La rueda de prensa estuvo presidida por los representantes de Provea, Transparencia Venezuela y Foro Penal Venezolano | Foto: Leopodo González Barajas
Por: Leopoldo González Barajas | El Pitazo-Distrito Capital
Durante una rueda de prensa presidida por los representantes de Provea, Transparencia Venezuela y Foro Penal Venezolano, Rafael Uzcátegui, Mercedes de Freitas y Alfredo Romero, respectivamente, las organizaciones dieron a conocer este lunes un comunicado que enviarán al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que solicitan activar la Carta Democrática contra Venezuela.
En el comunicado, las ONG afirman que el gobierno del presidente Nicolás Maduro “ha cerrado todos los canales democráticos, participativos y pacíficos para la resolución de los conflictos entre los venezolanos” y califican la suspensión del referendo revocatorio por parte del CNE como una “subordinación ilegal e inconstitucional delPoder Judicial y Electoral al Poder Ejecutivo”.
También afirman que el gobierno de Maduro violó hasta ocho artículos de la Carta Democrática Interamericana, en concreto los apartados 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13 y 23, que refieren los derechos a la democracia, el respeto a los derechos humanos, la subordinación constitucional de las instituciones del estado a la autoridad civil, la eliminación de la discriminación, la pobreza, el analfabetismo en los países miembros y consagra la promoción de elecciones libres.El documento está suscrito por 50 instituciones defensoras de los derechos humanos en el país, entre las que destacan, además de Provea, Transparencia Venezuela y Foro Penal, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Espacio Público, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), entre otras.
El presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, aseguró que en el país todavía se mantienen 101 presos políticos y Uzcátegui definió el gobierno de Maduro como una “dictadura del siglo XXI”, comparándola con el régimen de Alberto Fujimori en Perú especificando que “a pesar de que contaban con el apoyo de una parte de la población, usaban los poderes públicos para anular a la propia democracia y a la disidencia”.