Todo diálogo tiene que ser dentro de la Constitución y para cumplirlo, no desde su violación y para eliminarlo. Es falsa la propaganda que presenta la Constituyente (ANC) fraudulenta como fórmula de amplio diálogo, cuando en realidad es una declaración de guerra contra las instituciones democráticas, muerte para la Constitución y eliminación de la oposición y de los derechos democráticos de la población. Constituyente que elimina la Constitución y la expresión de la soberanía popular en el voto libre, secreto y universal, y no resuelve ninguno de los problemas, sino que bloquea las salidas. Mienten al decir que una nueva Constitución es necesaria para que haya alimentos, medicinas, seguridad ciudadana e ingresos suficientes sin inflación. Sin el testimonio directo de las víctimas, yo no hubiera creído en la perversión con que el gobierno está chantajeando y obligando a votar el 30 de julio, abusando de la necesidad de comida y trabajo. Métodos canallescos e indignos que dejan al pobre sin alternativa. Al final darán el resultado que quieran, triplicando el número de los que voluntariamente hubieran votado. Esta Constituyente es anticonstitución, antidiálogo y antipobres. Faltando tres días para la votación el régimen está atrapado: si la suspende o aplaza, cae en el ridículo y si proclama el triunfo con la cantidad de votantes que invente, Maduro caerá en la trampa montada por él mismo para el enemigo. Una locura.

El diálogo no es una opción en la democracia, sino una condición indispensable; sin él no hay democracia participativa y plural. Los demócratas venezolanos en una extraordinaria y memorable jornada de Consulta Popular han demostrado ante el mundo que sí es posible el cambio de régimen y que hay energías y espíritu para ello. La inmensa mayoría no ha caído en la trampa, los venezolanos defienden la democracia y no aceptarán la dictadura comunistoide de la ANC, a pesar de toda forma de coacción. Sin los 100 días de movilizaciones de calle no hubiera sido posible poner al régimen a la defensiva, y en evidencia su carácter dictatorial. Ahora viene una etapa más exigente: combinar el coraje y firmeza de la movilización pacífica con la sensatez para reunificar democrá­ticamente la diversidad y construir un país sin pobreza, con reconocimiento y convivencia pacífica. Sólo es posible producir el bien común con la comple­mentariedad de los distintos y activando las virtudes ciudadanas de creatividad productiva, respeto y solidaridad. Hay que vencer la tentación de la venganza; para quienes violan los derechos humanos están los tribunales nacionales e internacionales y las sanciones debidas, pero sería suicida tomar la justicia por la propia mano y lamentable desatar, en un próximo cambio, linchamientos criminales y “juicios populares”, como los que ocurren a la llegada de las “revoluciones”. Un pacto de gobernabilidad y de unión nacional para la reconstrucción requiere un esfuerzo sobrehumano animado por una actitud espiritual nueva y constructiva, distinta a los comprensibles sentimientos de venganza y de retaliación. Nada se puede lograr sin un amplio acuerdo nacional para la reconstrucción y sin un extraordinario apoyo internacional.

Hay conciencia de la necesidad de desbloquear palabras como diálogo o negociación, hoy repudiadas por la mala experiencia reciente. Parece cierto que en alguna parte se están dando los primeros tanteos entre opositores y gobierno para la negociación y acuerdos que eviten la destrucción mutua. No hay país democrático, ni organismo internacional que no esté recomendando el diálogo sincero y eficaz en Venezuela. Pero no se puede ignorar que recientemente el “diálogo” fue una trampa gubernamental usada para engañar, desactivar y dividir a la oposición. Los demócratas deben partir de la mala experiencia de haber sido engañados con promesas y acuerdos no cumplidos. A mediados del mes pasado en Roma “el Papa Francisco hizo saber a los 6 miembros de la presidencia de la CEV (Conferencia Episcopal Venezolana) que algunos de los que sirvieron como facilitadores en el fallido intento del diálogo del último trimestre del año 2016, han insistido en solicitar a la Santa Sede su participación en un nuevo proceso, sin embargo, la respuesta ha sido contundente: la Santa Sede sólo tomará parte en una nueva iniciativa de diálogo, siempre y cuando el gobierno cumpla con las cuatro condiciones ya expresadas en la carta del cardenal Parolín a inicios de diciembre de 2016, es decir: la apertura de un canal humanitario que permita hacer ingresar al país alimentos y medicamentos, la presentación de un cronograma general de elecciones, el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional y, la liberación de los detenidos por causas políticas” (comunicado de la CEV desde el Vaticano) . Ahora además que el gobierno retire la fraudulenta y dictatorial Constituyente. Esos son puntos no negociables y sería un gravísimo error que algunos factores de la oposición democrática dialogaran sin exigirlos o hicieran concesiones; por ejemplo, elecciones regionales, sin reconocimiento de las plenas atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

El Ejecutivo al eliminar las plenas atribuciones constitucionales de la AN, degüella la democracia y trata de imponer la fraudulenta Constituyente que es el antidiálogo para afianzar e imponer un modelo político, económico y social totalitario, eliminando toda oposición democrática.