El pasado martes 10 del presente mes, trascendió en los medios internacionales la captura en Haití y posterior deportación a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, de dos supuestos familiares de la pareja presidencial venezolana, bajo el cargo de intentar traficar e introducir en ese país 800 kilos de cocaína. Ambos indiciados, según la noticia, portaban pasaportes diplomáticos emitidos por el MPP de Relaciones Exteriores y otorgados en calidad de auxiliares de diputados al parlamento latinoamericano.
Hasta el momento, el entorno presidencial se ha abstenido de dar ninguna declaración – posiblemente nunca la dará - y apenas los aclaradores de oficios del régimen han asomado diferentes apreciaciones, todas absurdas, para sacar a la pareja de sus presuntas gravísimas responsabilidades en el caso.
Muchas son las preguntas que han surgido, más allá de sus relaciones familiares: ¿Por qué unos muchachos tienen pasaportes diplomáticos, ¿que profesión y estudios académicos respaldan esas credenciales? ¿Cómo unos muchachos venidos de la populosa parroquia Sucre de Caracas tienen una lujosa quinta, y un lujoso yate, en una zona privilegiada de la República Dominicana? ¿Si portaban pasaportes diplomáticos, bajo cuales condiciones se les asignaron? Peor aún ¿Cómo los organismos de seguridad del estado, tan eficientes en capturar muchachos estudiantes manifestando, no se percataron de la infiltración de agentes de la DEA norteamericana, quienes finalmente fueron los que realizaron la exitosa operación?
Pero más que responder al país, el hecho, que implica al alto gobierno, dadas las altas investiduras y responsabilidades supuestamente involucradas, no deja de ser una tragedia. En el primer trimestre del presente año la opinión pública nacional fue sorprendida con las declaraciones de un ex edecán del difunto eterno quien, entre otras cosas, señalaba al actual presidente de la Asamblea Nacional como jefe de un grupo de narcotraficantes llamado “Cartel de los Soles”, al cual las autoridades norteamericanas le ha hecho seguimiento desde hace tiempo y donde presuntamente están involucrados oficiales generales del FANB.
En marzo, el presidente norteamericano emite lo que en ese país se denomina Orden Ejecutiva, lo que le permite a su gobierno actuar, sin permiso del Congreso, en contra de actividades ilegítimas en las que se involucra a oficiales generales que actualmente ocupan cargos relevantes en el gobierno, por violación de los DDHH, pero también por blanqueo de capitales, algunos de ellos también asociados al cartel referido.
El régimen, utilizando la mordaza comunicacional que le es propia, logró bajar la resonancia de las acusaciones que siguen su curso en el país del norte y, hasta ahora, se trataba de corruptelas de grupos gubernamentales que, políticamente, pudieran ser utilizadas por el propio Maduro para sacarlos del gobierno y no mostrarse cómplice de los mismos.
Sin embargo con la acusación actual, la situación toma otra dimensión al involucrar al entorno presidencial en un problema con una afectación importante en aspectos y principios éticos y morales que en otros países generarían una crisis política muy importante.
Pero estamos en Venezuela y, a menos que la oposición democrática gane las elecciones parlamentarias y se inicien las investigaciones de rigor, solo nos quedará saber que en el más alto nivel hay caimanes del mismo caño, el caño de los narco soles y los de la orden ejecutiva del imperio.
19/11/15