad es, sino porque era el cumpleaños de mi padre. Como profesor de Ciencias Sociales, mi padre estaba muy consustanciado con el significado civil de esa fecha particular para su vida y así se los hacía ver a sus estudiantes cadetes de la Escuela Militar de Venezuela y Efofac (antigua Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación).
Ese significado histórico del 19 de abril apuntaba hacia el desconocimiento civil de una autoridad que los venezolanos de ese entonces consideraron irrita y usurpadora. Lamentablemente, de esos oficiales que fueron alumnos de mi padre, no queda ninguno activo (todos están retirados o fallecidos), y los que existen ahora no tienen la convicción por la formación impartida en su propia Escuela, de que los militares deben estar siempre sometidos al poder y la autoridad civil. El tiempo ha disuelto esa convicción, dejando a los venezolanos a merced de una soldadesca al estilo de la milicia del siglo XIX, sin formación acerca del rol que deben jugar frente a los ciudadanos. De no ser así, no existiera un régimen cuartelario que oprime las libertades y suprime la democracia en Venezuela.
El 19 de abril de 1810 marcó el inicio formal e histórico de la Independencia de Venezuela. No había estudiante de primaria en este país que no conociera la historia de aquel Jueves Santo cuando se reunió el Cabildo de Caracas que desconoció la autoridad del nuevo mandatario español Don Vicente de Emparan, constituyéndose en Junta Suprema de Caracas, hasta la instalación del Primer Congreso Constituyente el 2 de marzo de 1811.
Estos antecedentes nos dan la suficiente justificación para: a) considerar que esta es una fecha profundamente civil y que conmemora la primera vez que la sociedad civil venezolana se impuso sobre un gobernante usurpador; y b) establecer por parte de los ciudadanos un gobierno de transición hasta la convocatoria de un Congreso Constituyente que definiría el destino de la República. Luego la historia hizo el resto.
El significado Constituyente de esta fecha es inequívoco, y aunque forme parte de nuestro calendario histórico, pocas personas lo ven más allá del cuento de aquel gobernante español que dijo una vez “yo tampoco quiero mando” un 19 de abril, a instancias de un cura de apellido Madariaga y a partir de allí Venezuela se declaró independiente, siendo el acontecimiento algo mucho más profundo que eso.
De la misma manera nos ocurre con el planteamiento y la propuesta Constituyente. El carácter simplista con el que generalmente abordamos los temas, hacen que tomemos decisiones de rechazo de buenas a primeras sin esperar a conocer el fondo del asunto. Y mucha de esa responsabilidad tal vez tiene su razón de ser en que no es sencillo comparar planteamientos complejos como este frente a la simplicidad con que se puede entender una elección presidencial o parlamentaria.
En diversas intervenciones y entrevistas a través de las redes sociales he planteado que para poder realizar el proceso Constituyente en esta hora histórica que vive Venezuela, donde se agotaron las opciones –incluyendo la electoral- para que los venezolanos podamos salir de esta crisis, se requiere de urgencia entrar en un proceso de negociación política que incluya a todos los involucrados en la tragedia venezolana: la Comunidad Internacional, la oposición oficial, el régimen, pero sobre todo, una representación calificada de la sociedad civil, esto es, aquellos que somos en última instancia los dolientes principales de esta tragedia. Para eso es un requisito fundamental tener a la Comunidad Internacional, comenzando por los EEUU, trabajando a favor de esta iniciativa, porque son los únicos capaces de sentar al régimen a negociar esta solución. De otra manera, a mi juicio es ilusorio plantear esta solución a los venezolanos.
Algunos han reaccionado de una manera virulenta a propuesta de incluir al régimen en esa negociación, y yo podría darles la razón. Pero si somos realistas tenemos que sentarnos a negociar con los secuestradores para que suelten a los rehenes, que somos todos los venezolanos. Por otro lado, un proceso constituyente, conceptualmente solo tiene sentido si están incluidos todos los venezolanos, sin distingo de parcialidad política. Y eso incluye a quienes aún creen en los que detentan el poder, que son igualmente venezolanos. No puede existir algo como una Constituyente únicamente “de la oposición”, así como tampoco puede existir una Constituyente solamente “del gobierno”.
Aquellos que crean que el país será estable haciendo una constituyente “de la oposición” están montados en una fantasía. Chávez hizo una constituyente solamente “del gobierno” en 1999, dejando explícitamente a la oposición fuera del proceso con unas Bases Comiciales parcializadas. A partir de allí el país nunca fue estable y los sucesos del 11A-2002 fueron la prueba fehaciente de ello. Y aún no existe paz social, sino la paz de los cuarteles y los cementerios, como ocurrió durante la tiranía de Juan Vicente Gómez. Esto sin contar con la otra “del gobierno” realizada por Maduro en julio de 2017, con peores consecuencias.
Y volviendo al requisito, como lo es el apoyo fundamental a esta iniciativa de la Comunidad Internacional –los EEUU-, ha sido algo muy difícil de lograr. Entre otras razones porque aquellos que deberían impulsar ese apoyo están en contra de una constituyente, ya que ellos serían los primeros en ser puestos a juicio y rechazados en el proceso. La oposición oficial nunca dio el visto bueno a la convocatoria del Constituyente, aun cuando tuvo la oportunidad de oro para hacerlo y resolver así la crisis del país. La primera acción de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015, no ha debido ser bajar los cuadros de Chávez de las paredes del Parlamento, sino convocar con los 2/3 de sus integrantes a un proceso Constituyente y establecer las reglas para hacerlo (Artículo 348 Constitucional). El régimen inmediatamente les quitó esa posibilidad al removerles la mayoría calificada.
La Comunidad Internacional nunca ha estado debida y eficientemente informada de esta iniciativa. ANCO ha hecho esfuerzos importantes de comunicar a los países acerca de esta posibilidad como una alternativa seria, constitucional, pacífica y electoral. Sin embargo, la oposición ha avanzado mucho en convencer a esa Comunidad Internacional que haciendo unas elecciones con el régimen en el poder se resolverá el problema venezolano y lamentablemente están equivocados. Remover al Poder Ejecutivo con unas elecciones–en el hipotético caso de que eso llegara a suceder- no sustituirá el resto de la institucionalidad corrupta del régimen y profundizará la crisis haciendo ingobernable al país.
Hemos insistido en que no es posible una elección justa, transparente y verificable estando el régimen en control del Poder Electoral, por la designación de Rectores provenientes de un Poder Legislativo ilegítimo. Es por ello que hemos propuesto la discusión de una elección Constituyente negociada con el auxilio de la Comunidad Internacional, como árbitro directo del proceso electoral, en una suerte de Intervención Humanitaria Electoral, con un Tribunal Electoral “ad-hoc” para Venezuela. Esta es una solución donde cabemos todos y podemos negociar como se realizaría entre los cuatro participantes.
Creemos que el 19 de abril de 2022 pueda ser una fecha que ponga de nuevo sobre el tapete de la opinión pública nacional e internacional esta iniciativa al país, en especial si se da el impulso desde el Estado Zulia, un Estado que ha alzado históricamente las banderas de la autonomía y la descentralización política y administrativa, principios fundamentales sobre los que se sustenta la propuesta de cambio constitucional de ANCO, en su proyecto de El Gran Cambio.
Si el país se contagia de esta propuesta, es posible que también pueda atraer a la Comunidad Internacional a que esta es la salida política más ajustada a la realidad de los venezolanos, para vivir en paz y en democracia. Que sea del empuje del Zulia desde donde partan las esperanzas de cambio para este país destruido, no solo es un aval extraordinario para rescatar lo que para Venezuela significó el 19 de abril de 1810, sino un buen augurio para la Refundación de una República que inició su viaje hacia la libertad destituyendo a un usurpador en el Cabildo de Caracas. Abriguemos la esperanza que el Teatro Baralt de Maracaibo se convierta en ese Cabildo en este año 2022, dando inicio al proceso de transformación de Venezuela.
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