Después de la reunión de líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil en el Foro Económico Mundial de este año en Davos, se ha difundido la observación de que vivimos en una era de «policrisis». La aparición simultánea de varios hechos catastróficos define el clima.

Frente a desafíos tan inmensos como el calentamiento global, la crisis de los sistemas sanitarios, una creciente divisoria digital y modelos de negocios financierizados que aumentan la desigualdad de ingresos y riqueza, no es sorprendente que crezca la desilusión con la política, creándose así condiciones ideales para populistas que prometen remedios fáciles. Pero las soluciones reales son complejas y demandarán inversión, regulación e innovaciones sociales, organizativas y tecnológicas, no sólo de parte de gobiernos y empresas, sino también de personas y organizaciones de todo el arco de la sociedad civil.

Los gobiernos, convencidos de que las políticas sólo pueden aspirar a corregir fallos del mercado, suelen dar respuestas insuficientes y tardías. Incluso bienes públicos como la financiación de actividades de investigación y desarrollo en el nivel básico se ven como formas de corregir un problema de externalidades positivas, así como los impuestos al carbono corrigen un problema de externalidades negativas. Pero lograr un cambio transformador que produzca crecimiento inclusivo y sostenible no depende tanto de corregir los mercados cuanto de configurarlos y crearlos. Esto demanda complementar la idea de los bienes públicos con la de «bien común», que no es sólo una cuestión de «qué», sino también de «cómo».

El bien común es un objetivo al que hay que llegar en forma conjunta mediante la inteligencia colectiva y la coparticipación en los beneficios. Trasciende la idea (en la cual se basa) de los recursos de propiedad comunal, al poner el acento en cómo diseñar inversiones, innovaciones y mecanismos de colaboración en pos de un objetivo compartido. Los bienes comunes son producto de interacciones e inversiones colectivas que demandan modelos compartidos de propiedad y gobernanza. Por eso los beneficios surgidos de esas actividades deben compartirse en forma colectiva. La idea de bien común también atiende a la necesidad de una gobernanza internacional eficaz, destacada en la noción de bienes públicos globales elaborada por mi brillante colega, la fallecida Inge Kaul, que ayudó a inspirar el trabajo de la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua.

En su encíclica de mayo de 2015 Laudato si’: sobre el cuidado de la casa común, el papa Francisco defiende con elocuencia un modo de pensar basado en el bien común para un mundo de cambio constante. No es idealismo abstracto. La idea de bien común ofrece un marco útil para fijar objetivos compartidos y determinar el modo de alcanzarlos. Francisco habla de la necesidad de subsidiariedad (el principio de resolver los temas particulares en el nivel más local posible) y de ver el mundo por los ojos de las personas más vulnerables.

Según Francisco, la prioridad en todo cambio social, económico y político debe ser proteger las condiciones esenciales de las que depende la vida humana. La toma de decisiones para el bien común implica defender la dignidad de quienes están marginados en términos sociales, políticos y económicos, no sólo con palabras sino con políticas y nuevas formas de colaboración. Implica crear una red de solidaridad a través de la cual las voces no escuchadas puedan participar en los procesos de decisión cruciales.

Para alcanzar estos objetivos se necesita un nuevo modelo de crecimiento en cuya búsqueda deben participar los que hoy están excluidos; no un modelo que sencillamente se implemente en su nombre. Sirven de ejemplo las organizaciones cooperativas, que se han mostrado eficaces para reunir a personas con medios limitados y darles oportunidades de acción autónoma que no hubieran tenido de otra manera.

Francisco también comprende que en tiempos en que algunos sectores económicos tienen más poder que los gobiernos en ciertos ámbitos, es obligación del Estado defender el bien común en nombre de todos. Para oponerse a la tendencia y hacer frente a los grandes desafíos que tenemos por delante es necesario un cambio fundamental en la política económica. Hoy el principio de bien común se ve como un correctivo para los excesos del sistema actual; pero en vez de eso, debe constituir el objetivo central del sistema.

El dinero no es todo: también es importante fomentar ciertas formas de colaboración. En el caso de la COVID‑19, el mundo hizo una muy exitosa inversión colectiva en la investigación de vacunas. Pero omitió garantizar que el resultado final se trasladara a un «bien común»: en concreto, llegar a que toda la población mundial esté inmunizada.

A menudo tenemos una idea perezosa de las «alianzas» entre diversas partes. La mera asociación entre las partes no quiere decir que estén colaborando correctamente para el bien común; para eso también es necesario que fijen en forma conjunta los objetivos y que armonicen riesgos y beneficios. Todos los participantes deben coincidir en el «qué» además del «cómo». Por ejemplo, no se trata solamente de desarrollar vacunas, sino también de ponerlas al alcance de todos.

Con un enfoque basado en el bien común, cada paso del proceso es casi tan importante como el resultado final. En Estados Unidos, el gobierno destina miles de millones de dólares por año a la inversión pública en I+D en el área de la salud (en 2022, sólo los Institutos Nacionales de Salud proveyeron 45.000 millones de dólares), pero después deja todas las ganancias en manos privadas. Al materializarse la «recompensa» de un esfuerzo colectivo (a menudo en la forma de ganancias empresariales, o como conocimiento valioso), debe compartirse tanto como se compartieron los riesgos.

Como muestro en mi libro Misión economía, hay muchos modos de hacerlo. Uno es condicionar el apoyo público a ciertos requisitos sobre propiedad intelectual o precios, o exigir coparticipación en las ganancias, por ejemplo mediante un modelo accionarial. Otro modo de propiciar una distribución más equitativa del valor entre todos los miembros de la sociedad es mediante estructuras de propiedad colectiva. Todos estos mecanismos permiten limitar la concentración indebida de poder en manos de unas pocas personas y empresas privilegiadas.

Y estos problemas no son exclusivos del ámbito de la salud. La economía digital lleva años creciendo sobre la base de inversiones públicas a gran escala. Como unas pocas empresas poderosas controlan la mayor parte de los datos, tecnologías clave como la inteligencia artificial hoy reproducen sesgos e injusticias preexistentes. Para contrarrestarlo, tenemos que diseñar un marco más inclusivo y transparente que, por ejemplo, imponga ciertos criterios éticos a los términos y condiciones de los servicios digitales.

Finalmente, hay que alentar una mayor valoración del poder de la inteligencia colectiva. Así como los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG/ESG) ayudan a las empresas a proveer información sobre su conducta y cultura organizacional, un enfoque de bien común exige una mejor provisión de información sobre la dinámica interorganizacional y público‑privada, que exprese la totalidad del ecosistema de colaboración (o de parasitismo, como también puede suceder).

La idea de bien común es una idea de colaboración intensa, de inteligencia colectiva, de creación conjunta de fines y medios y de una correcta distribución de riesgos y beneficios. Políticas industriales y de innovación con orientación de misión muestran cómo se pueden poner en práctica estos principios. Gobiernos u organismos internacionales pueden fijar una meta clara (a menudo mediante un proceso de consulta con otras partes interesadas) y luego crear condiciones para una intensa colaboración público‑privada que permita alcanzar dicha meta. Y en este proceso, la modalidad de prueba y error es un elemento crucial. El rumbo debe estar claro, pero también tiene que haber amplio margen para la experimentación descentralizada.

El bien común es un objetivo compartido. Al poner el acento en el cómo lo mismo que en el qué, permite promover la solidaridad humana, el uso compartido del conocimiento y la distribución colectiva de los beneficios. Es el mejor (y de hecho el único) modo de asegurar una calidad de vida digna para todas las personas en un planeta interconectado.

Traducción: Esteban Flamini

27 de enero 2023

Project Syndicate

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