Muy pocos dudan de que Venezuela necesita un cambio profundo y una muy exigente reconstrucción. En eso coinciden los que simpatizaron con el “socialismo del siglo XXI” y los que se opusieron a él. En su reciente reunión la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) recogía este consenso en apretada síntesis: “Nos preocupa la pobreza generalizada; las fracturas de las familias producto de la migración forzada de millones de venezolanos; el creciente número de niños, adolescentes y adultos mayores desnutridos, con sus irreversibles secuelas para su vida; la inequidad social y económica; el deterioro de los servicios públicos y de salud; el desmantelamiento de las industrias básicas; la falta de seguridad jurídica; la corrupción administrativa e impunidad generalizada; las limitaciones para la movilización por la falta de combustible y de transporte; el deterioro ecológico de extensas áreas, que afecta principalmente a los pueblos indígenas; el control que en algunas zonas ejercen diversos grupos irregulares armados. Así mismo, la violación de los derechos humanos y políticos que lleva consigo persecución, inhabilitación, represión, torturas y supresión de libertades. Igualmente, la gravísima crisis educativa que se manifiesta, entre otras cosas, en la deserción escolar y docente, los bajos salarios de los maestros y profesores,el deterioro de las infraestructuras escolares” (Nos. 6 y 7).

Pero no basta el diagnóstico. Todos tenemos que examinarnos y movilizarnos para que en Venezuela vuelva a brotar la hierba de la esperanza y trabajo de todos retomemos el camino de una vida digna para todos.

Esta realidad es tan evidente que en ella coinciden también gobiernos latinoamericanos amigos del “socialismo”y la gran mayoría de los gobiernos democráticos de nuestro continente y del mundo. No podemos continuar como si no pasara nada. Es la hora de que nos preguntemos seriamente qué podemos hacer entre todos antes de que el naufragio de Venezuela se convierta en un desastre irreparable. En la reciente reunión de la Unión Europea y los gobiernos latinoamericanos del CELAC, un grupo de amigos de Venezuela manifestó su preocupación y exhortó a hacer los cambios, con diálogo y negociación dentro del camino democrático en el marco de nuestra constitución. La gran oportunidad son las elecciones democráticas de 2024. De ellas Venezuela saldrá atada por décadas con una dictadura de miseria y sumisión, o con ellas iniciaremos un camino extraordinario de entendimiento entre quienes hasta hoy se rechazan como enemigos. Ahora la mayoría sufre concentrada en sobrevivir sin mayor protesta porque no ve salida ni cree en políticas e instituciones fracasadas, pero empieza a resurgir la esperanza con las Primarias para escoger un candidato único democrático en las elecciones de 2024.

Venezuela preocupa a gobiernos de EE.UU. y Europa. También a presidentes latinoamericanos considerados de “izquierda” y amigos de Maduro, pero que necesitan diferenciarse del evidente fracaso venezolano. Esos gobiernos quieren ayudar a que nuestro país retome la senda constitucional y democrática, que abra las puertas a la reactivación acelerada con inversiones multimillonaria y que elimine las persecuciones de unos y las sanciones de otros; no son separables. En todo esto EE.UU. con sus políticas es clave. Parece que el gobierno de Biden quiere ese camino, que es imprescindible abrir en 2024 con elecciones competitivas con observación internacional. El desastre quedó en evidencia hace una década con el retiro de las inversiones privadas, increíble la pérdida de 75% del PIB y el éxodo de más de 6 millones de venezolanos. No habrá fuerte reactivación de inversiones, ni recuperación del PIB, si no hay apertura democrática.

Para convertir en acción el grito silencioso de millones de venezolanos empobrecidos, es necesario escuchar y recibir el apoyo eficiente de países democráticos y de gobiernos de “izquierda”, y la voz de la Iglesia el sentir de los venezolanos. Todos coinciden en exhortar al gobierno el camino electoral, antes de que la situación se agrave. El camino del diálogo y de la negociación desagrada al gobierno autoritario y a muchos opositores que quisieran rupturas, confrontaciones y castigos; pero el enfrentamiento resistencias de los que todavía están en el poder y dificulta la necesaria unión del país para la muy difícil reconstrucción.

Lo más sensato y conveniente para el país, sería que el propio gobierno reconociera el evidente fracaso de la prometida prosperidad socialista. Con ética y lógica, el Presidente y su gobierno debieran reconocer los hechos y abrir la puerta de la transición, por el bien de ese pueblo al que ofrecieron servir. No somos ingenuos ni nos hacemos ilusiones, pero no renunciamos a que prevalezca el bien del país con la renovación del poder al menor costo posible, con los equipos más competentes y el mayor apoyo internacional posible.

https://www.analitica.com/opinion/del-naufragio-a-la-esperanza/

Todo diálogo tiene que ser dentro de la Constitución y para cumplirlo, no desde su violación y para eliminarlo. Es falsa la propaganda que presenta la Constituyente (ANC) fraudulenta como fórmula de amplio diálogo, cuando en realidad es una declaración de guerra contra las instituciones democráticas, muerte para la Constitución y eliminación de la oposición y de los derechos democráticos de la población. Constituyente que elimina la Constitución y la expresión de la soberanía popular en el voto libre, secreto y universal, y no resuelve ninguno de los problemas, sino que bloquea las salidas. Mienten al decir que una nueva Constitución es necesaria para que haya alimentos, medicinas, seguridad ciudadana e ingresos suficientes sin inflación. Sin el testimonio directo de las víctimas, yo no hubiera creído en la perversión con que el gobierno está chantajeando y obligando a votar el 30 de julio, abusando de la necesidad de comida y trabajo. Métodos canallescos e indignos que dejan al pobre sin alternativa. Al final darán el resultado que quieran, triplicando el número de los que voluntariamente hubieran votado. Esta Constituyente es anticonstitución, antidiálogo y antipobres. Faltando tres días para la votación el régimen está atrapado: si la suspende o aplaza, cae en el ridículo y si proclama el triunfo con la cantidad de votantes que invente, Maduro caerá en la trampa montada por él mismo para el enemigo. Una locura.

El diálogo no es una opción en la democracia, sino una condición indispensable; sin él no hay democracia participativa y plural. Los demócratas venezolanos en una extraordinaria y memorable jornada de Consulta Popular han demostrado ante el mundo que sí es posible el cambio de régimen y que hay energías y espíritu para ello. La inmensa mayoría no ha caído en la trampa, los venezolanos defienden la democracia y no aceptarán la dictadura comunistoide de la ANC, a pesar de toda forma de coacción. Sin los 100 días de movilizaciones de calle no hubiera sido posible poner al régimen a la defensiva, y en evidencia su carácter dictatorial. Ahora viene una etapa más exigente: combinar el coraje y firmeza de la movilización pacífica con la sensatez para reunificar democrá­ticamente la diversidad y construir un país sin pobreza, con reconocimiento y convivencia pacífica. Sólo es posible producir el bien común con la comple­mentariedad de los distintos y activando las virtudes ciudadanas de creatividad productiva, respeto y solidaridad. Hay que vencer la tentación de la venganza; para quienes violan los derechos humanos están los tribunales nacionales e internacionales y las sanciones debidas, pero sería suicida tomar la justicia por la propia mano y lamentable desatar, en un próximo cambio, linchamientos criminales y “juicios populares”, como los que ocurren a la llegada de las “revoluciones”. Un pacto de gobernabilidad y de unión nacional para la reconstrucción requiere un esfuerzo sobrehumano animado por una actitud espiritual nueva y constructiva, distinta a los comprensibles sentimientos de venganza y de retaliación. Nada se puede lograr sin un amplio acuerdo nacional para la reconstrucción y sin un extraordinario apoyo internacional.

Hay conciencia de la necesidad de desbloquear palabras como diálogo o negociación, hoy repudiadas por la mala experiencia reciente. Parece cierto que en alguna parte se están dando los primeros tanteos entre opositores y gobierno para la negociación y acuerdos que eviten la destrucción mutua. No hay país democrático, ni organismo internacional que no esté recomendando el diálogo sincero y eficaz en Venezuela. Pero no se puede ignorar que recientemente el “diálogo” fue una trampa gubernamental usada para engañar, desactivar y dividir a la oposición. Los demócratas deben partir de la mala experiencia de haber sido engañados con promesas y acuerdos no cumplidos. A mediados del mes pasado en Roma “el Papa Francisco hizo saber a los 6 miembros de la presidencia de la CEV (Conferencia Episcopal Venezolana) que algunos de los que sirvieron como facilitadores en el fallido intento del diálogo del último trimestre del año 2016, han insistido en solicitar a la Santa Sede su participación en un nuevo proceso, sin embargo, la respuesta ha sido contundente: la Santa Sede sólo tomará parte en una nueva iniciativa de diálogo, siempre y cuando el gobierno cumpla con las cuatro condiciones ya expresadas en la carta del cardenal Parolín a inicios de diciembre de 2016, es decir: la apertura de un canal humanitario que permita hacer ingresar al país alimentos y medicamentos, la presentación de un cronograma general de elecciones, el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional y, la liberación de los detenidos por causas políticas” (comunicado de la CEV desde el Vaticano) . Ahora además que el gobierno retire la fraudulenta y dictatorial Constituyente. Esos son puntos no negociables y sería un gravísimo error que algunos factores de la oposición democrática dialogaran sin exigirlos o hicieran concesiones; por ejemplo, elecciones regionales, sin reconocimiento de las plenas atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

El Ejecutivo al eliminar las plenas atribuciones constitucionales de la AN, degüella la democracia y trata de imponer la fraudulenta Constituyente que es el antidiálogo para afianzar e imponer un modelo político, económico y social totalitario, eliminando toda oposición democrática.

Mensaje claro y valiente de espiritualidad encarnada. Nuestros obispos vuelven a decir que esta realidad es inaceptable y graves las recientes decisiones inmorales del Ejecutivo y el Poder Judicial, combinados para eliminar la Asamblea Nacional. Se ha puesto en evidencia que vivimos en un Estado con Constitución democrática pero secuestrado y violado por un Gobierno dictatorial. La anulación de la Asamblea no se produjo el 30-3-17con las decisiones 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, pues desde el día mismo (6D) del triunfo arrollador de la oposición, el régimen buscó anularla: eliminaron sin nuevas elecciones a los diputados del Amazonas, cancelaron el Referéndum Revocatorio, suprimieron las elecciones de gobernadores de 2016, anularon toda legislación de la Asamblea con cincuenta decisiones del TSJ, aumentaron los perseguidos, exiliados y presos políticos y el anticonstitucional empeño de mantener el “Plan de la Patria” con su economía destructiva y sembradora de miseria, inflación y escasez. Todo ya era dictadura antes del 30 de marzo, pero ahora el Ejecutivo nos ha hecho el gran favor de ponerlo más en evidencia nacional e internacional.

La Fiscal rápida y claramente denunció la ruptura del orden constitucional. Las reacciones de gobiernos, ex-presidentes, organismos internacionales como Mercosur Y OEA, asustaron al gobierno y este quiso esconder el rostro dictatorial ordenando a la sumisa TSJ maquillar con “aclaratorias”, para Maduro decir que se había “superado el impasse”. Afortunadamente la Asamblea Nacional, con la valiente y acertada conducción de su presidente Julio Borges y el conjunto de dirigentes, no cayó en la trampa y la OEA tampoco: mientras no se restituyan plenamente los poderes constitucionales de la AN, hay dictadura. El país y el mundo ahora están más claros: la democracia ha sido violada con un golpe mortal contra la soberanía del pueblo cuyos votos han sido quemados en la hoguera de los usurpadores... Este grave delito tiene delincuentes que deben ser sancionados “y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenan o ejecutan incurren en responsabilidad penal” (Const. Art. 25) ¿Qué espera el Defensor del Pueblo para cumplir con sus deberes constitucionales (Const. art. 281)? No hacerlo es complicidad con el golpe y una burla seguir diciendo que este es un régimen de soberanía popular cuando el régimen, con sus desacertadas y empecinadas políticas, le ha quitado al pueblo la comida, las medicinas vitales, las libertades, la seguridad y la Constitución…

La Presidencia de la Conferencia Episcopal el mismo día 31 dio a conocer su rotundo rechazo de este atropello dictatorial señalando que este poder trata de perpetuarse manipulando al pueblo y “olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión de poder” (n.3) La autoridad es para servir al pueblo y no para oprimirlo. Los obispos rechazan estas decisiones “que desconocen e inhabilitan al órgano público (AN) que representa la soberanía popular”. “Desconocer la existencia del otro y sus derechos, sencillamente es destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural” (n. 5) y burlarse de todo diálogo.

No estamos ante una disputa de poderes y una diferencia interpretativa de juristas, sino ante un golpe que despoja al pueblo de su soberanía. Por eso los obispos recalcan que el golpe es contra la gente y afecta más gravemente a los más necesitados: “Más allá de las consideraciones jurídicas y constitucionales, la eliminación de la Asamblea Nacional, suplantándola por una representación de los poderes judicial y ejecutivo, es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el pueblo y de que a el le toca, en todo caso, dar su veredicto. Una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura siendo, como siempre, los más débiles y pobres de la sociedad los más perjudicados. Por estas razones, repetimos, esta distorsión es moralmente inaceptable” (n.4). La “democracia participativa y protagónica” está muerta y si el Poder Moral si calla será cómplice inmoral. Afortunadamente la AN enfrenta el golpe, así como los dirigentes políticos democráticos, las asociaciones y las mil formas de la sociedad civil, las universidades, las academias, los países.... ¿Dónde está la Fuerza Armada democrática? Es un deber de conciencia rechazar el golpe y la Constitución llama al pueblo de Venezuela a desconocer cualquier decisión que la viole (art. 350). Los obispos hacen un “urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero contundente ante la arremetida del poder. No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas.”(n.6) Nos invitan a vivir los actos religiosos de la Semana Santa, conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo, “con un contenido social que nos ayude a mantener la esperanza, la alegría y la solidaridad…”

http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/moralmente-inaceptable_647819