¡QUE EGU ES EL ÚNICO DEPOSITARIO de la Soberanía Popular expresada el 28 de julio! ¡Sin él no hay nada que cobrar!

El 13 de agosto de 2022 cumplió un año el reconocimiento que hizo la oposición oficial a Nicolás Maduro Moros, con la firma del Memorando de Entendimiento realizado en México por Jorge Rodríguez, en representación del “Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, Gerardo Blyde, en representación de la Plataforma Unitaria de Venezuela y Dag Nylander, en representación del Reino de Noruega.

Luego de un año, eso es lo único que los venezolanos hemos obtenido de ese acuerdo írrito, ya que los principales firmantes de ese documento, salvo el representante de Noruega, no representaban a quienes decían representar. Por un lado, Jorge Rodríguez, en representación del régimen de Maduro no podía representar a los venezolanos por su condición de usurpador, y, por otro lado, la oposición oficial, bajo el pseudónimo de “Plataforma Unitaria de Venezuela”, tampoco representaba formalmente, ni al Gobierno Encargado, ni a la Asamblea Nacional de 2015, al no existir ningún documento público del interinato o Acuerdo de la Asamblea Nacional de 2015 que así lo comprobara.

¿Y por qué creen ustedes que no existe tal documentación o acreditación a presentar en una negociación internacional, que pretenda llegar a acuerdos de tal trascendencia que afectarán a todos los venezolanos, con el régimen de Nicolás Maduro Moros? Porque el régimen no aceptó que se iniciara ningún diálogo que pusiera en entredicho su supuesta condición de gobierno legítimo. Y eso fue aceptado por aquellos que dicen representatarnos.

Hace un año y de un plumazo, Gerardo Blyde, en representación de los opositores venezolanos, borró miles de protestas en las calles, cientos de muertos, persecuciones, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, encierros en mazmorras y éxodo, de venezolanos que desconocemos al régimen de Nicolás Maduro Moros, como un gobierno legítimo. ¡De esa firma no se ha obtenido nada! ¡Ni siquiera la liberación de un preso político!

Está de cumpleaños también -4 años exactamente- esta misma semana, el 21 de agosto, el “Acuerdo de ratificación de la decisión de la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo de Nicolás Maduro Moros, y sobre su responsabilidad penal por hechos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht”, aprobado el 21 de agosto de 2018, según el cual la Asamblea Nacional de 2015 ratificó que “…mediante acuerdo de fecha 7 de enero de 2017, la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República, lo cual produjo la falta absoluta de dicho cargo, y manifestar respaldo político de este Parlamento a la anunciada decisión suscrita por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados y juramentados por esta Asamblea Nacional, del pasado 15 de agosto de 2018” .

De este Acuerdo se infiere que mal podría esa misma Asamblea Nacional designar representantes para negociar nada con el régimen del usurpador de Miraflores. ¿Cómo se entiende entonces que se siga sosteniendo esa charada de México? Se deduce de allí que los representantes políticos del G4 asumieron una representación de los venezolanos que solo podrían tener actuando como diputados electos por el pueblo en el 2015, para designar a Gerardo Blyde y al resto de quienes le acompañaron, para negociar con el régimen a espaldas de los venezolanos, sin estar capacitados para eso, por lo que cualquier cosa que decidan allí es nulo, inválido e inaplicable en Venezuela. Eso debería saberlo la Comunidad Internacional.

De esta manera, toda esa discusión nacional e internacional que se ha montado alrededor de ese dialogo en México, de sí el régimen va o no va, que sí vamos “si nos entregan el avión” o “nos entregan a Álex Saab”, o si la oposición afirme que pronto tendremos “elecciones con condiciones”, no es más que un montaje catalizador para unas elecciones en el 2024 que el régimen hará, independientemente de lo que diga nadie, sirviendo solo como un circo del siglo 21 para la distracción de pendejos.

He sostenido -y todavía sostengo- que lo único negociable con el régimen de Nicolás Maduro Moros y el resto de los criminales que ejercen ilegítimamente el poder en Venezuela, son los términos de su salida del gobierno. Eso es lo que la oposición debió de entrada plantearse ante la posibilidad de establecer alguna aproximación negociadora, solicitada por la Comunidad Internacional.

En mi perspectiva, expresada desde el mismo día siguiente de la suscripción de ese Memorando de Entendimiento, el régimen logró solamente con esa firma la desaparición de la Presidencia Encargada de Juan Guaidó Márquez, y en consecuencia, obtuvo lo que quería ese día desde hace ya un año, por lo que no necesita negociar mas nada a partir de allí, para imponer sus condiciones en cualquier elección que decida o no hacer, con o sin la oposición oficial, que fue arrastrándose a “negociar” con ellos, y que lamentablemente todavía ostenta la representación opositora ante la Comunidad Internacional.

Ante la inminencia de la firma de ese Memorando de Entendimiento que terminó firmándose el 13 de agosto de 2021, el 8 de agosto de ese año, la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, propuso al país y a la Comunidad Internacional, una Ruta diferente para refundar la nación, que implicaba una negociación Constituyente, sin el reconocimiento de Maduro y su régimen, en unos términos completamente diferentes a la entrega que terminó haciendo la oposición oficial, al firmar el Memorando de Entendimiento en México.

Desde ese momento hemos insistido en la negociación Constituyente, que ahora se plantea como la última alternativa pacífica de los 4 artículos finales de la Constitución, al llegar después de un año al punto muerto de agotamiento predecible, de una negociación que murió al nacer. Considerar negociar una Constituyente con el régimen de Nicolás Maduro Moros, en los términos descritos en nuestra propuesta, es lo único negociable que puede establecer su salida pacífica del poder: que sea el pueblo venezolano el que lo decida.

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No hay reunión a la que se me invite donde alguien, conocido o no, te diga “¿Constituyente? ¡Eso toma mucho tiempo y el régimen la impediría!”. He decidido ya no contestar algo a lo que me he dedicado a responder por escrito de múltiples formas y en diferentes oportunidades y medios. Tal vez esta sea una más, pero las respuestas como las realidades se transforman con el tiempo. Si alguien me diera un bolívar devaluado por el tiempo que ha pasado, cada vez que me han hecho esa pregunta, hubiéramos hecho esa constituyente al menos unas 10 veces y yo fuera millonario en dólares.

Creo muy importante para todos nosotros actualizar la respuesta a ese “cómo” constituyente, no solo porque las condiciones políticas del país cambiaron sino porque ahora el régimen y su oposición sumisa se han montado en una estrategia de “normalización”, que aunque difícilmente la población les compre porque todavía se está pasando hambre y miseria por todo lo que ya sabemos, y en especial los compatriotas que no viven en Caracas, se pretende vender al exterior y al interior del país, la percepción de que los venezolanos ya pasamos la etapa de confrontación con estos delincuentes y nos disponemos a convivir con ellos, por lo que debemos movernos hacia una etapa de coexistencia. Si esto es reforzado por una sociedad civil firmante de cartas al mundo pidiendo el ablandamiento de las sanciones, seremos nosotros mismos quienes estaremos clavando los clavos del ataúd donde nos enterrará el régimen.

En primer lugar, debo aquí darle un énfasis especial a que el proceso constituyente en sí ya ha sido comprado por la mayoría de los venezolanos, al menos por aquellos que tienen de manera genuina un amor por este país y creen que es necesaria la reconstrucción (o construcción) de una nueva institucionalidad para la República. Que si bien es cierto, algunos difieren de nuestro proyecto de descentralización y federación, si opinan necesario e importante discutir un país para las nuevas generaciones después de la destrucción que se ha hecho. Donde existen las diferencias es en el cómo llegamos a él. Y esto ha sido la piedra de tranca en las discusiones de nuestro proyecto en ANCO.

En este punto debemos diferenciar dos cosas: si aquí estamos hablando de hacer una Constituyente para salir del régimen, o si estamos hablando de una constituyente para Refundar la Nación. Porque aunque ambas cosas no son excluyentes, pero si son dos conceptos que aplicados juntos, le restan fuerza a lo que fundamentalmente fue el planteamiento original de ANCO, que nos es otro que lograr el cambio del paradigma del poder en Venezuela.

Debo establecer que yo no fui ganado a este proyecto hace años con el fin conceptual de “salir del régimen de Chávez”. Eso debía producirse como una consecuencia de que se entendiera a cabalidad el objetivo superior de discutir las bases institucionales del país. Que para hacer eso era indispensable que el régimen fuera depuesto antes de comenzar a establecer las nuevas bases fundacionales de Venezuela y para eso nosotros proponíamos un proyecto que ahora llamamos El Gran Cambio.

Sin embargo, en algún momento del recorrido de este camino, se confundió la chicha con la limonada, y la gente pensó que la Constituyente era una suerte de veneno para matar el régimen autoritario que nos oprime. Y eso podía ser así si se entendiera que si eso es lo que el pueblo venezolano desea, entonces al convocar al Constituyente, sea ese mismo pueblo el que decida hacer eso a través de su representación legítima.

Pero lamentablemente la historia Constitucional de Venezuela nos refiere a que eso no se ha hecho nunca de esa manera en nuestro país. Que las Constituyentes han salido como el resultado de los deseos de un gobernante que llega nuevo al poder y convoca al constituyente, como lo hizo Hugo Chávez Frías en 1999. Esa manera de hacerlo le da a ese gobernante la posibilidad de manufacturar una constitución a su medida –como la hizo Chávez- para mantenerse en el poder. Es por eso que es muy importante que los venezolanos entendamos, que salvo que convoquemos previamente al Constituyente, esto es, con el gobernante actual en funciones, el próximo que venga puede perfectamente impedir la iniciativa o convocarlo a su medida.

De allí que nuestra primera opción sea convocar al proceso constituyente antes que exista un nuevo gobernante y que el pueblo decida a través de su representación legítima qué hacer con el ocupante ilegítimo de Miraflores, establecer un nuevo gobierno transitorio, discutir un nuevo Pacto Social que se refleje en una nueva Constitución, para luego convocar unas elecciones basadas en las reglas de una nueva Carta Magna.

Estas explicaciones no son simples de hacer en el medio de un café. Proponer un camino inédito siempre ha sido muy cuesta arriba para los proponentes. De allí que todo el mundo nos diga “¿Constituyente? Muy bien, ¡pero eso hay que hacerlo después!”. Pero luego no se hará o se hará a la medida de quienes ocupen el poder en ese momento posterior. Entonces deberemos garantizar que en caso de realizarse una Constituyente posterior a la salida del régimen seamos los suficientes en el país con la conciencia clara para impedir una desviación semejante a la de Chávez en 1999.

Esto último nos lleva a la siguiente conclusión: ¿Podremos convencer un país que lo único en lo que piensa es en poder salir de esta tragedia primero, antes de pensar en otra cosa? Tal vez podamos hacerlo, pero el tiempo nos consume. La Constituyente no es un fin en sí mismo. Es un medio para discutir un proyecto de país, y que requiere previamente haber resuelto el tema de un gobierno legítimo y estable. Y aunque eso es responsabilidad de quienes en el sector político han olvidado sus obligaciones para con los venezolanos, alguien debe reflexionarlo para que podamos creer en un futuro mejor para nuestros hijos y nietos en este país.

El planteamiento que estamos haciendo ahora pasa porque todos los protagonistas de esta tragedia nos sentemos a discutir el país a través de una Constituyente. Creo que no es un mal planteamiento, aunque suene utópico. ¿Y quiénes son esos protagonistas? La Comunidad Internacional (encabezada por los EEUU), la oposición reconocida por esa Comunidad Internacional, los venezolanos organizados a través de sus organizaciones de la sociedad civil que no se siente representada por nadie por un sinfín de válidas razones, y finalmente el régimen. Ese es el verdadero diálogo. Todos los involucrados. Ese es nuestro “cómo constituyente”. Esa es la manera en como el régimen permitiría hacer una Constituyente, y la manera en que ese mismo régimen estaría obligado a cumplir el mandato que salga del pueblo venezolano, al salir de un verdadero acuerdo donde una Comunidad Internacional participe y obligue al régimen a cumplir con las obligaciones que salgan de ese diálogo entre 4 partes. De esta forma no existiría vencido y vencedor.

Si se desea una paz real en este país, deberemos construirla entre todos. Un diálogo entre dos partes que no representan al pueblo venezolano no tiene ningún valor. Y si la Comunidad Internacional, comenzando por los EEUU, creen que tendrán estabilidad en Venezuela y en la región por cualquier cosa que salga de México, no han entendido a los venezolanos. Mientras tanto, los venezolanos seguiremos evaluando nuestras opciones, cualquiera que estas sean…

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En mi casa desarrollamos un respeto especial por la fecha 19 de abril, no solo porque fuera la fecha patria que en realidad es, sino porque era el cumpleaños de mi padre. Como profesor de Ciencias Sociales, mi padre estaba muy consustanciado con el significado civil de esa fecha particular para su vida y así se los hacía ver a sus estudiantes cadetes de la Escuela Militar de Venezuela y Efofac (antigua Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación).

Ese significado histórico del 19 de abril apuntaba hacia el desconocimiento civil de una autoridad que los venezolanos de ese entonces consideraron irrita y usurpadora. Lamentablemente, de esos oficiales que fueron alumnos de mi padre, no queda ninguno activo (todos están retirados o fallecidos), y los que existen ahora no tienen la convicción por la formación impartida en su propia Escuela, de que los militares deben estar siempre sometidos al poder y la autoridad civil. El tiempo ha disuelto esa convicción, dejando a los venezolanos a merced de una soldadesca al estilo de la milicia del siglo XIX, sin formación acerca del rol que deben jugar frente a los ciudadanos. De no ser así, no existiera un régimen cuartelario que oprime las libertades y suprime la democracia en Venezuela.

El 19 de abril de 1810 marcó el inicio formal e histórico de la Independencia de Venezuela. No había estudiante de primaria en este país que no conociera la historia de aquel Jueves Santo cuando se reunió el Cabildo de Caracas que desconoció la autoridad del nuevo mandatario español Don Vicente de Emparan, constituyéndose en Junta Suprema de Caracas, hasta la instalación del Primer Congreso Constituyente el 2 de marzo de 1811.

Estos antecedentes nos dan la suficiente justificación para: a) considerar que esta es una fecha profundamente civil y que conmemora la primera vez que la sociedad civil venezolana se impuso sobre un gobernante usurpador; y b) establecer por parte de los ciudadanos un gobierno de transición hasta la convocatoria de un Congreso Constituyente que definiría el destino de la República. Luego la historia hizo el resto.

El significado Constituyente de esta fecha es inequívoco, y aunque forme parte de nuestro calendario histórico, pocas personas lo ven más allá del cuento de aquel gobernante español que dijo una vez “yo tampoco quiero mando” un 19 de abril, a instancias de un cura de apellido Madariaga y a partir de allí Venezuela se declaró independiente, siendo el acontecimiento algo mucho más profundo que eso.

De la misma manera nos ocurre con el planteamiento y la propuesta Constituyente. El carácter simplista con el que generalmente abordamos los temas, hacen que tomemos decisiones de rechazo de buenas a primeras sin esperar a conocer el fondo del asunto. Y mucha de esa responsabilidad tal vez tiene su razón de ser en que no es sencillo comparar planteamientos complejos como este frente a la simplicidad con que se puede entender una elección presidencial o parlamentaria.

En diversas intervenciones y entrevistas a través de las redes sociales he planteado que para poder realizar el proceso Constituyente en esta hora histórica que vive Venezuela, donde se agotaron las opciones –incluyendo la electoral- para que los venezolanos podamos salir de esta crisis, se requiere de urgencia entrar en un proceso de negociación política que incluya a todos los involucrados en la tragedia venezolana: la Comunidad Internacional, la oposición oficial, el régimen, pero sobre todo, una representación calificada de la sociedad civil, esto es, aquellos que somos en última instancia los dolientes principales de esta tragedia. Para eso es un requisito fundamental tener a la Comunidad Internacional, comenzando por los EEUU, trabajando a favor de esta iniciativa, porque son los únicos capaces de sentar al régimen a negociar esta solución. De otra manera, a mi juicio es ilusorio plantear esta solución a los venezolanos.

Algunos han reaccionado de una manera virulenta a propuesta de incluir al régimen en esa negociación, y yo podría darles la razón. Pero si somos realistas tenemos que sentarnos a negociar con los secuestradores para que suelten a los rehenes, que somos todos los venezolanos. Por otro lado, un proceso constituyente, conceptualmente solo tiene sentido si están incluidos todos los venezolanos, sin distingo de parcialidad política. Y eso incluye a quienes aún creen en los que detentan el poder, que son igualmente venezolanos. No puede existir algo como una Constituyente únicamente “de la oposición”, así como tampoco puede existir una Constituyente solamente “del gobierno”.

Aquellos que crean que el país será estable haciendo una constituyente “de la oposición” están montados en una fantasía. Chávez hizo una constituyente solamente “del gobierno” en 1999, dejando explícitamente a la oposición fuera del proceso con unas Bases Comiciales parcializadas. A partir de allí el país nunca fue estable y los sucesos del 11A-2002 fueron la prueba fehaciente de ello. Y aún no existe paz social, sino la paz de los cuarteles y los cementerios, como ocurrió durante la tiranía de Juan Vicente Gómez. Esto sin contar con la otra “del gobierno” realizada por Maduro en julio de 2017, con peores consecuencias.

Y volviendo al requisito, como lo es el apoyo fundamental a esta iniciativa de la Comunidad Internacional –los EEUU-, ha sido algo muy difícil de lograr. Entre otras razones porque aquellos que deberían impulsar ese apoyo están en contra de una constituyente, ya que ellos serían los primeros en ser puestos a juicio y rechazados en el proceso. La oposición oficial nunca dio el visto bueno a la convocatoria del Constituyente, aun cuando tuvo la oportunidad de oro para hacerlo y resolver así la crisis del país. La primera acción de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015, no ha debido ser bajar los cuadros de Chávez de las paredes del Parlamento, sino convocar con los 2/3 de sus integrantes a un proceso Constituyente y establecer las reglas para hacerlo (Artículo 348 Constitucional). El régimen inmediatamente les quitó esa posibilidad al removerles la mayoría calificada.

La Comunidad Internacional nunca ha estado debida y eficientemente informada de esta iniciativa. ANCO ha hecho esfuerzos importantes de comunicar a los países acerca de esta posibilidad como una alternativa seria, constitucional, pacífica y electoral. Sin embargo, la oposición ha avanzado mucho en convencer a esa Comunidad Internacional que haciendo unas elecciones con el régimen en el poder se resolverá el problema venezolano y lamentablemente están equivocados. Remover al Poder Ejecutivo con unas elecciones–en el hipotético caso de que eso llegara a suceder- no sustituirá el resto de la institucionalidad corrupta del régimen y profundizará la crisis haciendo ingobernable al país.

Hemos insistido en que no es posible una elección justa, transparente y verificable estando el régimen en control del Poder Electoral, por la designación de Rectores provenientes de un Poder Legislativo ilegítimo. Es por ello que hemos propuesto la discusión de una elección Constituyente negociada con el auxilio de la Comunidad Internacional, como árbitro directo del proceso electoral, en una suerte de Intervención Humanitaria Electoral, con un Tribunal Electoral “ad-hoc” para Venezuela. Esta es una solución donde cabemos todos y podemos negociar como se realizaría entre los cuatro participantes.

Creemos que el 19 de abril de 2022 pueda ser una fecha que ponga de nuevo sobre el tapete de la opinión pública nacional e internacional esta iniciativa al país, en especial si se da el impulso desde el Estado Zulia, un Estado que ha alzado históricamente las banderas de la autonomía y la descentralización política y administrativa, principios fundamentales sobre los que se sustenta la propuesta de cambio constitucional de ANCO, en su proyecto de El Gran Cambio.

Si el país se contagia de esta propuesta, es posible que también pueda atraer a la Comunidad Internacional a que esta es la salida política más ajustada a la realidad de los venezolanos, para vivir en paz y en democracia. Que sea del empuje del Zulia desde donde partan las esperanzas de cambio para este país destruido, no solo es un aval extraordinario para rescatar lo que para Venezuela significó el 19 de abril de 1810, sino un buen augurio para la Refundación de una República que inició su viaje hacia la libertad destituyendo a un usurpador en el Cabildo de Caracas. Abriguemos la esperanza que el Teatro Baralt de Maracaibo se convierta en ese Cabildo en este año 2022, dando inicio al proceso de transformación de Venezuela.

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“Existe “vacío de poder” cuando “el poder está vacío,” es decir, cuando nadie lo está ejerciendo. Por tanto, no puede haber “vacío de poder” cuando alguien está ejerciendo el poder, así sea ilegítimamente. En este caso, lo que habría es usurpación de autoridad”.

Ante esa definición de “vacío de poder” del Dr. Allan Brewer-Carías, reconocido constitucionalista venezolano, difícilmente podría esgrimirse que en Venezuela exista un vacío de poder sino una usurpación del poder. Esto de ninguna forma significa que de igual manera no tengamos que llenar la “vacante” del poder usurpado con una autoridad legítima. Eso es lo que todavía sigue pendiente en Venezuela.

De allí que no me extrañe notablemente que los políticos hayan abandonado la famosa ruta del “cese de la usurpación” de Nicolás Maduro, indicando que eso fue un “error”. Razón por la cual nace con renovado interés y entusiasmo la negociación de la oposición con el régimen, camino que por cierto ninguno de ellos abandonaron nunca, haciéndole creer a los venezolanos que había un verdadero interés en salir de Maduro y sus delincuentes y “dándose cuenta” ahora que la cosa no sería tan fácil como se había pensado.

Pero como se dice en el interior del país, “se cayeron de un coco”. Los venezolanos reafirmamos el cese de la usurpación de Nicolás Maduro Moros y lo transformamos en un mandato constitucional a través de una Consulta Popular vinculante, establecida como uno de los medios de participación política del pueblo venezolano en nuestro texto fundamental.

Esto es, ya no es una opción de los políticos decidir si negocian o no con Maduro en el poder. Ya no tienen esa opción. Y voy más allá: quienes están intentando negociar por nosotros dejaron de tener la representación interna legitima para poder hacerlo a partir del 5 de enero de 2021. Y si es del caso que se presente alguna negociación en el futuro por quien tenga la legitimidad para poder hacerlo por los venezolanos, la primera exigencia tiene obligatoriamente que ser que Maduro se separe del poder para pensar sentarse en una mesa.

Esto tal vez no lo entiende muy bien la Comunidad Internacional y por eso hay que explicárselos muy bien. Pero eso tampoco es del interés, por razones obvias, de quienes se atribuyeron la supuesta capacidad para negociar por los venezolanos fuera del país sin tener el respaldo popular. Ese respaldo vence cada 5 años de acuerdo a nuestra Constitución vigente. Y el de la Asamblea Nacional legítima venció, como ya indiqué, el 5 de enero de 2021. No es cuestión de decidir que parte de la Constitución aplicamos y cual parte no porque nos interesa. Y al no existir otra Asamblea Nacional legítimamente electa -porque los venezolanos rechazamos contundentemente la elección parlamentaria del régimen del 6 de diciembre de 2020 en una Consulta Popular- mal podría nadie asumir una representación de los venezolanos para absolutamente nada fuera de Venezuela, así la Comunidad Internacional reconozca un fuero que ya no existe dentro del país.

¿Adónde nos deja todo esto? Como bien dijo el Dr. Brewer-Carias, no existe “vacío de poder” cuando alguien lo está ejerciendo aunque sea ilegítimamente. Fundamentándonos en lo anterior, Juan Guaidó es tan ilegitimo y usurpador como Nicolás Maduro Moros. Pero nadie en el reino de Venezuela se atreve a decir que el rey está desnudo, en especial aquellos que deben y tienen la obligación moral con los venezolanos de pronunciarse para indicar jurídicamente la situación legal del Presidente Encargado, como Presidente y como Diputado, así como el resto de sus colegas parlamentarios. Las razones pueden ser muchas, desde no querer meterse en esas profundidades del desastre venezolano, hasta simplemente un encubrimiento inexplicable pero a la vez insostenible. No en vano dicen que en Venezuela existe una sociedad de cómplices. Esta sería una dura demostración de eso.

El 1ro de junio de 2018, fecha donde todavía ni siquiera se vislumbraba la existencia de un oscuro diputado llamado Juan Guaidó, un grupo de venezolanos donde me honró participar, asistidos por los distinguidos juristas venezolanos, la Dra. Blanca Rosa Mármol de León y el Dr. José Vicente Haro, introdujimos un Recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, con el objeto de ejercer una “Acción Innominada con el objeto de solicitar a ese Tribunal Supremo de Justicia, realizara las actuaciones que fueren necesarias para crear las condiciones requeridas, con base en los Principios Fundamentales de la Constitución, para la designación de un Gobierno de Emergencia Nacional que tenga por objeto el restablecimiento del orden constitucional y democrático en Venezuela”.

En ese Recurso esgrimimos las razones constitucionales e institucionales para que ese legítimo Tribunal Supremo de Justicia cubriera el “vacío de poder” existente en la Venezuela de ese entonces, producto de la vacante usurpada ilegalmente por Nicolás Maduro Moros, solicitando que ese Alto Tribunal designara un Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional para garantizar una transición “aplicando los principios, valores y pilares fundamentales de la Constitución venezolana como garante de la supremacía y efectividad tales principios, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 1, 2 3, 5, 6, 7 y 335 de la Constitución”; y que nombre un Gabinete que realmente tome las decisiones que el interinato nunca tomó en más de dos años de ejercicio, acordes con la situación de usurpación de Nicolás Maduro Moros, como por ejemplo la designación de un Alto Mando Militar legitimo a quien puedan responder los oficiales activos todavía leales a la democracia.

En ese sentido solicitamos al TSJL realizara “todo tipo de consulta a la sociedad civil, factores políticos, académicos, gremiales, empresariales, sindicales, eclesiásticos, institucionales y aquellas consultas públicas que fueren procedentes y/o necesarias de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución, para garantizar la integración más legítima, idónea, plural e independiente de venezolanos comprometidos con rescatar la democracia en Venezuela y restablecer el orden constitucional, todo lo cual debe ser salvaguardado por ese Tribunal Supremo de Justicia legítimo, como garante de la supremacía constitucional y de los valores, principios y normas de la Carta Fundamental venezolana” (Pág. 10 del Recurso).

¿Por qué creen ustedes que los políticos “opositores” que todos conocemos, y que ahora tratan de negociar por nosotros, se movieron como unos tigres para que ese “vacío de poder” fuera constitucionalmente cubierto en la siguiente y última legislatura del año 2019? Precisamente para evitar que todos los recursos legales –porque no solamente el nuestro estaba en curso- y en particular ese “vacío de poder” que había sido llenado por un usurpador, fueran decididos en el más alto Tribunal de la República legítimamente sin la intervención de ellos, perdiendo el control de la situación política en Venezuela. Cerraron el vacío con la designación de Juan Guaidó en enero de 2019 como Presidente de la Asamblea Nacional y posteriormente como Presidente Encargado el 23 de enero de ese año.

A pesar de toda esa maniobra quienes estábamos esperando un fallo del TSJ legitimo en relación con ese “vacío de poder” nos quedamos satisfechos, esperando que esa designación abriera los caminos para el desalojo del usurpador. Pero eso no ocurrió y ahora estamos peor que a finales de 2018 en todos los sentidos. Se quedaron con la batea pero no lavaron la ropa, como decimos en Venezuela. Y todavía muchos aquí se atreven a decir que no son un obstáculo para salir de esta desgracia.

Ahora con dos usurpadores que no tienen el respaldo de una elección legítima de los venezolanos, se justifica doblemente lo que solicitamos el 1ro de junio de 2018 al Alto Tribunal de la República en el exilio para que un Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional, no solo decida una transición estable en el país sino que convoque a un proceso Constituyente, y posteriormente a elecciones libres, justas y verificables, como se hizo en Venezuela en 1946. Tenemos tradición republicana de sobra para encausar al país y más aun venezolanos dispuestos a realizarlo. Esta es otra manera de enfocar el problema y que termina en lo mismo que siempre hemos sostenido: ¡Que el pueblo venezolano decida!

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Nadie en su sano juicio, salvo que no tuviera de donde escoger, se dejaría abrir el pecho para operarse del corazón por un estudiante de medicina, y mucho menos por un camillero del hospital. La gente por lo general busca la mejor experiencia que pueda encontrar para una intervención quirúrgica. Lamentablemente en otras cosas de igual o mayor importancia no se sigue la misma lección. Por ejemplo, se buscan a los peores capacitados para administrar un país.

En algún momento alguien propuso que en Venezuela no se podría seguir poniendo como condición para acceder a la Presidencia de la Republica los mismos requisitos de siempre: venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de 30 años, de estado seglar y no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme (Art. 227 Constitucional). Incluso para un puesto de portero piden que los aspirantes tengan al menos un título de bachiller. Es claro que Maduro no hubiera calificado en ningún sentido si se hubiera establecido que el aspirante a Presidente tuviera una carrera universitaria, porque ya de hecho no calificaba por tener doble nacionalidad.

Lo de arriba tiene cierta lógica. Pero al parecer en el campo de la política venezolana asombrosamente eso no aplica. Los peores especímenes que han fracasado en cualquier actividad pueden en realidad conducir lo más difícil y más delicado como lo es el futuro de millones de personas si se aplican a la charlatanería política. Asombroso, ¿verdad? No sé cómo será en otros países, pero en Venezuela es así. Y como venezolano disiento en que siga siendo de esa manera. En un mundo tan complejo, los liderazgos deben tener el mínimo estándar educativo para poder siquiera entender lo que pasa al frente de sus responsabilidades como dirigentes de un país. Parece obvio pero no lo es.

Pero voy más allá. Adicionalmente a lo anterior un aspirante debería tener una experiencia mínima. Ese es otro requisito por el que pasa todo el que aspira a una posición laboral, porque el que no la tiene, si se le da el empleo, debe aprender a realizar el trabajo de los más experimentados. No basta con poseer un certificado de cualquier tipo, tienes que demostrar que sabes cómo se hacen las cosas. Y si no sabes hacerlas porque acabas de salir de la escuela, entonces tu proceso de formación profesional recién comienza.

Entonces el proceso político, económico y social de un país normalmente se realiza con el concurso de lo más experimentado de la población que se disponga, con la segura participación gradual del relevo generacional. Pero Venezuela está lejos de ser un país “normal” desde hace más de 20 años, si es que podemos decir que alguna vez lo fue con todos sus altibajos en un periodo de relativa estabilidad política y económica que duro unos 40 años después de 1958. En todo caso durante ese periodo de relativa estabilidad económica no existía un fenómeno que apareció años después con el castro-chavismo-madurismo: la emigración masiva.

De acuerdo a las cifras de ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, para junio de 2020 “el número de personas que han tenido que huir de Venezuela llegó a los 5.082.170”, numero superado en el mundo solamente por Siria con 6,6 millones. De acuerdo al informe es probable “que la cifra total sea mayor”.

Lo anterior es una demostración clara de que nuestra juventud está abandonando el país en busca de mejores oportunidades de vida. Ese fenómeno no es nuevo. Ha ocurrido en el mundo después de grandes tragedias como la guerra y la aplicación masiva de regímenes totalitarios de cualquier polaridad. Y esa es la magnitud de la tragedia que estamos viviendo en Venezuela. ¿Quién se va a quedar en el país para hacer algo para quitarnos de encima esta peste? No será una juventud que no ha vivido lo suficiente para saber que significa una democracia con un Presidente nuevo cada 5 años. Que nunca han vivido la libre convertibilidad de una moneda, que no saben que es poder comprar una vivienda con un crédito bancario que puedan pagar con su sueldo. Que nunca han vivido una inflación estable de menos de dos dígitos. No saben qué es eso. En consecuencia no pueden ser ellos los que tengan éxito en manejar este problema, sin la experiencia debida.

Lo anterior no lo estoy diciendo para descalificar a nuestros jóvenes. Son ellos los únicos que han puesto la sangre en las calles para salir de este régimen de la mejor forma que conocen, la lucha frontal en las calles. Pero esta confrontación vital requiere mucho más que eso. Requiere de la sagacidad, la paciencia y el kilometraje en la vida que solo la experiencia puede dar, y que incluye no solo lo académico, sino la hoja de vida en lo laboral.

En este momento estamos en un punto que quien dirija los destinos de lo que vaya a ocurrir en el país debe ser el mejor cirujano que podamos encontrar para que le abra el pecho a Venezuela, como señalé al inicio, acompañado del mejor equipo médico disponible en todas las especialidades porque el paciente se nos está muriendo. No es el tiempo de la improvisación de los jóvenes. Es el tiempo de la experiencia. Los jóvenes deberán ocupar un sitio en el autobús pero no el asiento del conductor. A ellos se les entregará el país una vez que la experiencia haya realizado la operación y salvado al paciente, para que el país pueda encaminarse para el futuro de mano de las nuevas generaciones.

Esto último siempre me recuerda cuando el precandidato presidencial Diego Arria les decía a todos los jóvenes que le acompañaban como precandidatos, y a toda la audiencia de la Universidad Católica Andrés Bello en un debate ocurrido en su sede, el 14 de noviembre de 2011, estas palabras en sus dos primeras intervenciones:

“Tengo miedo porque conozco bien las consecuencias que el odio y la violencia desatadas por este régimen puede traer en una sociedad. Es el miedo que tiene la gente de salir a la calle, de ir al trabajo de ir a una escuela. Ese es el miedo que hay que acabar en Venezuela. Yo sé cómo hacerlo. Yo propongo presidir un gobierno de dos o tres años que derrote la violencia, que rescate la paz, la seguridad y la esperanza para todos… Es imposible no avalar todas las propuestas de mis compañeros, son absolutamente acertadas.

El problema es que Venezuela está enfrentada a un problema distinto. Venezuela está enfrentada a un régimen que cohabita con una Fuerza Armada contaminada con los elementos de la delincuencia internacional criminal, con las mafias incrustadas dentro de los sectores del Ejercito, sectores de la Guardia Nacional, sectores que al ocupar incluso nuestras fronteras, han permitido que ingresen a Venezuela toda clase de delincuentes bajo el cobijo del Estado, al punto que el 70% de los jóvenes que mueren en Venezuela son menos de 25 años y son por ajustes de cuentas, y esto tienen origen directo en la correlación, de la cohabitación de las fuerzas de las mafias internacionales que operan en Venezuela bajo el amparo de las Fuerzas Armadas, de sectores de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y el régimen. Es imposible que el Jefe del Estado no conozca la extensión, la implicación y la profundidad de cómo Venezuela ha sido tomada por mafias internacionales que han penetrado, no solo las Fuerzas Armadas, los poderes judiciales, el poder legislativo, político y fiscal. Eso hace que no es un problema de cambio de jefe de gobierno, un cambio de todo el régimen….”.

Esto lo dijo un venezolano curtido con una experiencia política nacional e internacional inigualable y no comparable ni de lejos con cualquiera de sus competidores en ese debate, y quien tuvo en su haber la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Arria se adelantó 10 años al discurso que cualquier venezolano tiene ahora. Los venezolanos ni el resto de los precandidatos tenían idea de lo que estaba diciendo Arria ni las implicaciones de esas palabras. Pero ahora, a la luz de todo lo que ha pasado hasta el 2021 si pueden ahora entender el porqué la experiencia va primero. Todos esos jóvenes precandidatos, que tienen ahora ese mismo discurso después de haber comprendido todo lo que ha sucedido en Venezuela, debieron haber declinado inmediatamente cualquier aspiración y endosarle su respaldo a esa experiencia incomparable para la elección presidencial del 2012. Pero no lo hicieron. La juventud y las aspiraciones a esa edad superan cualquier cosa, hasta el bienestar de todo un pueblo.

Ahora Venezuela enfrenta agravado y en grado extremo el mismo caso. Las Conferencias para el Restablecimiento Constitucional y Democrático, que reúnen a las organizaciones firmantes del Pacto Ciudadano del mismo nombre, tienen en su haber personas con siglos acumulados de experiencia en todos los órdenes para llevar a cabo la monumental tarea de localizar la mejor forma para sacudirnos este régimen. No volvamos a cometer el mismo error de esos jóvenes que en 2011 no entendían por inexperiencia que pasaba en Venezuela y pusieron sus aspiraciones por encima del bienestar del país. Ojala que definitivamente entendamos el tiempo de la experiencia y acortemos la tragedia de Venezuela.

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Después de leer mi última nota un buen amigo me llamó para decirme, palabras menos, palabras más, “Muy bien Luis Manuel, si acepto tu argumento donde ya es un mandato popular no acudir a ningún proceso electoral hasta que Maduro se vaya, entonces estamos desarmados, solo a la espera que vengan a ayudarnos desde afuera ¡y sin posibilidad alguna de movilizarnos!”. Y eso es lo que la gente piensa porque eso es lo que le han hecho creer los enemigos de la Consulta Popular.

El primer resultado concreto de la Consulta Popular es un mandato constitucional vinculante (nótese que digo “es” y no “fue” porque aun está en desarrollo) que les puso una camisa de fuerza a los agentes políticos del país, y que ordena a todos los venezolanos quemar las naves en la exigencia clara de no mover un voto más hasta que la corporación criminal de Maduro abandone el poder que usurpa. Los factores políticos que suscribieron el Pacto Unitario del 7 de septiembre de 2020 en la Hacienda la Vega, donde se anunció por primera vez la ejecución de una Consulta Popular, están en la obligación con los venezolanos de cumplirlo.

Pero aun así, la mayoría de los 37 partidos políticos, en especial los principales, que firmaron esa ruta han movilizado a su militancia en toda Venezuela a participar en unas elecciones regionales con el régimen, ignorando olímpicamente los resultados vinculantes y obligantes de la Consulta Popular que ellos mismos avalaron el 7 de septiembre de 2020. Y en el supuesto negado de que no fuera vinculante, esa expresión tan contundente y mayoritaria no puede ser ignorada y desoída, y mucho menos desobedecida por alguien que se considere demócrata.

¿Quién es entonces el doliente de los 6,4 millones de voluntades expresadas del 7 al 12 de diciembre de 2020? ¿Nuestros “representantes” políticos? Es claro que no son aquellos quienes le han dado la espalda a ese mandato de diciembre los llamados a hacerlo respetar, porque se encuentran activamente buscando cargos que solo existen en su imaginación con una corporación criminal que gobierna en Venezuela. De allí que seamos los ciudadanos los responsables de hacerlo porque ese es un mandato que nos corresponde hacer cumplir a todos los venezolanos, no solamente a los partidos políticos.

Es por eso que luego de ese abandono, aquellos que no hemos dejado de luchar en los distintos ámbitos de la vida del país, hemos propuesto una nueva Ruta Ciudadana con un nuevo Pacto, pero esta vez como consecuencia y en respaldo de algo que constitucionalmente no se había expresado antes de manera constitucional, que no es otra cosa que la exigencia mayoritaria del pueblo venezolano expresada al mundo en una Consulta Popular donde 6,4 millones de venezolanos ordenaron que Nicolás Maduro Moros abandonara el poder para después realizar elecciones libres, justas y verificables, y desconocer en el camino la espuria elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2020.

Pero aun así, el régimen con la ayuda de los técnicos electorales de esos partidos opositores han reanudado la marcha para designar un nuevo CNE que será igualmente espurio como lo es ya la Asamblea Nacional que lo designará, rechazada por el pueblo venezolano el 6 de diciembre de 2020 y por la Comunidad Internacional. Ninguno de esos 75 postulados para Rectores del CNE son ignorantes de la situación venezolana por lo que se constituyen en cómplices y agentes –si ya no lo eran antes- de la continuidad del régimen de Nicolás Maduro Moros.

Y como no esperábamos que Maduro obedeciera como cualquier demócrata el mandato popular, los ciudadanos entonces debemos organizarnos para que lo haga, basándonos en las premisas de ese mismo mandato y en la Constitución. Y esa es la razón del Pacto para el Restablecimiento Constitucional que busca unir a todas las fuerzas ciudadanas dentro y fuera de Venezuela, para restituir el orden constitucional, lo que no solo traería como consecuencia el logro del Cese de la Usurpación ordenado en la Consulta Popular, sino el reordenamiento institucional de la República y el saneamiento del resto de los Poderes Públicos desnaturalizados por la corporación criminal de Maduro y sus cómplices.

Esta cruzada es difícil pero no imposible. Pero el enfoque para la lucha que planteamos ahora es muy diferente. Serán otros los que estarán al frente de esta nueva Ruta. Ya no serán los dirigentes de unos partidos con intereses y que privilegian buscar cargos en unas nuevas elecciones pagadas para ellos por el régimen, por encima de idear como salimos de este infierno. No serán aquellos quienes abandonaron al pueblo venezolano al arbitrio de una corporación criminal a favor de sus intereses políticos. Serán los mismos ciudadanos quienes se den a esa tarea. Serán los dolientes directos de esta tragedia venezolana quienes tendrán que pelear por su propia supervivencia. La Consulta Popular nos empoderó como ciudadanos no investidos de autoridad para restituir el orden constitucional con un mandato derivado de la misma Carta Magna. Este es el otro resultado concreto de ese proceso.

¿Y cómo sería la ejecución de ese nuevo enfoque? Los ciudadanos activados por el Pacto acuerdan: “Activar formalmente el procedimiento de restablecimiento del orden constitucional, de conformidad con el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedimiento que se sostendrá por la ciudadanía no investida de autoridad, sin perjuicio del deber que tienen al respecto los ciudadanos investidos de autoridad, hasta tanto se haya cumplido el objetivo de asegurar el restablecimiento de la vigencia del Estado democrático y social de Derecho y de justicia pactado en nuestra vigente Magna Carta”.

¿Qué significa lo anterior? Que no tomamos el Artículo 333 Constitucional simplemente como enunciativo de lo que hay que hacer sino que establecemos mediante este Pacto un procedimiento para restablecer el orden constitucional, sustentándonos en todos los considerandos enunciados allí, para finalmente “Promover la conformación de una Conferencia para el Restablecimiento Constitucional y la Reafirmación de la Soberanía Popular, a integrarse conjuntamente con la ciudadanía investida de autoridad, en acatamiento al mandato vinculante expresado el 12 de diciembre de 2020; instancia que asumirá la vocería, representación y coordinación de las acciones señaladas para el restablecimiento constitucional y democrático, y organizará sus réplicas a nivel internacional, regional, municipal y parroquial”. En otras palabras, un accionar de la ciudadanía para organizarse y movilizarse para el rescate de la institucionalidad usurpada.

La «Conferencia para el Restablecimiento Constitucional y la Reafirmación de la Soberanía Popular» se debe entender como una coordinación de organizaciones desde donde deberán salir las acciones en todos los niveles para el logro del restablecimiento constitucional y en consecuencia el Cese de la Usurpación. La Conferencia para el Restablecimiento Constitucional se establecerá en los niveles Nacional, Internacional, Estadal, Municipal y Parroquial, cubriendo en cada uno de esos niveles la representación de los 7 ámbitos de actuación señalados para la sociedad civil en el Artículo 326 Constitucional. La promoción de esta fórmula nos permitirá a todos actuar coordinadamente y en forma transversal en todo el país, canalizando las exigencias de cada uno de los sectores en una sola voz y una sola fuerza capaz de remover los cimientos del régimen.

La articulación de nuestras actuaciones como sociedad civil no investida de autoridad con aquellos poderes legítimos investidos de autoridad, en este caso la Presidencia Encargada y la Asamblea Nacional (hoy actuando como Comisión Delegada) solo dependerá de ellos. La fuerza ciudadana no necesita para expresarse ni movilizarse de ningún tutelaje de los investidos de autoridad pero si respeta su condición de poderes legítimos reconocidos internacionalmente. Es ese mismo reconocimiento el que exigimos de ellos para actuar coordinadamente en una tarea que nos es ordenada constitucionalmente a ambos como lo es la restitución del orden constitucional. De allí que se encuentren también mencionados en el Pacto.

Ya comenzamos a dar los primeros pasos a nivel nacional y regional con la firma de representantes de la Federación Médica Venezolana y con representantes de los trabajadores de las industrias básicas de Guayana (Intersindical de Guayana, ITG).

La consolidación de este movimiento de la Sociedad Civil que ya comenzamos solo será posible de la convicción de todos los venezolanos de que lo que obtuvimos del 7 al 12 de diciembre 2020 con la Consulta Popular nos inviste de la suficiente soberanía para actuar como uno solo y con una sola fuerza. Confundirnos con lo que dicen quienes pretenden engañar a los ciudadanos de que aquí no paso nada, es olvidar que poseemos en esencia esa fuerza concedida por nuestro texto fundamental, y que aplicada correctamente será la llave que le abrirá de nuevo las puertas a la libertad de Venezuela…

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Tengo un querido amigo, extraordinario analista político, que está realmente convencido que Juan Guaidó es un fraude. Sí, un fraude que nos ha engañado a todos y que terminará siendo otra decepción para los venezolanos.

Le he contestado a esa afirmación que si eso es así y tiene la razón entonces el último que salga que apague la luz de Venezuela (ya al parecer algo de eso está pasando con el apagón del país del 7 y 8 de marzo). Pero si queremos ser objetivos, tengo que aceptar que Guaidó ha acompañado al G4 en la aprobación de la inconstitucional Estatuto para la Transición que secuestra las atribuciones constitucionales del Presidente de la República, ha aceptado de buena gana el nombramiento chimbo de Embajadores sin experiencia diplomática, ha acompañado la no aprobación del uso de misiones militares extranjeras en el país para el ingreso de la Ayuda Humanitaria, etc., etc., etc… Muchos errores que hacen dudar a cualquiera.

Pero hay algo muy en el fondo que me dice que mi amigo está equivocado. No sé si porque como venezolano siento que de todas las oportunidades que hemos tenido esta es la más cercana, y que puede tener éxito en deshacernos de esta plaga que se adueñó de Venezuela.

Quiero por necesidad creer que este muchacho de 35 años –y no lo digo despectivamente ya que puede ser mi hijo- debe tener por construcción el gen del cambio en su ADN, teniendo la grandiosa, la enorme oportunidad de introducirnos como sociedad al Siglo XXI como lo hizo Eleazar López Contreras con la sociedad venezolana en el año 1935 del Siglo XX.

Juan Guaidó era apenas un niño de 16 años cuando fue damnificado de Vargas en diciembre de 1999. Ni siquiera pudo haber votado por la Constitución vigente que se decidió debajo ese palo de agua. No pudo saber ni entender en ese momento qué significaron los últimos años del desastre político que trajo a Hugo Chávez, ni su insurgencia golpista del 4F 1992 cuando Guaidó contaba apenas con 9 años. No es de ninguna manera un puente entre el pasado cuarto-republicano y el presente madurista.

Él es una mezcla rara de una juventud que por contacto familiar sabe lo que pasó pero no vivió lo que vivimos muchos venezolanos del “ta’barato dame dos”, ni del Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, porque eso había que vivirlo.

Esa juventud si desea salir de esto para algo nuevo pero no lo sabe a ciencia cierta porque eso hay que fabricarlo de cero, y lo mejorcito que tiene a la mano como experiencia lo representa esa especie opositora que sobrevive aun en la Asamblea Nacional, con especímenes como Henry Ramos Allup, Omar Barboza, Edgar Zambrano y el resto de “próceres de la cuarta” quienes tuvieron en su oportunidad el poder real para cambiar a Venezuela en los años de la democracia y no lo hicieron. Esa gente es como los insectos que sobrevivieron a una explosión atómica y ahora ven la oportunidad de volver. No podemos dejar que eso pase porque esos muchachos no tienen la experiencia debida y no vivieron lo que nosotros si vivimos de las decisiones que esa gente tomó y que trajeron la peste de Hugo Chávez.

Y yo sí puedo decirlo con propiedad, como muchos que fuimos testigos de esos años, que esa gente no es de ninguna manera ejemplo político para Guaidó ni para ningún otro muchacho de la política actual. Es como si López Contreras hubiera visualizado un país nuevo con el paradigma gomecista pero peor, porque no lo vivieron. López vivió como Ministro los años de Juan Vicente Gómez y sabía con mucha mejor certeza para dónde conducir al país.

Entonces la especie de que Juan Guaidó está “secuestrado” como muchos otros jóvenes por esa manada de viejos puede ser posible por esa inexperiencia, pero deposito mi mayor confianza en ellos porque a esa generación no le queda otra alternativa que acabar con esa claque so pena de que nos hundamos todos. No se acaba de morir el castro-chavismo-madurismo, pero tampoco acaba de nacer lo nuevo adonde llevar al país. La nefasta influencia en esa juventud de grupos como los de AD y UNT (que en el fondo son lo mismo), máximos exponentes de ese pasado y responsables directos de la aparición de Chávez, pone la mesa servida para una lucha por la definición de un nuevo panorama político para Venezuela. ¿Estará Juan Guaidó agavillado con eso para regresar a una Venezuela que no conoció, donde AD como factor regresivo de la política sea el principal actor por encima del resto? No me lo creo. Si eso es así, sería suicida para los venezolanos. Y la manera más expedita de retorno de los chavistas al poder después de la transición. ¡Cuidado con eso!

Por alguna razón intuitiva no veo a esa nueva juventud política ni a Guaidó en ese plan, a pesar de todos los indicios que indican lo contrario. Veo a unos jóvenes inexpertos cometiendo errores graves como los del 23F donde un grupo de “boys scouts” intentaron meter una ayuda humanitaria al país sin custodia militar extranjera, o pretender acabar con la usurpación sin aprobar expresamente la presencia de militares extranjeros en el país desde la Asamblea Nacional. Esa inexperiencia y tozudez pueden costarnos cientos de vidas en Venezuela. Ya está pasando.

Allí si veo la mano peluda de esa oposición oficial del G4 que desea el fracaso del joven Guaidó y lo deja equivocarse, incluso sugiriendo esas estrategias, porque no quiere por ningún concepto que éste pase de esos 30 días que indica el Estatuto de la Transición, yéndose directamente a una elecciones que no se pueden hacer en ese tiempo, sin pasar por un verdadero Gobierno de Transición, porque esa transición la quieren hacer ellos y con los candidatos que ya están cantados. Desean a Guaidó jugar un papel desechable para sus fines. Por ningún lado lo más rancio de esa claque política cuarto-republicana que está en la Asamblea Nacional desea que Guaidó ejerza ahora mismo plenamente sus competencias constitucionales como Presidente Encargado y menos aún por más de 30 días, así tengan que usar ese mismo CNE castro-chavista-madurista. Es por eso el acelerador de los Rectores del CNE.

Pero no tienen alternativa. Lo que ha pasado dentro y fuera de Venezuela desde el 23E ha sido determinante. Guaidó es un fenómeno político del que no se pueden desembarazar y están condenados a hacer esa transición con Guaidó a la cabeza porque es a Guaidó a quien la Comunidad Internacional ha reconocido y el pueblo de Venezuela quiere como Presidente Encargado para esa Transición. Guaidó se ha convertido en un fenómeno que difícilmente podrán apartar sin un costo difícil de asumir. La UNICA manera en que ese Gobierno de Transición tenga éxito es que Juan Guaidó lo ejerza plenamente después del “cese de la usurpación”. No es posible una nueva elección como la pretenden hacer sin un cambio institucional de envergadura del CNE, acelerando la designación de nuevos Rectores y sin cambiar estructuralmente el Poder Electoral, como ya lo explique en mi nota anterior.

Y eso es lo que creo que está esperando pacientemente el presidente encargado Juan Guaidó. Una vez realizada la primera fase de la trilogía, “cese de la usurpación”, Guaidó tendrá la libertad de arreglar con la gente apropiada todos los entuertos del comienzo producto del maridaje con los factores del G4. Sería un Guaidó versus oposición oficial de manera taimada y encubierta donde el que tenga más aguante gana. Si resiste y se mueve políticamente bien se podrá apartar inteligentemente de aquellos que desean su fracaso, y al neutralizarlos podrá marcar un nuevo comienzo. Pero debe escuchar fuera del círculo que lo rodea, y en especial a la gente que sabe, y decidir por él mismo y su intuición, no por lo que le dicen los dinosaurios. Todos queremos su éxito y sus peores enemigos los tiene a su lado.

Si Juan Guaidó tiene éxito en comenzar un nuevo Gobierno de Transición sin entregarlo a la influencia nefasta del cuarto-republicanismo, Venezuela podrá tener la oportunidad de oro de una transición como verdadera entrada al Siglo XXI, como la tuvieron los venezolanos en 1935, de las manos de Eleazar López Contreras, y no como una extensión de lo peor de finales del Siglo XX. ¿Será capaz Juan Guaidó, fiel exponente de esa juventud que murió en las calles por una mejor Venezuela, de traicionar eso a favor de lo peor de la política venezolana de los últimos 60 años, y que todavía anda vivita y coleando en esa Asamblea Nacional? Si es capaz de esa traición, habrá tenido razón mi querido amigo y yo me habré equivocado de nuevo –no es la primera vez- pero lo habré hecho creyendo en la juventud venezolana que tanta sangre ha derramado por Venezuela…

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A pesar de saber que existe una infinito río de documentos históricos, opiniones de expertos políticos y militares alrededor de la figura de Simón Bolívar, hoy me gustaría modestamente dedicar unas líneas, no a esa figura mítica manoseada por todo el mundo del héroe latinoamericano, Libertador de 5 naciones, sino al ciudadano, al político, cuya perspectiva más allá de lo militar, es lo que creo que podemos analizar el común de las personas.

Cuando a los venezolanos nos presentan por primera vez en nuestra vida escolar la figura de Bolívar, no nos muestran la faceta ciudadana del Libertador. Nos muestran la faceta del militar, la del héroe de la Independencia. Todos los venezolanos hemos crecido con ese estereotipo en la mente.

Las pinturas y cuadros más representativos de la época en su mayoría nos muestran a un Bolívar vistiendo uniforme militar, y no es extraño que esto sea así porque, la mayor parte de su cortísima existencia –recuerden que murió a los 47 años- transcurrió organizando ejércitos y batallas para la liberación de Venezuela y 4 naciones más. Será por eso que la faceta que siempre he pensado como la más importante de la vida de este ser humano ha quedado escondida, al punto que me atrevería a decir que Bolívar fue militar por las circunstancias que le toco vivir, siendo a mi juicio la faceta más importante la del político y ciudadano. Y siendo esta la fundamental, la del militar se vio potenciada como consecuencia.

Tal vez en mi impertinencia de analizar la quintaesencia ciudadana del Libertador, trato de darle sentido al esfuerzo que tuvo de liberar repúblicas. Si la idea era construir naciones, eso no podría llevarse a cabo sin gente que entendiera el verdadero sentido de la libertad. Esto lo resumió el Maestro Simón Rodríguez al sostener la tesis de que es una contradicción desear Repúblicas sin republicanos. De acuerdo con el Maestro del Libertador, la única manera que hay es formándolos en las escuelas, para que las Repúblicas que estaban naciendo y obteniendo su libertad de la espada de sus soldados, se pudieran sostener. De acuerdo al Maestro la materia más importante de esa formación debía ser “la sociabilidad”. Esto en palabras modernas se llamaría enseñar ciudadanía.

De acuerdo a Arturo Uslar Pietri, el Maestro Simón Rodríguez afirmaba: “el que nada sabe, cualquiera lo engaña, el que nada tiene, cualquiera lo compra”. Uslar Pietri indicaba que en esta tesis, “se trataba de enseñar para que nadie pudiera engañar a otro y de darle una base productiva para que nadie pudiera comprarlo, para que fuera un ciudadano” (ver Simón Rodríguez, Parte 3, en https://youtu.be/2ExSCFfHMe4).

Este es realmente el cemento que garantiza la estabilidad de las naciones y eso lo sabía el Libertador, al punto que envió a su Maestro al territorio que hoy lleva el nombre de Bolivia para organizar esa escuela de ciudadanos. Lamentablemente el experimento fracasó y se libertaron militarmente naciones pero sin ciudadanos que las hicieran prósperas y estables. Esa enfermedad nos alcanza todavía en pleno siglo XXI. No podemos perpetuar ese error so pena de no haber terminado de romper las cadenas de las que nos liberó Simón Bolívar.

Eso explica la caída de la democracia venezolana y la pérdida de nuestra libertad a manos de un pueblo esclavizado por una dictadura como el cubano. ¡Da dolor decirlo! “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia”. Eso lo dijo el ciudadano Simón Bolívar al despojarse de todo su poder ante el Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819.

El ciudadano Bolívar dijo en ese discurso “Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela; sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad, para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas…”. ¿Cómo es posible que un gobierno que se dice “bolivariano” atropelle ese legado histórico del Libertador? ¿Cómo es posible que cualquier gobernante venezolano sea capaz siquiera de atender cualquier política que vaya en contra de nuestro legado mas preciado?

El Simón Bolívar que deberíamos cultivar de ahora en adelante al recuperar nuestra libertad es el Bolívar ciudadano, no el militar. De haber respetado los militares la memoria histórica del Bolívar militar, nunca nos encontraríamos en esta deplorable situación con un régimen que atropella su memoria y va en contra de sus principios fundamentales.

Deberemos enfatizar en las escuelas el Bolívar ciudadano y político de la Sociedad Patriótica de Caracas del 3 de junio de 1811: “¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos, o que los conserve, si estamos resueltos a ser libres? Esas dudas son el triste efecto de las antiguas cadenas. ¡Que los grandes proyectos deben prepararse con calma! Trescientos años de calma, ¿no bastan? ¿Se requieren otros trescientos todavía?”. Todavía sufrimos “el triste efecto de las antiguas cadenas” donde los partidos hacen con los venezolanos lo que les viene en gana, porque no existen todavía ciudadanos capaces de comprender de donde proviene la soberanía.

Y volviendo a Angostura: “Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad muy pronto vuelve a perderla; porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud; que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico rigor; que las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.”. En este discurso Bolívar primero se consideró ciudadano primero antes que Libertador: “Yo someto la historia de mi mando a vuestra imparcial decisión; nada añadiré para excusarla; ya he dicho cuanto puede hacer mi apología. Si merezco vuestra aprobación, habré alcanzado el sublime título de buen ciudadano, preferible para mí al de Libertador que me dio Venezuela, al de Pacificador que me dio Cundinamarca, y a los que el mundo entero puede dar.”.

La única manera de asegurar que esta tragedia que vive Venezuela no vuelva a ocurrir después de salir de la tiranía, es aprender del ciudadano Bolívar. Nos quedamos en el Bolívar militar de las plazas, montado a caballo con la espada desenvainada en contra de los enemigos de Venezuela. Nos toca comenzar a entender que los verdaderos enemigos de ahora son la falta de educación y la lamentable falta de ciudadanos. Eso es lo que verdaderamente nos ha llevado a esta tragedia. Enterremos al Bolívar militar y rescatemos al ciudadano Bolívar. Es el mejor homenaje que podemos hacerle los venezolanos en este nuevo año de su nacimiento, y en desagravio por haber olvidado sus palabras que fueron escritas para nosotros, y que no hemos sido capaces de honrar como Nación…

Caracas, 24 de Julio de 2018

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Es natural el escepticismo de la gente ante una nueva Consulta Popular. Y no es para menos. Después de la estafa a la voluntad popular perpetrada por la Asamblea Nacional expresada el 16J, aplica el viejo dicho que el pueblo asume: el picado de culebra le tiene miedo al bejuco.

Sin embargo, el hecho que los factores políticos de la Asamblea Nacional no hayan obedecido el mandato del pueblo el 16J, no invalidó la consulta como la herramienta política, al punto que esta sentó definitivamente a Venezuela y el mundo lo que el pueblo venezolano desea.

La consulta del 16J tuvo resultados políticos tangibles en todo el mundo, tanto que el respaldo dado a la oposición venezolana fue de tal magnitud que era posible ejecutar el mandato sin ningún obstáculo en el país. Un gobierno surgido desde la Asamblea Nacional el 17J hubiera tenido una legitimidad incuestionable ante el mundo, y a las Fuerzas Armadas se les hubiera puesto muy cuesta arriba no obedecer ese mandato.

Y aun cuando los partidos se hayan escondido detrás de un supuesto “no vinculante” legal muy discutible para no hacerle caso a lo que el pueblo grito y demostró con sangre en las calles antes de la misma consulta, el pueblo se expresó claramente en relación a lo que deseaba: un rechazo a la Constituyente del régimen y un cambio inmediato de gobierno. Eso todavía gravita sobre las cabezas de quienes son todavía los principales responsables de los partidos de la Asamblea Nacional.

Cualquier consulta que se le haga al pueblo de Venezuela es políticamente vinculante. Aquí no hablo de lo legal, hablo de lo político. Esto es, de obligatorio cumplimiento por los factores políticos convocantes. Es la voluntad popular de la mayoría expresada abiertamente, en temas de trascendencia nacional, a través del voto en una consulta. ¿Quiénes son los partidos, que son precisamente los mandatarios de esa voluntad, para ignorar un mandato expreso de esa naturaleza?

Entonces el mecanismo de la Consulta Popular no es el problema. El problema surge cuando una vez expresado el mandato, se garantice su cumplimiento por aquellos que deben ejecutarlo. Y para todo el mundo no existe ninguna duda que el 16J la Asamblea Nacional era el mandatario e ignoró la voluntad del pueblo.

¿Qué debemos hacer entonces? Debemos volver a crear el escenario político de la fuerza popular expresada en las urnas, con un árbitro transparente tal y como ocurrió el 16 de julio de 2017, pero con un enfoque completamente diferente. En ese día se creó ese escenario, y la fuerza popular se hizo presente pero nadie la canalizó hacia el objetivo planteado, que no era otro que el rechazo a las acciones del régimen y su sustitución. Debemos canalizar ahora esa fuerza popular.

Lo que paso el 16J-2017 se asemejo en mucho a lo que sucedió el 11A-2002 aunque los resultados no fueron similares: El pueblo se expreso de una manera objetiva y contundente a los ojos de todo el mundo. El 11A-2002 las calles de Caracas se llenaron de gente exigiendo la salida de Hugo Chávez y este respondió con una masacre en la Av. Baralt. Ante ese hecho, las Fuerzas Armadas como un todo se pronunciaron. Y no estamos hablando de un batallón que se alzó o que algunos Generales o Comandantes decidieron que Chávez debía salir, sino el consenso general de todas las Fuerzas cuyos principales actores gritaban días antes “Patria, Socialismo o Muerte” en el desfile de Los Próceres. Es esa fuerza la que debemos expresar de nuevo en las urnas pero en esta ocasión con un dispositivo para canalizarla.

Si el 16J los diputados de la Asamblea Nacional se escondieron detrás de eufemismos legales para ignorar lo que el pueblo les ordeno, esta vez el pueblo debe señalar expresamente el cómo y con quien se debe hacer efectivo ese mandato, dejando muy clara la ruta de actuación con preguntas precisas al pueblo venezolano.

¿Cómo debe activarse de nuevo esa Consulta? La ANCO ya hizo el 6 de Noviembre de 2017 -como para que no queden dudas- la solicitud a la Asamblea Nacional para activar el Articulo 71 de la Constitución. Esta comunicación es protocolar porque es la Asamblea Nacional la vía expedita y de primera instancia para activar inmediatamente por mayoría simple ese mecanismo, tal y como lo hizo el 5 de julio de 2017. En noviembre pasado proponíamos cuatro preguntas. En este momento la situación y las preguntas han cambiado, así como el país, pero no la esencia y la necesidad de que se exprese la voluntad popular.

Aunque tenemos razones para pensar que la Asamblea Nacional engavete esta solicitud, como ya lo ha demostrado hasta ahora, no se puede desestimar un cambio en la actitud política de los partidos que produjeron el 16J, aunque por sus actuaciones esto sea lamentablemente muy improbable. No hay que olvidar lo inestable de la situación política venezolana.

Si la Asamblea Nacional no activa de nuevo el mecanismo plebiscitario, entonces quienes deberemos activar ese mecanismo somos los ciudadanos, siendo convocado este nuevo plebiscito bajo las condiciones que la ciudadanía establezca. Esto no es otra cosa que la prerrogativa de participación ciudadana que nos da la Constitución de 1999 en su Artículo 70, y que fue refrendada por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo con sede en Washington DC, del 30 de noviembre de 2017: “…por lo tanto, cualquier salida de la crisis que se pretenda en el escenario político, debe hacerse dentro de los mecanismos de participación popular que consagra el artículo 70 de la Constitución, y nunca a espaldas del pueblo, con el fin primordial de provocar la salida inmediata de todo aquello que ha generado la crisis por la que atraviesa el país…”.

Si la ciudadanía decide abordar la crisis del país a través de una Consulta Popular que establezca dentro de ella la ruta a través de la cual se hará efectivo el resultado de esa consulta, entonces los ciudadanos estaremos haciendo uso de los mecanismos constitucionales establecidos, y dando una respuesta a la frustración del 16J. En la consulta está la respuesta. Y de eso se trata precisamente la Agenda Alternativa para Venezuela…

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