En la medida en que la contraofensiva ucraniana recupera territorios, desalojando a las fuerzas rusas de ocupación, emergen informes acerca de las barbaridades cometidas contra la población local. Bucha, Mariupol, Izium y otros pueblos liberados revelan la existencia de entierros masivos de ucranianos, la mayoría civiles, muchos acribillados con las manos atadas y/o con signos evidentes de haber sido torturados.

Numerosos testimonios de quienes fueron detenidos por los invasores describen el montaje de celdas improvisadas donde se les privaba de libertad y se les sometía a crueles tormentos. Observadores internacionales, incluidos de la Organización de Naciones Unidas, comienzan a tipificarlo como acciones propias de genocidio contra una población indefensa. Constituyen crímenes de lesa humanidad que están siendo documentados para encausar –como debe ser—a sus responsables.

En fin, son castigos inhumanos infligidos por un ejército de ocupación contra un gentilicio al que desprecia. La excusa–Putin dixit—es su pertenencia a un país que no debería existir como tal. Cínicamente, el nuevo zar ruso buscó legitimar su matanza alegando la necesidad de «desnazificar» al vecino país.

Quienes se identifican con valores básicos de justicia y libertad no pueden sino sentirse profundamente indignados por estos crímenes. Pero, más allá de la atención que ha concentrado la agresión rusa a Ucrania, acciones como las referidas no son tan ajenas a estas partes del mundo, lamentablemente.

Informes de 2020 y 2021 de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, enviada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encontraron «motivos razonables» para sostener que las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte «de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…»Es decir, atrocidades propias de un ejército de ocupación, infligidas de manera sistemática y deliberada contra venezolanos disidentes.

Un tercer informe, entregado este mes, ahonda en esos hallazgos. En un escrito de 125 páginas, examina el papel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y en otro, de 155 páginas, presenta la situación de los derechos humanos en el llamado Arco Minero del Orinoco y áreas afines.

En total, los tres informes se basan en 471 testimonios, tanto de víctimas, sus familiares o representantes legales, como de empleados o exagentes, 88 realizadas recientemente, entre noviembre, 2021 y abril, 2022.

En estas líneas se comentará brevemente lo referente a la Dgcim. Ésta se dedica a realizar investigaciones en busca de pruebas contra disidentes y opositores. Con ello, elabora expedientes sobre posibles objetivos. Practica detenciones e interroga a las personas detenidas, las más de las veces con tortura. Los testimonios recogen: «fuertes golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado «señorita», para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares.»

Señalan, asimismo, la existencia de una red de «trabajadores acreditados» en todo el país, pertenecientes a menudo a colectivos, que participaban en las operaciones de la Dgcim. Trabajaban ad honorem, «pero podían acceder a otros beneficios, como una acreditación oficial de la Dgcim y acceso al dinero y a los bienes que se le podían sustraer a las personas detenidas».

Se refieren casos de detención de civiles para extorsionarlos y confiscar sus bienes, especialmente cuando suponen una ventaja estratégica para el Gobierno. Un exempleado de la Dgcim explicó que muchos de sus funcionarios dependen de los activos incautados ilegalmente a las personas detenidas como principal fuente de ingresos. Su salario formal habitual oscila entre 10 y 40 dólares. Por tanto, las consideraciones económicas juegan un papel importante a la hora de elegir a los opositores políticos a detener.

Según exfuncionarios de la Dgicm, agentes cubanos habrían entrenado, asesorado y participado en labores de inteligencia y contrainteligencia. Un Memorando de Entendimiento firmado en 2008 por los Gobiernos de Cuba y Venezuela encomendaba al Ministerio de Defensa cubano supervisar «la reestructuración de los servicios de inteligencia militar venezolanos, incluso mediante la creación de nuevos órganos», para «descubrir y enfrentar los esfuerzos subversivos y de inteligencia en nombre del enemigo, así como la actividad criminal» Agentes cubanos habrían contribuido «en el desarrollo de las técnicas de interrogatorio y los métodos de vigilancia en la Dgcim, así como en las estructuras y los objetivos de las Direcciones». Funcionarios de la Dgcim viajaban a Cuba para recibir formación.

Fuentes calificadas indicaron a la Misión que Iván Hernández Dala, director de la Dgcim, le llevaba a Maduro «informes de investigación preparados … para su aprobación». Éste le daba órdenes directas, «en persona o por teléfono, nunca por escrito.» Cuando se trataba de objetivos políticos, Maduro podía aprobar y ordenar «la detención de opositores reales y percibidos del Gobierno», a veces consultando a su círculo íntimo. Según los testimonios, también habrían ordenado detenciones, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Además de Hernández Dala, los esbirros que más figuran en las labores de represión y tortura realizadas en la Dgcim, como en la apropiación ilegal (robo) de dinero y bienes de los detenidos, son: Alexander Granko Arteaga, Rafael Antonio Franko Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares. Todos militares de alto rango, sujetos a sanciones internacionales por su participación en hechos violatorios de los derechos humanos. La Misión encontró «motivos razonables» para señalarle a cada uno responsabilidad penal en los hechos mencionados.

Este tercer informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela recoge información detallada, muy bien fundamentada, de la violación deliberada por parte de los órganos de inteligencia del Estado de los derechos básicos de muchos venezolanos por razones políticas, entre ellos a muchos militares.

Señala la responsabilidad directa de los más altos niveles de mando. La saña y crueldad desplegadas en sus acciones revelan un desprecio a la población, propia a la de un ejército de ocupación hostil. A esto ha quedado reducida la FAN por quienes hoy la controlan, traicionando a la patria y a sus juramentos constitucionales.

Al comienzo de la llamada «revolución bolivariana», es posible que, embriagados por la retórica patriotera de Chávez, algunos militares creyesen efectivamente que formaban parte de una gesta redentora inspirada en el Libertador, que afianzaría el papel de Venezuela y de los venezolanos en el mundo. Empero, no tardaron los más inescrupulosos en darse cuenta de que, al amparo de las diatribas antiimperialistas de su comandante, se derribaban las instituciones que resguardaban los derechos ciudadanos y el manejo probo de los recursos públicos, abriéndoles oportunidades inusitadas de enriquecerse con impunidad, a cambio de su lealtad.

Con la anuencia de la “revolución” y bajo asesoría castrista, procedieron a corromper a los más vulnerables dentro de la FAN, forjando, así, una fuerza pretoriana chavo-madurista, sustento principal –dada su complicidad– del régimen de expoliación en que terminó la «revolución». Para ello fue necesario una purga interna, apartando a los componentes institucionales, los más honestos, de la FAN y, eventualmente, sometiéndolos –junto a luchadores civiles por la libertad y la democracia– con acciones represivas, en las que no faltaban las torturas brutales.

Así como la opinión pública del mundo democrático clama por encausar a los culpables de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas de ocupación en Ucrania, este informe, junto a muchos otros, debe resultar en acciones concertadas para acabar definitivamente con el nefasto aparato de la Dgcim montado por Maduro, Padrino y sus cómplices, para defender sus privilegios. Su ejército de ocupación.

Mail: humgarl@gmail.com

Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.