Finalmente el régimen tuvo que aceptar la presencia de una comisión electoral de la UNASUR en calidad de observadores y no de acompañantes o veedores como exigía el CNE. La Corte Electoral de Uruguay, así se denomina el ente electoral en ese país, tiene la misión de nombrar y coordinar esta comisión que estará conformada por unos 50 delegados de los diferentes países que integran el organismo multilateral. De esta manera, se contará oficialmente con una observación internacional calificada en los comicios parlamentarios del 6D que esperemos que cumpla sus responsabilidades sin parcialización con el régimen y los abusos que están acostumbrados a cometer.
Mientras tanto, se comienza a observar la propaganda oficial por televisión enfocada en revivir la imagen del difunto eterno como gran elector, ya que la imagen del presidente no logra convencer a buena parte del electorado oficialista que se debate entre abstenerse o votar por los candidatos “independientes”, también simpatizantes del chavismo, o finalmente por los candidatos de la MUD.
El otro enfoque es sembrar el temor entre este electorado de que perderán beneficios obtenidos por la revolución si la MUD obtiene la mayoría parlamentaria; otras variantes se fundamentan en mostrar videos completamente fuera de contexto de diputados de la oposición negando proyectos de leyes que supuestamente favorecen al pueblo, por lo que hay que estar preparados para una campaña electoral tremendamente sucia por parte del oficialismo.
Otra carta del gobierno, es la acumulación de artículos y alimentos importados para distribuirlos días antes de las elecciones en un intento de demostrar que los problemas de abastecimientos han comenzado a normalizarse a pesar de la guerra económica patrocinada por la oposición democrática y sus aliados del extranjeros.
Para complicar la situación, esta semana el gobierno vuelve a dar otro paso en la dirección equivocada para resolver el problema de desabastecimiento- y en general económico- con la publicación en gaceta oficial de una nueva ley orgánica de precios justos vía habilitante, lo que es inconstitucional, ya que esta habilitante no autoriza leyes orgánicas que deben ser aprobadas con la mayoría calificada de la Asamblea Nacional.
Esta nueva ley, prácticamente, va a obligar a cerrar sus puertas a una mayoría de empresas y comercios que estaban importando al dólar libre y la ley los obliga a vender al cambio de SIMADI corriendo el riesgo de pagar penas de cárcel, toma de sus negocios por el gobierno y cuantiosas multas, condición inaceptable para estos comerciantes que preferirán bajar la santamaría y no perder el negocio. En otras palabras, el remedio es muchísimo peor que la enfermedad y como dice el dicho popular “no mejora nada el enfermo”.
10 de noviembre de 2015